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(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En virtud de que ya fueron expuestas las reservas a cargo del Senador Luis Sánchez Jiménez, consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admiten a discusión.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Luis Sánchez Jiménez.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admiten a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 2, 9 y 49 se reservan para votación en un solo acto, al final de este procedimiento.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya, presentó reservas a los artículos 9, 18, 39, 52 y 53.

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión dichas reservas.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robles Montoya.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admiten a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos 9, 18, 39, 52 y 53 se reservan para su votación al final del procedimiento.

 

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar reserva al artículo 9.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con el permiso de la Presidencia.

 

Compañeras y compañeros: Voy a ser muy breve porque éste es un tema que desde la reforma constitucional en Materia de Transparencia, en la de Anticorrupción, en las Leyes Secundarias, en todo momento el PRD ha defendido, se trata del asunto de los informantes de los Whistleblower, de esos héroes anónimos, mexicanas y mexicanos que están dispuestos a no formar parte de las redes de corrupción.

 

Todos aquellos que tienen un imperativo ético de honestidad y que hoy el Estado mexicano no les ofrece mecanismos para proteger su  identidad, para proteger su estatus  laboral y que tampoco el Estado mexicano puede protegerlos frente a amenazas a su integridad, incluso a su vida.

 

La iniciativa ciudadana Ley 3de3 plantea una nueva cultura, un nuevo escenario respecto a la denuncia. Hay que decirlo  muy claro, aquí cada vez que se ha hablado la prima hermana de la corrupción, que quizás es su hermana gemela, la impunidad, hay un problema de fondo, el problema de aquel que no se atreve a denunciar.

 

Imaginemos un caso  hipotético de una persona que entra a trabajar, por sus méritos, por su preparación profesional y que entrando a trabajar empieza a notar que ahí hay cochupos, que ahí hay transas, que ahí hay una forma de escalar y de avanzar en la carrera profesional, es entrándole a la corrupción.

 

Y esa persona cada vez va a ser disuadida, quizá primero de manera amable, pero quizá después vaya siendo incluida en esta red de corrupción, y esa persona puede ser que tiene una hipoteca, tiene dos hijos en la escuela, tiene que pagar las cuentas de la tarjeta del banco, tiene que  llevar a cabo su vida, y los empujamos a tener que tomar decisiones indebidas, porque si esa persona quiere denunciar, no existen mecanismos para protegerlo, no existen mecanismos en donde el Estado mexicano le abra los brazos y le diga: “nosotros vamos a ver por ti”.

Aquí se ha dicho que ese mecanismo es el de los testigos protegidos, el que utilizan los criminales arrepentidos. No, señores, aquí estamos hablando de otro tipo de mexicanos, mexicanos que quizás son honestos y que antes de tener que tomar esa terrible decisión de convertirse en corruptos, tienen la oportunidad de tomar el camino distinto de la honestidad.

Aquí la máxima de esperarse lo suficiente para dejar de ser héroe y convertirse en villano, se hace realidad, y se hace realidad por culpa del Estado, porque no les ofrecemos una plataforma que los proteja.

Yo sí creo que son más los mexicanos honestos que trabajan en el gobierno. Yo sí creo que son más aquéllos que, si estuviera el escenario adecuado, elegirían por no convertirse en un lastre para el país.

Pero si no les ofrecemos un espacio como lo establece la Ley 3de3, y lo hemos establecido nosotros en un capitulado completo de denunciantes y testigos, pues entonces no esperemos que tengan una conducta contra intuitiva al riesgo que le ofrece ser o no ser parte de la corrupción.

Se trata de medidas muy concretas y que además son de avanzada porque así está aplicando en todo el mundo: resguardo absoluto de datos personales y familiares, resguardo de la integridad física personal y familiar, atención prioritaria a las demandas razonables del testigo denunciante, protección de la fuente de empleo o negocios, creación de alternativas razonables a la fuente de ingresos.

De alguna manera el escándalo del 10 de marzo del 2015, se trata de esta plataforma, porque allá afuera la tecnología, las redes de la información, hasta los medios de comunicación, sí les ofrecen lo que el Estado mexicano no.

No sería hora de estar a la altura de democracias con las que nos encanta compararnos e incorporar el modelo de testigos protegidos entre servidores públicos a nuestra legislación, o vamos a ser suficientemente democráticos hasta donde dé, hasta donde digamos: es lo que se puede, es para lo que estamos, solamente podemos llegar hasta acá.

Yo creo que es el momento de decisiones osadas, distintas, de ser valientes y empezar a pensar por aquéllos, ese ejército de mexicanos honestos, que pueden ser de verdad quienes activen todo el mecanismo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Repito, sin Sistema Nacional Anticorrupción no tiene un aluvión, no tiene un tsunami de denuncias, no va a servir para nada, y la expectativa social se quedará lejos del diseño institucional.

Necesitamos a los que van a denunciar. Son las hormiguitas del hormiguero que estamos creando el día de hoy. Sin ellos esto no jala, sin ellos esto de verdad no va a servir.

Por eso es que la reserva que hoy presentamos el grupo parlamentario del PRD, tiene que ver con eso, con que se atienda todo el capítulo de informantes, denunciantes y testigos.

De otra manera seguirles diciendo que van a ser quienes lastimen a la democracia porque van a acusar a sus vecinos, porque van a acusar a sus amigos que tienen de repente prosperidad, ésa es la versión que se van a quedar ellos, y es falsa porque las denuncias solamente van en contra de funcionarios públicos.

La PGR incluso hoy ya tiene la práctica de recompensas para denunciantes, y hemos dicho que se va a generar un mercado de recompensas. Ojalá se genere un mercado de recompensas en que el Estado a partir de una denuncia genere una investigación, recupere dinero robado y que esa persona pueda ser premiada. Ojalá que así sea.

Yo sí creo que éste es de los temas más importantes. Esta es de las discusiones que se están tomando en el mundo y en democracias modernas.

No nos quedemos atrás, compañeras y compañeros, y entrémosle de fondo. Volteemos a ver lo que hacen los demás. Volteemos a ver cómo están resolviendo los problemas comunes de la corrupción y la rendición de cuentas en otros países.

Los denunciantes van a ser al final de cuentas el aceitito que va a hacer que esta maquinaria gigantesca funcione y no se convierta en un elefante blanco más de la larga y triste historia de malos diseños institucionales en nuestro país.

Ojalá puedan considerar esta reserva para votarla a favor, y le pediría, señor Presidente, con el apoyo de cinco Senadores, que la votación sea de carácter nominal.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Abrase el sistema electrónico de votación para recoger la votación nominal de la admisión o no a discusión de la reserva presentada al artículo 9 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, por dos minutos.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Presidente, en virtud de la votación le informo de sus resultados, 25 a favor, 78 en contra y cero abstenciones.

 

Por tal motivo no se admite a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reserva la votación del artículo 9 al final del procedimiento.

 

Tiene el uso de la palabra el Senador Ernesto Ruffo Appel para presentar reservas a los artículos 18, 21 y la adición de un artículo 23 Bis.

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Muy buenas noches. Muchas gracias, señor Presidente.

 

Por fin, compañeros y compañeras, estamos aquí para lograr este parteaguas en la política nacional, en la vida gubernamental para poder combatir a la corrupción, aceite de nuestro sistema político, prácticamente desde la Revolución. Por fin estamos aquí.

 

Lograr que los mandantes supervisen a los mandatarios, o sea, que los ciudadanos  vigilen al gobierno.

 

Hoy promulgamos la Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, que llegará tan lejos como la Participación Ciudadana.

 

Pero no si antes, tropezar con un sinnúmero de obstáculos y actitudes y hasta violación del plazo constitucional.

 

No se diga la total inobservancia del Reglamento Legislativo del Senado, tolerado por nosotros mismos, ejecutado o interpretado a través de Comisiones, la Jucopo y la Mesa Directiva.

 

Y ayer de noche, llegando a actividades donde para que la mayoría de la población no se entere. Hoy de nuevo, ahí vamos a la medianoche.

 

Les propongo que terminando este asunto de la Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción, interrumpamos la sesión del día de hoy para que mañana vea la gente la discusión de la Ley de Responsabilidades, si no, otra vez, a la medianoche, señoras y señores.

 

Celebro a este Pleno del Senado que hoy decidió el SNA, lo celebro, pero también condeno, las mañas y formas toleradas por nosotros mismos.

 

La verdad ha sido largo y difícil el trayecto de la política de tantos años, haber aprendido la escuela, el orgullo a nuestras instituciones y ver lo que hacemos aquí. No es correcto.

 

Pero, bueno, al tema, señor Presidente y señoras y señores Senadores.

 

Hago reservas, observaciones para mejorar en lo que me parece a nuestro Sistema Nacional de Anticorrupción, y me refiero al artículo 18 en su inciso b) donde se dice que se convocará a organizaciones de la sociedad civil, especializadas en materia de fiscalización para integrar a la comisión seleccionadora del grupo ciudadano de cinco.

 

Yo propongo que se abra para que diga: convocará a organizaciones de la sociedad civil interesadas en materia de fiscalización.

 

De otra manera estamos acotando, estamos haciendo pequeño el universo de los probables integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana. Así de concreto, cambiar una palabra.

 

Así pues; entonces, el Comité de Participación Ciudadana, integrado por cinco mexicanos, podrá ser seleccionado a través de esta comisión que el Senado constituirá está comisión seleccionadora de nueve personas para elegir a los cinco.

 

Entonces, yo lo que solicito es que abramos a no sólo organizaciones de la sociedad civil especializadas.

 

Aquí se dio un debate muy curioso en la Participación Ciudadana, porque pues de notarse y se agradece, hay la presencia de muchos ciudadanos académicos, haciendo la presencia, pero con esto pues de una manera quizá muy simple y genérica, los académicos se van a quedar con el Comité de Participación Ciudadana.

 

Por eso, hay que abrir de manera que se pueda convocar a organizaciones de la sociedad civil interesadas en  materia de fiscalización.

 

Esa es la propuesta en cuanto al artículo 18.

 

En cuanto al artículo 21 del Sistema Nacional de Anticorrupción, considero importante que el Comité de Participación Ciudadana, pueda emitir opiniones del registro y designación de testigos sociales, así como de los informes que generen.

 

Es la Secretaría de la Función Pública quien tiene a cargo el padrón público de dichos testigos, y son seleccionados mediante convocatoria pública emitida por dicha Secretaría.

 

Tiene como principal función el emitir un testimonio final que incluirá sus observaciones y, en su caso, recomendaciones de su participación en las contrataciones y cuando detecte irregularidades deberá remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia correspondiente.

 

En la actualidad se encuentran registradas sólo 34 personas físicas y 5 personas morales como testigos sociales.

 

En dicho padrón, donde por cierto, la Organización Transparencia Mexicana que es integrante del mismo, pero es claro que la Secretaría de la Función Pública controla su registro, además de hacer el pago correspondiente.

 

Por lo anterior, creo importante que el Comité de Participación Ciudadana emita opinión respecto del registro y designación de testigos sociales, así como de los informes que generen,  para que no se quede la Secretaría de la Función Pública con el árbitro total de los testigos sociales.

 

En segundo lugar, es importante que el Comité de Participación Ciudadana opine sobre los nombramientos de  los 217 titulares de los órganos internos de control de las dependencias federales,  ya que en algunos casos  los lugares son asignados de forma preferencial.

 

Por lo tanto terminan ocupados por funcionarios que protegen los intereses de las dependencias gubernamentales.

 

Por lo anteriormente expuesto, propongo adicionar  dos fracciones al artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción:

 

La fracción XVIII, emitir opinión respecto del registro y designación de testigos sociales, así como los informes que generen.

 

Y la fracción XIX, que diga: opinar sobre los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control, para que no haya compadres.

 

Eso es respecto de la reserva al artículo 21.

 

Y respecto a la adición, en el Bis del artículo 23 de la misma Ley de Corrupción, adicionarlo en razón de agregar una manera más de poder supervisar las licitaciones y las obras públicas, como está en la ley que acabamos de aprobar en lo general, cuenta con tres incisos, yo le agrego un cuarto:

 

El primero, está respecto del testigo social.

 

El segundo, en este momento  dice: “Las auditorías sociales para proyectos de alto impacto y comunitario”.

 

Estoy hablando de los individuos o personas morales que pueden participar en una manera de testimoniar una licitación u obra pública.

 

También podrá hacerse a través de las redes de participación  ciudadana, estoy agregando un cuarto que en la ley, si así se modificaría ocuparía el segundo lugar, y esto es que se acepte la supervisión respecto de la planeación, licitación y ejecución de contratos de obra pública y adquisiciones a través de terceros.

 

¿Qué quiero decir con esto?

 

Quiero compartirles una experiencia.

 

Cuando  gobernador solicité un crédito de 300 millones de dólares al gobierno del Japón, para obras de saneamiento en el estado de Baja California. El banco dijo estar anuente, pero que veía que deberían de cumplirse una serie de requisitos primarios, estableció que para ese crédito aplicado al saneamiento, los alcances deberían de ser propuestos a través de un supervisor.

 

Me entregaron una lista de 100 compañías internacionales supervisoras, que escogiera tres, y de esa lista corta que le llamaron  se hicieron concurso en Baja California para ver cuál supervisaría desde la licitación el uso de los 300 millones de dólares.

 

Bueno, entonces aquí lo podemos equiparar con el asunto del dinero público, del presupuesto que se va aplicar a obra pública, de manera que pudiéramos tener una lista corta  de instituciones profesionales supervisoras, 8%, sale menos que el 10% de la mordida, y el 98% de Baja California está protegida en cuanto a la sanidad  de las aguas  municipales. Tan sencillo como eso.

 

Yo solicito que pueda agregarse ese otro inciso en el artículo 23 Bis.

 

Es cuanto, señoras y señores.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han presentado las reservas en un solo acto, en consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del Senador Ernesto Ruffo Appel.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admiten a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Isidro Pedraza Chávez, para presentar reservas sobre el artículo 23 y la adición de un nuevo artículo 24.

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, Presidente.

 

Compañeras y compañeros: Aquí, en esta ley que estamos discutiendo, estamos proponiendo la adición de un párrafo en el artículo 23 y la creación de un artículo 24 en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

El artículo 23 da la facultad para que el Comité de Participación Ciudadana pueda emitir exhortos públicos cuando en un hecho de corrupción requiera de atención pública, y los exhortos tendrán por objeto requerir las autoridades competentes, información sobre la atención al asunto de que se trata.

 

Es decir, que tenemos que darle capacidad a este Comité de Participación Ciudadana para que pueda emitir exhortos, no como dice en el texto original: “Solicitar”. “Podrá solicitar”.

 

Aquí estamos tratando de facultades para que lo pueda hacer y pueda requerir informes en temas públicos. Un escándalo: Estela de Luz, Casa Blanca, en fin, lo que quieran y se elabora un documento con esa finalidad de exhorto para requerir informes muy puntuales en este sentido.

 

Y está el artículo 24. El artículo 24, bueno, el 23 da la facultad, y el artículo 24, porque no lo dice la ley, no lo considera, establece el mecanismo por el cual son los pasos que debe de seguir el Comité de Participación Ciudadana para hacer un exhorto y clarifica puntualmente el procedimiento de cómo se debe de hacer.

 

Esto, necesariamente, pues, está encaminado a fortalecer que en este proyecto, pues, las facultades de este Comité de Participación Ciudadana, y que las acciones tengan mucho mayor influencia y mayor peso.

 

Si estamos convencidos de crear acciones de combate a la corrupción, este tipo de propuestas van encaminadas fundamentalmente a fortalecer en este sentido.

 

Nosotros no consideramos adecuada la propuesta que nos presentan las comisiones, porque solamente establece la posibilidad de que dichos exhortos sean emitidos por el Comité Coordinador a propuesta del Comité de Participación Ciudadana.

 

Y nuestro grupo sostiene su posición original en tanto que ello representa mejores posibilidades de control ciudadano.

