Versión estenográfica de la reunión extraordinaria de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos del Senado de la República. (Primera parte)

SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Reanudamos esta reunión extraordinaria de trabajo de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, de Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos.
Conforme al orden del día que les fue propuesto o enviado junto con la convocatoria, lo que corresponde es discutir este proyecto de dictamen, que en realidad es la iniciativa tal cual del senador Roberto Gil; no estamos agregándole en este punto de partida, ningún elemento adicional, novedoso respecto de lo que presentó como iniciativa el senador Roberto Gil.
Lo que correspondería, lo que hemos comentado aquí los presidentes es que primero vayamos a lo general sobre el proyecto, no obstante que es un solo artículo; vamos a hacer el ejercicio como si fueran varios, a efecto de discutir primero en lo general y luego si hay reservas, discutir dichas reservas y en su caso, votar.
Entonces, primero en lo general se fija posición por los grupos parlamentarios, quien quiera hacer uso de la palabra, en fin; y una vez que esté suficientemente discutido lo votamos y antes de la votación, tomamos nota de quienes quisieran reservarse algunos párrafos o agregar algún artículo transitorio al texto, en fin, votamos en lo general y pasamos a la discusión en lo particular con el mismo mecanismo, el que ya conocemos, y nada más.
¿Algún comentario adicional, senador Zoé Robledo?
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Sería el procedimiento regular.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: El procedimiento regular. Entonces, siendo así, lo que plantea el orden del día es que tendríamos una intervención inicial los tres presidentes, creo que conocemos el proyecto, se ha discutido, se ha ventilado mucho públicamente.
Como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, lo que yo les puedo decir es que tiene esto dos vertientes, sin perjuicio de las reservas que discutamos más adelante, pero una es cuidar a los medios públicos, educativos, culturales que ahora la legislación les llama concesiones públicas y sociales, que incluye a las indígenas y a las comunitarias, para efectos de que si llegado el momento el apagón en diciembre del 2015 no estuviesen listas para realizar esta señal, sus transmisiones con la señal digital; se les tenga la tolerancia necesaria para que puedan realizar las inversiones y acciones correspondientes, a fin de que en algún momento del próximo año 2016 puedan iniciar sus operaciones ya en la transmisión digital terrestre.
Y el otro componente que tiene se refiere a que las estaciones de baja potencia puedan, conforme al programa, siempre conforme al programa que diga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por realizar las acciones necesarias, mantenerse prendidas durante el tiempo que diga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, en los términos que sea estrictamente necesario, por la naturaleza que tienen estas estaciones.
Básicamente es lo que contiene esta iniciativa del senador Roberto Gil y la posición de nosotros, bueno, es que se discuta en esos términos. Tenemos, ya lo comentaré más adelante, algunas observaciones, algunas reservas que quisiéramos que se discutieran, no me quiero adelantar a ello, pero básicamente de eso se trata esta iniciativa del senador Gil. De ninguna otra cosa, de ningún otro tema, más que de lo que acabo de comentar.
Le pediría al senador Zoé Robledo que si quisiera hacer algún comentario inicial sobre el documento, sin perjuicio de que su partido pueda fijar posición en lo general; y lo mismo a la senadora Graciela Ortiz.
Gracias.
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias y muy buenas noches a todas y a todos.
Efectivamente, como el Grupo Parlamentario del PRD desde el día jueves pasado lo manifestó, nos parece que la iniciativa del senador Gil adolece no solamente en unas partes de técnica legislativa, sino que además de alguna manera estaba estableciendo un trato diferenciado para las televisiones públicas y las privadas. En ese sentido es que estamos nosotros y ahora haremos uso de la palabra para presentar una posición para presentar una serie de reservas sobre esta iniciativa, de manera tal que se puedan subsanar esos temas.
Hay otros asuntos en los cuales más adelante fijaremos posición, pero en la votación en lo general, que procedimentalmente es lo que sigue, pues el Grupo Parlamentario del PRD considera que si bien no tenemos coincidencias de fondo en partes importantes de la iniciativa, pues fijaremos una posición en lo inmediato.
Creemos que el procedimiento está siendo el correcto y que en ese sentido debe de continuar.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy bien. Muchas gracias, presidente.
Presidenta Graciela Ortiz, por favor.
SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
Uno de los propósitos del nuevo marco legal que rige a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión a través de la expedición de la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, es el de regular el proceso de transición hacia la televisión digital terrestre.
En ese marco, el artículo 19º transitorio del decreto por el que se expidieron ambas leyes, estableció que transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre del 2015.
Y dispuso también dicho artículo que los concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida están obligados a realizar todas las inversiones e instalaciones necesarias para transitar a la televisión digital terrestre a más tardar el 31 de diciembre del 2015.
El proyecto que estas comisiones estamos presentando a la consideración de los integrantes de estas comisiones unidas, tiene que ver con que las estaciones de radiodifusión de carácter público, mejor conocidas como medios públicos, tengan las condiciones suficientes para transitar hacia la transmisión digital y no se queden rezagados o se vean afectadas en su concesión.
Por eso, en esta iniciativa que está presentando el senador Roberto Gil y que estamos presentando ya dictaminada como proyecto de dictamen por estas comisiones buscando su aprobación, estos medios de los que estamos hablando, de los radiodifusores públicos, al no tener un carácter comercial se encuentran frente a importantes retos económicos para financiar el proceso de transición a la tecnología digital, más aún que muchos de ellos no han recibido oportunamente los recursos necesarios para dicha transición.
Así es que algunos de ellos por falta de presupuesto no van a poder migrar a la televisión digital terrestre o no van a tener el grado de penetración del 90 por ciento en los hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL en la fecha límite que establece el decreto y se harían acreedores a sanciones.
