Versión estenográfica de la participación del senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, durante la inauguración del Seminario “La reforma de la Justicia Electoral”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: En una muy breve, pero muy nostálgica incursión en la Academia, se me encomendó organizar un Seminario sobre Reforma Electoral y en consecuencia busqué algunos ponentes, recordé algún profesor español que me dio clases en el Doctorado; le escribí un correo electrónico a sabiendas que conocía bien nuestro entorno institucional, la evolución de nuestras reglas, de nuestras instituciones, ya había estado aquí recurrentemente en ese tipo de ejercicios de reflexión.

 

Le escribí un correo electrónico invitándolo, y no habían pasado más de 10 o 15 minutos de que había enviado ese correo; y me contestó una frase seca, pero muy contundente: “Vaya que a los mexicanos les gustan mucho las reformas”.

 

Y en efecto, entiendo que para ese entonces ya había participado en diversos seminarios y foros sobre reformas electorales sucesivas. Y en consecuencia, trayendo a colación esa anécdota, uno está tentado a pensar que el discurso de las reformas sucesivas y permanentes ha sido un argumento de venta de los políticos para tener algo qué hacer y para que lo sigan invitando a uno a este tipo de foros; porque si se perdiera la expectativa de la siguiente reforma electoral, estoy seguro que por lo menos yo no estaría el día de hoy aquí.

 

Lo cual agradezco al coordinador de este Foro, al doctor César Astudillo, no solamente contribuir a que exista sobre nosotros una expectativa de que tendremos algo que hacer con la institucionalidad electoral hacia adelante; sino también a María Marván por el esfuerzo que realiza desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas para actualizar nuestro marco jurídico, para discutir, analizar las distintas cuestiones del derecho electoral.

 

Al doctor Pedro Salazar, por el involucramiento del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Universidad Nacional, en las reflexiones sociales, sobre todo con ese sentido de utilidad social que él mismo relataba, en el entendido de que la Universidad tiene un enorme potencial y una enorme contribución a los debates públicos.

 

Agradecer también la posibilidad de participar en esta mesa con Lorenzo Córdova, Constancio Carrasco, Santiago Nieto; responsables en buena medida de la operación de las instituciones electorales, las cabezas de tres instituciones que a lo largo del tiempo hemos creado con mucho esfuerzo a partir de aprendizajes, a partir de una lógica gradual, incrementalista que define la transición mexicana pero sobre todo, que debe ser motivo muy señalado de satisfacción para nuestro país.

 

Hemos construido una robusta institucionalidad en materia electoral, porque hemos sabido construir instituciones a partir del ensayo y el error, pero sobre todo reconociendo las fortalezas preexistentes y tratar de mejorar y atender las ventanas de oportunidad que ese aprendizaje nos genera.

 

Es inevitable decir, aceptar que el impulso de las reformas se está convirtiendo en una suerte de tratamiento terapéutico de las fiebres electorales. Una suerte de antibiótico para aislar, desechar lo que hace daño; y restablecer la vitalidad del cuerpo social, del cuerpo democrático.

 

Cada vez que termina una elección los medios de comunicación, los propios académicos, nosotros mismos decimos de qué va a tratar la siguiente reforma; qué no funcionó en esta elección, qué encontramos como ventanas de oportunidad, dónde estuvieron las tensiones.

 

Y eso tiene, a mi juicio, dos desafíos o el doble desafío de lo que Lorenzo Córdova decía hace un momento: los desafíos de la estabilidad, el doble desafío de la estabilidad. No solamente la estabilidad en cuanto a las reglas legisladas; sino también la estabilidad con respecto a los criterios a través de los cuales y sobre los cuales se cimienta nuestra institucionalidad electoral.

 

Cambios constantes del derecho legislado, no solamente provocan que los operadores jurídicos tengan que interiorizarse a esos cambios y que existan distintos problemas de aplicación e interpretación, sobre todo en los primeros momentos a partir de la vigencia de esas nuevas reglas; sino que también –hay que decirlo– provoca cambios en los criterios y cambios en buena medida en la fisonomía de nuestro sistema jurídico.

 

Pero por el otro lado, también el problema de la estabilidad que se genera a partir de un sistema jurídico dúctil, como el mexicano; un sistema jurídico dúctil básicamente por tres razones esenciales:

 

La primera, por la primacía de los derechos fundamentales, la apertura del sistema jurídico hacia el patrimonio ético de la humanidad que constituyen los derechos humanos consignados en los tratados internacionales.

