Versión estenográfica de la presentación del libro “Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos”, del doctor Santiago Nieto Castillo, en el Senado de la República.

Esta noche es muy especial para nosotros, para el Senado de la República, porque acompañamos el desarrollo profesional de un doctor en Derecho, del doctor Santiago Nieto, que fue evaluado por comisiones del Senado de la República, por el Pleno del Senado de la República y le encontró perfiles idóneos para el desempeño público, para el ejercicio del servicio público; y lo nombramos de manera unánime y hago una broma respetuosa: hasta el senador Manuel Bartlett votó a favor del nombramiento del doctor Santiago Nieto como fiscal para la Atención de los Delitos Electorales.
Y estamos acompañándolo en la presentación de un libro: “El control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de los derechos humanos”. Acompañamos su desarrollo profesional, su desarrollo académico y de esa forma reconocemos la labor, la labor de este servidor público que lleva un desempeño que para nosotros es satisfactorio.
Gracias por permitirnos participar en esta reunión para poder hacer este acompañamiento.
Resulta de manera multifactorial, estamos recibiendo casi al casi, casi maduro nuevo presidente de la Mesa Directiva, Roberto Gil, que seguramente será ratificado en la sesión de instalación que llevaremos a cabo el día lunes a la una de la tarde. Por lo menos el PRD votará de manera completa a favor de Roberto Gil; no sé si del PAN, por cierto.
En el PRI, como son ellos muy espartanos, disciplinados, yo creo que también van a votar. Si hay algún voto, búscalo entre tus compañeros de bancada.
También y dejé al final esta mención, esta noche es muy especial porque recibimos a una hermana de la familia del Senado, a una compañera de trabajo, a una mujer gentil, a una mujer que con su labor diaria nos ganó; nos ganó el aprecio, nos ganó la estimación, nos ganó quererla y de verdad, encontrar que su labor es muy necesaria en el trabajo institucional de este país.
Me refiero a la senadora con licencia, a la servidora pública, a la procuradora General de la República, Arely Gómez.
Aplauso para mi amiga Arely.
Nos hemos encontrado, ella y yo en varios eventos, y tenemos oportunidad de platicar y de bromear y de recordar momentos que hemos vivido juntos estos tres años. Y hoy que estoy hablando con ella, estamos comentando cosas muy, muy importantes; pero de lo que le he dicho es que su desempeño es un desempeño que tiene un solo propósito para mí: devolver a la institución de la Procuraduría General de la República, la confianza de la sociedad.
Que yo creo en que siendo una profesional del derecho, una mujer competente, cuidadosa. Su calidad de investigadora general de la República para la persecución de delitos recae en una persona, en una mujer de buena fe.
Ser humano impecable, y yo prefiero a un ser humano de buena fe, impecable, como servidor público, que alguien con todas las habilidades, todas, que Arely las tiene, pero con todas, pero capaz de desviar su comportamiento.
Es una labor muy difícil. Es una labor estar bajo el escrutinio de la gente, pero es una labor que, créanos, nosotros los que la conocemos, sabemos que está en manos, de buenas manos, de manos limpias, de propósitos limpios y honestos. De buena fe.
Este libro va a ayudar mucho en un avance importantísimo que se dio en la reforma constitucional del 2011. El papel y la aplicación por las autoridades judiciales en todas sus resoluciones sobre el tema de la interpretación correcta de derechos humanos; tanto los previstos en nuestra Constitución, como en tratados internacionales, como en las interpretaciones para ello.
Ya ha habido retrocesos, ¿eh?; ya ha habido interpretaciones constitucionales para limitar este control de convencionalidad en materia de derechos humanos.
La lucha por el respeto irrestricto a los derechos humanos es una lucha diaria.
Yo he dicho recientemente que sólo en una sociedad ideal habría respeto irrestricto de los derechos humanos; sólo en una sociedad ideal. Así es que siempre hay que estar vigilantes para avanzar todos los días a ese respeto, alcanzar ese respeto irrestricto de los derechos humanos.
Siendo ideal puede ser inalcanzable, por eso requiere el compromiso día a día de autoridades y de particulares; de sociedad y de gobierno. De manera permanente debe ser el compromiso para alcanzar el nivel más alto sobre derechos humanos.
México se encuentra en una alerta sobre violación a los derechos humanos; hubo hechos, hay hechos que no pueden ocultarse, que sin duda ocurren todos los días en el ejercicio de la autoridad.
Cuando cada acto de autoridad esté ajustado a la ley, vamos a ir avanzando todo el tiempo en ese nivel, en ese alcance de respeto irrestricto a los derechos humanos.
Yo creo en la buena fe en el ejercicio de la autoridad. Yo no conozco un acto de autoridad que provenga de una confabulación entre seres, entre autoridades, entre servidores públicos, para hacer el mal.
Sí conozco de desviaciones que, para el cumplimiento de políticas públicas o para el cumplimiento de una orden, de una decisión de autoridad, se desvían por la condición humana. Sí conozco esos hechos.
Pero también debo decirles que en México hay mucho más bueno que malo; hay mucha mejor condición y compromiso de las y los mexicanos para hacer el bien.
Veo cómo hay una evolución favorable a que los que somos servidores públicos podamos cumplir permanentemente con la ley.
Es importante para mí esta noche, es emocionalmente especial, lo digo por todos ustedes.