 

Esta es la propuesta, Presidente, que estamos proponiendo a consideración, y solicito que sea votada a favor.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se admiten a discusión las reservas y adiciones presentadas por el Senador Isidro Pedraza Chávez.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Isidro Pedraza.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admiten a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar reserva en relación con el artículo 26 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Gracias.

 

Buenas noches, compañeras y compañeros.

 

Este artículo 26, en relación a la Contraloría Social, es muy importante que tengamos la oportunidad de discutirlo, de debatirlo y de que tomemos en cuenta que la Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana previsto ya en varias disposiciones legales, en particular, en la Ley General de Desarrollo Social.

 

Y hago un llamado, no sólo a los compañeros de la Comisión de Desarrollo Social para apoyar esta propuesta de inclusión para dar más facultades al Comité de Participación Ciudadana, es decir, más atribuciones para que haya una participación más directa, y la idea es que resulta muy importante hacer una mención explícita a la Contraloría Social como una de las formas de participación ciudadana para que no haya lugar a dudas de que corresponde al Comité de Participación Ciudadana la atribución de promover y establecer los lineamientos para el funcionamiento de la Contraloría Social, así como para recibir las quejas y las denuncias a través de los nuevos sistemas.

 

Esta propuesta textualmente quedaría de la siguiente manera, la voy a leer, porque le hemos hecho una corrección que hemos estado consensuando con algunos Senadores del PAN, Senadores del PRI, de diferentes comisiones, textualmente diría:

 

“Proponer al comité coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por estas instancias y formas de participación ciudadana”.

 

Les pido su apoyo para esta adición que vendrá a fortalecer la participación ciudadana.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la reserva presentada por la Senadora Mendoza.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Iris Vianey Mendoza.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión la propuesta de la Senadora Mendoza.

 

¿Alguna intervención?

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada por la Senadora Mendoza.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aceptada, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, el artículo 26 se votará en los términos de la propuesta presentada por la Senadora Mendoza Mendoza.

 

Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, para presentar reserva en relación con el artículo 33 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidente. Con su venia.

 

Señoras Senadoras, señores Senadores: El dictamen que se pone a su consideración establece que el artículo 33, que señala la facultad de nombramiento y remoción del secretario técnico recae en el comité coordinador como órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva.

 

Si bien es necesario contemplar remoción de este servidor público, ésta debe de estar plenamente justificada por causas concretas y no dejarlo solamente a la libre decisión de los integrantes del órgano de gobierno, tal y como está actualmente, porque puede prestarse a que una remoción sea promovida por intereses políticos, es algo que nos preocupa, lo que somete a inestabilidad a este servidor público, cuyo papel es esencial para el sistema.

 

Asimismo, pensamos que esta remoción debe ser independiente de los procedimientos y, en su caso, aquellos que procedan de conformidad con la Ley General de Responsabilidades.

 

En el proyecto que estamos comentando sólo se establece la facultad del órgano de gobierno para remover al secretario técnico por causas justificadas.

 

Para ello y para evitar abusos y remociones de corte político se establece causales específicas para la remoción del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción, éstas causales se engloban en tres fracciones que incluyen el uso en beneficio propio, o de terceros en la documentación, información confidencial en su poder: sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación-información que tenga a su cuidado o custodia y, además, incurrir en alguna falta administrativa grave o hecho de corrupción.

 

Con estas adiciones se pretende darle credibilidad y fortaleza al secretario técnico para el correcto desempeño de sus funciones, por eso las ponemos a su consideración.

 

El artículo 33 de la ley que estamos discutiendo establece, entre otras cuestiones, que para efectos del párrafo anterior, del propio 33, el presidente de órgano de gobierno, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan con los requisitos para ser designado secretario técnico de conformidad con la presente ley, luego establece, de manera general, que podrá ser removido por falta a su deber de diligencia, lo que estamos proponiendo es cambiar este párrafo para que se definan las causales  de remoción del secretario técnico, que son las siguientes y las enumero.

 

Primero, utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación, información confidencial relacionada con las atribuciones que le corresponden en términos de la presente ley de la legislación en la materia.

 

Segundo, sustraer, destruir, ocultar o utilizar deliberadamente la documentación, información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia con tal motivo del ejercicio de sus atribuciones.

 

Tercero, incurrir en alguna falta administrativa grave, cohecho de corrupción.

 

Y terminaría esta adición señalando la remoción a que se refiere el presente artículo, será independiente de los procedimientos de responsabilidades que en su caso procedan de conformidad con la ley general de responsabilidades administrativas, así como de cualquier otro procedimiento a que hubiere lugar de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

 

Creemos que con esto se fortalece el artículo, y lo ponemos a su consideración.

 

Es cuanto, Presidente, gracias por su atención.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora de la Peña.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta presentada por la Senadora de la Peña.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admite a discusión señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Entiendo que la Senadora Dolores Padierna Luna presentó ya la reserva al artículo 39 en su intervención anterior, en consecuencia consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite a discusión.

 

El Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la propuesta de la Senadora Padierna.

 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admite a discusión, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Luis Humberto Fernández Fuente, para presentar reserva en relación con el artículo 52, y la eliminación del artículo 53 de la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción.

 

El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Buenas noches, con su venia, su señorías.

 

Bueno, toda vez que ha sido demostrada con vastedad la maldad de la corrupción, su amplitud y todos los datos, presentaré con puntualidad la reserva que me atañe de manera maciza, precisa y concisa.

 

El tema es muy específico, el dictamen a discusión dispone que el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados queden inscritas las sanciones impuestas a los servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas en términos de la ley, y que su consulta debe estar al alcance de las autoridades cuya competencia lo requiera.

 

Sin embargo, presenta una grave deficiencia, ésta limita el acceso al público a dicho registro.

 

Esto permite que las sanciones impuestas por faltas administrativas graves únicamente sean las que puedan ser conocidas cuando tengan impedimentos, inhabilitaciones o puedan ser contratados como servidores públicos como prestadores de servicios o contratistas del sector público en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en el caso de que las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves, los datos quedarán registrados solamente para el caso de una eventual reincidencia, pero no serán públicos.

 

La propuesta es muy concreta, no tienen por qué no ser públicos estos datos, la invitación, si es el caso de contar con su apoyo, es que el artículo 52 se le añada cuatro palabras que le darían todo el sentido, y es que  sean del conocimiento público, esto dejaría sin efecto el artículo 53.

 

No tiene sentido guardar ninguna secrecía sobre las sanciones, es lo más conveniente, es lo más sano, es lo más transparente, y con esta invitación terminaría mi participación.

 

Es cuanto, y muchas gracias.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión las reservas presentadas por el Senador Fernández Fuentes.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del Senador Luis Humberto Fernández.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes  estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

La Asamblea asiente)

 

No se admiten a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se han agotado las reservas, háganse  los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento del Senado para informar de la votación.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del artículo 26 con las modificaciones que fueron aceptadas, y de los artículos 2, 9, 18, 21, 23, 33, 39, 49, 52 y 53 del proyecto de ley general del Sistema Nacional Anticorrupción en los términos del dictamen.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Señor Presidente, le informo el resultado de la votación, 74 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth:  En consecuencia, queda aprobado el artículo 26 con las modificaciones que fueron aceptadas y  los artículos 2, 9, 18, 21, 23, 33, 39, 49, 52 y 53 del Proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en los términos del dictamen.

Queda aprobado el artículo 1 correspondiente al proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Senador Ernesto Ruffo solicitó a la Mesa Directiva suspender la tramitación del presente dictamen. La única manera para hacerlo es que lo acuerde el Pleno del Senado.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se suspende la discusión del dictamen o continuamos con la sesión.

La expresión del voto a favor sería continuar con la sesión, y en contra suspender la sesión.

Sonido en el escaño del Senador Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) ¿Puede volver a clarificar cuál es el planteamiento? Porque yo no lo entendí.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El Senador Ernesto Ruffo, hizo el planteamiento de suspender la discusión de este dictamen una vez aprobada la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estoy sometiendo a votación si continuamos o suspendemos la sesión. La votación en sentido afirmativo sería por continuar, y en sentido negativo por suspender.

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

El Senador Miguel Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Presidente, solamente para saber de parte de la Mesa Directiva, qué procedimiento estaríamos desahogando para suspender esta sesión sólo a petición de un Senador.

Con mucho respeto lo digo para mi amigo, a quien le tengo mucha consideración, a Ernesto Ruffo, pero yo no conozco un procedimiento parlamentario que a petición de un Senador se deba suspender el desahogo de una sesión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senador Barbosa, como usted sabe, existe la moción de suspensión de la discusión.

Entendí que ése fue el planteamiento del Senador Ernesto Ruffo y por eso lo tengo que someter a votación.

La intención de la Mesa Directiva es continuar en este momento, hasta agotar el siguiente dictamen, tal y como fue acordado por los grupos parlamentarios.

Simplemente someto a votación la petición del Senador Ernesto Ruffo. Si se admite, se suspende; si se rechaza, continuamos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta del Senador Ernesto Ruffo, en el sentido de suspender la discusión del dictamen.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta planteada en el sentido de suspender la discusión del dictamen presentado por el Senador…

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aclaro de nueva cuenta el sentido.

Estoy sometiendo a votación la propuesta del Senador Ernesto Ruffo, de suspender la discusión del dictamen.

Los que estén por la suspensión, votan a favor de la propuesta. Los que estén en contra de la suspensión, votan en contra y en consecuencia continuamos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta del Senador Ernesto Ruffo.

Sonido en el escaño del Senador Víctor Hermosillo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: (Desde su escaño) La idea del Senador Ruffo es que nos seguimos mañana, desde temprano, con la menta más despejada.

Bueno, digo, calma, calma. Yo también tengo derecho, ¿o no? Voten en contra, pero calmita. Estoy hablando.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la petición del Senador Ernesto Ruffo.

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta planteada por el Senador Ernesto Ruffo en el sentido de que se suspenda la discusión del dictamen.

Quienes estén a favor de esta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando su mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano.

 

(La Asamblea asiente)

No se acepta, señor Presidente, la suspensión.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, procedemos a la discusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contenida en el artículo 2 del dictamen.

Está a discusión en lo general y se concede la palabra a la Senadora Martha Tagle Martínez, para hablar en contra del proyecto.

La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeros Senadores: Como les decía en mi anterior intervención, el Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema integral y complejo, y requiere que todas sus partes estén funcionando perfectamente.

Sin duda el tema que mayor discusión ha generado, el que mayor ha atraído la mirada hacia la discusión del Sistema Anticorrupción, es precisamente este dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas  a raíz de la iniciativa ciudadana conocida como 3de3.

 

Hoy prácticamente todos han hablado de la gran voluntad de la ciudadanía al empujar una iniciativa avalada por más de 634 mil firmas. Esta iniciativa, sin duda, ha formado la parte sustancial del sistema anticorrupción junto con los demás dictámenes.

 

Sin embargo, me parece que con el pretexto de darle salida justamente a algunas propuestas de la ciudadanía terminan por meter algunos goles al dictamen de la Ley de Responsabilidades que traiciona el sentido de la iniciativa ciudadana 3de3, y voy a poner algunos ejemplos:

 

No se considera la inclusión de consejeros independientes de las empresas productivas del Estado como servidores públicos.

 

El artículo 4 de la propuesta establece como sujetos obligados a los servidores públicos, pero el artículo 5 acota el alcance de este término a efecto de que no se considere que tienen el carácter a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado; estos se encuentran a abierta oposición a lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 108 constitucional que establece: “Que para efectos de la imposición de responsabilidades son servidores públicos los funcionarios, empleados y toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en cualquier ente público”.

 

Abrir la puerta a que las leyes dispongan qué personas no serán consideradas servidores públicos y, en última instancia, a qué personas no podrán imponerse responsabilidades conforme a la ley que nos ocupa resulta de una gravedad mayúscula, pues en los hechos establece una fuero especial para tales funcionarios.

 

Por otra parte, un tema que me parece muy importante es la carencia de un sistema de protección a denunciantes y testigos, que fue una de las propuesta fundamentales no solamente de la iniciativa ciudadana, sino de otras iniciativas que en el mundo existen para combatir la corrupción.

 

Para que pueda existir un sistema que realmente combata la corrupción debemos establecer un mecanismo de protección a denunciantes y testigos que han sido quitados de este dictamen.

 

Y algo que llegó en el addendum de anoche, y que realmente me parece el gol mayor a este dictamen, es la aplicación del beneficio a quienes confiesen sus responsabilidad en faltas administrativas graves o faltas de los particulares; es decir, quienes cometen algún delito de corrupción al denunciarlo podrán tener un beneficio de que se les disminuya la sanción administrativa o penal. Y en el origen de este artículo, sin duda, lo que se está buscando es precisamente incentivar la denuncia para evitar actos de corrupción.

 

El problema se encuentra que en el addendum de anoche, en el artículo 89, se puso como beneficiarios a quienes confiesen su responsabilidad de hasta el total de la inhabilitación en casos de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

 

Bueno, esto lo leo y, sin duda, me acuerdo de Casa Blanca, Malinalco, etcétera. Vuelvo a repetirlo, se va a tener al beneficio de la inhabilitación temporal a aquellos que participan en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

 

Y esto simple y sencillamente significa la posibilidad de que, pues calculen el costo beneficio porque van a poder disminuir la sanción económica hasta en un 70% y además hasta el 100% de la inhabilitación como servidor público, lo que además tampoco los llevaría a la lista negra de servidores públicos. Van a poder seguirlo cometiendo, ellos mismos denunciarse como responsables, pero el costo beneficio terminará siendo a su favor.

 

Por otra parte, la propuesta no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, así como bienes muebles o inmuebles en condiciones notablemente favorables ofrecidas o propiciadas por quienes sean titulares de contratos de servicios o de obras públicas.

 

Hemos hablado hasta el cansancio que uno de los temas que más ha generado problemas con la ciudadanía en materia de corrupción es el ejemplo de este tipo de adquisiciones de casas a condiciones que no tienen nada que ver con el mercado y que presumen asuntos de corrupción, y no estamos contemplándolo en la Ley de Responsabilidades.

 

Y el último tema, por el cual me parece que no podemos transitar esta noche en aprobar la iniciativa de la Ley de Responsabilidades Administrativas, es justamente donde se traiciona la voluntad de la ciudadanía al no considerar los formatos que están actualmente siendo utilizados por la iniciativa ciudadana 3de3.

 

Efectivamente, ayer un representante de la sociedad civil manifestó como una posibilidad que fueran los formatos a propuesta del comité ciudadano; sin embargo, estos formatos como vienen en el dictamen no solamente no sabremos cuáles son los campos que van a contener, sino que además estamos poniéndole candados para que sólo se trate de datos de los funcionarios públicos que no afecten su vida privada y que además estarán, en todo caso, sujetos al comité coordinador, que hay que recordar que el Comité Coordinador esté integrado por seis Secretarios de Estado.

 

Haría simple y sencillamente inviable la posibilidad de que estos formatos puedan contener realmente la información pública que hoy en día la ciudadanía nos está demandando en la Iniciativa Ciudadana 3de3.

 

Por eso y de no ser corregido esto, mi voto en este tema será en contra.

 

Gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la tribuna la Senadora María Elena Barrera Tapia, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para referirse a favor del proyecto de decreto relativo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas contenido en el dictamen.

 

La Senadora María Elena Barrera Tapia: Con su venia, señor Presidente.

 

Compañeras y compañeros, Senadores: La corrupción es una enfermedad que sufre nuestro país, un padecimiento con costos económicos, políticos y sociales.

 

Cuando la corrupción permea al servicio público, vulnera los fines y principios de nuestras instituciones, pervierte el ejercicio público e impide el progreso de la nación.

 

Más allá del enriquecimiento ilícito en detrimento del patrimonio de los mexicanos, la corrupción tiene un costo mayor e incuantificable: la confianza de los ciudadanos. Este costo es inaceptable.

 

Atacar frontalmente la corrupción es un reclamo que la sociedad civil ha manifestado con voz firme y nosotros sus representantes hemos tomado cartas en el asunto.

 

Hoy nos encontramos discutiendo un mecanismo integral que abarca transversalmente el combate a la corrupción y de manera particular con la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal.

