SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias senadora.

Buenas tardes tengan todos ustedes.
En primer lugar, hay que reconocer y agradecer la participación entusiasta de los integrantes del Consejo Consultivo que hemos formado para articular la deliberación con respecto a una nueva política regulatoria frente a las drogas, y específicamente frente a la marihuana.
Es un ejercicio inédito del Senado de la República este modelo de deliberación.
Creamos un Consejo Consultivo para no solamente definir los temas, sino también para formular las preguntas correctas sobre un tema profundamente complejo, con distintas aristas, y por qué no decirlo con toda claridad, con una fuerte carga ideológica en la discusión.
Cuando diseñamos este ejercicio la Cámara de los Diputados, la Cámara de Senadores, con el respaldo de los grupos parlamentarios de las juntas de Coordinación Política, una de nuestras primeras preocupaciones era que no fuese éste un ejercicio, un foro igual al que estamos acostumbrados a ver en el Congreso mexicano.
Un foro en el cual los expertos vinieran a dar su opinión y que esa opinión simplemente quedara volando en el aire sin ninguna concreción de política pública y sin ninguna articulación hacia adelante.
Diseñamos este método con el propósito de obtener conclusiones, información, argumentos valiosos para tomar decisiones, para cambiar una realidad que está lastimando a México y sobre todo para hacer política.
Y es justamente lo que se abre a partir de este momento.
Por supuesto, que el Ejecutivo Federal ha convocado a sus propios ejercicios de consulta.
Hemos dicho abierta y claramente que queremos que este ejercicio converja con el que está realizando el Ejecutivo Federal para que juntos nutramos de nuestras conclusiones, decisiones políticas y de políticas públicas.
Creo que la conclusión más reveladora de este ejercicio es que la política prohibicionista que conocemos desde la segunda mitad del Siglo XX es un rotundo fracaso y tiene que cambiar. Y tiene que cambiar no solamente con creatividad institucional, sino también con buenos argumentos y buenas razones que nos permitan no solamente diseñar un buen marco regulatorio; sino resolver los problemas que ha generado precisamente esa política prohibicionista.
Porque creo que ha quedado claro en el curso de estos foros, que no hemos reducido el consumo, que no se ha inhibido el consumo de ciertas drogas, específicamente la marihuana.
Que esta ecuación de la política prohibicionista que recurría al derecho penal para elevar el costo al consumo y para controlar la oferta, no ha incidido claramente en los niveles de consumo en nuestro país y sí está provocando un mercado negro que es sinónimo de violencia, de inseguridad y de riesgo para los consumidores.
Nos tenemos que hacer cargo de esa realidad. También nos tenemos que hacer cargo que se están criminalizando a los consumidores, el 73 por ciento de los delitos contra la salud en centros federales fueron por posesión o consumo de marihuana entre 2006 y 2014; ciertamente hicimos una reforma a la Ley General de Salud para generar un marco de permisibilidad al consumo; pero no ha sido suficiente para que no se criminalice el consumo en nuestro país y hoy sí hay muchas personas, jóvenes sobre todo, mujeres que están en prisión pagando una pena de siete, ocho, nueve años, por el único delito de haber consumido una droga y en muchos casos, marihuana.
También es cierto que la política punitiva está generando una carga al sistema penal y al sistema penitenciario de nuestro país, que ha obligado a que esos recursos no se dispongan ni se dirijan a otros fines de política criminal más valiosos, con mayor incidencia en nuestra realidad.
Por supuesto que la criminalización está generando una sobrecarga en el derecho penal y en el sistema penitenciario, sobre todo por conductas de baja cuantía, si me permiten la expresión. El 41 por ciento de los delitos contra la salud a nivel federal, el 41 por ciento de las personas que están detenidas en un centro federal, son por delitos de una cantidad inferior a los 500 pesos; cuando el funcionamiento de los penales implica altísimos costos sociales y también altísimos costos en términos de cohesión social.
Pero también es cierto que esta política nos ha conducido a un sesgo de género y también un género socioeconómico. Quien está en prisión son los más vulnerables, quién está en prisión son aquellos que no pueden tener una adecuada defensa, quien está en prisión son mujeres, muchas de ellas por el único delito de haber participado de manera indirecta en la cadena de producción o de tráfico de drogas.
A nivel federal, los delitos contra la salud son la primera causa de encarcelamiento de las mujeres: 80 por ciento, 48 por ciento por transporte. El 98 por ciento de esas mujeres no tiene antecedentes penales y no llevaban armas al momento de la detención; 98 por ciento de esas mujeres son madres y son las únicas cuidadoras de sus hijos; son mayoritariamente pobres, con niveles de educación básico; el 43 por ciento de las mujeres indígenas encarceladas, lo están por delitos relacionados con las drogas.