Destaco la presencia de un jurista muy importante, que viene en representación del diputado César Camacho, el ex senador Sadot Sánchez.
También bienvenido señor ex senador.
Así es que sean todos bienvenidos al Senado de la República.
Como presidente del Senado acojo este tipo de eventos que sirven para que se vincule la actividad del Senado con el día a día de las gentes.
En el Senado se desarrollan todo el tiempo eventos de promoción cultural, de promoción académica, de divulgación, de promoción de arte, todo el tiempo.
Que quede constancia que el Senado y su casa es la casa de las y los mexicanos, es la casa de ustedes. Bienvenido esta noche al Senado de la República, felicito al doctor Santiago Nieto, me congratulo con la designación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para proponer al licenciado Roberto Gil como nuevo presidente de la Mesa Directiva.
Lo abrazo por esa designación y abrazo y beso a mi amiga entrañable, a la Procuradora General de la República, senadora con licencia, hermana de esta familia de 128 políticos y políticas que nos preocupamos por el país: Arely Gómez.
Amiga, gracias por tu presencia, gracias a ustedes.
El penúltimo acto en el que podré o el último para poder usar esta tribuna y como hay que trabajar de todo, ahora también voy a ser maestro de ceremonias.
Nos va a comentar este libro el mejor jurista del Senado, después de que se fue Arely Gómez, el senador Roberto Gil.
Adelante Roberto.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias presidente, muy buenas noches tengas todos ustedes, bienvenidos al Senado de la República.
Es para mí un gusto comentar un libro de un entrañable amigo. Somos, aunque no parezcamos, de la misma generación; evidentemente yo soy más joven que Santiago, aunque no parezca, un compañero de generación que nos hemos encontrado a lo largo de la vida en distintos momentos y distintas circunstancias.
Los dos somos parte de la cantera del derecho electoral, desde aquellos momentos en el entonces Instituto Federal Electoral, donde conocí a Santiago Nieto y pude atestiguar su honestidad intelectual, su capacidad profesional, su compromiso con México y me da muchísimo gusto y agradezco que me haya honrado con esta invitación a comentar su libro.
También, qué mejor manera de presentar un libro de estas características con una entrañable amiga que, a lo largo también de distintos destinos del derecho electoral nos hemos encontrado, porque cuando ella era Fiscal de Delitos Electorales, hace no mucho tiempo, también tuvimos la oportunidad de coincidir.
Yo estaba en la Secretaría de la Función Pública y construíamos los procesos de blindaje electoral y siempre Arely estaba presente y atenta a mejorar las instituciones de nuestro país y hacer que las normas se aplicasen de manera estricta, con un sentido de bien, con un sentido de honestidad política, pero también con un enorme espíritu de servicio.
Después nos hemos encontrado en el Senado de la República.
Yo creo, y les puedo decir, que quien mucho extraña a Arely Gómez en el Senado de la República, más que el Presidente Barbosa, soy yo porque la hoy Procuradora fue durante casi tres años mi compañera en la Comisión de Justicia, donde yo creo que hicimos muy buenas cosas y muchas cosas.
Siempre por consenso logramos transitar en distintas decisiones, muy complejas, técnicamente muy complejas, donde al final de cuentas está en juego la libertad de las personas, la propiedad, la personalidad.
De eso se trata la política criminal, de eso se trata el derecho penal y en buena medida lo que hacíamos en la Comisión de Justicia es construir las normas y las instituciones del derecho penal, y eso tiene enorme complejidad técnica y política.
Pero sobre todo una enorme responsabilidad porque una mala decisión puede afectar la libertad del patrimonio de las personas y quizá una buena decisión de política legislativa puede cambiar la vida para bien de nuestra sociedad.
Hace unos días el senador Barbosa y yo presentamos un libro sobre Seguridad, Estado de Derecho, Violencia y Víctimas, y en aquel momento me anticipé, dije que iba a hacer un homenaje a su presidencia, a su personalidad.
Pero luego recordé que teníamos una nueva presentación de un libro, el viernes a las 7 de la noche.
En consecuencia cancelé ese homenaje y le dije que lo haría en estos momentos, aprovechando el libro de Santiago Nieto, para decir que este año en el que el senador Miguel Barbosa ha ocupado la presidencia de la Mesa Directiva, no solamente ha sido un año muy productivo desde el punto de vista legislativo, sino también un año de enorme diálogo político, un año de enorme institucionalidad política en la conducción del Senado de la República.
Y voy a resumir ese homenaje que le pretendí hacer hace unos días, con una expresión:
Va a ser muy difícil ocupar su silla y llenar ese espacio que durante muchos meses y días lo ha hecho extraordinariamente bien, mi amigo Miguel Barbosa. Y espero que al paso de los meses no digan que lo extrañan, pero seguramente así será.
Y bueno, qué decir del maestro Sadot Sánchez, que lo conocí también hace mucho tiempo. Un jurista, como decía el senador Barbosa, muy destacado, de una pluma verdaderamente elegante y de pensamiento clarividoso.
Y qué bueno que estamos coincidiendo en esta presentación de un libro trascendental para la discusión, no solamente científica sino también política
Porque es un libro que abre debates; no pretende concluir ni cerrar las especulaciones teóricas en torno a un nuevo fenómeno y que el autor denomina la transición jurídica más importante desde la vigencia de la Constitución de 1917.