Así las cosas. La finalidad del proyecto que se planea es esencialmente proporcionar el mecanismo legal que permita a los llamados medios públicos concretar la transición digital y evitar suspender transmisiones con la consecuencia no deseable de hacerse acreedores a la pérdida de su permiso o concesión.
Estamos por ello considerando pertinente modificar estas disposiciones transitorias del decreto y lo estamos presentando a la consideración de los integrantes de las tres comisiones unidas, desde luego solicitando su apoyo para que se dé en los términos en los que se está presentando el proyecto de dictamen.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muy bien. Muchas gracias.
Gracias, presidenta; gracias, senadora.
Vamos a tomar nota de quienes quisieran hacer uso de la palabra. Digamos, primero como grupos parlamentarios fijaremos posición, pero con independencia de ello, quien quisiera también hacer uso de la palabra para hablar respecto a lo general, tomaremos nota.
Sí señor, como grupo parlamentario, desde luego el senador Blásquez.
Me imagino que el senador Gerardo Flores hablará por parte del Grupo Parlamentario del Verde.
¿Por parte del Grupo Parlamentario del PRD quién va a fijar posición inicial?
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Yo.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Okey, Zoé Robledo.
Del Partido Acción Nacional, su servidor.
¿Y del PRI quién? Ah, Raúl Pozos. Perfecto.
Ahora bien, después de esto para Javier Corral, para hablar en lo general sobre el documento.
¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra en lo general?
Bueno, entonces, hasta ahí quedaríamos y después procederemos a la votación en lo general del documento y pasamos de buena vez.
Entonces, en primer término, entonces el senador Marco Antonio Blázquez, desde donde quiera hacer uso de la palabra, senador.
SENADOR MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS: Muchas gracias, señor presidente.
Posicionaré como miembro del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y voy a posicionar también como integrante de las dos comisiones, tanto de SCT como de RTC y lo haré sin diatribas y sin aleteos.

Nadie se puede decir sorprendido cuando un plazo fatal que se estableció en el 2013 llega. Un plazo fatal, en el cual se estipuló tanto en la Constitución, aunque fuese a nivel transitorio, pero en la Constitución, como en los diversos reglamentos y leyes que se modificaron a raíz de la reforma de telecomunicaciones y sus leyes convergentes.

Me parece que está discutiendo a estas alturas un tema que sobradamente se discutió, se analizó, que nos reunimos en foros, en larguísimas reuniones de comisiones y de pleno, me parece propio de una república bananera, así, de bananas.
Establecer un régimen de excepción y me referiré solamente al delineado de la iniciativa que estamos analizando. No hay interlineado porque caería en una serie de especulaciones que la verdad ni siquiera hace falta establecer.
Nada más en cuento al lineado de esta reforma estamos solicitando un régimen de excepción para el sector público de la televisión, que es el primer sujeto obligado, por ser el gobierno, a cumplir esta iniciativa.
Obviamente que si nosotros a estas televisoras ahora les llamamos concesionarios públicos, les brindamos esa excepción, estaremos obligados a darles la excepción también a quienes públicamente y comercialmente se dedican a este negocio.
Sí creo que se debe de llevar esta ley, que es la única que ha funcionado, de todas las reformas que hemos procesado a lo largo de la legislatura pasada y de esta, es la única que ha valido la pena.
Algunos tienen una visión diferente de opinión, es que esta reforma logró controlar a esos monopolios que estaban haciendo de las suyas en todos los sectores de las telecomunicaciones.
Sí, las transiciones del mercado, los nuevos rumbos internacionales, como quieran, pero estos señores oligarcas están pidiendo esquina. Han tenido que compartir sus infraestructuras, han tenido que abrir la cancha para otros competidores, consecuentemente han tenido que bajar precios, han tenido que esforzarse por dar mejores servicios.
Y obviamente esta reforma, queramos o no, es uno de los puntos de los pocos positivos a nivel social y económico en este país, de manera que presentar una reforma que al mismo tiempo es impresentable, la va a afectar.
Sí quiero dejar muy claro aquí que estoy porque, tal y como lo negociamos, tal como lo votamos, tal como todos los sectores lo establecimos, así quede.
Recientemente, en un foro organizado por la Comisión de RTC, escuchamos a los diferentes sectores, a los sujetos obligados que se les llama, creo que nada más nos faltó SEMARNAT y eso por la disposición final de los viejos televisores.
Yo no escuché a ninguno, ni al regulador, ni a la SEDESOL, ni siquiera a los grupos oficiales.
Es más, yo escuché aliento en todos ellos.
Estamos listos, fue la voz del regulador; estamos preparados, fue la voz de SEDESOL.
Inclusive se dieron números oficiales del sector público donde nos indicaban que por ese sector no nos preocupáramos, que todo iba viento en popa.
Y resulta que en 5 o 6 días, sin que mediara la petición de parte porque yo quisiera que demostraran un documento, uno solo donde el sector público de la televisión demanda, solicita, pide, como quieran, que se aplace, o que se detenga el apagón, o que se tengan consideraciones para sus concesiones, no hay una petición de parte expresa.
Al contrario. El sector público ha dicho que está listo, que está preparado para que el día 31 apaguemos y vayamos a la nueva era, nueva para nosotros, época cuaternaria para el mundo.
Nuestros hijos ya no están recepcionando televisión, por favor, ya no ven televisión y nosotros seguimos aquí empantanados con el tema del maldito apagón analógico.
De tal manera que me atengo a la situación de que vayamos a deslindar responsabilidades.
Esto es, si el concesionario privado no transitó de manera correcta a la era digital, que se le sancione.