Eso en español, se llama injusticia. Y esa es la injusticia que tenemos que empezar a resolver en nuestro país, porque quienes están en prisión no son los que están matando a nuestra sociedad, que están matando a nuestros jóvenes; sino los que tienen menor condición de defenderse frente al sistema público penal.
Y creo que es hora de pensar fuera de la caja, por supuesto que hay todavía enormes y visibles diferencias sobre el uso lúdico o recreativo de la marihuana; pero eso no debe ser obstáculo para empezar a tomar decisiones que vayan cambiando, desde el punto de vista de la política pública y también desde el punto de vista cultural; el modelo regulatorio sobre la marihuana.
Podemos dar pasos donde ya tenemos ciertas certezas y donde existen consensos políticos sólidos, por ejemplo el uso medicinal o terapéutico de la marihuana; por ejemplo, elevar los umbrales previstos en la Ley General de Salud. Cinco gramos no representa la posibilidad de una dosis básica y sí representa el riesgo de acceso al mercado lícito de marihuana.
Esa persona que consume cinco gramos o que quiere consumir una dosis de marihuana tiene que enfrentarse a un mercado negro donde quien le vende le ofrece no solamente una mayor cantidad sino también le ofrece otras drogas.
Ahí está el riesgo de muchos muchachos, jóvenes menores de edad que por la tentación, mala información, por incluso emular parámetros de consumo va y busca en el sanitario de una estación de metro a quien le vende ese producto poniéndose en riesgo.
El mercado negro que ha generado la política prohibicionista es lo que está provocando la muerte de nuestros muchachos en México, y este es el mercado negro que tenemos que erradicar.
Por eso, subir el umbral sí significaría generar una posibilidad lícita para aquellos que hoy consumen y que para consumir requieren enfrentarse a ese mercado negro.
Hay distintos parámetros, umbrales, en los cuales hay consenso. Estudiemos cuál es el umbral razonable para generar una dinámica de acceso lícito y sobre todo que pueda resolver los parámetros de consumo actualmente existentes en nuestro país.
Hay que derivar alternativas del derecho penal, el consumo y el narcomenudeo. Ahí están los primeros ejercicios de tribunales de drogas.
Pueden también ser posibilidades para reinsertar a quienes hoy están en prisión por delitos de tráfico o de consumo. Y, por supuesto, necesitamos crear un sistema de preliberación a aquellas personas que están en prisión por el único delito de haber consumido marihuana.
Esas personas no deben estar en cárcel; esas personas no deben estar recluidas; deben poder reprogramar su vida, volver a encontrarse con su familia y quizá tener la oportunidad de poder sacarlos adelante.
¿Por qué no pensar en una alternativa para los campesinos que hoy producen?
Espacios, polígonos de producción controlada, bajo el control del Estado, donde no solamente puedan aportar ese insumo a la industria farmacéutica sino también, por qué no, para efectos de exportación.
Si Estados Unidos o Canadá están liberando el mercado, ¿por qué no nuestros campesinos puedan tener una opción productiva que suministre a ese mercado el insumo? Les quitaríamos de la sien la ley de la plata o el plomo.
Y, por supuesto, creo que es un consenso que está sobre la mesa: seguir discutiendo sobre el uso recreativo y lúdico.
El mundo está cambiando. Se espera una decisión importante en Canadá sobre uso lúdico y recreativo. Puede de ahí venir evidencia que nos hace falta para tener una conclusión definitiva sobre si podemos dar ese paso.
Pero independientemente de ese consenso que aún parece lejos, tenemos la posibilidad de en el corto plazo ir tomando decisiones para atemperar los efectos perniciosos de la política prohibitiva, porque, tenemos que reconocerlo, fracasamos como sociedad, el mundo fracasó en esa política regulatoria y ya no aguanta más la violencia persistente en nuestro país.
Creo que no ha sido un foro más en el Senado de la República ni en la Cámara de Diputados. Ha sido un foro con altísima calidad técnica, con valiosísimas aportaciones, con muy importantes conclusiones, pero sobre todo que fijan un punto de partida para empezar a hacer política y tomar decisiones.
Ahora nos tocará sistematizar toda esta información, acercársela a los cuerpos dictaminadores y empezar a construir una alternativa más inteligente, más creativa y sobre todo más justa a un hecho que nos va a acompañar como comunidad y que es el hecho del consumo de la marihuana o de algún estupefaciente.
Nuestros muchachos se están muriendo y por eso tenemos que decidir pronto sobre una alternativa mucho más inteligente y sana que la que tenemos hasta este momento.
Muchas felicidades a todos, y de nueva cuenta muchas gracias por apoyar al Congreso mexicano en este ejercicio.

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