En efecto, están cambiando todos los paradigmas: se están creando nuevas instituciones.
Y un elemento del cual yo me hago de esta narrativa, de esta argumentación del libro, es que a veces pensamos a las instituciones como esos edificios donde concurren personas, donde hay procesos, donde hay ventanillas, donde hay interacciones entre personas y servidores públicos.
Pero Santiago dice, en alguna parte de su libro, que hay instituciones que se generan a partir de decisiones de los órganos del Estado.
Una sentencia puede ser una institución, como lo fue aquella sentencia que inauguró el control de constitucionalidad, difusa en los Estados Unidos, y como lo fueron diversas sentencias en nuestro orden jurídico.
Hoy decimos, después de la Reforma en materia de Derechos Humanos, que tenemos nuevos instrumentos, nuevas instituciones, el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad.
Pero Santiago nos recuerda que también, antes de esa Reforma, ya había control difuso de constitucionalidad en nuestro sistema jurídico, y lo dice bien, en la jurisdicción electoral.
La nulidad abstracta de elecciones que se inauguró hace muchos años, no es otra cosa que un control de constitucionalidad aplicado por un Tribunal, un órgano límite en la resolución de un conflicto. Y es parte, pues, de una tradición, de una historia, de un transcurso de un interregno en el que se van construyendo instituciones.
Un segundo elemento que me quedo de este estupendo libro que, por cierto, quienes estudiamos derechos aprendimos de los libros de texto tradicionales, donde los autores hacían dogmática jurídica a partir de la glosa de las normas; es decir, la descripción de los contenidos normativos desde un punto de vista estrictamente formal.
Si ustedes revisan el libro, lo hojean, hay una aproximación científica a través de los casos concretos; es un análisis sobre todo jurisprudencial y hay un enorme material, una enorme recopilación de sentencias jurisprudenciales donde el autor encuentra un marco de referencia común y trata de extraer cuáles son los principios, los paradigmas que le dan, que generan un marco de referencia normativo, con independencia del contenido de las normas formalmente emitidas y que están justamente ahí creando instituciones.
Por eso esas emisiones de sentencias, esas resoluciones de los tribunales dan sentido, dan dirección a un –casi cito textualmente al autor– cambio de paradigma, una transición normativa hacia el garantismo judicial.
Y en tercer lugar destaco que en el fondo de la cuestión del libro de Santiago, está una discusión que no está resuelta en nuestro sistema jurídico y tiene que ver con la relación entre la Constitución y los tratados internacionales.
Y si una crítica pudiera tener este libro, es que de alguna manera Santiago quiere entrarle a esa discusión, pero no termina de exprimir esa discusión. Y no lo podemos culpar, tampoco la Corte lo ha hecho y tampoco muchos de los más autorizados autores del derecho en nuestro país, porque es una discusión inacabada; es una discusión que va a generar, espero, enormes discusiones.
Y dice Santiago en algún momento en el libro, que los jueces están debatiéndose constantemente entre sí aplican de manera directa la Constitución o las convenciones internacionales y no hemos logrado interiorizar el paradigma que a lo mejor pueden ser marcos de referencia comunes, en la aplicación normativa donde pueda conjugarse Constitución y convenciones internacionales, de una manera argumentativa que le dé cuerpo y solución a los problemas normativos que se le presentan al juez.
Y creo que es más pacífica la tensión entre los tratados internacionales y la Constitución, si el punto de aproximación a los problemas jurídicos es a través de la discusión entre derechos: ¿dónde están los límites de los derechos? ¿Dónde están los alcances de los derechos? ¿Dónde entran en conflicto?
Y si la aproximación jurídica a los problemas, es desde la perspectiva de los derechos, creo que esa tensión tiende a resolverse y de alguna manera Santiago lo dice en su texto.
Por último, quisiera hacer una referencia a un elemento importante que está presente en la obra de Santiago, y es una pregunta que nos hacemos constantemente: ¿Y qué sigue?
Platicábamos antes de iniciar la sesión, que estamos viviendo un nuevo momento en la procuración de justicia. Hace pocos meses, el poder revisor de la Constitución tomó una determinación crucial, que se transitar a la autonomía del ministerio público.
Y el tránsito a la autonomía del ministerio público no es un tránsito pacífico, ¿por qué?
Porque las policías se quedaron en la órbita del Poder Ejecutivo y la Constitución establece que el ministerio público tiene, para efecto de la persecución penal, la conducción de la investigación. Pero la investigación, las policías que realizan la investigación están en una órbita, en una esfera orgánica absolutamente diferente a la que tendrán las fiscalías autónomas.
Y tenemos que entrarle a esos debates. Son nuevos paradigmas, cambios normativos que tendremos que ir construyendo no solamente en la discusión política, en la discusión de las políticas públicas; sino también como lo dice Santiago Nieto, en las discusiones constantes en sede jurisdiccional.
En conclusión, llega este libro en un momento oportuno, un momento para discutir los derroteros de la construcción normativa hacia el futuro, un momento en el cual estamos revisando prácticamente todo el andamiaje institucional del Estado mexicano para proveer de mejor manera el servicio de seguridad y también la aplicación estricta de las normas en una órbita de un Estado de derecho eficiente y eficaz.