Si el sector público no tuvo dinero, porque eso se alega, no hubo presupuesto para transitar hacia la era digital, que se deslinden las responsabilidades por qué el Secretario de Hacienda no dispuso de los recursos si tenía la Constitución enfrente, para estas empresas del Estado.
Y obviamente, si las empresas del Estado tuvieron el dinero y se lo gastaron o lo desviaron, pues hay que ir sobre ellos a deslindar responsabilidades.
Pero otra cosa: si el regulador no liberó los permisos, las autorizaciones de manera conveniente y oportuna, pues ahí está la ley.
Creamos un órgano judicial especializado para la materia y ahora resulta que cuando tenemos la primera gran prueba de fuego para nuestra gran Reforma, no queremos que esto llegue a los escritorios del poder judicial especializado.
Consecuentemente como lo habrá ustedes notado, mi voto en las dos comisiones, como Grupo Parlamentario, será en contra en lo general y en lo particular.
Muchas gracias.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Gracias senador Blásquez.
Senador Gerardo Flores, por favor, del Partido Verde.
SENADOR GERARDO FLORES: Muchas gracias Presidente.
Trataré de ser muy breve.
Básicamente lo que quiero señalar es que como Grupo Parlamentario del Partido Verde votaré a favor en lo general desde luego.
Me parece que la propuesta que se discute hoy que seguramente ya hemos escuchado que será objeto de algunas modificaciones, atiende dos problemas muy particulares que de repente me parece que perdemos un poco de vista exactamente de qué estamos hablando.
Por un lado está una cuestión que tiene que ver con medios públicos, alrededor de 30 medios públicos afiliados a la asociación que agrupa este tipo de medios que es la red, pues no están en condiciones de poder transitar a la televisión digital terrestre a partir de que se apague la señal analógica.
Me parece que sí es un poco complicado, los que conocemos cómo funciona el tema de la asignación de recursos en este país, responsabilizar a esos medios de que no hayan hecho la tarea para estar listos este 31 de diciembre del 2015.
Creo que, bueno, yo habiendo sido diputado federal en la legislatura 2009-2012, en varias ocasiones tuvimos por ejemplo, a los representantes de los medios públicos locales que nos pedían apoyo para poder que se pudiera aprobar en el presupuesto de egresos, recursos para que ellos pudieran hacer ese tránsito.
Lamentablemente los grupos parlamentarios en aquellos momentos y en los años subsecuentes no pudieron ponerse de acuerdo para asignar recursos y hoy estamos viendo las consecuencias de ello.
Me parece que es prudente que ya que estamos conscientes todos del problema que enfrentan, se les pueda permitir hacer este tránsito de manera tersa.
La otra cuestión tiene que ver con las estaciones de baja potencia, en algunos casos, me parece que sí la reforma ha sido muy generosa, ha sido yo diría virtuosa, ha tenido efectos positivos en distintos ámbitos de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; pero hay cuestiones que me parece que también tenemos que reconocer, porque de repente queremos ser –lo voy a decir con todas sus letras– más papistas que el Papa porque en el caso de las estaciones de baja potencia, países como Estados Unidos, que apagaron su señal analógica en junio de 2009, hoy permiten que las estaciones de baja potencia sigan funcionando.
Originalmente la FCC, que es el órgano regulador en ese país, había establecido como fecha límite para que se apagaran las señales analógicas de esas estaciones, el 1 de septiembre de 2015; sin embargo desde abril de este año la FCC en Estados Unidos señaló que todavía no hay condiciones para que se apaguen y pospuso el apagón de esas estaciones hasta nuevo aviso, ni siquiera le ha puesto fecha.
En tal virtud, me parece que es prudente que aquí demos un espacio para que también esas estaciones de baja potencia que aquí en el Senado el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la reunión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, que sostuvimos el pasado 11 de noviembre, mencionaba esta cuestión, sobre todo él destacaba el carácter de cobertura social que tienen esas estaciones de baja potencia, que en muchos casos hace muy complicado que se pueda sustituir los equipos que deben reemplazarse para poder estar en condiciones de transmitir en señal digital.
Él lo señalaba incluso, por ejemplo, que hay momentos en los que no puedes saber cuántas estaciones de baja potencia o complementarias se van a requerir, hasta que no tengas en funcionamiento pleno la señal digital; porque puede ser que hoy para una estación principal se requieran tres estaciones complementarias o tres estaciones de baja potencia; y cuando se tiene ya en pleno funcionamiento la señal digital, lo decía él y está escrito en una presentación que nos dejó ese día, es probable que en lugar de tres se requieran dos o una; por ejemplo.
Entonces, hoy en día el propio instituto no puede saber con certeza cuántas estaciones complementarias o de baja potencia realmente se requieren de aquí en adelante.
Entonces, me parece que los cambios son prudentes, me parece que no son nada que esté fuera de lo razonable y por tal virtud, como Partido Verde estaremos a favor del dictamen.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias, senador Flores.
Por parte del PRD, senador Zoé Robledo, ¿usted tiene el uso de la palabra, verdad?
Adelante.
SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas gracias.
Efectivamente, como ya lo he señalado, el día jueves pasado los senadores del PRD no solamente los integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y los integrantes y las integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes; nos presentamos en esa sesión para pedir no solamente la ampliación del turno que finalmente fue concedida, en una ley que tiene que ver por supuesto con la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que creíamos que la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía tenía que ver.
Pero además, lo hacíamos porque había partes de la iniciativa del senador presidente Gil Zuarth, con las cuales no concordamos. En principio, lo que respecta a las televisiones públicas, educativas y sociales, por una razón:
La iniciativa está planteando que se apaguen las señales, la suspensión temporal para que no pierdan el título de permisionario y que no tuvieran una sanción mayor. Sin embargo, es una suerte de salvamento que también tiene una serie de implicaciones muy graves, implicaciones que tienen que ver con la pérdida de audiencia.