 

A través de la ley, se fortalecen las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y a los que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.

 

Recuperaremos la confianza de los mexicanos en el servicio público, tendremos que desempeñarnos con los más altos principios privilegiando en todo momento, la honradez, la lealtad, la integridad y la rendición de cuentas.

 

El dictamen que nos ocupa es también emblemática, porque la sociedad civil se involucró en un tema tan sensible e importante, como las responsabilidades administrativas, nutriendo las discusiones y el dictamen que hoy nos ocupa.

 

Esto debe recordarnos que el servicio público no es una labor más. Es un compromiso con la gente y es nuestra responsabilidad que cada acto realizado en nombre de la gestión administrativa, sea llevado conforme a derecho y bajo los principios que rigen el servicio público.

 

Por lo anterior, está ley exige la presentación de las tres declaraciones: patrimonial, de intereses y la fiscal anual. Siempre bajo protesta de decir verdad.

 

Las cuales deberán respetar el derecho a la vida privada y a la protección de datos que cada uno de nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas, salvaguardando en todo momento las responsabilidades y la rendición de cuentas a que se encuentra obligado cualquier servidor público sin desproteger el derecho a la intimidad.

 

Es necesario reconocer que con esta ley se entiende un reclamo social.

 

La ciudadanía quiere gobernantes íntegros y sin miedo a la rendición de cuentas que ejerzan la correcta aplicación de la ley, erradicando así la corrupción en México.

 

Obligación que hoy atendemos constitucionalmente con estricto apego al respeto a los derechos humanos.

 

Para eliminar la corrupción, la base se encuentra en la legislación, pero este sólo es el primer paso.

 

Más allá de su instrumentación en reglamentos y procedimientos de la consolidación institucional, la corrupción no se terminará sin un cambio de fondo, arrancando de raíz el hábito impune de corrupción en que vivimos.

 

Este es un mecanismo ambicioso que busca acabar con uno de los mayores males de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos, pero sobre todo es un instrumento que busca cumplirle a la  sociedad  para recuperar la confianza y hacer valer el pacto de representación que han depositado en nosotros.

 

Por ello, votaremos a favor del presente dictamen, porque la Ley General de Responsabilidades Administrativas se otorga una herramienta a la ciudadanía para una efectiva transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene ahora el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: Con su permiso, Senador Presidente.

 

Compañeras, compañeros legisladores: Este es un voto, sin duda, singular para mí, hace un rato una persona, un paisano mío de Chiapas me preguntaba si yo iba a votar en contra de 3de3, que cómo era posible si había acompañado esta iniciativa desde su nacimiento, que fuera a votar en contra.

 

Y le expliqué lo que quisiera explicarles a ustedes, porque este voto en contra no es un voto  en contra de 3de 3, sino a favor de 3de3, a favor de los ciudadanos.

 

Y para eso hay que situarnos cómo llegamos hasta aquí, cómo es que este tema que para muchos  no era importante o era casi una locura, hoy se convirtió en el centro de la discusión política de nuestra nación.

 

Hace dos años, en diciembre del 2014, en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, estábamos todos bastante nerviosos, íbamos a tener una reunión, una sesión solemne con el Presidente de la República, en medio de uno de los momentos más álgidos de la nación.

 

Semanas después de Ayotzinapa, semanas después de los escándalos de conflicto de interés, con la gente en la calle diciendo sólo una cosa, que se vayan todos, la respuesta  de la ciudadanía, a la que la ciudadanía aspiraba era que la desaparición de la clase política era el inicio de  la resolución de los problemas de la nación.

 

Y ahí tuve ese honor de pronunciar un discurso  en el cual había que plantear cosas, y ahí frente al Presidente de la República, frente a mis honorables y queridos compañeros y compañeras, frente al resto de la clase política hice un planteamiento que en ese momento parecía imposible, que todos los funcionarios públicos tuvieran que presentar de manera obligatoria, pública y sin reservas sus declaraciones: la patrimonial, la de intereses  y en aquel momento, fíjense, eran las últimas cinco declaraciones fiscales, no la carátula, las últimas cinco declaraciones fiscales, porque era algo que habíamos hablado en mesas, en diálogos, con organizaciones, con académicos buscando salidas, buscando soluciones  a la crisis de credibilidad en la que estamos.

 

En ese momento mucha gente se me acercaba, y si bien reconocía esta doble intención junto con ello, la mayoría me expresaba su escepticismo: esto no va a suceder, ese 3de3, ya deja de insistir con eso. Y yo no les creí, pues cómo creerles, cómo saber si una propuesta como esta funcionaría o no si nunca antes se había planteado así, luchar contra la corrupción es recuperar la idea del futuro sin quedarnos atrapados en la trampa del presente.

 

Y es el futuro el que motiva a los que impulsamos 3de3, es el futuro de quienes somos padres de familia y en mi caso, mi hija Julia, dentro de 20 años,  me pregunte en medio de la crisis que pasaba el país: ¿Tú qué estabas haciendo? Que me pregunte y yo la pueda ver a los ojos y poderle decir que por lo menos lo estábamos intentando, que quizás era un tema generacional  que íbamos a plantear y que podíamos fracasar, y que recuperábamos esa máxima que dice  que el que lucha puede perder, pero el que no lucha está simplemente perdido.

 

A raíz de esa propuesta empezaron a surgir cambios, el 4 de febrero del 2015, a unos pasos de aquí en el Auditorio Octavio Paz, se presentó la plataforma al legislador transparente en .mx. Fue aquí en el Senado donde nació  3de3.

 

Ahí estuvimos Laura Rojas, allí estuve yo, allí estuvieron un par de diputados más del Partido de Acción Nacional y del PRD. Un primer paso, un primer paso que planteaba que de manera voluntaria los políticos y los funcionarios ubicaríamos el 3de3, que nos daríamos cuenta y que de manera voluntaria todos se iban a sumar.

 

Aquel día, aquel día uno de los integrantes de la sociedad civil que nos acompañaba recordó un poco para darnos ánimo ante la escasa concurrencia, recordó aquel 20 de noviembre de 1910, en Piedras Negras, Coahuila, cuando Francisco I. Madero convocó a la Revolución Mexicana y no llegó nadie.

 

Nos decía: Bueno, así son las revoluciones a veces, a veces no llega nadie, pero después las cosas empiezan a cambiar, porque eso, les guste o no les guste, es una revolución pacífica, es una revolución pacífica que empieza con la decisión voluntaria, sin ninguna obligación jurídica de hacer públicas las declaraciones.

 

Y así empezamos los Senadores, y se fueron sumando más. Muchos de ellos lo hicieron en campaña, y lo hicieron porque querían ser gobernadores, y qué bueno que fue así, yo no los critico, qué bueno, porque hoy siguen manteniendo publicadas sus declaraciones.

 

Por eso, después de ver que por ese lado no iba a ser, es que nos dimos cuenta de que por la vía de la voluntad no se resolvería el problema de corrupción en México, que había que poner otros incentivos y otros castigos, que había, en fin, que construir una ley que volviera obligatorio el ejercicio que algunos, muy pocos, habíamos realizado de manera voluntaria.

 

Vinieron las elecciones, vinieron los incentivos. Los presidentes de los partidos, de los tres partidos mayoritarios de esta Cámara, ya presentan su 3de3.

 

Un Secretario de Estado, muchos de los gobernadores que acaban de ganar, y muchos de los candidatos que también perdieron, pero la presentaron. Pero fue a partir de esa situación que había que empezar a trabajar de manera diferente.

 

La sociedad civil decidió llevar la revolución pacífica a otro ámbito, al ámbito ciudadano, al ámbito de la democracia directa y de la Iniciativa Ciudadana.

 

En ese momento las asociaciones civiles tomaron el mando y todos los políticos nos convertimos en meros acompañantes, fue un movimiento social, un movimiento social que juntó 634 mil firmas, muchos más firmas, que traducidas en voto, tienen muchos de los que estamos acá; firmas que se suspendieron, pero que si se hubieran seguido juntado, hubieran llegado seguramente a más del millón.

 

Esa es la historia del 3de3. Una Iniciativa firmada por ciudadanos, redactada por especialistas, contada por la institución electoral, y que hoy llega al Senado de la República.

 

¿Y qué pasa el día de hoy?

 

¿Qué es lo que pasa y lo que puede ocurrir?

 

Quizás generar un espacio de la más profunda frustración, que después de una larga lucha por el dictamen, que finalmente ha sido presentado aquí, se haya intervenido, se haya desviado de su propósito original, y se haya vuelto simplemente irreconocible, irreconocible de lo que firmaron los ciudadanos.

 

Cierto, hay todavía de rectificar, y ojalá, ojalá lo hagamos. Pero para hacer una buena rectificación, tiene que ser completa, tiene que ser en las tres declaraciones.

 

De esta forma estamos nuevamente ante una coyuntura. Obedecer el mandato ciudadano, continuar el mandato que nosotros nos estamos imponiendo.

 

Aún podemos hacer de la política un instrumento digno al servicio de la gente, y no uno de la cual los políticos se sirven.

 

El corazón de la propuesta de esta ley es la publicación completa y sin reservas de las tres declaraciones, las tres tienen que presentarse juntas.

 

Si en el proyecto de dictamen no se incorporan estas obligaciones, en los términos, el espíritu transformador y audaz del proyecto de la ley original, habrá simplemente muerto.

 

Por eso, compañeras y compañeros, el 3de3 no es el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción, eso lo tenemos todos muy claro. Pero sí es el elemento más legitimador de nuestra acción política esta noche, es el más simbólico, el que le da más significado a la existencia de todo el sistema.

 

Sin el 3de3 obligatorio y público, como lo plantearon los ciudadanos, este Sistema Nacional Anticorrupción puede convertirse en una enorme simulación que pretende engañar a la ciudadanía, no creo que nadie quiera aquí eso. Por eso, mi última reflexión es la siguiente:

 

Hoy estamos ante un momento histórico. Cada seis años, cada tres años, a veces salimos a pedirle a la ciudadanía que vote por nosotros.

 

Esta semana, por primera vez en la historia, la ciudadanía vino a nuestra casa a pedirnos nuestro voto, un voto por ellos, un voto para su iniciativa, no para la nuestra, un voto para 3de3 completo.

 

Mi pregunta respetuosa y siempre cariñosa con ustedes es. ¿Si se los vamos a negar?

 

Es cuanto, ciudadano Presidente.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Marcela Torres Peimbert, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del apartado en discusión.

 

La Senadora María Marcela Torres Peimbert: Con su venia, Presidente.

 

Compañeras y compañeros: El día de hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de dar a nuestro país una nueva página, la página de la esperanza.

 

Durante estos cuatro años del mandato del Presidente Peña, el partido en el gobierno no supo dar cauce institucional, oportuno a las demandas ciudadanas en contra de la corrupción y la impunidad.

 

Frente a un Presidente titubeante, México dio una respuesta contundente. El mensaje del 5 de junio fue  claro y fuerte en las urnas, las y los mexicanos decidieron poner un hasta aquí a la corrupción.

 

Hemos sido testigos de uno de los sexenios más corruptos de la historia.

 

Al gobierno actual poco le importó sacrificar la legitimidad y credibilidad de nuestras instituciones incluso de la democracia misma para salvaguardar sus intereses.

 

Peña Nieto cambió el prestigio Presidencial por una Casa Blanca.

 

Y, pero, aún montó un espectáculo para que uno de sus subordinados lo exculpara públicamente.

 

Olvidaba que el juicio más grande para todos los servidores públicos lo hacen la historia y la opinión pública de sus gobernados.

 

Olvidaba también que los mexicanos rechazamos a la corrupción como parte de nuestra cultura.

 

El mensaje que los mexicanos dieron, a través de las urnas, genera un enorme compromiso: recuperar la confianza ciudadana en el sistema político mexicano.

 

El día de hoy estas leyes se aprueban no por voluntad política del partido en el gobierno, sino por la presión incontenible de la ciudadanía y de la oposición responsable en este Congreso.

 

Llena de alegría saber que la sociedad en México es activa, eficiente, que está viva y a punto de abrir un nuevo capítulo en la historia de México, el capítulo de los ciudadanos.

 

Esta, la reforma que crea al Sistema Nacional Anticorrupción, es una gran reforma de Estado.

 

Después de 20 años e incontables reformas político-electorales hoy se robustecen las leyes encaminadas a fortalecer la rendición de cuentas y, con ello, a trascender de una democracia meramente formal a una de calidad.

 

Esta Ley General en Materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que estamos por aprobar, contiene a grandes rasgos lo siguiente.

 

1. Determina cuáles son las obligaciones de los servidores públicos.

 

2. Establece cuáles son los actos de corrupción considerados como faltas administrativas graves en las que pueden incurrir los servidores públicos.

 

3. Por primera vez se reconoce que para que haya corrupción se necesitan dos partes: un servidor público y su contraparte en el ámbito particular. Por ello, señala también cuáles son los actos u omisiones y las sanciones correspondientes a estas faltas administrativas graves en materia de corrupción en que pueden incurrir tanto los particulares como los servidores públicos.

 

4. Señala y distribuye facultades entre los órdenes de gobierno competentes en la materia.

 

5. Determina el procedimiento para la investigación, procesamiento y sanciones de las faltas administrativas graves en materia de corrupción.

 

6. Se crea la Plataforma Digital Nacional, la cual contendrá un sistema de información pública para que cualquier ciudadana o ciudadano pueda conocer cómo evoluciona el patrimonio de los funcionarios públicos, para que cualquier ciudadano desde su computadora pueda consultar con qué bases se formulan las licitaciones en su municipio, en su estado o en su país, las compras, las adquisiciones públicas en los tres órdenes de gobierno, con esto damos fin a la era de las licitaciones amañadas que benefician sólo a los amigos del gobierno.

 

En esta plataforma también se compilará y estará a disposición del público un sistema que contendrá el listado actualizado tanto de funcionarios públicos como de particulares que han sido sancionados por comisión de faltas administrativas graves en materia de corrupción.

 

Este listado será de consulta obligatoria para los gobiernos a efecto de que los sancionados no sean contratados por la administración pública en los tres órdenes de gobierno.

 

7. Se promueva la elaboración de códigos de ética para servidores públicos y política de integridad para las personas morales.

 

8. Se desarrolla el procedimiento de presentación de declaraciones por parte de los servidores públicos. Y

 

9. Se establece que la impugnación de la calificación de faltas graves será resuelta por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

 Hay un tema en esta ley que se ha convertido en una bandera de lucha contra la corrupción, me refiero específicamente a la publicidad de la declaración, el 3de3, tan platicado ya.

 

Puedo decir, con orgullo, que en mi grupo parlamentario del Partido Acción Nacional vamos por los principios de máxima publicidad y de rendición de cuentas.

 

Que abrazamos el espíritu de la ley ciudadano 3de3, por tal motivo rechazamos la redacción del PRI y del Verde con respecto a la publicidad del patrimonio, pues en ella no se refleja el ánimo de reconstruir la tan desgastada confianza de los ciudadanos hacia  los políticos con el sistema y con las instituciones del Estado mexicano.

 

En la discusión de la publicidad de las declaraciones se enfrentan dos posturas muy claramente.

 

Una, que propone y que pone en el centro la máxima publicidad y la búsqueda de una verdadera rendición de cuentas.

 

La otra, por un formato incompleto, rebuscado que dé lugar a recovecos en los cuales se pueda esconder y subsista la impunidad de esas riquezas inexplicables que tanto tienen de mal humor y tanto molestan a las y los mexicanos.

 

Hay quienes legislaron pensando en su interés personal, mientras otros y otras intentamos hacerlo teniendo en  mente solamente el bien común.

 

En el tema de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien me ha nombrado su vocera, presentará una reserva que recupera el espíritu de la iniciativa ciudadana 3de3, porque sabemos que no sólo son 630 mil ciudadanos quienes exigen legítimamente que ya no haya más corrupción.

 

Ante la ambigüedad de la propuesta de redacción del PRI-Verde, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine decidiendo tras años de litigio, y a eso  le apuestan, qué es  público del patrimonio de un funcionario y qué no lo es.