Y precisamente a los debates a los que apunta el texto de Santiago Nieto y a los que aborda en esta espléndida obra, son los temas fundamentales y las discusiones centrales del México contemporáneo del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, evidentemente del Poder Judicial y de la sociedad entera.
Felicito y agradezco la oportunidad de comentar este texto.
Los invito a leerlo, si es que mi intervención no los ha disuadido para comprar de manera pronta e inmediata este texto, leerlo, aplicarlo, estudiarlo y utilizarlo como marco de referencia para abordar los problemas generales e nuestra sociedad.
Por su atención, muchísimas gracias.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, senador Roberto Gil.
Vamos a escuchar las reflexiones que nos va a hacer el diputado, Sadot Sánchez.
DIPUTADO SADOT SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente de la Mesa Directiva; señor senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; maestra Arely Gómez, Procuradora General de Justicia de la República; doctor autor Santiago Nieto Castillo:
En primer término, deseo transmitir a ustedes la explicación de parte del diputado César Camacho, integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura, en virtud de que, como de todos es sabido, el día de mañana por disposición de la ley se constituye la Mesa Directiva de esta legislatura, y las tareas inherentes a este trabajo no le han permitido cubrir como eran sus deseos. De ahí, rogarles que acepten ustedes generosamente esta explicación.
Respetables senadoras, senadores; señoras y señores: A continuación, voy a dar lectura al comentario que se sirvió hacer el doctor César Camacho:
El texto que hoy se presenta “Control de Convencionalidad y la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos” se inscribe oportunamente en un marco que, con las reformas constitucionales que se expidieron recientemente en materia penal, de amparo y de derechos humanos, conformó una triada de instrumentos que amplían sustancialmente la protección de los derechos de las personas en nuestro país.
Particularmente las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, enriquecen nuestro sistema jurídico con la admisión e integración de los bloques de constitucionalidad y de convencionalidad.
Por ello –para el doctor Camacho– es oportuna y valiosa la investigación que hoy presenta el doctor Santiago Nieto Castillo y que a continuación se desglosa:
La obra, de una manera sintética e inteligente, hace una breve reflexión sobre las transiciones jurídicas, como es la democrática, la reconstitucionalización y el Estado constitucional de derecho, con los elementos que conforman a esta último.
Acorde con ello, hace referencia a las bases que cimentaron los elementos del nuevo paradigma y sus elementos configurativos para abordar el control de la convencionalidad y su impacto en materia electoral.
En este orden de ideas, el doctor Santiago Nieto asevera que México ha transformado su Sistema Jurídico de un modelo de legalidad a uno de constitucionalidad y de convencionalidad, donde los derechos humanos adquieren una centralidad, sin que pueda decirse que haya sido sencillo ni exento de contradicciones, por lo que señala que dicha postura requiere de análisis y de reflexión.
En este mismo tenor, el autor analiza los elementos del Estado constitucional de derecho y refiere el nuevo paradigma jurídico en México, cuyos elementos visibles son: el control difuso de la constitucionalidad, el control de convencionalidad y la interpretación del principio pro homine.
En esta obra se habla de los elementos del estado constitucional del derecho, tales como la división de poderes, acentuada como el elemento institucional, en tanto que la coexistencia de reglas y principios, así como la existencia de derechos humanos que son de corte material, al ser objetivo del derecho, mientras que la judicialización de la política y el control de la convencionalidad son los elementos instrumentales.
Sin embargo, a su decir, es vital no sólo la existencia formal de los órganos competentes, sino de las herramientas procesales y de su ejercicio para la verdadera protección de los derechos.
En México este nuevo paradigma se dio a raíz de una resolución del caso de Rosendo Radilla, del asunto varios 922/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma constitucional de 2011.
La reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2011 incorpora como principio interpretativo, el principio pro homine o pro persona, que consiste en señalar el deber de las autoridades para interpretar las normas relativas a los derechos humanos de la forma que más favorezca a las personas, es decir, una interpretación expansiva y maximizadora de los derechos, resolviendo conforme a la norma que mejor los potencie.
Aunado a las sentencias condenatorias del Estado Mexicano, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que para el Poder Judicial son vinculantes la totalidad de los criterios contenidos en las sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que la jurisprudencia que dicho órgano emita, en donde el Estado Mexicano no figure como parte, tendrá sin embargo el carácter de criterio orientador para las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que le sea más favorecedor a la persona y de conformidad con el artículo primero constitucional.
Por su parte, el control de convencionalidad es el mecanismo que se ejerce para verificar que una ley, reglamento o acto de autoridad se ajuste a las normas, los principios y obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos o fin, como el parámetro de control difuso de convencionalidad por parte de los jueces nacionales, que deben tomar en consideración al emitir sus sentencias que les correspondan.
El autor sostiene que el control de convencionalidad es el proceso de discernir si una norma o un acto interno son o no convencionales. Una interpretación de derechos y libertades acorde a tratados que significa que los jueces nacionales están obligados, primero, a observar los tratados internacionales.
Segundo, a aplicar esos tratados internacionales en materia de derechos humanos, como derecho interno.

Tercero, no interpretar en contra del contenido, objeto y fin de los tratados internacionales y en general hacer efectivos los derechos y libertades contenidos en los tratados internacionales.
El control de convencionalidad, de acuerdo con lo que sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que se refiere el autor, lo puede desarrollar cualquier autoridad pública.