Si el 1 de enero de 2016 la gente en las zonas más apartadas del país aunque ya tuviera un dispositivo, una televisión digital como parte del programa de la SCT, pero no encuentra la señal de estas televisiones, sin duda es un daño a la audiencia.
A las audiencias también de alguna forma se les estaría privando de contenidos que la televisión privada no ofrece; contenidos que tienen que ver con protección civil; contenidos que en el caso de estados como Chiapas tiene que ver con ofrecer a los hablantes de lenguas indígenas una serie de programas que obviamente las televisiones privadas jamás van a generar.
También én bivimde programas que obvimaee obvimaente las televisiones privadas jame estas televisiones, sin duda es un daño a la audiencen algunas zonas del país, cuestiones que tienen que ver con la seguridad.
Por eso creíamos y creemos que la suspensión temporal no es una solución para los medios públicos.
En ese sentido es que estamos, y vamos a presentar una propuesta de reserva para este primer párrafo, para que realmente su espíritu sea el de salvar a las televisiones públicas en el fondo; que las salve, pero que no las salve violentando tampoco el derecho de las audiencias, y no las salve tampoco dejándolas en un estado en el cual al no tener la obligación o la necesidad de generar contenidos, incluso mucha gente podría quedarse sin empleo.
Simplemente de las 19, según el dato actualizado que se tiene del propio Instituto Federal de las Telecomunicaciones, de las 19 televisoras públicas y sociales también, porque ahí está la promotora de la televisión de Quintana Roo, que es un permiso social; en el momento en el que se les ofreciera la salida de suspender sus transmisiones para no perder el espectro mientras hacen la digitalización, también implicaría que no generarían contenido y esa gente se quedaría sin empleo.
Creemos, y me da gusto que aquí estén representantes de la Red de Televisiones Públicas, Educativas y Culturales, que creemos que si bien es una suerte de salvamento, no debemos tampoco obviar que los gobiernos estatales tuvieron tiempo para haber hecho esta transición.
Al final, son cerca de 12 estados que simplemente no hicieron su tarea como sujetos obligados.
¿Quién iba a pagar los platos? Pues sí, las televisoras públicas y sus audiencias, principalmente.
Por eso es que si bien, por supuesto que siempre hemos creído que debemos de estar apegados a la ley, también creíamos que se les estaba salvando con una sanción adicional que era la suspensión temporal de sus transmisiones.
Esa suspensión temporal para el caso debería de ser una opción o una decisión de las propias televisoras, pero ya más adelante abordaré el tema.
Segundo. Nosotros, y como representantes del PRD que además estuvimos en las negociaciones de esta Ley de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, por supuesto que tenemos muy claro que las sanciones que establece el capítulo segundo siguen vigentes y de alguna manera no se actualizan, están ahí, y es facultad justamente del Instituto aplicarlas.
¿Debe de aplicarlas el Instituto? Bueno, para eso es autónomo.
Ojalá la autonomía de ese instituto se entienda como esa facultad, como la facultad de sancionar a quien no haya hecho la tarea, como una autonomía que sea cada vez muchísimo más vigorosa.
Por eso también la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía los invitó, vino el titular del Instituto, explicó lo que tenía que explicar respecto a quiénes habían hecho ya notificaciones respecto a la transición y quiénes no.
Información que además dejamos y es pública, y por supuesto que es un tema que nos preocupa; que lo que se establece en el capítulo segundo, en el artículo 298 no sea vulnerado, y que estas infracciones, si se diera el caso, las aplique el Instituto, pero es decisión de ellos. Honestamente no es una decisión del legislador.
Adicionalmente a esto, a partir de la revisión de casos comparados y de experiencias de otras partes del mundo, pues sí creemos que los plazos en esta materia son fundamentales, que tener plazos nos da certidumbre a absolutamente todos y en la iniciativa que estamos comentando hay partes en los que los plazos siguen sin ser claros y podría permitir un escenario de cohabitación de señales radiodifundidas en análogo y en digital, sin establecer hasta cuándo esto está permitido como una salida.
En ese sentido es que presentaremos las reservas a las partes que no coincidimos con este dictamen, siempre guardando la seriedad de que el derecho de las audiencias sea protegido, la autonomía del instituto garantizada y por supuesto nosotros convertirnos en un Senado que encuentre soluciones a quienes, como se dice en el argot, están en la sombra, en una sombra que los alcanza en los servicios justamente de radiodifusión, pero una sombra que también tiene que ver con carencias y con una desigualdad profunda, que muchas veces aquí en el Senado no entendemos, porque no conocemos.
Esa sería la posición.
Es cuanto.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Muchas gracias senador presidente.
Antes de hacer uso de la palabra para referirme al dictamen como tal, le voy a pedir a todos aquellos interesados, senadores interesados en presentar alguna reserva, que se lo hagan saber al respectivo secretario técnico de esas tres comisiones y que le entreguen, en su caso, el texto que están proponiendo como modificación o adición al articulado que está a discusión.

¿Para qué?
Para que entonces antes de proceder a la votación en lo general, demos cuenta de quiénes se registraron y respecto de qué parte del articulado están haciendo esta propuesta de reservas.
Así es que directamente con el secretario técnico de cada una de las tres comisiones, inscribirse como tal y presentar por escrito el texto que están proponiendo alternativo, para que sea considerado en este dictamen.
Miren, para decirlo en términos muy simplificados, lo que he escuchado, tanto del senador Flores, del partido verde, como del senador Zoé Robledo del partido de la Revolución Democrática, la verdad es que hay muchas coincidencias, en lo que aquí se ha planteado.