 

Creemos, como legisladores que es necesario establecer los requisitos mínimos que debe contener el formato de la versión pública de las declaraciones patrimoniales, por ello, proponemos que se cambie la redacción del addendum por una redacción que describa el formato actual de las versiones públicas que se utilizan para el 3de3.

 

Compañeras, compañeros: Las oportunidades de mostrar quiénes somos en la vida, son escasas, esta es una de ellas; demostremos que somos hombres y mujeres que no solo soñamos con un México mejor; demostremos a  las y a los mexicanos que somos más que pleitos por partidos; que somos más que campañas sucias que desprestigian; que somos más que debates estériles; que somos más que palabras.

 

Demostremos a través de la aprobación del formato 3de3 en sus términos que vamos en serio, sin trucos  ni simulaciones en favor de la integridad, y que como miles de mexicanas  y mexicanos rechazamos a la corrupción como parte de  nuestra cultura política, como nos quieren hacer creer.

 

Desde hace más de ocho meses el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó su propuesta de Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General del Sistema y la Ley Orgánica del Tribunal. 

 

A pesar de esto, no hubo el diálogo necesario, no hubo el debate suficiente, nunca pudimos escuchar qué esperaba el gobierno, el PRI o el Verde del Sistema Nacional Anticorrupción, lo digo aquí, para que quede en la memoria de todos; nos regatearon hasta el último cambio en el dictamen.

 

Hubiera querido más convicción de mis compañeros para ver a este sistema como una reconciliación necesaria con los ciudadanos y con esta clase política que los gobierna. 

 

Las estadísticas no mienten, compañeros, para más de la cuarta parte de los mexicanos la corrupción es el problema más grave del país. Es vergonzoso saber que el 94% de los mexicanos considera que existe mucha corrupción en el gobierno, mientras sólo el 37% confía en que haya  justicia en este país.

 

Hemos repetido por varios meses que la creación del Sistema Nacional Anticorrupción no es un capricho de la ciudadanía y la oposición en este  Congreso, es la gran deuda pendiente que tenemos en México. 

 

La aprobación de un Sistema Nacional Anticorrupción no es una concesión graciosa de los políticos, es la respuesta necesaria a una legítima demanda de nuestros compatriotas.

 

Votaremos el dictamen a favor, porque consideramos que la mayor parte de la propuesta satisface las demandas ciudadanas. Pero como ya dije, tenemos serias reservas respecto al artículo 29.

 

Con el voto de mi grupo parlamentario, quisiera rendir un homenaje a cada una y cada uno de los más de 630 mil ciudadanos que con su firma han tomado en sus manos las riendas del destino de nuestro país, que se han atrevido a soñar y a trabajar por un México más íntegro y unido.

 

Termino esta intervención, agradeciendo a Transparencia Mexicana; a la Escuela de Gobierno en el Tecnológico de Monterrey, al Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE; a Mexicanos Contra la Corrupción; a México Evalúa; a la Barra Mexicana del Colegio de Abogados de México; a Causa en Común; a la Red por la  Rendición de Cuentas; a la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales; al Imco; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Centro de Estudios Espinosa Yglesias; a todos los hombres y mujeres detrás de este esfuerzo histórico, que deja claro que la era de los ciudadanos ha comenzado.

 

Agradezco en particular por su liderazgo y esfuerzo a Marco Fernández, a Juan Pardinas, a Eduardo Bohórquez y a Enrique Cárdenas.

 

Quiero agradecer a mi equipo técnico y al equipo técnico del grupo parlamentario del PAN, que han estado al pie del cañón desde hace ocho meses.

 

También agradecer la firmeza y convicción del Presidente de mi partido, que hizo suya en todo momento esta lucha y la de los ciudadanos.

 

Compañeras y compañeros Senadores: Les conmino a honrar el juramento que solemnemente rindieron ante la más alta tribuna del país, mucho antes de que se los demande la nación, guardar y  hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la premisa de que incumplir con esta labor sería traicionar a quienes depositaron su confianza en nosotras y en nosotros.

 

Es cuánto Presidente.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Morón Orozco.

 

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

 

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Si me apunta por favor, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Con mucho gusto.

 

Proceda Senador Raúl Morón Orozco.

 

El Senador Raúl Morón Orozco: Con su permiso Senador Presidente.

 

Compañeras y compañeros Senadores: En materia de combate a la corrupción no podemos actuar a medias, no podemos similar que deseamos arrancar el mal de raíz y por otra parte buscar alternativas o mecanismos para seguir protegiendo intereses personales por encima del derecho social a la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas.

 

No estamos de acuerdo con la aprobación de ninguna excepción a la regla de la plena transparencia y la absoluta y  total publicidad de todos los datos, bienes, montos y valores en posesión o propiedad de servidor público alguno.

 

La corrupción en México genera pobreza, desigualdad, inequidad, violenta el estado de derecho en el ámbito de la seguridad pública, produce muertes y  una extrema descomposición social que en gran medida ha sido la causa del rezago y el estancamiento del país. 

 

Corrupción también es manipular la ley para perseguir, intimidar y reprimir profesores, no debemos aceptar que el  Gobierno Federal criminalice los movimientos sociales, como lo hacen actualmente con el magisterio disidente, mientras sus escándalos de corrupción no tienen fin y mantienen postrado al país en la ignominia.

 

Éste debe ser el último Gobierno Federal impune, sin que los controles anticorrupción actúen con plena legalidad, legitimidad y justicia.

 

México es el país más desigual entre los integrantes de la OCDE, y eso ha sido consecuencia en cierto modo de esa corrosiva corrupción que le cuesta a México más del 10% de su producto interno bruto.

Por eso los ciudadanos demandaban con urgencia leyes y reformas que combatieran de fondo la corrupción y además la previnieran, un sistema jurídico que tuviera como objetivo una estrategia anticorrupción de Estado.

Esta fue la base sobre la que hoy se sustentan las expectativas sociales y la obligación pública de construir un eficiente Sistema Nacional Anticorrupción que tuviera como punto de partida las tres declaraciones que se propusieren en la iniciativa ciudadana conocida como Ley 3de3, la declaración de intereses, la patrimonial y la fiscal.

Sin embargo, cuando a esta iniciativa ciudadana se le redujo su alcance y naturaleza jurídica, al plantear la posibilidad de que las declaraciones patrimoniales omitieran información clave para la plena transparencia, también se produjo una decepción en la sociedad mexicana respecto a los alcances que podría tener el Sistema Nacional Anticorrupción y la lucha misma contra la corrupción.

Hoy aquí varias Senadoras y Senadores pretenden justificar esta omisión. Cito el artículo 29 de este dictamen:

“Los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”. Termino la cita.

Debemos superar un falso debate. Algunos argumentan una supuesta contraposición entre dos derechos: el derecho de acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad, frente al derecho a la privacidad y protección de datos personales.

Sin embargo no puede haber contradicción alguna cuando por encima de cualquier interés particular o privado se encuentra la supremacía del interés social y del orden público.

Compañeras y compañeros Senadores: Sería un grave error político de interpretación jurídica el pretender resolver esta supuesta contraposición de derechos, dejando al libre albedrio del funcionario público o autoridad, la decisión de hacer públicos sus documentos y montos patrimoniales. Hacerlo o consentirlo sería tanto como seguir amparando la corrupción y engañando al pueblo de México con una reforma de anticorrupción simulada.

Cuando se trata de servidores públicos, ninguna información puede resultar privada, pues la primera obligación de la ética política es precisamente hacer lo más transparentes, legales y honestos, posibles, todos los actos de nuestra vida.

En ciertos casos debe salvaguardarse el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales de un servidor público, cuando ello implique un acto que ponga en riesgo su seguridad personal o la de su familia.

Dicha excepción no puede ni debe ser procedente cuando se trata de bienes patrimoniales o de intereses económicos que pueden entrar en conflicto con el interés público o que representen elementos fundamentales para proceder a una real fiscalización del poder público con sentido ciudadano.

¿No deberíamos dar un paso trascendental para combatir la corrupción al adoptar una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos bajo el espíritu y principios ciudadanos de la Iniciativa 3de3, es decir, que no signifique ni reduzca los alcances de una efectiva fiscalización pública y social?

¿No deberíamos dejar atrás de una vez por toda esa discrecionalidad y simulación política en el combate a la corrupción?

Este Senado debe plantearse el asunto de la manera más profunda posible.

La publicidad irrestricta y amplia de las declaraciones patrimoniales es necesaria y obligatoria porque debe partirse del supuesto de que es también parte de un sistema de rendición de cuentas moderno, ético, claro, público, eficiente y apegado a la legalidad.

Un sistema de rendición de cuentas que no represente una obligación, sino un compromiso y práctica ordinaria de todas las instituciones del Estado.

Esto último, compañeras y compañeros Senadores, debería constituir el espíritu del legislador en materia de anticorrupción.

Qué mejor mensaje político podríamos enviar a la sociedad mexicana por parte del Poder Legislativo, que tomar como propia la bandera del combate sustantivo y real, no simulado a la corrupción.

Para lograr lo anterior necesitamos salir de este recinto con un gran acuerdo.

El intenso trabajo que necesitará la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción, implica una responsabilidad de Estado, un gran compromiso de los tres Poderes Públicos y una nueva transición a una democracia ampliada y efectiva.

No exagero al decir que de lograrlo, sería similar a acuerdos históricos como el logro en España, en un momento, en el célebre Pacto de Moncloa. De ese tamaño, creo yo, es el desafío.

Necesitamos en cada una de las leyes y reformas del Sistema Nacional Anticorrupción, un gran acuerdo que nos colocara por encima de cualquier interés particular o partidista, un acuerdo pensando en México y en los mexicanos.

Nuestro voto será en contra de la aprobación de una Ley de Responsabilidades Administrativas que tal y como hoy se nos presenta, no cumple cabalmente con las exigencias de la sociedad mexicana y que más bien ha traicionado su voluntad.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ

 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias.

 

A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen.

 

Tiene usted el uso de la palabra Senadora Anabel Acosta Islas.

 

La Senadora Anabel Acosta Islas: Con su permiso, señor Presidente.

 

Compañeros Senadores y Senadoras y a todos los mexicanos: Celebro de verdad este día que podamos estar aquí y haber llegado después de muchos meses de trabajo arduo dentro de las comisiones, de dialogar, de escuchar a los ciudadanos y poder llegar hoy aquí con un dictamen con el que vamos a ir a favor.

 

Y vamos a ir a favor porque la corrupción en todas sus formas y expresiones es un problema multifactorial que a México le ha dignificado importantes costos económicos, políticos y sociales. Por eso hoy nos congratulamos con la nueva legislación que discutimos porque estamos seguros que con los nuevos ordenamientos y las reformas a otras legislaciones, que también estaremos analizando aquí en este Pleno, se establecerán las bases sólidas en la lucha contra la corrupción.

 

Los Senadores asumimos los reclamos de la sociedad mexicana a fin de retomar el orden, la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. Para llegar a este dictamen analizamos la iniciativa ciudadana conocida como 3de3, pero también analizamos las mejores prácticas que se llevan a cabo a nivel internacional, así como los instrumentos utilizados por países que están avanzados en el tema de la lucha anticorrupción.

 

En particular, esta ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas se distribuye en competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades de los servidores públicos. También sus obligaciones, las sanciones por actos u omisiones y, en su caso, las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, incluye mecanismos generales de prevención y de rendición de cuentas, sin duda, es un gran avance en materia de transparencia ya que todos los mexicanos podrán acceder a la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos.

Se establecen, además, reglas y procedimientos claros para la declaración patrimonial de interés y fiscal que tenemos que presentar los servidores públicos. Por ejemplo, en el caso de la declaración de la situación patrimonial, cuando refleje un incremento que no sea explicable o justificable en virtud de su remuneración como servidor público, pues serán las instancias competentes inmediatamente las que soliciten que sea aclarado el origen de dicho enriquecimiento.

 

Si no se puede justificar este enriquecimiento, pues entonces será la Secretaría de la Función Pública y sus homólogos de las entidades federativas y los órganos de control, procederán a integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa correspondiente para darle trámite y formularán, en su caso, la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

 

Ninguna ambigüedad, nosotros no queremos imponer nuestra voluntad o nuestro criterio y que se preste a una especulación pervertida, por eso será el comité de participación ciudadana quien elabore los formatos de las tres declaraciones. Así declaro estamos empoderando a los ciudadanos, atendiendo a la petición expresa que 634 mil firmantes de la iniciativa ciudadana nos hiciera el día de ayer a través de su representante el maestro Eduardo Bohórquez, nosotros sí lo escuchamos.

 

Y cito lo que dijo el maestro Bohórquez: “Proponemos que sea, en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el comité ciudadano quien proponga al comité coordinador los formatos que anualmente se utilicen y las versiones públicas de los mismos”.

 

Compañeros y compañeras: En el PRI estamos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la máxima publicidad. Somos sensibles al sentir de la ciudadanía y hemos dado muestra de ello, vamos a votar a favor de este dictamen porque estamos comprometidos con la construcción de mejores gobiernos, que tengamos mejores servidores públicos y que sean más honestos, transparentes y apegados a la legalidad.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, Senadora.

 

A continuación tiene el uso de la palabra la Senadora Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

Tiene el uso de la palabra el Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para exponer argumentos.

 

Tiene el uso de la palabra el señor Senador don Manuel Bartlett Díaz, del grupo parlamentario del Partido de Trabajo, para exponer argumentos en contra del dictamen.

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

LUIS SANCHEZ JIMÉNEZ

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, Senador.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Hemos escuchado un buen número de discursos, intervenciones, en las que encuentro dos tipos muy claros:

 

Uno es la panacea, el gran discurso de que este sistema acabará con la corrupción, un gran discurso en contra de la corrupción.

 

La solución está en este sistema, aun cuando no entra a analizarlos, sino se desarrolla todo este discurso retórico por no decir altamente demagógico.

 

El otro es un discurso en el que se encuentran todas las fallas; en el que se señala todo lo que no está, en el que se dice que pues ha quedado a medias y se quedan muchas cosas afuera, pero vamos a votar a favor.

 

En esto podemos resumir estas horas de discusión.

 

Yo voy a repetir el planteamiento que hicimos al iniciarse la discusión con un voto particular.

 

El problema de la corrupción está en la Presidencia de la República. Eso es lo que engañan y lo quieren pasar por encima.

 

La madre de todas las corrupciones está en la Presidencia de la República.

 

La corrupción de la Presidencia de la República se riega en todo el sistema, y por eso cada vez vemos más gobernadores corruptos, cínicamente corruptos y de diferentes partidos que fueron motivos de escándalo en esta elección, cuando todos lo sabíamos.

 

El gobernador de Veracruz, por ejemplo Duarte, fue sorprendido mandando dinero en efectivo en una avioneta a Peña Nieto, Estado de México, pues claro que se continuó y ahí se quedó hasta el final.

 

Ya luego veremos por qué mejor que gane el PAN y no el PRI, ahí en este momento la conveniencia es el no corrupto candidato del PAN, en Veracruz. Esa es la esencia.

 

En la medida en que el Presidente siga siendo impune con el poder que se le va dando, sin que haya un equilibrio frente a él; entonces, la corrupción seguiría igual.

 

En los miles de millones que se convierten en instrumentos políticos, se compra el voto, se compra en medios de comunicación, seguirán siendo la norma, de esto que a todos avergüenza y que todos están en contra, y que qué bueno hemos llegado a un momento histórico en el que todo se terminará con esta maravilla de Sistema de Anticorrupción.

 

Hemos estado a punto de llorar en algunos planteamientos por la emotividad real.

 

Pero no es cierto, no es cierto, mientras la Presidencia de la República sigue siendo impune, y mientras no se investigue a los presidentes a los ex presidentes que pusieron en  marcha la corrupción total con las privatizaciones, los enriquecimientos brutales y los tengamos de modelo además, los ex presidente son un modelo de poder, de redes de control, etcétera, son grandes titanes para que todos sean igual.

 

Mientras esto no termine, vamos a seguir dándole vueltas a este asunto.

 

¿Qué propone el sistema?