Sin embargo, en México no es así de claro por criterios señalados por la Suprema Corte de Justicia de la nación, como ya se dijo con antelación.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante las sentencias que dicta, ha seguido una línea expansiva de fortalecimiento del control de convencionalidad, invocando tratados internacionales para la construcción de la premisa normativa.
La migración de criterios internacionales para motivar las resoluciones, lo ha utilizado para anular actos que infrinjan la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A guisa de ejemplo se habla sobre el recurso de reconsideración, cuya procedencia se ha ampliado incluso para los casos en que las salas regionales inapliquen normas de carácter consuetudinario en materia electoral.
En la misma obra, nos expone el doctor Santiago Nieto Castillo, del modelo del bloque de regularidad que señala que el control de constitucionalidad y el de convencionalidad se ejercen en forma separada, cada uno buscando la asimetría de la norma, el primero conforme a la propia Constitución y, el segundo, en relación al Tratado Internacional.
En los comentarios aquí vertidos, el doctor César Camacho subraya lo siguiente:
“Estamos ante un verdadero cambio de paradigmas, donde el principio pro omine que establecen los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Quinto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, conforme a lo dispuesto del Artículo Primero de nuestra Constitución, deben aplicarse en forma obligatoria.
“Segundo: Dicho control de Convencionalidad, convierte al juez nacional en un juez interamericano, en un primer y auténtico guardián de la Convención Americana de Derechos Humanos, de sus protocolos adicionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.
“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, es autoridad competente para analizar y resolver sobre determinadas violaciones a los compromisos internacionales asumidos por el Estado.
“Pero no debe ni lo ha sido, en convertirse en una nueva y última instancia para conocer las controversias internas de un país”.
En opinión del doctor César Camacho: “ante la maximización de los derechos políticos electorales y el principio de progresividad, resulta impostergable que en las próximas actividades que lleve a cabo la legislatura federal, pueda concretar el marco jurídico necesario para asegurar el ejercicio pleno de estos derechos.
“Y de acuerdo como lo expone el doctor Nieto Castillo, dar una verdadera protección y garantizar el pleno ejercicio, entre otros, el que se refiere a la paridad de género”.
El doctor César Camacho: “expresa el beneplácito y la oportunidad de esta obra, que resultará un importante instrumento que coadyuve a orientar los trabajos que se harán en esta materia y sobre todo para garantizar la protección plena y eficaz de los derechos humanos”.
Es cuanto.
Gracias.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias licenciado Sadot Sánchez.
Vamos a escuchar al autor de este libro, al doctor Santiago Nieto Castillo.
Adelante doctor.
DOCTOR SANTIAGO NIETO CASTILLO: Muchas gracias.
Muy buenas tardes a todas y a todos.
Quisiera iniciar con una referencia a un proverbio náhuatl, que dice, o decía en aquellos años: “que la tierra será lo que son sus hombres”.
Contextualizado en el momento actual, diríamos que la tierra será lo que son sus hombres y mujeres.
Contextualizado el momento de las instituciones podríamos decir que las instituciones son lo que los hombres y las mujeres que las integran pueden y desarrollan en su actividad cotidiana.
Por eso es para mí un verdadero y un gran honor, entendiendo que desde las culturas clásicas el honor ha sido uno de los sentimientos que de mejor forma permiten mantener la visión, la identidad en conjunto y permiten desarrollar el sentido de pertenencia a una institución y una persona, es para mí un verdadero honor estar esta tarde con ustedes en un presídium, integrado por grandes personalidades de esta República Mexicana, y mexicanos comprometidos con el Estado constitucional de derecho, con la democracia, con la protección de la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismo nodales para avanzar en la configuración de un mejor sistema constitucional mexicano; comprometidos con la idea de los derechos humanos como el centro unificador del discurso jurídico y de la vida política.
Y también quisiera en ese sentido, hacer el reconocimiento que se ha dado a lo largo de esta tarde al senador Miguel Barbosa, por su presidencia en el Senado de la República, que ha convertido y ha participado en ese proceso de pluralidad.
A la exsenadora y hoy procuradora General de la República, la maestra Arely Gómez González, por toda la capacidad y el desarrollo institucional que se generó a partir de sus propuestas y de su posición; y no solamente como legisladora, sino también en el ámbito de la Procuraduría General de la República.
La Procuradora General de la República ha planteado como ejes temáticos de su administración, entre otros, la transparencia y la rendición de cuentas y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales; y eso permite que libros como el que hoy presentamos tengan un soporte en las políticas institucionales y en la cultura jurídica al interior de la propia institución.
Del senador Roberto Gil Zuarth, primero precisamente recordando aquellas épocas en las que en los pasillos del Instituto Federal Electoral en la época del maestro José Woldenberg, se discutía entre consejeros, consejeras y los asesores de los distintos consejeros y consejeras, los proyectos de acuerdo y las resoluciones que en ese momento empezaban a marcar la pauta conforme la cual evolucionaría el derecho electoral en el país.
En esos años se discutieron temas verdaderamente importantes que hoy en día son una realidad y que han venido perfeccionándose a partir del ensayo y el error, como la fiscalización, el financiamiento público de los partidos políticos y privado, como los esquemas de fiscalización de los recursos y por supuesto, una transformación de un modelo que fuera mucho más enfocado a la transición de un sistema de democracia formal y una consolidación de una democracia sustantiva.