Tanto en la intención de la iniciativa del senador Gil que, dicho sea de paso, muchos desde que se presenta la iniciativa de reforma constitucional, advertimos que ese plazo no era realista por muchas razones e incluso cuando el presidente de la República presenta su iniciativa para la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión, se discutió la posibilidad de que para las televisoras públicas, educativas, culturales, en fin, el plazo no fuera a 2015 sino a 2016.
Y esto se rechazó en aquella discusión del dictamen ya vino corrigiéndole la plana a esa iniciativa, pero nos lo habían advertido: el desplegado, ya lo mencionó Zoé Robledo, de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, en el segundo petitorio de ese desplegado, ¿que nos estaba planteando? Un plazo adicional al 2016 para poder llevar a cabo las inversiones y los trabajos relativos a su migración a la transición hacia la televisión digital terrestre.
Como bien han expresado mis compañeros, la propia senadora Graciela Ortiz, de lo que se trata es de que solamente a estas televisoras que conocemos comúnmente como educativas, públicas, culturales, pero que en la nueva nomenclatura de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión son concesiones públicas o sociales y estas últimas que incluye a las indígenas y comunitarias, pues que pueda haber un tratamiento de tal manera que se considere o se reconsidere el que no por el hecho de que llegue la fecha fatal del 31 de diciembre de 2015 y cuando nos han hecho saber que muchas de ellas, para no meternos en números, muchas de ellas no estuvieron en posibilidad por falta de presupuesto fundamentalmente de realizar pues estas inversiones para la transición a la televisión digital terrestre, lo que plantea el senador Gil es, bueno, que puedan suspender operaciones, que puedan suspender transmisiones pero eso si no metemos mano a la ley, si no hacemos nada, se ubican en una causal tan grave de violación a la ley que podría ser objeto de la revocación de su concesión.
Entonces imagínense que paradójicamente ahora resulta que precisamente por la falta de presupuesto de las estaciones públicas caigan en una causal no de sanción sino hasta de revocación de la concesión y entonces lo que es pues una televisión alternativa o complementaria a la comercial, pues se deje de transmitir.
En ese sentido coincido completamente con el senador Zoé Robledo y no solamente en los términos que tiene la Iniciativa del senador Gil, sino que también creemos que es adecuado este planteamiento que se hace para que pueda ser cualquiera de las dos opciones: o que dejen de transmitir porque están en incapacidad absoluta, o que bajen la potencia y sigan transmitiendo la señal analógica, como se está haciendo el tratamiento para las estaciones complementarias o de baja potencia.
Entonces esto sí permitiría de alguna manera una solución ecléctica o híbrida que a nosotros nos parecería en términos de enriquecer este proyecto, nos parecería más que adecuado además de, pues esta terminología que hemos venido utilizando, que yo creo que tenemos que recoger la nueva terminología con la cual se identifica en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión a los distintos operadores porque, por ejemplo, ya la nueva ley no habla de permisionarios, solamente habla de concesionarios.
Entonces hay que simplemente recoger bien en términos de la terminología que vamos a introducir en este articulado para que sea consistente con lo que dice la legislación.
Y también coincidimos en lo que ha planteado el senador Zoé Robledo sobre el tratamiento de estas estaciones permisionarias.
Coincido con lo que dice Gerardo Flores.
Miren: el caso de baja potencia o estaciones complementarias, es un artículo que ya viene en la ley.
Este párrafo del Artículo décimo noveno transitorio ya está en la ley.
Lo que ocurre es que el senador Gil planteó cambiarle nada más el término operadores y eso hizo mucho ruido.
En realidad aquí lo que tenemos que hacer es ser mucho más precisos otra vez en la terminología, que quede claro que estas estaciones, conforme a quién, lo que diga, lo que nos vino a decir el Instituto Federal de Telecomunicaciones y por una razón, como la dijo el senador Flores, muy simple.
Porque hoy no podemos saber cuáles de esas complementarias van a tener que subsistir o no.
¿Por qué? Porque la huella, la cobertura, la transmisión, la potencia de la televisión digital no es necesariamente la misma que hoy conocemos de la televisión analógica.
Entonces hasta que no esté en una operación completa la televisión digital de las principales, digamos, no se puede advertir o identificar cuáles complementarias van a ser necesarias.
Por eso dice el Instituto: continúen sus transmisiones; ya les diremos nosotros cuáles tienen que subsistir o cuáles no, o ustedes nos van a venir a pedir a nosotros, a la autoridad, cuáles quisieran que continuaran porque no llegó allá la huella o la señal digital, en fin, y se les obligará en todo caso a hacer las inversiones necesarias.
Y yo coincido también con el senador Zoé Robledo: en ningún momento se está tocando ninguna de las facultades, ni constitucionales ni legales que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones en sus tareas de regulación, supervisión, vigilancia o sanción.
Entonces en ese sentido que quede claro.
A las únicas que se les puede en todo caso interpretar como que se les está dando una suerte de salvamento es a las concesiones públicas o sociales, a las televisoras educativas y culturales para que no les vayan a revocar su concesión por dejar de transmitir después del 31 de diciembre del 2015.
Y por último, les quiero decir que para nosotros hay una preocupación, ya en su momento lo haremos valer en la reserva correspondiente, pero tenemos una preocupación que ya sea al concluir este año con la entrega de las televisiones o si el día de mañana es necesario, como se anticipa que pudiera llegar a ser, que tengan que seguir haciendo entregas ya sea de televisión o decodificadores o algún tipo de instalación, hombre, que se abstengan de hacerlo en época electoral, vamos a tener elecciones en tres estados de la República el próximo año, si no me equivoco, y lo que no queremos es que haya un lucro político-electoral, como ya lo vimos, que se repite o se reitere esta conducta, cuando en realidad de lo que se trata es de ayudarle al mayor número de mexicanos posible, que puedan ingresar a la transición digital terrestre, pero que esto no sirva como un pretexto para la compra de votos en los procesos electorales próximos.