 

Yo creo que esto es muy importante, ya dejando esta cúspide de la pirámide que no le quieren entrar, porque apenas se dice: el presidente es corrupto, bueno, se ponen nerviosos. Es un viejo atavismo de años atrás, se ponen muy nerviosos, aunque sea la oposición la que lo diga o la pseudo-oposición.

 

Pasemos a otro punto que es importante.

 

Este sistema resuelve el asunto, ¿Cuál es el sistema?

 

El sistema es la coordinación, esta inventada en este mamotreto burocrático en donde hay funciones y más funciones y tareas y más tareas, listas páginas que no van a terminar de construirlas ahora que los nombren y cuando terminen pues ya se fue el Presidente a París o a los Castillos de Lord.

 

Es un mamotreto inmanejable, es una masa burocrática de cuestiones ahí, ¿pero saben quiénes son los responsables? Los mismos, los responsables de todo este sistema son los que ya están ahí y  que no han servido para nada, ¿por qué? Porque están bloqueados, porque están penetrados, por lo que sea, pero son los mismos, convertidos en sistema, hay una coordinación en sistema, hay un secretario técnico maravilloso, hay una participación de un representante de la sociedad, que son generalmente esos mismos que se convierten en la sociedad civil, que son consultores permanentes de este Senado de la República para aprobar sus cosas.

 

Un ciudadano surgirá de un procedimiento por ahí y esa es la participación de la sociedad civil, estas 600 mil, 600 mil firmas. Yo me acuerdo que presentamos un millón y medio de firmas para  que se consultara al pueblo de México si quería que le entregaran a los extranjeros el petróleo, la electricidad, fíjense, les pareció muy poco, ahora son 600 mil importantísimos.

 

Un elemento fundamental que afecta todo, hasta el 3de3, esta maravillosa solución, hasta ese 3de3 no afecta lo que les voy a platicar, no hay independencia, ya les digo, son los mismos, la Auditoría Superior de la Federación, el tribunal este, el Consejo de la Judicatura, la transparencia, esos son los mismos, pero van a estar coordinados. Esa es la solución.

 

No hay independencia entre los vigilantes y los vigilados, sino subordinación de los supuestos  vigilantes a los vigilados, dados los métodos de nombramiento, lo repito porque parece que es un galimatías.

 

Atención, para hacer un resumen de este gran sistema, no hay dependencia entre los vigilantes y los vigilados, sino subordinación  de los supuestos vigilantes a los vigilados, los vigilados, el Presidente, pues este, los otros, los que los van a vigilar son sus subordinados, dados los métodos de nombramiento.

 

Los titulares de las instancias anticorrupción son  nombrados por los vigilados.

 

Ahí les va.

 

Los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la gran transformación del que ya estaba ahí. Es el mismo tribunal, el mismo, cambio de nombre, serán nombrados a propuesta del Presidente, el vigilado por mayoría de dos terceras partes del Senado.

 

Los consejeros de la Judicatura son designados dos por el Senado, uno por el Presidente y cuatro son integrantes del Poder Judicial Federal.

 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación que ya existe, todos esos  ya existen, no hay ninguna novedad, es la  comunicación entre ellos y la coordinación lo que hace la maravilla de este descubrimiento que les ha llevado años  en arribar a la eureka solución anticorrupción.

 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación es designado por mayoría calificada  de dos terceras partes de los presidentes de la Cámara de Diputados.

 

El titular de la Fiscalía Anticorrupción será designado por las dos terceras partes del Senado, y puede ser removido por el poder de la República si no le gustó, además el vigilado va a quitar al vigilante.

 

El Presidente del Instituto Nacional… el Inai, es designado por mayoría de dos terceras partes del Senado.

 

El titular de la Secretaría de la Función Pública, es designado y removido  libremente por el Presidente de la República. Ese es el caso más espectacular que nos define un poco la voluntad política.

 

Se acuerdan aquella escena en donde el Presidente Peña Nieto llega, presenta a este personaje, el ricitos de oro y le dice que suba a la tribuna y tiene que responder de si es o no responsable  de un delito por la Casa Blanca, aquel personaje, obedeciendo al que va a vigilar, se sube a la tribuna, ese es un espectáculo único que puede ser un poco la imagen de lo que estamos inventando. Esa es la voluntad política que define todo lo  demás, sube a la tribuna el señor designado para juzgar al Presidente, sube a la tribuna y dice: “Que en realidad no está muy seguro”, y luego termina diciendo que antes de grandes análisis, que el Presidente no es responsable, que la Casa Blanca es blanquísima. Ese es el modelo, esa es la voluntad política que está en todos lados.

 

El señor subiéndose con su pelito a la tribuna, obedeciendo al Presidente que estaba ahí, para que opinara si él era responsable de alguna cuestión de la Casa Blanca. Ya supimos el resultado. Esa es la escena que define todo.

 

El Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es designado por el Presidente y por el Senado.

 

El ciudadano, de este grupo de representantes de la ciudadanía, también es designado por el Senado de la República. Es decir, todos son designados por el Presidente o por los partidos mayoritarios de la Cámara de Diputados y Senadores ¿verdad? y ya sabemos qué resultados ha dado, si eso lo están haciendo hace años.

 

Todas las instituciones autónomas han salido de aquí y no funcionan. ¡Ah! Pero vamos a repetirlo.

 

Lo anterior significa que el nombramiento de los funcionarios y los ciudadanos dependerá de los vigilados. Esto es para nosotros el aspecto central de toda la discusión.

 

Este sistema es un truco, es un truco el sistema de corrupción, está en manos del Presidente de la República, a quien no quieren tocar, ni con el pétalo de una rosa, nada.

 

Es tan grave este hecho, que periódicos como Reforma, por ejemplo, por no citar más, han indicado los lazos políticos y de dependencia de muchos de los magistrados del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el que va a juzgar a todos estos corruptos y los mandará a penar el resto de su existencia.

 

En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que será la base del futuro Tribunal Federal de Justicia Administrativa encargada de las conductas graves de corrupción, sus integrantes todos responden a los intereses del Presidente de la República y de los dirigentes de los partidos.

 

Los magistrados Carlos Chaurand Arzate, Zulema Morsa, sí tienen vínculos con Manlio Fabio Beltrones, del PRI.

 

Los magistrados Juan Olivas y Guillermo Valls, responden a Peña Nieto.

 

Y Víctor Orduña y Rafael Estrada Sámano, el expresidente de Felipe Calderón. Esos son los independientes, los que van a juzgar a todo esto.

 

No sé si, Presidente ¿me autorizaría usted a terminar un tema, para no volver a subir?

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿Para no volver a subir?

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz: ¿Sí me autorizaría?

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: ¿Cuántos minutos?

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Cinco minutos.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Adelante, por favor.

 

El Senador Manuel Bartlett Díaz: Vamos al tema, al tema central.

 

Se ha hecho un escándalo de meses en torno a la obligación de la publicidad en las tres declaraciones para los funcionarios públicos. Ese es el tema, ese es el que define, ahí está centralizado todo. Este es el Sistema Anticorrupción.

 

Sin embargo, lo más escandaloso no es lo anterior, sino que los empresarios que impulsan estas reformas a través de expertos, supuestos miembros de la sociedad civil y que participan como principales beneficiarios de la corrupción, no tengan obligación los empresarios.

 

La Coparmex, la Coparmex que nos tutela y nos ha regañado y ha puesto a temblar a las fracciones del Senado de la República ¿verdad? que los obligaron a convocar a este período sin tener, sin tener ningún dictamen. ¡Ah! Pero había que salir de la regañada de la Coparmex.

 

No tiene la obligación 3de3, y todo el análisis de este circular sistema deja a los empresarios a salvo.

 

Tampoco tienen obligación de publicar cómo cumplen con sus obligaciones laborales, medioambientales o en materia de salud, cuando sus actividades extractivas afectan esos ámbitos.

 

Por ahí, algún dirigente obrero dijo: “Que había que proponerles a los empresarios el 6 más 6, a los empresarios”, los promotores.

 

En materia de delitos de corrupción, estos sólo son para los servidores públicos, jamás para los empresarios.

 

La Coparmex, gran promotora es omisa.

 

Hay una asimetría indudable en donde una de las partes de la corrupción, la de los empresarios que son intocables, y todos sabemos, todos sabemos que la corrupción es la colusión entre los empresarios, la gran corrupción esa ahí, es ahí con los grandes empresarios.

 

Pajaritos, por ejemplo, un gran empresario se queda con una planta de Pemex extraordinariamente valiosa, y se la queda un empresario.

 

 

 

¿Quién la autorizó?

 

Ese empresario se queda con Pajaritos, que ya la estalló porque tenía que ahorrar dinero en el personal.

 

Ese no equilibrio entre esos factores es una falla enorme.

 

En la Ley de Responsabilidades Administrativas establece la verificación aleatoria de las declaraciones que presentan los servidores públicos, pero sin establecer criterios para determinarse arbitrariedad, es decir, esto que están peleando ustedes, y que nosotros estaríamos en contra de que se hagan todas las declaraciones y todo lo que ustedes pidan de acuerdo, pero se les olvida cuál es el mecanismo del manejo de esa información, por eso no lo dicen, es lo que nos va a salvar para siempre.

 

Nada más que para seleccionar y analizar a los funcionarios van a ser un criterio aleatorio que no está regulado, un criterio aleatorio significa que puede la autoridad o el secretario, lo que sea, atacar a los funcionarios inaceptables para ellos.

 

Este es el problema, esta gran solución, realmente maravillosa que nos conmueve hasta las lágrimas de lo que aquí se ha dicho, 3de3, lo van a analizar eso, esos son los que lo van a analizar, ellos son los que van a calificar, ellos son los que lo van a hacer público, ellos son los que no lo van a hacer público, ellos son los que manejan todo, ese sistema tramposo, circular, que no va a permitir que esa solución maravillosa de 3de3.

 

Que sí que se sepa todo, claro que se sepa todo, pero que se sepa todo sin esto que lo van a tapar todo, como lo han tapado todo este tiempo, y por eso hemos llegado a ser el país calificado como de los más corruptos del mundo.

 

Esta no es la solución, es una simulación.

 

Muchas gracias, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Bartlett.

 

Toca ahora el turno de la tribuna al Senador Raúl Gracia Guzmán, para argumentar a favor de este proyecto de decreto.

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán: Con la venia de la Presidencia.

 

Dice el dicho popular que: “el amor, lo tonto y el dinero no se pueden esconder”.

 

Y aunque técnicamente o por falta de voluntad de los órganos competentes no se ha llevado a la justicia a los políticos corruptos, los ciudadanos sí ven que en la política hay corrupción, y nos exigen con esta iniciativa ciudadana que la acabemos.

 

No es este dictamen, esta ley, un fin, es simplemente un medio, y hoy nos encontramos con la disyuntiva que tenemos que explicarle a la ciudadanía lo que los políticos a veces con dificultad podemos entender, pero que quienes hemos estado en la oposición hemos tenido que luchar en contra, que es un sistema de ya casi un siglo que no se deja existir, y que únicamente permite avances a contra corriente en lo que en Acción Nacional hemos denominado el gradualismo político, pero hoy cómo le vamos a explicar al ciudadano que firmó por esta iniciativa que lo que se pudo conseguir es simplemente lo que en el consenso nos pudo conceder el grupo con mayor número de Senadores en este Senado.

 

Lo que nos reclama, lo que nos exige la ciudadanía es justicia, nos exige que acabemos con las redes de corrupción, que les demos transparencia plena, y con el artículo 29, como lo están proponiendo, no se da esa transparencia plena.

 

Por eso el gran debate de este dictamen será el artículo 29, el voto en lo general puede indicar algo, pero lo que va a definir quién es quién respecto al reclamo ciudadano es esta decisión.

 

Y para acabar con la corrupción, como mencioné, que no es más que un sistema, hay que tapar la entrada y la salida, y aquí nada más estamos buscando tapar uno de estos orificios, de estas fugas que tanto daño le hacen a nuestra sociedad, a nuestro país.

 

¿A qué me refiero?

 

Sí, los políticos, los servidores públicos, tendremos que emitir nuestras declaraciones 3de3, tendremos que ser transparentes en esta visión corta de la que algunos quieren generar.

 

Pero qué pasa con los empresarios con quienes se hacen millonarios con concesiones, con licitaciones, con obra públicas, que son quienes corrompen muchas veces o  corrompen en sinergia uno al otro políticos y dueños del dinero, ahí no hay exigencia alguna.

 

También se presentó una reserva en este sentido, y creo que si queremos darle a la ciudadanía una herramienta íntegra y cabal, tenemos que adicionar estos dos puntos: apertura plena, y tapar los dos orificios.

 

Ya no estamos en los 70’s y en los 80’s donde la corrupción era rascarle al cajón; hoy  la corrupción se genera con negocios que se hacen desde el servicio público con particulares, si nos tapamos ambos orificios seguiremos con estas fugas que tanta pobreza y miseria genera nuestro país.

 

Cuando hagan campaña y un ciudadano les diga que no le alcanza con su pensión, que el servicio del IMSS es poco viable para garantizar su salud, recuerden si tapamos o no tapamos este daño sistemático de corrupción.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias Senador, gracias por su brevedad, también.

 

Toca ahora el turno del Senador Fernando Salazar Fernández, del grupo parlamentario  del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen.

 

El Senador Fernando Salazar Fernández: Muchas gracias Presidente.

 

Compañeras y compañeros Senadores: El día de hoy vengo a esta tribuna para señalar los motivos por los cuales mi voto será a favor del presente dictamen para expedir una Ley General de Responsabilidades Administrativas que contribuya a dar vida a un sistema que ha sido pensado con una causa final: combatir la corrupción como un  mal que ha causado tanto daño al bienestar de tantas y tantas generaciones de mexicanos.

 

Sin duda es nuestro deber atender con urgencia este mal que desafortunadamente ha dejado de ser ajeno a todos los estados y rincones que forman nuestro país, un mal que a través de todas sus formas de manifestaciones y que junto con un elemento de impunidad que lo acompaña siempre se ha traducido en  mayor desigualdad, menos inversión, mayor desconfianza en  nuestras autoridades, mayores niveles de violencia y en menor desarrollo para un sinnúmero de hogares en todo el territorio nacional.

 

Por ello, hoy mi voto es a favor de contar con leyes que puedan garantizar la coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Llevar a cabo la fiscalización y control de los recursos públicos para que cuando estos no sean destinados a los fines apropiados realmente exista una consecuencia para quienes resulten responsables.

 

Represento a Coahuila, una entidad en la que sus ciudadanos han tenido que padecer  los actos de corrupción y la impunidad, que les han implicado destinar cada vez más y más una mayor parte del producto de su trabajo al estado, sin que ello se traduzca en mejores servicios, en mayores beneficios o en  mayor bienestar para sus hijos y sus familias.

 

Por ello mi voto el día de hoy no puede dejar de ser a favor de brindarles mayores herramientas para exigir que la autoridad prevenga y sancione el uso y el abuso de poder, sólo para un beneficio privado.

 

De brindarles también mayores mecanismos de prevención como lo será el registro y el seguimiento de la evolución patrimonial de cualquier funcionario público.

 

En este sentido, y como fue manifestado ya en comisiones, impulsaremos la propuesta de modificación en una reserva para que las declaraciones persigan el principio de máxima publicidad, tal y como fue contemplado en la iniciativa ciudadana 3de3.

 

Mi voto es también a favor para que estas  leyes signifiquen un compromiso ineludible por parte de las autoridades que habrán de garantizar su aplicación con efectividad.

 

De nada sirve prever obligaciones, procedimientos, conceptualizar actos de corrupción, mecanismos de  prevención y de sanción si no existe voluntad por las autoridades para hacer cumplir la ley.

 

Voto también por que esto signifique la voluntad y la responsabilidad de perfeccionar  los mecanismos y las políticas públicas que nos permiten atender el problema de manera integral.

 

Como se ha dicho ya, y como se ha reflejado en este dictamen, un diagnóstico acertado de este mal que aqueja al país debe necesariamente partir de la premisa de que la corrupción ni empieza ni termina en el sector público, sino que también se alimenta de los  intereses del sector privado que incurren en este tipo de actos.