Finalmente, por supuesto, al exsenador y hoy diputado Sadot Sánchez, que además participó en el proceso de reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 y es un especialista en esta materia de derechos humanos. Me siento muy honrado por su presencia.
Agradezco a los senadores Daniel Ávila, Luis Fernando Salazar su presencia. A la consejera Beatriz Eugenia Galindo y al consejero Roberto Ruiz, del Instituto Nacional Electoral. A las autoridades electorales locales, Jorge Sánchez y Carmen Carrión.
Por supuesto al señor subprocurador Medina, al jefe de la oficina de la Procuradora, Christian Ramírez, por su presencia esta tarde.
A todas y todos ustedes, muchas gracias por su presencia.
El libro prácticamente tiene un hilo conductor. Señalar que existe y que pueden existir a la par de transiciones políticas, transiciones que impacten en el ámbito del derecho.
La idea de que el derecho no es un ente estático, sino que el derecho tiene que interpretarse de conformidad con los momentos y los contextos históricos que está desarrollando la propia sociedad.
En ese sentido, no solamente se reforma la ley, sino que se reforma la cultura, se modifica la cultura jurídica y se modifica la interpretación que realizan las autoridades jurisdiccionales y las autoridades administrativas para efecto de hacer evolucionar las normas y aplicarlas frente a los casos concretos, en los momentos históricos determinados.
México ha vivido una serie de transiciones jurídicas importantes. Creo que la primera fue una transición del Estado absolutista y con la construcción de un Estado de derecho decimonónico.
Ese proceso tuvo entre sus características más relevantes, el establecimiento de un Estado de codificación decimonónica que fue interrumpido de alguna forma con el proceso revolucionario de 1910, en donde la transformación constitucional generó una nueva transición jurídica en donde los derechos sociales se pondrían en primer plano.
Con el paso del tiempo el Estado de derecho legislativo estableció una serie de principios, como el principio de legalidad y dejó los ámbitos de constitucionalidad a la interpretación judicial de los jueces federales.
Este proceso, diferente al vivido en Estados Unidos a partir de la sentencia a la cual ya hacía referencia el senador Roberto Gil, del caso Marbury versus Madison, significó la imposibilidad de que las autoridades realizaran un proceso de interpretación conforme a la Constitución, las autoridades administrativas, y que las autoridades jurisdiccionales se restringieran al ámbito de la aplicación directa a partir del principio de legalidad.
El silogismo se convirtió en el mecanismo de resolución de las controversias. Sin embargo, este modelo fue a todas luces insuficiente a partir de las transformaciones de la propia sociedad.
El carácter heterogéneo de la sociedad mexicana, la transición democrática, la reforma a partir de 1977, de casi el 87 por ciento de la legislación que forma parte y expedición del país de nuevas leyes para el país.
La transformación constitucional del 70 por ciento de las disposiciones previstas originalmente en el año de 1917, dan cuenta de que de dos sociedades completamente distintas. 1917, era una sociedad, según nos cuenta el mismo censo en 1920, analfabeta, básicamente rural, en la cual estaba pensado en un modelo de pocos profesionistas.
La actual sociedad es una sociedad heterogénea, urbana, de servicios, en la cual el proceso de alfabetización ha avanzado de manera importante.
Por ello, las normas se han ido ajustando a partir de una serie de reformas constitucionales, siendo las más importantes –a mi juicio– las celebradas en el año 2008 en materia de la transición al Sistema Penal Acusatorio; y la del 10 de junio del año 2011 que estableció el Sistema de Control Constitucional.
El libro da cuenta de este proceso, en el cual la resolución del caso Rasilla, en donde se obliga a los jueces mexicanos a convertirse en aplicadores del cuerpo júdice interamericano frente a los casos que tienen que resolver en la jurisdicción ordinaria, la resolución del asunto VARIOS912/2010 que establece el control difuso de constitucionalidad para las autoridades locales, y que establece la obligación de las autoridades administrativas de realizar un proceso de interpretación conforme con las normas para hacerlas acordes con la Constitución, son, junto con la resolución de las contradicciones de tesis 21/2011 y 293/2011, los elementos que conforman este cambio de paradigma en el derecho en México.
México evidentemente ha evolucionado de un sistema de legalidad a un sistema de constitucionalidad, en el cual los derechos fundamentales se encuentran en primer plano.
Sin embargo, el proceso no es un proceso sencillo, como señaló el senador Miguel Barbosa; es un proceso en el cual estamos todavía viviendo un proceso de ajuste entre criterios contradictorios del Poder Judicial de la Federación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también donde existe colisión de derechos fundamentales, y donde pueden existir límites al ejercicio de los derechos fundamentales cuando así han sido tipificados como conductas delictivas por el legislador.
En ese tenor, el avanzar en una democracia significa avanzar en el establecimiento de reglas, no solamente formales para la toma de decisiones en el ámbito electoral sino también para la construcción de un modelo que permita el ejercicio de los derechos fundamentales.
La idea es que la democracia no puede quedarse, según lo que se sostiene en el libro, como un mecanismo estrictamente electoral sino tiene que avanzarse hasta una democracia sustantiva en la cual en la protección de los derechos fundamentales se convierta en el objetivo primario de cualquier institución y de cualquier autoridad.