Por lo demás, yo les puedo decir que… bueno, yo era un defensor de que el apagón analógico lo lleváramos completamente un año más para todo mundo, eso ya no fue posible. Pero por lo menos, en atención a las educativas culturales y también a las de baja potencia, simplemente también atender a lo que ha opinado el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Creo que aquí hay una gran coincidencia y que espero que con las adecuaciones que le presentaremos en las reservas correspondientes, dejemos un texto que para la gran mayoría de nosotros sea suficientemente satisfactorio.
Es cuanto.
Muchas gracias.
Y tiene la palabra el senador Raúl Pozos, de parte del PRI.
Adelante.
SENADOR RAÚL AARÓN POZOS LANZ: Muchas gracias, presidente.
Compañeras y compañeros senadores:
Efectivamente, yo lo afirmé en la tribuna en la reforma constitucional, primero en el debate que libramos en comisiones, y luego en la discusión, debate y aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones; a mí me parecía, me parece que esta, la gran reforma en materia de telecomunicaciones que impulsó el presidente y que aquí en el Congreso debatimos y aprobamos, iba a ser una de las reformas que más alcance social iba a tener, por la naturaleza y por el espíritu de la misma; porque desde sus entrañas, la propia reforma constitucional y la propia nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, tenía como esencia fundamental el que los derechos humanos consagrados en la Constitución, particularmente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, tenían que hacerse una realidad.
Pero más allá, sobre todo tratándose de servicios de información, particularmente cuando hablamos de televisión, cuando hablamos de telefonía móvil y fija, pero especialmente la móvil; pero también cuando hablamos de servicios de internet y de banda ancha. Hablamos que en su conjunto, la reforma iba a generar y a estimular el desarrollo de las habilidades de las niñas y de los niños, no solamente de las grandes ciudades; sino que además esta reforma permitiría en alcance a la esencia, que millones de niñas y de niños, particularmente en comunidades apartadas e indígenas, iban a tener la oportunidad de tener acceso a esta enorme autopista de información que es internet.
Y desde luego, una de las grandes acciones que tenía esta reforma es precisamente la transición de la televisión analógica a la televisión digital terrestre. Un paso enorme para la modernidad de México, un paso enorme para darle a este país un nuevo rostro frente a los retos tecnológicos que el mundo impone.
Un reto en todos los sentidos, porque la experiencia que en el mundo se ha vivido en esta transición ha sido compleja también. En los países de la OCDE, ya se ha dicho reiterada y señaladamente, 30 de los 34 países ya han transitado a la televisión digital terrestre y no todos, hay que decirlo así con esas letras, no todos han tenido la certeza y el reto de que el menor número posible de usuarios se queden sin el servicio de televisión.
Este país se echó a cuestas el reto de proveer de televisiones digitales con una gran inversión, un costo para todos los mexicanos, porque todas las acciones del gobierno se hacen con recursos que provienen de los impuestos del pueblo.
Por eso estoy de acuerdo en que todos lo cuidemos y lo vigilemos. Que sea eficaz y eficiente, y que llegue a donde tiene que llegar, especialmente para que dejemos al menor número posible de mexicanas y mexicanos sin este derecho, ya que la experiencia en los países del mundo establece que siempre queda un margen, en algunos muy grande, en el nuestro queremos que sea el mínimo.
Por eso tenemos que llegar a la discusión de esto que aquí ya se ha planteado, que fue una propuesta que presenta el senador Gil, pero que además –debo decirlo con claridad– es un tema que se había tocado en diversas reuniones de trabajo al interior de mi fracción, y que debíamos reconocer que teníamos que pensar en poner en orden y poner a tono la ley, especialmente tratándose, y ahora lo diremos como se está proponiendo, de estaciones de baja potencia, como lo dice la ley en VHS que va de un kilovatio y de UHF que van hasta de 10 kilovatios de alcance en su radiodifusión.
Y que ahora con las obligaciones que establece la Constitución y la propia ley, deberían tener digitalizadas sus estaciones para proveer del servicio a los usuarios que, por cierto, debo decir que son usuarios que demandaron el servicio que no tenían y que recibieron una autorización expresa para hacerlo en atención a una demanda social en comunidades apartadas y en donde no existen beneficios económicos.
Por eso nosotros también pensamos, y así lo hicimos saber el miércoles cuando dijimos que teníamos propuestas también particulares del PRI. Sabíamos que teníamos que pensar en cómo mantener la transmisión de la señal sin dejar de atender lo que establece la ley.
Esto es de que aquel, aquella estación, aquel permisionario o concesionario que no hubiera podido o tenido la oportunidad de digitalizar, que solicitara temporalmente su baja, la baja de la señal.
O como ahora se está proponiendo, que pudiéramos bajar la potencia para que, ateniéndose al programa que establece el propio Instituto, pudieran de alguna manera atenderse al Programa de Mantenimiento de la Señal y poder mantener vigente su concesión.
Nosotros estamos de acuerdo en que debe de haber temporalidad y sí tiene que haber un plazo.
La tecnología y la entrada a la modernización de este país no puede esperar más; tenemos que hacerlo todos juntos. Por eso estamos de acuerdo en que si hubiera un plazo, no debe exceder más allá del día 31 de diciembre del 2016.