 

Tan sólo para el año 2010 el Índice Nacional de  Corrupción y Buen Gobierno, reportaba alrededor de 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades, pero también administrados por particulares, lo mismo reflejan los datos que indican que las empresas mexicanas se encuentran entre las que más gastan en actos de corrupción a nivel internacional.

 

Por ello, sin duda lo que hoy nos pone a consideración resulta un gran avance, pero también considero que nos queda como pendiente brindar mayores herramientas para garantizar que la propia sociedad, la que puede ejercer una vigilancia de la actuación de los funcionarios y todos aquellos que tengan a su cargo el manejo de los recursos públicos.

 

Sólo así, compañeras y compañeros Senadores, podremos abonar a la corresponsabilidad que debe existir entre el gobierno y sociedad, para enfrentar la corrupción que tanto lastima a nuestro país.

 

En conclusión, mi voto es a favor de dar un paso más en un camino que nos exige emprender para evitar que la corrupción y que los recursos públicos  sólo sigan beneficiando a unos cuantos a costa de la mayoría de los ciudadanos.

 

Muchas gracias, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Salazar.

 

Se concede la tribuna al Senador Mario Delgado Carrillo, del grupo parlamentario del Partido de la  Revolución Democrática, para argumentar en contra del proyecto de decreto.

 

Informo a la Asamblea que se recibieron los textos de las intervenciones de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, de los Senadores Benjamín Robles Montoya y Jorge Toledo Luis,  los cuales se integrarán al Diario de los Debates.

 

El Senador Mario Delgado Carrillo: Gracias Presidente.

 

Cito a Kirai Tumurungi, un ex ministro de Justicia de Asuntos Constitucionales de Kenia: “Es verdad que la corrupción es endémica en nuestra sociedad, ha quitado medicinas de nuestros hospitales; ha quitado libros de nuestras escuelas; ha quitado alimentos a familias golpeadas por el hambre; ha destruido  nuestros caminos y nuestra agricultura; ha eliminado industrias; ha falseado nuestras elecciones; destruido nuestra policía y ha dejado en libertad a personas culpables, y ha robado, saqueado y dilapidado nuestros recursos, la corrupción ha matado y deshumanizado a nuestro pueblo, así de grave es la corrupción y así de grave deberían ser las medidas  para combatirlas”.

 

Una de las preguntas más recurrentes en nuestra economía en los últimos 20, 30 años, es ¿por qué no crecemos? Y se vuelve un misterio, dado que de 1982 a la fecha, hemos cumplido con todas las recomendaciones que nos señalan los organismos internacionales, apertura económica, reducción de las actividades del Estado en la economía, aumento de la participación privada en sectores estratégicos, la autonomía de algunas instituciones como el Banco de México o la Comisión de Derechos Humanos, reformas fiscales, reformas al Sistema de Pensiones, regulación de mercados para incentivar la competencia, privatización de sectores estratégicos de recursos naturales, en fin, tal vez ningún país en el mundo ha cumplido de manera tan ortodoxa las recomendaciones de los organismos internacionales.

 

Sin embargo, seguimos sin crecer, y seguimos buscando las respuestas en más reformas. Dice el Secretario General de la OCDE: “Ante la falta de crecimiento, reformas, reformas y más reformas”.

 

Pero tal vez llegó el momento de que pensemos cuál es la reforma que nos falta para que nuestra economía pueda crecer.

 

Dice el reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad, el último, que la corrupción afecta a todos, la corrupción aumenta la informalidad, baja la competitividad, mina el estado de derecho, aumenta la pobreza, reduce la capacidad del gasto, aumenta la desigualdad, aumenta la impunidad, baja la calidad de la educación, impide una justicia eficaz y destruye el medio ambiente. 

 

Es decir, el problema endémico de la corrupción es que no permite que nuestro país avance, no es una cuestión nada más de algunos funcionarios, sino que tiene una dimensión  mayor que convierte a la corrupción en el principal problema de nuestro país. Y por su carácter sistémico y endémico, se vuelve difícil de combatir, porque es el propio sistema el que lo protege.

La corrupción es el abuso de confianza pública con fines privados. Cuando un individuo abusa de la confianza pública que se le otorga para servir a sus propios intereses o aquéllos del grupo al que pertenece, debe ser severamente sancionado.

Esta debería ser la premisa de todo el sistema que se está construyendo el día de hoy, pero además debemos tener en cuenta que no habrá resultados de largo plazo y consistentes si no avanzamos en los pendientes que tiene México.

La corrupción, calcula el Banco Mundial, en México equivale al 9% del PIB. Este es el tamaño de la recaudación fiscal del país y mantiene, cancela nuestras posibilidades, como ya lo dije, de combatir la desigualdad, de evitar que aumenten las ganancias de la violencia, el crimen; genera precarización de la economía; aumenta la informalidad; desincentiva la inversión; hace de la legalidad una excepción, y mina la legitimidad y el estado de derecho.

Es importante que participe la sociedad civil. En un problema como éste es difícil que el propio sistema político logre su transformación.

De ahí la importancia de 3de3.

¿Por qué es importante 3de3?

Es claro que no es una solución única, ni la varita mágica para lograr un eficaz combate a la corrupción en nuestro país. No es suficiente la 3de3.

Sin embargo, ¿por qué es importante?

Porque en México es tan grave la corrupción que este tema no permite avances graduales. Tiene que haber una medida radical que cambie por completo los incentivos de los funcionarios públicos y de las empresas privadas.

No hay gradualismo en esta materia. Cualquier gradualismo es simulación.

¿Por qué es importante 3de3?

Porque viene de una petición ciudadana y una parte de la sociedad. Es una exigencia de la sociedad civil organizada.

Y en una respuesta positiva a 3de3, yo estoy seguro que independientemente de lo que logre significar 3de3, sí detonaría una participación ciudadana mucho más abierta, mucho mayor y más comprometida con el tema anticorrupción.

Es una victoria que necesita la sociedad civil para generar una corriente irreversible de opinión, de participación política que nos lleve a una dinámica social para lograr erradicar este cáncer.

Difícilmente el sistema político mexicano se abrirá por completo al combate a la corrupción si no hay una fuerza ciudadana que lo impulse.

Necesitamos que 3de3 sea una victoria ciudadana irreversible.

¿Por qué la discrecionalidad en la publicidad de las declaraciones si el problema que tiene el sistema político y los políticos es de confianza?

No puede haber ahí ningún tipo de matiz.

También quisiera decir algo respecto de las sanciones para las empresas.

Antes quiero decir que el Sistema Anticorrupción va a generar muchos datos, mucha información, como está previsto. Pero la importancia es qué va a pasar con esa información, si va a tener consecuencias jurídicas reales.

Los hechos de corrupción podrán ser faltas no graves que sancionará el Órgano Interno de Control, o en faltas graves las sancionará el Tribunal de Justicia Administrativa.

Por ejemplo el caso que estamos viendo. Si no se presentan las tres declaraciones, se sancionará con base en la Ley de Responsabilidades como una falta no grave. Si hay discrepancias en la información y la realidad patrimonial, por ejemplo, se podrá determinar una falta grave cuya sanción más importante es la sanción económica hasta por dos tantos del beneficio obtenido, y la indemnización por daños y perjuicios.

Si participa un particular, la sanción es que no se podrá participar en contrataciones públicas hasta por ocho años.

¿Por qué no hay sanciones mayores a las empresas privadas?

Por ejemplo, que en caso de que tengan una concesión, la pierdan; que haya una revocación del contrato; que haya una intervención inmediata de la Secretaría de Hacienda a esa empresa. Y que en el caso de que esté en la Bolsa Mexicana de Valores, deje de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores.

Tiene que haber sanciones mayores a los privados, así como sanciones mayores a los servidores públicos. Pero lo que tenemos que cambiar son los incentivos.

Debe ser tratada la corrupción como un tema de delincuencia organizada, porque nuestro país así es.

Me parece que nos falta también medidas que puedan romper de manera contundente actos de corrupción que vienen desde arriba del poder. En México seguimos con la protección constitucional al Presidente de la República para que no pueda ser enjuiciado por escándalos de corrupción.

 

Acabamos de vivir una experiencia en un país vecino, cómo se constituyó una comisión de alto nivel con carácter internacional para que pudiera ser investigado un escándalo de corrupción que conducía al Presidente de la República. Las instituciones prevalecientes en ese país era imposible que pudieran tener un juicio neutral y eficaz para este caso.

 

Ahí funcionó de manera muy eficaz que llegara esta comisión internacional y el Presidente de la República está en la cárcel. Si en México el Presidente no puede ser investigado, difícilmente vamos a terminar con la corrupción.

 

Aquí hay un área de oportunidad importante, que en esta ley se pueda abrir la posibilidad de que tengamos una comisión de alto nivel para grandes escándalos de corrupción con carácter internacional que pueda juzgar a todos los funcionarios, incluyendo al Presidente de la República.

 

En el tema de la corrupción es tan grave y está tan protegido por el sistema político que me parece que no va a ser suficiente lo que estamos aprobando el día de hoy para pensar que nuestro país va a cambiar de repente de la noche a la mañana. El esfuerzo que nos falta hacer todavía para que esto cambie apenas está empezando.

Quiero, por último, felicitar a la sociedad civil, a quienes participaron para impulsar esta medida. Creo que hoy nos vamos a quedar en deuda con ellos y ojalá no se desanimen, y ojalá esto sea el principio de una acción social mayor que nos lleve a erradicar el cáncer mayor de nuestro país, que es la corrupción.

 

Gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias, Senador Delgado.

 

Senador Romero Hicks, ¿con qué objeto?

 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks: (Desde su escaño) Denunciar una situación que me preocupa mucho, y qué bueno que está aquí el Senador Gamboa, le pido que me escuche.

 

Me informan que están sesionando las Comisiones Unidas para ver el tema de mando mixto. Yo no he recibido una convocatoria, soy miembro de la Comisión de Estudios Legislativos.

 

Y anoche el Senador Gamboa me invitó para que fuese a las Comisiones Unidas, más allá de sus formalidades porque él lo hizo como una invitación el Senador. Me parece que hablando aquí de anticorrupción, y están convocando a reunión, perdón, están reunidos sin convocatoria, nulo.

 

A mí me parece muy grave y quiero que se tome nota para que se corrija. Estamos hablando de buena fe y reconociendo cosas, y estamos a espaldas discutiendo casi a la media noche un tema de la mayor importancia y varios colegas están conspirando de otra forma.

 

Explíqueme, por favor.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Senador Gamboa.

 

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

 

El Presidente de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos, convocó en la mañana a ocho comisiones que están viendo mando mixto. Es un trabajo no nuevo, tiene 1 año 8 meses en este Senado y no hemos podido aprobarlo.

 

Tiene razón el Senador Romero Hicks que están sesionando, ya se terminó de sesionar, ya están aquí, se está hablando de esto. Hemos escuchado con enorme paciencia, yo he estado la gran mayoría del tiempo escuchando a los compañeros del PAN, a los compañeros del PRD, a los compañeros del PT, del Verde y del PRI el tema importante y el que nos estamos en este momento abocando, que es anticorrupción.

 

¿Qué quiero decir?

 

Que nadie puede mandarle un mensaje al Senado de la República, que por Acción Nacional no se va a ver el mando mixto. Aquí mandan 128 Senadores y la mayoría tomará la decisión.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Luis Sánchez Jiménez: Gracias.

 

Vamos a continuar.

 

Senador Yunes.

 

El Senador Fernando Yunes Márquez: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.

 

Yo soy Presidente de la Comisión de Justicia, una de las ocho comisiones a las cuales les corresponde dictaminar el tema de mando mixto. En ningún momento como Presidente de la Comisión yo convoqué a los miembros de las mismas a que sesionáramos en ella.

 

De igual manera, las Secretarias de la Comisión en ningún momento, en ausencia o suplencia mía, han convocado.

 

Hoy en la actitud que más porril, por así decirlo, del más antiguo PRI, que pensé que nunca más íbamos a ver en este Senado, han violentado absolutamente todos los reglamentos y hecho una sesión totalmente ilegal.

 

No hay ninguna manera de que la Comisión de Justicia haya votado ahí, cuando el presidente de acuerdo al artículo 130, como queda perfectamente claro es quien tiene que convocar a que haya sesión de Comisión.

 

El Senador Burgos no puede convocar por las otras siete comisiones, él solamente puede convocar por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero en ningún momento puede convocar por la Presidencia de la Comisión de Justicia, la Secretaria de la misma no lo hicieron, aquí está la Senadora Pilar Ortega que es integrante de la comisión y en ningún momento recibió ninguna notificación de que teníamos que sesionar.

 

Es totalmente una violación al Reglamento del Senado de la República que reprobamos.

 

Yo le pediría a la Mesa Directiva, que no acepte ningún dictamen que se haya tomado en esta sesión, supuestamente de comisiones, totalmente contraria al Reglamento del Senado de la República.

 

Es una petición formal del grupo parlamentario de Acción Nacional, que la Mesa Directiva no violente los reglamentos del Senado y que no acepten ningún documento que haya salido de ésta, en virtud de que como presidente de la Comisión de Justicia, en ningún momento convoqué y no hay razón para que se tome una votación como válida por parte de esta comisión.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

PRESIDENCIA DEL SENADOR

ROBERTO GIL ZUARTH

 

 

El Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

 

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Señor Presidente, creo que no es tema, estamos tocando el tema Anticorrupción.

 

Si ellos están preocupados con lo que publicaron el día de hoy en los medios de comunicación que el PAN detenía a Mando Mixto, que sigan preocupados, aquí mandan 128 Senadores y  no manda un partido. Vuelvo a repetirlo, eh.

 

(Aplausos)

 

El Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Fernando Herrera.

 

El Senador Fernando Herrera Ávila: (Desde su escaño) Con profundo respeto a los compañeros Senadores, lamento profundamente la actitud de provocación del Partido Revolucionario Institucional.

 

Invito al Senador Gamboa, no emitir a esos comentarios que enfrentan y que dividen, sino encontrar los puntos de coincidencia.

 

El único camino que se debe de seguir aquí, es el de la legalidad exclusivamente.

 

Queremos invitarte, Senador Gamboa, Senadores del PRI y de todos los partidos políticos, a que el único que mande aquí, sea la legalidad y la razón. No la provocación.

 

Vamos por el camino de la legalidad y te pido recomponer el camino en aras de que la cordialidad y el buen desempeño y el buen trato que se ha tenido, se mantenga.

 

Vamos a respetar los cauces legales y, desde luego, darle a cada quien el espacio, la discusión que se está solicitando.

 

Lamento profundamente que la palabra empeñada no se haya respetado.

 

Lo único que puede tener un político es precisamente el respeto a esa palabra que se ha dado.

 

Hemos platicado y hemos avanzado y hoy yo quiero proponerle al Senador Gamboa: vamos a rectificar el procedimiento a dar el espacio y generar con visiones de diálogo para seguir transitando.

 

Yo te lo pido directamente, Emilio, vamos haciéndolo por el bien del Senado de la República; por el bien y el entendimiento de las diferentes fracciones parlamentarias.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Emilio Gamboa.

 

El Senador Emilio Gamboa Patrón: (Desde su escaño) Presidente, con mucha atención escucho a mi colega, el coordinador de Acción Nacional.

 

Respetaremos la legalidad, la Mesa Directiva tendrá que dictaminar si procede o no procede y el Pleno tomará la decisión.

 

Primero, escucharé qué trae el Presidente de Puntos Constitucionales, que fue el gran coordinador de ocho comisiones.

 

Entiendo perfectamente que Acción Nacional no quería discutir Mando Mixto, después de lo que pasó en las pasadas elecciones.

 

Las pasadas elecciones tuvieron un triunfo y han sido respetados.

 

Yo respetaré la legalidad como lo he hecho.

 

Respetaré el diálogo como lo he hecho y privilegiado.

 

No he hecho nada en tres años, ocho meses, más que estar dialogando con mis compañeros coordinadores, con el coordinador del PRD, del PAN, del PT, que no está ahorita y del Verde Ecologista.