En este modelo, el modelo garantista que ha aplicado y ha desarrollado Luigi Ferrajolli a partir de la Teoría del Garantismo en la década de los 90´s, del siglo pasado, es el momento y el paradigma teórico que ha servido de fundamento a esta transición jurídica que en este Senado de la República se ha puesto en énfasis en la aprobación de las reformas constitucionales y legales que han sido aprobadas a lo largo de la presente legislatura.
Y también, por supuesto, en la actuación que la Procuradora General de la República ha planteado en los ejes temáticos de la actuación que han permitido y han obligado a cada funcionario y funcionaria, servidor público de la Procuraduría General de la República, a trabajar pensando en que el objetivo primario de su actividad es la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que son sujetas a los procesos penales, de los cuales conoce la Procuraduría General de la República.
Me siento muy honrado, me siento muy agradecido con todos ustedes; le agradezco a mi esposa, Maite Maldonado que se encuentra aquí presente, y les agradezco a todas y a todos mis compañeros de Fepade el hecho de que me hayan permitido colaborar con ustedes, me permitan colaborar con ustedes en este esfuerzo por hacer cumplir la ley en la materia electoral, en el ámbito que nos toca a nosotros.
Muchísimas gracias por estos momentos.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias doctor Santiago nieto por su exposición y lo felicitamos por su trabajo.

Vamos a escuchar a la Procuradora general de la República, Arely Gómez, para que nos haga reflexiones sobre la presentación de este libro.
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Primero que nada es para mí muy importante estar el día de hoy, aquí, en el Senado de la República y porque, primero, trae a mi mente grandes recuerdos.
Tengo sentimientos encontrados. Estar sentada en donde asumí funciones como senadora, en funciones porque ahora soy senadora aún con licencia, encontrarme a mis queridos amigos, a los trabajadores, a los encargados de los medios de comunicación, a tanta gente, me llena de emoción.
Es algo indescriptible lo que siento al estar aquí, el haber llegado y sentirme como en casa.
Las palabras que menciona sobre mi persona el senador Barbosa, presidente de la Mesa Directiva, son realmente inmerecidas. Mucho te lo agradezco, senador, tú sabes que siempre trabajamos pensando en un fin que era lo mejor para el Senado de la República y lo mejor para México, sin fines partidistas sino por el fin de un bien común del estado Mexicano.
Gracias por tus palabras, gracias por tu cariño, gracias por siempre, todas las atenciones que tuviste para mí, no hay manera de corresponder a tanto afecto.

Gracias Miguel.
Senador Roberto Gil, el haber colaborado contigo en la Comisión de Justicia para mí fue un gran honor formar parte de esa primera integración de la Comisión de Justicia, contigo como presente, el senador Manuel Camacho y yo como secretarios.
Primero pensé qué gran dificultad trabajar con estos hombres tan competentes, porque, como bien lo dice el senador Miguel Barbosa, el senador Roberto Gil es el mejor jurista que tiene el Senado. Su grupo parlamentario se debe sentir muy orgulloso de él.
Siempre dije: mientras el senador Gil sea el presidente de la Comisión de Justicia, para mí será un honor integrarla y apoyar. Hicimos un gran trabajo donde la mayoría de los temas, si no es que casi todos, salieron por consenso, por unanimidad, vencimos obstáculos, vencimos barreras, pero siempre con una sonrisa en la boca; nunca hubo un problema mayor.
Eso significa que se puede trabajar en común acuerdo, logrando los consensos necesarios y con la mente y el corazón por delante.
Roberto, te felicito por la designación que acaba de hacer tu grupo parlamentario y espero que el lunes a la una se esté votando tu nombramiento.
Qué mejor que estar ahorita con el presidente saliente de la Mesa Directiva y el presidente entrante de la Mesa Directiva.
Aunque al senador Barbosa todavía le puede quedar otra oportunidad, porque es un año cada uno, ¿verdad?
Y estar aquí con Santiago Nieto, jurista mexicano, maestro, doctor y experto en materia electoral, a quien conocí en el Consejo de la Judicatura desde el año 2003.
Recuerdo, siempre amable, siempre sonriente, siempre inquieto, hombre trabajador, hombre serio, y ahora que ha estado a cargo de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, me percato de su probidad, de las ganas que le pone a su trabajo y cómo realmente actúa siempre con la ley en la mano.
Lo felicito mucho por todo el trabajo que desarrolla, pero sobre todo porque el día de hoy nos haya invitado a estar en la presentación de su libro.
El doctor Sadot Sánchez, ex senador, ex diputado y que viene en representación del doctor César Camacho.
Sadot: eres un gran amigo; brillante tu exposición y qué gusto de estar aquí contigo.
Saludos, por tu conducto, al diputado César Camacho
A todos ustedes, invitados, invitadas, señoras y señores, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes.
México vive una de las más grandes transformaciones en materia de protección a los derechos humanos, cuyo ejercicio exige a todas las autoridades de todos los niveles, el respeto y la plena garantía de su ejercicio.
Con la Reforma aprobada en junio de 2011 en materia de Derechos Humanos, se generó un cambio verdaderamente significativo para las instituciones de nuestro país, incluido por supuesto el ministerio público.
Esta Reforma es, sin duda, la puesta al día más importante que ha tenido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al transformar el modelo jurídico para ser más efectivos, justiciables y exigibles los derechos humanos, permitiendo su interpretación a la luz de la ley mexicana y de los tratados internacionales.