 

En segundo lugar, por el enorme protagonismo que va ganando el juez constitucional, o mejor dicho, los jueces constitucionales, así en plural, en la aplicación directa de esos derechos fundamentales, y sobre todo en la construcción de decisiones que establecen los equilibrios entre derechos y que no solamente tienen alcances en el caso concreto sino que irradian a otro tipo de relaciones jurídicas y normativas.

 

Y, en tercer lugar, el peso de la argumentación, de la ponderación, como decía Santiago Nieto, como una forma de aproximación metodológica de los problemas jurídicos, pero también como una forma de aproximación jurisdiccional a las soluciones a esos problemas jurídicos.

 

En consecuencia, la estabilidad se convierte ahora en la condición necesaria no solamente para la previsibilidad del funcionamiento de nuestras instituciones, sino también para las condiciones absolutamente necesarias en términos de certeza y de seguridad jurídica.

 

Por supuesto que en cada proceso electoral se nos visibilizan problemas.

 

Uno que constantemente se nos acerca a quienes tenemos la responsabilidad de participar en el parlamento, el problema de los plazos. No le pueden dar al Tribunal Electoral sólo 15 días para calificar una elección de gobernador o resolver las impugnaciones de la elección de gobernador porque simplemente no se puede hacer un análisis exhaustivo.

 

En consecuencia, tienen que resolverse los plazos en todas las etapas, tanto administrativas como jurisdiccionales, de tal suerte que hay un espacio suficiente para el juez constitucional de última instancia para resolver las controversias que prevalezcan aun en ese determinado proceso electoral. Uno de los tantos casos de ajustes que se hacen visibles, insisto, en un proceso electoral.

 

Sin embargo, creo que reconociendo que la reforma no es el único camino de cambio jurídico, me parece que el gran desafío de la justicia electoral está en la consolidación de doctrinas estables y predecibles sobre aspectos esenciales de nuestra institucionalidad electoral.

 

Menciono sólo algunos, simplemente con la intención de señalarlos aquí, y en el entendido también de que muchos de ellos están absolutamente bien planteados en el programa y serán desarrollados en las sesiones que tendrán a continuación.

 

El tema de la doctrina sobre libertad de expresión, sus alcances, las intervenciones que debe tener la autoridad, el control público sobre las expresiones, el derecho a la información de los ciudadanos con respecto a las expresiones que se emiten en un momento en el cual nos hemos dado cuenta todos que existe un déficit muy claro de debate público en nuestro país, que tiene que ver –yo lo he dicho en otros momentos– que tiene que ver con la ausencia de una cultura potente de debate público y también con enormes restricciones a la libertad de expresión que está creando, a mi juicio, incentivos perversos.

 

Me gustó mucho una frase que usó Lorenzo Córdova hace unos días y que le pedí permiso de utilizarla en foros públicos. Lo que necesita nuestro país en términos de cultura del debate público, es que los ideólogos de los partidos políticos vayan desplazando gradualmente a los mercadólogos, a los publicistas. Es decir, entrar a argumentos de fondo a plantear las condiciones de nuestra vida social a la soluciones de política pública desde una perspectiva diferente a simplemente la frase de “los frijoles con gorgojo” o algunas cancioncitas pegajosas.

 

Otro de los temas que requieren una doctrina estable, previsible a lo largo de tiempo, sujeta a controles democráticos, sin lugar a dudas, al escrutinio de la academia, pero sobre todo a la constante actualización desde las distintas sedes de la operación electoral.

 

El tema de las nulidades es el gran pendiente en cuanto a criterios estables a lo largo del tiempo.

 

No quiero provocar al Presidente del Tribunal Electoral, pero si alguien en este país tuviera que hacer algún ejercicio de probabilidad, anticipar probabilidades sobre cuáles elecciones se anulan o no se anulan, no le va a atinar nunca, porque yo no sé, no existe un marco de certeza sobre en qué circunstancias una elección se puede anular.

 

Y no, no tiene que ver únicamente con la construcción doctrinal del Tribunal Electoral, sino también porque siempre hay nuevos fenómenos, siempre hay mayores o menores posibilidades de prueba. La materialidad de los hechos es diferente, las presunciones constitucionales que hemos incorporado son un tanto intangibles, no se dejan atrapar en un criterio; pero creo, insisto, que es parte de la doctrina que tenemos que ir construyendo, de tal manera que el margen de incertidumbre sobre el sistema de nulidades, sobre la aplicación de estas nulidades, sea cada vez más cierta.