 

Yo le ruego que sigamos con el tema, vendrá el Senador Burgos, no tienen por qué cambiar de tema.

 

No vamos a violentar la legalidad, de ninguna manera, no lo hemos permitido, ni cuando fue Senador presidente el Senador Cordero, ni cuando fue el presidente el Senador Cervantes, ni cuando fue el presidente el Senador Barbosa, ni cuando hoy usted preside dignamente la Mesa Directiva.

 

Yo le pido que sigamos el tema y discutiré con el coordinador.

 

No tengo ningún problema y no le di mi palabra, que no íbamos a ver Mando Mixto, le dije que tenía que hacer una consulta; la consulta llegó y me dijeron mis compañeros: procedamos el Mando Mixto.

 

Tiene razón el Presidente de Justicia, si él la convocó, estuvieron presentes las dos secretarias que no convocaron, es correcto. Veamos qué procede, pero yo le ruego que sigamos con el tema anticorrupción.

 

Muchas gracias.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Voy a escuchar las intervenciones del Senador Manuel Cárdenas Fonseca y del Senador Raúl Gracia, y posteriormente esta Mesa Directiva reconducirá el debate.

 

Sonido en el escaño del Senador Cárdenas Fonseca.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: (Desde su escaño) Gracias, Senador Presidente.

 

Sólo saber si cuando en el desarrollo de una sesión sometí un tema a consideración del Pleno y estando ya en la votación, ¿éste se puede suspender? Hasta donde yo sé no.

 

Y ahí me gustaría me ilustrara respecto si cambió el procedimiento. Ahora, entonces mi petición muy respetuosa es que se concluya el tema que está siendo sometido y que ya se inició la votación en lo general y que está en discusión en lo particular para que una vez concluido demos paso a lo siguiente, no creo prudente estar suspendiendo un tema como este que ya está en su etapa de votación para dirimir criterios distintos respecto de otro tema que es un hecho futuro de realización incierta su atención.

 

Gracias, Senador Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Raúl Gracia.

 

El Senador Raúl Gracia Guzmán: (Desde su escaño) No solamente es la Comisión de Justicia, también la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, que tampoco convocó ni a través de su Presidencia, ni a través de su mesa directiva a esta sesión.

 

Además, todavía más violatorio y más pareciese que buscando evitar la participación de Acción Nacional en este debate, a  no ser que le tienen miedo, lo hacen mediante la discusión de un tema de la mayor relevancia, algunos inclusive estábamos utilizando  la tribuna en ese momento.

 

Yo le solicito a la Mesa Directiva que no se tenga por presentado un dictamen por parte de la Comisión de Estudios Legislativos Primera y, en consecuencia, no se ha completado  el trámite legislativo.

 

Yo con mucho gusto, en fecha posterior, convocaré a la comisión para que el dictamen de la comisión coordinadora no manda, no se supedita, no se sustituye en el resto de las comisiones ha tenido a bien aprobar en puntos constitucionales, pero en el resto de las comisiones, si no fueron convocadas no se puede tener constituido su rol y su trabajo en base.

 

Estas dos legislaturas se han basado en el diálogo y en el consenso en comisiones, que es lastimoso que otros dos grupos parlamentarios hayan violentado esta práctica que tanta armonía y tanta sinergia ha generado este Senado.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: La Mesa Directiva no ha recibido ningún dictamen.

 

En consecuencia no puede calificar la legalidad reglamentaria sobre pieza legislativa alguna, en el momento que esta Mesa Directiva lo haga, se analizará, se discutirá y se realizarán las condiciones de legalidad de dicho dictamen en el momento en el que se recibe.

 

Estamos a la mitad de un procedimiento, estamos específicamente en la discusión en lo general de un dictamen, no estamos en condiciones de interrumpir dicho procedimiento, vamos a seguir con la discusión en lo general del dictamen en la parte correspondiente a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cualquier diferendo sobre la legalidad del dictamen que, en su caso se presente, habrá el momento para discutir, procedimentalmente si es correcto o no.

 

No es el momento procesal oportuno para hacer consideraciones reglamentarias en un dictamen  que no ha sido presentado a la Mesa Directiva.

 

Tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle.

 

¿Con qué objeto, Senador Lozano?

 

El Senador Javier Lozano Alarcón: (Desde su escaño) Bueno, para hacer también una precisión  del Reglamento del Senado que no se está respetando.

 

Dice el artículo 138. “Las reuniones de las comisiones se convocan en horas diferentes a las de las sesiones del Pleno, en las convocatorias se especifica el carácter público-privado de las reuniones”.

 

El siguiente apartado dice: “En casos urgentes o excepcionales, el Presidente de la Mesa puede autorizar que se convoque  a una reunión de comisión simultánea al desarrollo de la sesión en el Pleno”.

 

Es decir, esto es suficientemente importante, esta discusión en el Pleno para que estemos todos perfectamente reunidos aquí sin que se desahogue nada en paralelo.

 

Entonces,  simplemente démosle la importancia, ya de por sí se está discutiendo en la madrugada, este asunto es una irresponsabilidad, pero debiéramos estar haciendo las cosas en el Pleno.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Vuelvo a insistir, no estamos discutiendo en este momento las condiciones de legalidad de dictamen alguno, no es ese el debate, no estamos analizando el dictamen ni sometiéndolo a votación o a discusión. En este momento, estamos analizando, discutiendo y votando un dictamen enteramente diferente.

 

Cuando a la Mesa Directiva se le presente formalmente el dictamen analizará sus condiciones de legalidad y eventualmente de presentarse en el Pleno podrán discutirse sus condiciones, no es este el momento reglamentario respectivo.

 

Sonido en el escaño de la Senadora María del Pilar Ortega.

 

La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: (Desde su escaño) Presidente, para insistir en que sí se suspenda este debate hasta en tanto no resolvamos esta situación que realmente es muy lamentable, porque no tenemos ningún precedente en donde de esta magnitud en donde violándose todas las reglas procesales que tenemos que cumplir como Senado, pues se realizan comisiones totalmente por encima de sus mesas directivas y sin siquiera convocar a los integrantes de las mismas, con un tema tan delicado.

 

Y además, como ya lo dijo el Senador Lozano, cuando al mismo tiempo, en este Senado, se está debatiendo tal vez una de las reformas de mayor envergadura en la historia de este Senado y tal vez una de mayor importancia en los último años en nuestro país.

 

Entonces, considero que sí es suficientemente importante este tema para plantearlo a la Mesa Directiva y para pedir que se suspenda ese procedimiento violatorio y se reponga.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora Ortega, no puedo suspender un procedimiento que no ha sido del conocimiento de la Mesa Directiva.

 

La Mesa Directiva no tiene conocimiento formal de ningún dictamen, no lo hemos recibido. No puedo suspender un procedimiento que no existe.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Cárdenas Fonseca.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca (Desde su escaño): Gracias, Senador Presidente.

 

Yo insistiría que estamos en un tema iniciado, y que el mismo no puede ser suspendido porque ya fue sometido a consideración del Pleno.

 

Le ruego, señor Presidente, que concluyamos el tema iniciado para no estar argumentando una ilegalidad que todavía no se actualiza, en tanto esa Mesa Directiva no conoce de.

 

Por cuanto a que por otra parte, lo que sí está actualizado es que ya estamos discutiendo un dictamen que fue sometido a nuestra consideración, y que parte de él ya está votado y estamos en tránsito de concluir la votación correspondiente.

 

Es cuanto.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Continuamos con la discusión en lo general del dictamen.

 

Y tiene el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del mismo.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente. Con su venia.

 

Vengo a hablar a favor del presente dictamen del lado de la ciudadanía.

 

Estamos por aprobar este conjunto de leyes que nos compromete con acabar con el terrible fenómeno de la corrupción.

 

Acción Nacional compartió y respaldó la preocupación de detener este mal desde antes de la presentación de la Iniciativa Ciudadana denominada 3de3; trabajamos en fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ya que estamos convencidos de qué es la transparencia, será siempre una herramienta que le permitirá al ciudadano observar y vigilar la conducción de cualquier servidor público.

 

Este aparato legislativo integra el invaluable ímpetu ciudadano para lograr que los actos de corrupción se castiguen y persigan como cualquier delito que vulnera la estabilidad social, respondiendo al hartazgo ciudadano al ver como parte de la normalidad diaria y cotidiana el lamentable fenómeno de la corrupción.

 

Estos productos legislativos procuran que cada palabra esté redactada con la intención de crear un método claro y objetivo que realmente resuelva el grave problema de la corrupción.

 

Los servidores públicos no dejan de ser personas y sus garantías individuales deben de ser respetadas a fin de que el proceso se siga en su contra y no se caiga por cuestiones procesales y no se atente contra la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Quienes cometen actos de corrupción deben ser castigados y suspendidos en su labor, es el único camino que tenemos para erradicar este problema tan dañino para nuestra sociedad.

 

Ahora bien, la corrupción es un fenómeno que se replica desde las esferas públicas hacia las privadas, y la solución debe ser institucional, legal y definitiva.

 

No podemos seguir permitiendo que actos ilegales, que pueden ser evitados, sigan afectando de esta manera a nuestro país.

 

Es por ello que consideramos que la corrupción no está delimitada al servicio público.

 

El enriquecimiento ilícito con recursos públicos incluye también a las asociaciones, sindicatos u organizaciones de naturaleza análoga que tengan a su cargo la asignación, administración y ejecución de este fondo público.

 

Por ello ya escuchamos al Senador Gracia, al Senador Salazar.

 

Hace unos momentos, bueno, hace varias horas se escuchaba también por primera vez este tema por parte del Senado Encinas, donde esta ley, este sistema todavía está incompleto, está incompleto y puede ser mejorado, porque, pues todas las personas que tengan acceso a recursos públicos deben de formar parte de este sistema.

 

Y permítanme darles algunos ejemplos que me parecen muy importantes de uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial, se trata de Ruchir Sharma, identificó la relación que existe entre la acumulación de la riqueza de unos cuantos ligado con la relación contractual que se tiene con los gobiernos.

 

Es decir, según el escritor, la manera más segura de hacer una gran fortuna es construyendo una relación estrecha con el gobierno.

 

De acuerdo al último libro de este gran economista, se llama “Rise and fall of nations”, cataloga a las nuevas generaciones de millonarios en el mundo, los que acumulan riquezas superiores a los mil millones de dólares, y los cataloga por país como buenos y malos.

 

¿Y a qué se refiere esta categoría? A aquellos que acumulan o amasan sus fortunas a través de los inventos, a través de las nuevas tecnologías, a través de descubrimientos, y a los otros, que gran parte de las fortunas que han acumulado, es a través, ya sea de sus empresas o de ellos mismos, con contratos con los gobierno, o con contratos relacionados con dinero público, y permítame darle algunos datos.

 

Estos porcentajes que les voy a decir de los malos millonarios así catalogados:

 

Australia, 45%, muy alto.

 

Canadá, 11%.

 

Francia, el 5%.

 

Alemania, el 1%.

 

Italia, el 3%.

 

Brasil, el 5%.

 

China, el 27%.

 

India, el 31%.

 

Indonesia, el 12%.

 

México, 71%.

 

Creo que los datos hablan por sí solos.

 

En nuestro país estamos ávidos de inversiones y generar confianza y certidumbre para todas las empresas que necesitamos que esos flujos se vean reflejados en nuestra economía, pero para poder contar con esos modelos de confianza y certidumbre es necesario que los contratos, las licitaciones y las concesiones también estén apegados y observados mediante ese sistema anticorrupción.

 

Hoy por hoy los criterios internacionales respecto a las mejores prácticas que deben cumplir las empresas son relativas a la organización interna, revelación de intereses, normas y procedimientos y los controles contables internos que ayuden a prevenir y detectar los actos de corrupción.

 

Esta tendencia internacional debe estar contenido en esta ley de vanguardia, ya que la relación gobierno-iniciativa privada ha caminado de la mano para construir grandes obras en pro de la población mexicana.

 

Es así que con una Ley de Responsabilidades Administrativas que obligue a las declaraciones patrimonial de interés y fiscal sean presentadas también por las organizaciones privadas que reciban recursos públicos promoverá identificar plenamente al beneficiario y así también observar la evolución de esos ingresos.

 

Es por ello que el Sistema Nacional de Anticorrupción nacerá muy pronto, pero es necesario que nazca completo, que nazca fuerte y contando con todos los elementos para que verdaderamente se combata a la corrupción y así se cumpla de verdad con esta exigencia de las y los ciudadanos, poniéndonos a la altura de las soluciones a estas exigencias.

 

Yo quiero reconocer ahorita también aprovechando el debate que teníamos la labor que ha desempeñado en el desenvolvimiento de todo este proceso y en el cauce de todas estas leyes al Senador Roberto Gil y a la Mesa Directiva, me parece que hemos podido debatir y hemos podido identificar cuáles son las enormes coincidencias que nos llevan a aprobar todos y cada uno de estos dictámenes, pero generemos un sistema que castigue a los corruptos, acabemos para siempre con el famoso diezmo, con el 10% que a muchos funcionarios ha beneficiado de manera ilegal, pero este sistema, insisto, estaría incompleto si dejáramos fuera al 90% restante.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse a favor del dictamen.

 

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, señor Presidente.

 

Señoras y señores Senadores.

 

El combate a la corrupción es un asunto de primera importancia para la sociedad y el Estado mexicano.

 

En el legislativo, y en específico en el Senado de la República, se ha demostrado un serio compromiso para concretar las leyes que les den dientes, atribuciones, al Sistema Nacional Anticorrupción, prueba de este compromiso es la presentación de este dictamen para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estamos ante un momento histórico para este Senado.

 

Este dictamen es producto de un esfuerzo ciudadano ejemplar, como nunca lo habíamos visto, y su base fue precisamente la iniciativa conocida como 3de3, presentada por un colectivo de organizaciones sociales y académicas.

 

La realidad democrática en nuestro país está abriendo cada vez más canales formales de participación ciudadana, y este esfuerzo demuestra la importancia de contar con una ciudadanía más activa y propositiva.

 

Reconozco y felicito a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, por su apertura para trabajar este tema tan delicado de manera pública y transparente, es la primera vez que este Senado trabaja bajo las reglas del parlamento abierto, mismo que fue impulsado por el sistema de transparencia.

 

Y en este contexto democrático en el PRI estamos convencidos de que nuestra obligación es trabajar de cara y de la mano con la sociedad, y así lo hicimos durante todo el proceso de elaboración de la legislación  secundaria en materia de anticorrupción, resultado de todo este ejercicio de diálogo el presente dictamen establece principios, bases y procedimientos para la prevención, detección, investigación, sanción y erradicación de la corrupción en el servicio público.

 

Representa  un cambio de paradigmas que coadyuvará en la construcción de una nueva cultura anticorrupción dentro de la función pública, así como a la ampliación de los mecanismos de investigación de los hechos de corrupción.

 

Debemos reconocer que erradicar la corrupción implica no sólo un cambio estructural en la forma de gobernar, implica también un cambio a nivel social para cerrarle el paso desde todos los frentes, este dictamen contempla responsabilidades administrativas no sólo para los servidores públicos, sino también para las personas físicas o morales que vulneran la ley de modo que la corrupción se combate desde todos los frentes sin dar lugar a la impunidad.

 

Establecen las conductas relativas, primero a hechos de corrupción; segundo, a conflicto de intereses; tercero, desvío de funciones; cuarto, enriquecimiento ilícito, y además, brinda la oportunidad a la ciudadanía de participar activamente en el combate a la corrupción a través de la denuncia en completa confidencialidad.

 

Establece las sanciones a particulares en caso de faltas graves, los procedimientos para su aplicación y  las facultades de las autoridades competentes.

 

Plantea que todo ente público establezca políticas de ética y  responsabilidad en el servicio público.

 

Los servidores públicos deberán anteponer los intereses colectivos por encima de  los particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.

 

Contaremos con autoridades competentes e independientes para interpretar y aplicar la ley, así como mecanismos de prevención y rendición de cuentas.

 

Se dará puntual seguimiento y publicidad a la evolución patrimonial, declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal de servidores públicos.