La Reforma no puede entenderse de manera independiente de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Tampoco puede separarse de la renovación de la doctrina y de la cultura jurídica en nuestro país que día a día se acerca a un modelo propio de lo que los constitucionalistas y los filósofos europeos denominaron transición jurídica al estado constitucional y democrático de derecho.
México ha transformado su sistema jurídico de un modelo de legalidad a un modelo de constitucionalidad y convencionalidad, donde los derechos humanos se ponen en primer plano.
Sin embargo, no se trata de concebir los principios de promoción, respeto y protección de los derechos humanos, como un listado de buenas intenciones sino de reconocer la naturaleza de la Constitución y de los tratados internacionales, como principios mínimos de actuación.
Por eso la tarea no concluye con la aprobación de una reforma legal que reconoce y protege los derechos.
Cambiar la forma de interpretarlos y aplicarlos, obliga a realizar un arduo trabajo de análisis y de desarrollo de su contenido y sobre todo pernear una nueva cultura para su respeto irrestricto.
En virtud de este cambio de paradigma, hoy en día las autoridades tenemos la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como el principio pro persona, de modo que cuando existan distintas interpretaciones posibles de una norma, estemos obligados a elegir la que dé prioridad a la persona sobre cualquier razonamiento.
Dese que asumí la responsabilidad al frente de la Procuraduría, tracé un plan de trabajo cimentado en cuatro ejes fundamentales: transparencia, procuración de justicia eficaz, la implementación del nuevo sistema de justicia penal y el respeto y la defensa de los derechos humanos.
Es precisamente en materia de derechos humanos, donde existen tareas primordiales en la perspectiva de la construcción de un país moderno y democrático que se tiene que mejorar.
Ejemplo de ello son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el combate a la violencia de género, la trata de personas, los derechos de los periodistas, los derechos de las víctimas del delito y los derechos de los detenidos, entre muchos otros. Ideas tras las cuales se encuentra un ideal de protección y garantía integral de la dignidad humana.
Todas y todos debemos ser protectores de los derechos humanos y de que su obligación se respete.
Me congratulo por la difusión de estos temas, a través de publicaciones como el libro que hoy nos presenta el doctor Santiago Nieto, pues es una excelente forma de enseñar y promover los derechos humanos de las personas.
Quien tenga la oportunidad de leerlo, sabrá que no sólo debemos quedarnos en su lectura, sino en contribuir para instrumentar e implementar nuevas y mejores acciones en beneficio de nuestro país; pues cuando sociedad y gobierno se ponen al frente de la protección y promoción permanente de los derechos humanos, se avanza hacia la consolidación de un genuino sistema democrático.
Hombres y mujeres no tenemos pretexto para poner en práctica el debido ejercicio a los derechos humanos, nuestra Constitución Política en su artículo 1º nos lo mandata: todas las autoridades, en el ámbito de su competencia.
La PGR como autoridad que procura e investiga los delitos del orden federal, mantiene el compromiso con la ciudadanía para promocionar y fortalecer la gobernabilidad democrática de nuestro país, siempre en pleno respeto de los derechos humanos.
Las autoridades del Estado mexicano ya no sólo realizarán el llamado control de constitucionalidad, guardián de las leyes nacionales, sino que ahora también deben de ejercer el control de convencionalidad, es decir, que adoptarán criterios de instrumentos internacionales para una mejor protección y garantía de los derechos humanos.
Para determinar el contenido y alcance de la Constitución, así como de los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes, favoreciendo en todo momento la protección más amplia a las personas en los términos y con las restricciones que ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta adopción de nuevos criterios es un proceso progresivo que requiere tiempo para su plena implementación, pero estoy segura que es la única ruta posible para un país que nos demanda total transparencia en nuestra actuación y en el que es urgente recuperar la confianza en la adecuada impartición y procuración de justicia.
Como titular de la Procuraduría, me es grato –reitero– participar en la presentación del libro “El control de convencionalidad y la reforma constitucional en materia de derechos humanos”, que obedece precisamente a esa renovación constitucional en la materia.
Considero este libro como una importante aportación para comprender el impacto que ha tenido la reforma en materia de derechos humanos. Invita a la discusión jurisdiccional en materia penal e involucra a los operadores jurídicos y ministeriales, para ejercer debidamente sus funciones.
Este esfuerzo intelectual, debe ser palanca para alentar más investigación, reflexión y debate sobre el tema, que es fundamental para consolidar las transformaciones en la materia.
Finalmente, me gustaría recordar palabras de ese gran pensador italiano Roberto Bobbio, quien señalaba que el reconocimiento de los derechos humanos es un indicador del proceso histórico de la humanidad.
Hagamos progresar a la humanidad, a nuestro país. Hagamos que esta reforma constitucional sea efectiva y útil. Hagamos que los derechos humanos interrelacionen con la democracia y la paz.
Felicidades, estimado amigo Santiago. Muchas felicidades.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Agradecemos la presencia del senador Roberto Gil Zuarth; del licenciado Sadot Sánchez; del autor de este libro, el doctor Santiago Nieto Castillo; y de nuestra amiga, la Procuradora General de la República, Arely Gómez.
Gracias a todas y a todos ustedes por su presencia.
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