No es una prórroga al apagón analógico, ¿eh? Es dar oportunidad a que aquellos usuarios que están muy lejos no se queden sin el servicio, sin el derecho a la información, sin el derecho a los contenidos y a los programas que ofrecen las cadenas de televisión públicas o que presten servicio social, indígena o comunitario.
Por eso también debemos establecer con claridad la obligación para que los titulares de las estaciones que hemos señalado realicen las inversiones necesarias en sus instalaciones, conforme a los plazos previstos por la propia ley y que también deberán estar en el programa que establecerá el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que también en este caso y en ninguno otro excedan más allá del día 31 de diciembre del 2016.
Con esto creemos que damos oportunidad a que este segmento que presta servicio de señal televisiva, uno, no suspenda ni temporalmente; dos, que tenga la opción e bajar su potencia y, tres, que también tenga este plazo para realizar la inversión necesaria para que digitalice y para que México en su conjunto, todo, tenga el nuevo rostro que queremos los mexicanos que tenga este país, que es el rostro moderno y de entrada a la tecnología del mundo.
Es una propuesta que ya hemos hecho llegar por escrito, señor presidente y le solicitaría que se inscribiera como tal.
Muchas gracias, es cuanto.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Bueno, pues entonces, para hablar en lo general sobre este proyecto, el senador Javier Corral y yo quizás también tenga que intervenir, después del senador Corral.
Adelante.
SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bien, en primer lugar debo hacer una rectificación, como se dice, de previo y especial pronunciamiento, porque los presidentes de las comisiones y me supongo que las mesas directivas han dictado un trámite parlamentario que es absolutamente contrario a la legislación del congreso.
Cuando el texto normativo de un dictamen consta de un solo artículo se debate y vota en lo general y en lo particular en un solo acto, este es el caso.
Que ahora se pretenda dar una salida para acomodar las posiciones en torno de lo que acabamos ya de escuchar, es otra cosa, pero el reglamento del Senado es uno y es invariable, aunque lo modifiquen o lo vayan a votar así, estarán en contra de lo que se acostumbra en la práctica parlamentaria y estipulado en el Reglamento del Senado de la República.
Es la materia de este dictamen. Claro, entiendo que el formato permite reconsiderar posiciones y tener planteamientos nuevos de varios de los actores que la semana pasada todavía aquí casi, casi se incendiaba el Senado de la República, por cuestiones del procedimiento, ya no digamos del fondo.
Voy a decir por qué estoy en contra de esta iniciativa y de este proyecto de dictamen, con todo y las pretendidas modificaciones que se van a introducir en el segundo párrafo del décimo noveno, porque ahora en lugar de operadores, adelanto, va a ser estaciones de televisión de radiodifusión, más lo que acaba de decir el senador Pozo.
Ya advierto que es fundamentalmente la negociación que no cambia esencialmente el fondo de la cuestión.
Esta Iniciativa busca posponer el apagón analógico un año más a las estaciones comerciales de radiodifusión de baja potencia que originalmente no estuvieron contempladas en el transitorio décimo noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y eximirlas de paso porque habrán desaparecido las causales de sanción e incluso de revocación conforme al 298 y conforme a las causas justificadas señaladas en el 157, eximirlas de ser sancionadas por no haber invertido en las zonas más marginadas del país, que son las que le interesan a todo mundo, el alcance social se dice de esta Reforma.
La Iniciativa, hay que decirlo con toda claridad, es la continuación del intento de Reforma Constitucional que proponía modificar el quinto transitorio de la Reforma en Telecomunicaciones para aplazar un año más el apagón analógico, establecido para el 31 de diciembre del 2015.
Ahora que hablo del 31 de diciembre del 2015, quiero hacer otra necesaria aclaración en honor a la verdad:
Es inexacto que la Iniciativa presentada por el Presidente Peña Nieto, colocó como una fecha novedosa el apagón del 31 de diciembre del 2015. Eso no es así.
Lo que hizo la Iniciativa de Peña Nieto en materia de telecomunicaciones, fue reconocer la fecha que había decidido el Presidente Felipe Calderón.
En realidad la Iniciativa en sus considerandos reconocía la batalla legal que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa –pero ya se le olvida a mucha gente ahora- había dado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer prevalecer la fecha del apagón analógico al 31 de diciembre de 2015, como la fecha del apagón.
Litigio que ganó Calderón en la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque obviamente las empresas de televisión impugnaron, por distintas vías y cauces, ese plazo.
Porque ese plazo lo adelantó el Presidente Calderón. Hay que decirlo con toda claridad:
El plazo original del apagón analógico estaba planeado para el 2021 y Calderón lo adelantó al 2015: 31 de diciembre del 2015.
La Reforma lo único que hizo fue reconocer ese plazo y la decisión de la Corte que dijo: ese plazo es constitucional.
Que ya haya gente que se opone ahora a ese plazo, bueno, es otra cosa. Pero esa batalla la ganó Calderón.
Ahora bien. Recordemos el contexto de esta Iniciativa:
Hace un mes, un mes y medio, cuando se pretendió posponer el apagón analógico modificando las reglas constitucionales, se habló del incumplimiento.
Permítanme citar: “La irresponsabilidad y negligencia inadmisible de los funcionarios de la SCT y de Desarrollo Social, que no han logrado la cobertura en la entrega de los receptores digitales”.
Aquí se pedía sanciones para SEDESOL y para SCT porque no iban a terminar la entrega de televisores digitales.
¡Ah! No cumplieron con la entrega de televisores al público sujeto del apoyo gubernamental, los más pobres se van a quedar sin ver televisión por culpa del gobierno.