 

Otro elemento, la fiscalización y los impactos de la fiscalización en la competencia electoral y con esto uno otra de las cuestiones esenciales que debe ameritar una doctrina sólida del Tribunal Electoral: las facultades implícitas, correctivas, de las autoridades electorales, cuando debe una autoridad, sobre todo las administrativas, intervenir en la competencia electoral, de tal suerte que se restablezcan las condiciones de competencia.

 

Queremos autoridades demasiado o muy interventoras del proceso electoral o queremos autoridades que se abstengan. Es una decisión que no solamente pasa y creo que no pasa fundamentalmente por el derecho legislado, sino pasa fundamentalmente por las interacciones entre los órganos y por las definiciones doctrinales que haga el Tribunal Electoral como órgano de última instancia en la definición de esas competencias, en qué momento se ejercen y con qué fines y objetivos debe intervenir una autoridad durante el proceso el proceso electoral, durante la campaña electoral, para que el desenlace no solamente sea más justo, sino también para que el desenlace sea aceptado por los contendientes.

 

Otro tema, otros dos temas, género y candidaturas independientes, temas que han surgido en la discusión jurisdiccional, la discusión política, la discusión académica, pero que tenemos que irle encontrando derroteros.

 

No encuentro una redacción en derecho legislado que nos permita resolver de una vez para siempre, todos los problemas de candidaturas independientes o todos los problemas de acceso de las mujeres a los espacios de representación política, pero sí creo que en la interacción y en el diálogo entre instituciones mucha de esa incertidumbre se va a ir despejando.

 

Son sólo algunos ejemplos de dónde podemos ir construyendo doctrina constitucional.

 

La mejor herencia que puede dejar la actual integración del Tribunal Electoral es ir construyendo las bases de esas doctrinas o la base de una doctrina constitucional electoral, que atienda estos y otros aspectos fundamentales de los fenómenos que todos los días atendemos en los procesos electorales y en la competencia electoral.

 

Y un pendiente también que simplemente subrayo a partir de recientes acontecimientos político-electorales: el gran pendiente –ahora sí— de reforma, es el federalismo mexicano.

 

El sistema federal no está funcionando. La autoridad política local está absolutamente dislocada, son débiles, en muchos de los casos inexistentes y en muchos de los casos también las explicaciones, los problemas sociales de nuestra convivencia.

 

El sistema federal ha alentado, tal y como lo hemos concebido y tal y como lo hemos aplicado y operado, ha concebido autoridades políticas locales profundamente irresponsables, sin controles, sin responsabilidades y marcos de rendición de cuentas, muchas de ellas prácticamente como una suerte de feudalismos con apariencia democrática o con apariencia federal.

 

Creo que la jurisdicción constitucional también tiene una parte muy importante qué hacer en detonar capacidades institucionales que llevan a la transformación del federalismo mexicano, sobre todo a partir de las competencias que le hemos dado al Instituto Nacional Electoral, como un órgano no solamente de organización electoral federal, sino también como un órgano que va disciplinando, va ordenando la conducción de los procesos electorales en el marco federal, en el ámbito estrictamente local.

Creo que el Tribunal Electoral debe asumir con mayor decisión esa responsabilidad constitucional de alentar la generación de capacidades, la generación de nuevos marcos de entendimiento de los derechos en el nivel local y sobre todo la ampliación de los márgenes democráticos en las instancias subnacionales de nuestro país.

 

Desafortunadamente para nuestro país sí importa dónde uno nace o dónde uno crece, no solamente para tener plena vigencia de derechos políticos, sino también para la satisfacción de necesidades básicas y la gestión de los conflictos y por supuesto la recepción de bienes y servicios públicos.

 

En nuestro país sí importa nacer en Chiapas, sí importa nacer en Ciudad de México, sí importa nacer en Nuevo León.

 

El objetivo de nuestra reforma en materia federalista, en materia de un nuevo sistema federal, más colaborativo, más responsable, es justamente hacer que no importe dónde uno nace, o dónde uno crece para que pueda uno vivir mejor y poder llevar a cabo su plan propio de vida.

 

Por su atención muchísimas gracias.