Pero el gobierno, que estuvo tentado a coexistir con la iniciativa de reforma constitucional porque hay que recordar que Beltrones de entrada dijo que estarían dispuestos a revisar el plazo, el gobierno le midió muy bien porque dijo “mandamos un mensaje funesto si modificamos una regla constitucional para salir a una exigencia fundamentalmente de una empresa de televisión”; entonces el gobierno la repensó.
Y entonces ya no fueron a la reforma constitucional. Pero no sólo eso, vino y demostró aquí que van a cubrir en tiempo y forma la entrega de televisores, entonces algo sucedía con relación al apagón analógico, porque se pretendía hacer un problema de recepción digital. Son los ineficientes de la SCT y el programa de transición digital terrestre, los que han incumplido, puede haber responsabilidades administrativas, incluso se amenazó.
Pues claro que Mónica Aspe, la subsecretaria de Comunicaciones, fue la primera que saltó y dijo “un momento, yo puedo demostrar que estamos cumpliendo en tiempo y que además cumpliremos con la fecha y que el 15 de diciembre podremos entregar los receptores digitales.
No era un problema ni ha sido un problema de recepción; ha sido, es y la iniciativa lo confirma, un problema de transmisión digital.
La Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señala que en nuestro país existen 460 estaciones principales de televisión radiodifundida; 445 están operando, 14 están en proceso de instalación y una sola en proceso de autorización.
Esas son las principales. Pero hay 907 señales complementarias, de las cuales 846 son concesiones y el 94 por ciento pertenece a Televisa y a Televisión Azteca; sólo 67 son permisos; 67 de las 846 están digitalizadas; 313 tienen solicitud de migración, pero ninguna se ha convertido; 466, repito el dato, más del 55 por ciento, 466 estaciones complementarias de televisión ni siquiera le han solicitado al regulador migrar.
La preocupación social, ¡ah!, la cobertura social. O sea, no invirtieron las dos principales empresas de televisión que tienen el mayor número de complementarias, en las zonas más marginadas del país, las que presumiblemente les interesaba tanto que el gobierno entregara los televisores.
Es muy desventajoso que el Estado haga su parte y no los particulares. Es injusto que al Estado incluso se le llegue a amenazar y a chantajear, y cuando los particulares que tienen obligaciones de inversión, no lo hagan.
¿Saben cuánto ha gastado el gobierno mexicano, con impuestos de todos los mexicanos en entregar televisores? 27 mil millones de pesos. Eso ha puesto el gobierno, eso ha puesto en el presupuesto público para receptores digitales.
Y que ni siquiera les podamos exigir, en serio, a las empresas de televisión comercial que hagan su parte, convirtiendo digitalmente sus transmisores, eso es lo que está en el fondo, ¡hombre!
Lo que está en el fondo de la cuestión es qué Senado somos frente al Estado y a la Nación, y qué Senado somos frente a los intereses estrictos de un par de empresas de televisión comercial.
¿Por qué no se le exige a los concesionarios que por lo menos inviertan en sus equipos en las zonas de cobertura social?
Dinero es lo que les sobra. Tienen ganancias multimillonarias, y el Estado funcionando con un presupuesto presumiblemente cero. Que batalle el Estado, no el duopolio de la televisión.
Pero ahora la iniciativa del senador Gil ya no toma a los más pobres como el pretexto; ahora son los medios públicos.
Y enhorabuena, que por lo menos de esta nueva lance para favorecer intereses privados se va a ver en algo a los medios públicos, por lo menos.
¡Ah! Muy preocupados por los medios públicos. Denle el dinero, recursos, ordenen en la ley un fondo para la digitalización. Obliguen a los gobernadores de los estados a que suspendan el gasto de promoción personal y se lo asignen a la digitalización de los sistemas estatales.
Es, por cierto, el gobernador de Chiapas uno de los gobernadores que más recursos entrega a medios de comunicación para la promoción personal cientos de millones de pesos, y no le puso un quinto al Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión.
Dénle oportunidades a los medios públicos de financiamiento a través de la posibilidad de comercializar espacios publicitarios en determinado porcentaje.
¡No! Les cerraron la puerta a los medios públicos para comercializar
¡Ah! Pero están muy interesados en los medios públicos.
Por supuesto que no me opongo a que se le abra a los medios públicos un programa de apoyo, públicos o sociales, porque su sola naturaleza lo justifica, porque son del Estado de servicio público pero además son medios sin fines lucrativos que tienen que andar mendigando los recursos, pidiéndole a los rectores o a los presidentes, a los gobernadores para poder sobrevivir, para poder subsistir; pero es inadmisible que se extienda el beneficio al duopolio de la televisión.
Por eso estoy en contra de esta iniciativa y del dictamen en su segunda parte.
Cuando pretende por la vía de cambiar la palabra permisionarios por operadores, o ahora como viene o como va a venir en el acuerdo que ya hicieron. Las estaciones de televisión radiodifundida, es lo mismo.
Abrir el transitorio de una ley para beneficiar medios públicos, podría encontrar una razón de Estado. Abrir un transitorio para beneficiar intereses particulares es cuestionable.
Además de la falta de técnica legislativa que trae varias de las adiciones que harán al dictamen, yo votaré en un solo acto en contra la iniciativa, porque así lo dice el reglamento del Senado.
Allá ustedes si lo hacen de otra manera.
Por mi parte estas son las razones por las que me opongo a que se siga socavando la soberanía y la presencia estatal sobre intereses particulares.
Es muy caro lo que se está haciendo, porque esa dinámica es expoliadora de toda la política.
Ahora a lo mejor ya entre todos le pueden vender el favor a las televisoras, y ya todos participaron. Está muy bien; pero va a ser muy difícil que les cumplan a todos. La televisión reclama sus lealtades y si alguna lealtad no conoce es con el país.
Muchas gracias.

****** (SIGUE SEGUNDA PARTE) ******