 

Establece las faltas administrativas graves de los servidores públicos tales como cohecho, peculado, enriquecimiento oculto u ocultamente de conflicto de interés, tráfico de influencias, entre otros.

 

Cuando se trate de faltas administrativas graves o falta de particulares el plazo de prescripción será de siete años, vuelvo a señalarlo, será de siete años, contamos en los mismos términos de lo que señalé anteriormente.

 

El progreso político, económico y social de México depende en gran medida del combate a la corrupción y un alto a la impunidad.

 

El combate a la corrupción no es ni debe ser una moda, es un asunto estructural y de fondo que estamos abordando con visión de corto, mediano y largo plazo, y es un tema que va a requerir de la participación de todos los sectores de la sociedad para tener éxito; nadie puede quedar excluido; la corrupción no solo afecta las relaciones y la convivencia entre la sociedad  mexicana, sino que también daña las instituciones, el estado de derecho y los principios fundamentales de la democracia.

 

Este proceso no termina hoy en el legislativo ni mañana ni pasado, la implementación nos va a corresponder a todos y debemos responder a esta altura de miras. Es el momento de actuar todos los mexicanos, todos estamos llamados a poner un alto a la corrupción y decir, ya, un basta a la impunidad.

 

Por eso, en el grupo parlamentario del PRI nos pronunciamos a favor de la aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual sin duda va a construir una base sólida y coadyuvante en el éxito del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Es cuanto señor Presidente.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del proyecto.

 

Informo a la Asamblea que se recibieron los textos de las intervenciones del Senador Carlos Alberto Puente Salas y de la Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, insértese íntegramente en el Diario de los Debates.

 

El Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor Presidente.

 

A lo largo de esta noche hemos escuchado diferentes tonos y diferentes objetivos del debate que se ha dado en esta tribuna, me parece, sin duda alguna, que eso es justamente una característica de los parlamentarios.

 

Algunos han venido a hacer debates políticos, algunos han venido a hacer debates electorales, algunos han venido a hacer debates técnicos.

 

Como Presidente de la  Comisión, estoy obligado a hacer un debate técnico, apartado de la parte política y de la parte electoral, eso ya pasó.

 

Vengo a aclarar algunos puntos que se han dicho en esta tribuna.

 

Se ha hablado de que no existe un esquema de protección a testigos. Se ha dicho aquí que la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en los Procedimientos Penales, textualmente se ha dicho así, que es una ley específica para delincuentes arrepentidos.  Nada más lejos de la realidad.

 

Lo que corresponde es hacer la revisión puntual de esta ley; lo que corresponde es revisar quiénes son las personas que pueden ser protegidas. Y el artículo 15 de este ordenamiento habla de las víctimas, de los ofendidos, de los testigos, de los testigos colaboradores, de los peritos, de los policías, de los ministerios públicos y de quienes hayan colaborado eficazmente en una investigación o en un proceso. Y ahí  mismo se establecen las medidas de asistencia que se pueden dar, ya sea asistencia de tratamiento psicológico, médico o sanitario; asistencia en asesoramiento jurídico gratuito; asesoramiento también o protección con seguridad, apoyo económico para el alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables. Es decir, tenemos un ordenamiento específico para los testigos, una ley especial.

 

Por el otro lado, de la revisión puntual del Código  Nacional de Procedimientos Penales, también encontramos otros ordenamientos, además de los propios que hemos establecido en la Ley de Responsabilidades que se ha presentado.

 

También se ha dicho en esta tribuna que no teníamos un tipo administrativo para los moches o para la adquisición de inmuebles a un precio inferior.

 

De la lectura del dictamen que tienen en sus manos, se desprende, en el artículo 52, que incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consiste en dinero, en valores, en bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación de precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado, donaciones, servicios, empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que se tenga relación  profesional.  Me parece que este artículo 52 cabe perfectamente en los tipos que se han solicitado.

 

Por otra parte también se ha mencionado en esta tribuna, que es prácticamente irreconocible el dictamen que se ha presentado, respecto a la Iniciativa 3de3 de los ciudadanos.

 

Para ello quisiera dejar inscrito, señor Presidente, en el Diario de los Debates, dos documentos que todos conocen.

 

Una carta que recibimos, el Senador Raúl Cervantes y su servidor, de parte de Fundar, de Transparencia Mexicana, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, de México Contra la Corrupción, de México Evalúa, de Sergio Huacuja, Max Kaiser, del CIDE, de la Red por la Rendición de Cuentas, de Juan Pardinas, de Jayde Pérez, de Pedro Salazar y de José Roldán Xopa.

 

En esa carta contiene un análisis técnico punto por punto de 30 reactivos, y ahí todas esas organizaciones han manifestado estar de acuerdo en 29 puntos, y nos han señalado uno en ese momento, que era lo que era correspondiente a las declaraciones patrimoniales, 29 puntos avalando con una redacción, diciendo que avalaban estos cinco instrumentos.

 

Deseo que quede en el Diario de los Debates este documento que recibimos.

 

Y también deseo que quede en el Diario de los Debates la intervención íntegra del día de ayer, del maestro Eduardo Bohórquez, donde nos habló justamente de las opciones que existían para solventar el tema de las declaraciones patrimoniales.

 

Les agradezco mucho la paciencia y espero que esto ilustre a la Asamblea, en un debate técnico y no político, que creo que es lo que se merece el día de hoy este Senado de la República y los  mexicanos.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tome nota la Secretaría de los documentos que acaba de entregar el Senador Escudero.

 

¿Alguna otra intervención?

 

Al no haber más oradores para la discusión en lo general, procederé a dar lectura a las reservas que se han presentado.

 

Senador Manuel  Cárdenas Fonseca, reservas a los artículos 3, 4, 27,  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81.

Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reservan los artículos 4 y 32, y adición de un artículo 27Bis.

Senadora Mariana Gómez del Campo, reserva los artículos 4, 32 y adición de un artículo 27Bis.

Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, 5, 26, 27, 29, 34, 50, 77, 98.

Senadora Dolores Padierna, 95 y eliminación del artículo 5.

Senador Miguel Romo Medina, artículo 9.

Senadores del grupo parlamentario del PAN y del grupo parlamentario del PRD, artículo 29.

Senador Armando Ríos Piter, artículos 26, 27, 29, 61.

Senador Zoé Robledo Aburto, artículos 49, 111, 112, 113, 114 y 115.

Senador Fidel Demédicis Hidalgo, artículo 50 y eliminación del artículo 101.

Senador Rabindranath Salazar Solorio, artículos 50, 95, 98 y eliminación del artículo 101.

Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, artículo 61.

Senadora Angélica de la Peña Gómez, artículos 102, 104, 105, 107, 109 y supresión de los artículos 106 y 108.

¿Alguna otra reserva que desea ser inscrita?

Informo a la Asamblea que se ha recibido la intervención del Senador Arturo Zamora.

Insértese en el Diario de los Debates.

¿No hay ninguna otra reserva para inscripción?

En consecuencia, háganse los avisos a los que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.

Abrase el sistema electrónico de votación, para tomar la votación nominal del apartado correspondiente del dictamen en lo general y en los artículos no reservados.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta de la votación, se emitieron 94 votos a favor, 23 en contra y cero abstenciones.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia queda aprobado en lo general, y los artículos no reservados del proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Pasamos a las reservas, y se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para presentar reservas a distintos artículos del proyecto de decreto.

 

El Senador Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia.

 

Y solicitando respetuosamente la presentación y consideración de todos los artículos reservados en un solo acto.

 

Procedo a hacer del conocimiento de ustedes los criterios de las reservas presentadas que dan orden, estructura a la idea primigenia que la motiva y al fin último que pretenden: atacar la impunidad, la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones acotando las posibilidades de usufructuar ilegalmente el patrimonio de todos los mexicanos.

 

Con ellas, los servidores públicos quedan obligados en los términos demandados por amplios segmentos de la sociedad comprometidos con una gestión gubernamental más abierta, transparente y de sana cercanía con la sociedad. Debemos combatir de manera efectiva todas las conductas que permitan la impunidad y también las que constituyan actos de corrupción en detrimento del patrimonio de todos los mexicanos.

 

Difícilmente encontraremos quién se pronuncie en contra de perfeccionar el combate a la impunidad y a la corrupción. Quienes estamos a favor del Sistema Nacional Anticorrupción debemos aportar sobre el particular, propiamente, enriqueciendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

De lo anterior dar orden, coherencia a la presentación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses es un elemento fundamental, así sí participamos, incluyendo a todos los involucrados cuando se actualice la hipótesis. Los servidores públicos al asumir el encargo, los particulares al entrar en vinculación legal con el patrimonio y el gasto público.

 

La mayoría de los mexicanos queremos, exigimos un basta ya a servidores públicos que, cometiendo ilícitos, se encuentran fuera del alcance de la ley. También un basta ya a particulares y/o empresarios que legalmente se benefician al entrar en vinculación legal con el patrimonio de todos los mexicanos y obtienen ilícitamente beneficios en contubernio con burócratas y/o servidores públicos.

 

Todos los involucrados en ese binomio, demandante de bienes o servicios u ofertante de bienes o servicios deben, partiendo claro de la buena fe y la presunción de inocencia, al actualizarse su relación con los bienes de la nación o el gasto público, presentar sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de intereses. Nadie, sugiero, en su sano juicio puede oponerse a la prevención del delito; nadie, sugiero también en su sano juicio, puede proponer o permitir tratos de privilegio e ilegalidades.

 

Nadie, que sea sensato, puede oponerse a que se castigue al que ilegalmente recibe una renta producto de la evasión o elusión fiscales, de la simulación, del tráfico de influencias, del conflicto de intereses, de la alteración de precios o el uso indebido de información privilegiada.

 

Es por ello que he presentado reservas a los artículos ya mencionados del dictamen que se nos presenta en tanto la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y les pido, respetuosa, sentidamente, sean admitidas a discusión  y, en su momento, poder recibir su aprobación.

 

De esa suerte destaco que se propone incluir en el artículo 32 del proyecto que estén obligados a presentar bajo protesta y decir verdad, reitero, presumiendo la buena fe y la presunción de inocencia, la declaración de situación patrimonial y de intereses ante las Secretarias u Órganos Internos de Control, los servidores públicos.

 

Cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios.

 

Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior.

 

Asimismo, presentar su Declaración Fiscal Anual en los términos que disponga la legislación de la materia.

 

Por otra parte, los particulares deberán presentar las declaraciones enunciadas ante el Órgano Interno de Control del ente público que le haya asignado los recursos o con el que  haya contratado.

 

Insisto, en ambos casos es al actualizarse la relación con el gasto público y el patrimonio nacionales.

 

Lo anterior y la forma en que están estructurados estos artículos que son correspondientes unos con otros, fundamentalmente el 3 y el 4 y, por tanto el 28 que ya se comentó aquí, todos ellos; todos ellos provienen de muy diversas propuestas de todas las fracciones parlamentarias y las fuerzas políticas aquí representadas.

 

Así pretendemos dar plena certidumbre a que todo sujeto que lleve, realice una actividad que implique el manejo directo o indirecto de recursos públicos, deberá cumplir las obligaciones establecidas en la ley, con lo que se abona la transparencia de la gestión.

 

El combate preventivo a posibles actos contrarios a la ley, y preserva la integralidad del sistema, no sólo con controles para servidores públicos, sino para todo aquél que participe en procesos en que esté de por medio el Estado.

 

El patrimonio, ahora bien, de todos los mexicanos.

 

Ya se señaló aquí, respecto del artículo 28, y ya se advirtió aquí también, y ya se dijo la responsabilidad de los ciudadanos que deberán asumir al presentarle al comité los formatos y la información, sin violentar y contravenir el texto constitucional.

 

Finalmente, se propone incluir como faltas de particulares en situación especial, las del particular que estando obligado en términos de la ley a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, omita presentar dichas declaraciones dentro de los plazos previstos en la ley, falte a la veracidad en la presentación de dichas declaraciones con el fin de ocultar el incremento en su patrimonio, el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable, incluyendo el conflicto de intereses.

 

Insisto, y debo destacar que el contenido de las reservas, plasma propuestas de Senadores el PAN, del PRI, del Partido Verde Ecologista Mexicano, del PRD, y de muchos empresarios, como ya lo señalé, cuando se debatía en lo general.

 

Muchos empresarios sinaloenses que no quieren, que detestan nuevos ricos sexenales.

 

Y allí que cuando un empresario como persona física o jurídicamente colectiva reciba bajo cualquier relación legalmente establecida, una contraprestación en especie o en pecuniario, se actualiza la obligación de presentar, insisto, bajo la buena fe y la presunción de inocencia, las mismas declaraciones que el servidor público.

 

Compañeras y compañeros: No es nada más, tampoco es nada menos.

 

Todos bajo el mismo racero, a la hora de entrar en contacto con el patrimonio de todos los mexicanos.

 

Es cuanto, Senador Presidente.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Entiendo, Senador Cárdenas que ha presentado el conjunto de las reservas.

 

En virtud de que han sido expuestas por parte del orador, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admiten a discusión las propuestas del Senador Manuel Cárdenas Fonseca.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Si se admiten a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

 

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban las reservas presentadas por el Senador Cárdenas Fonseca.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si son de aceptarse las propuestas presentadas por el Senador Cárdenas Fonseca.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aceptada, señor Presidente.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El conjunto de artículos se votarán en los términos que han sido expuestos por el Senador Cárdenas Fonseca.

 

Tiene a continuación el uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle Maury, para presentar a nombre de Senadores del grupo parlamentario del PAN, reservas sobre el artículo 4, 32 y una adición de un artículo 27 Bis.

 

Sonido en el escaño del Senador Lavalle.

 

El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

 

En virtud de que he escuchado la presentación y lo que hemos aprobado aquí por parte del Senador Cárdenas, me parece que la reserva que habíamos firmado un poco más de 20 Senadores del PAN, está atendida, a través de lo que acabamos de aprobar, así es que la bajamos.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se reservan los artículos para su votación. Se retira la reserva, procedemos.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo ha presentado propuesta de modificación a los artículos 4, 3, 32 y adición de un artículo 27 Bis.

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea si  se admiten a discusión o desea retirar la reserva, en virtud de que se trata de los mismos artículos que la reserva anterior, Senadora Gómez del Campo.

 

Sonido en el escaño de la Senadora Gómez del Campo, por favor.

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza: (Desde su escaño) Muchas gracias, Presidente.

 

Retiro la reserva, muchas gracias.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se retira la reserva, en consecuencia los artículos serán votados en conjunto.

 

El Senador Benjamín Robles Montoya presentó reservas a los artículos 5, 26, 27, 29, 34, 50, 77 y 98.

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de admitirse a discusión dichas reservas.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robles Montoya.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admiten a discusión, señor Presidente.

 

EL Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos se votarán en conjunto.

 

La Senadora Dolores Padierna Luna ha presentado reserva al artículo 95 y la eliminación del artículo 5.

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de admitirse a discusión dichas reservas.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas de la Senadora Padierna.

 

Quienes estén  por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admiten a discusión, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos se votarán en conjunto en los términos del dictamen.

 

El Senador Miguel Romo ha presentado reserva al artículo  9 y me solicita que lo lea la Secretaría.

 

Dé lectura la Secretaría a la reserva presentada por el Senador Miguel Romo Medina.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Artículo 9º. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultades para aplicar la presente ley.

 

Fracción V. Tratándose de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de los poderes judiciales, serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal conforme al régimen establecido en los artículos  94 y 109 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente, y los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la Judicatura respectivos de acuerdo en lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes.

 

Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las entidades de fiscalización de las entidades federativas en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte ahora la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se admite a discusión la propuesta que ha sido leída.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión la propuesta presentada por el Senador Romo Medina.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se admite a discusión, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Está a discusión.

 

Al no haber oradores inscritos, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se acepta la propuesta formulada por el Senador Romo Medina.

 

La Secretaria Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta presentada por el Senador Miguel Romo.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Aceptada, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Aceptada la propuesta, se reserva para su votación en los términos que han sido formulados por el Senador Romo Medina.

 

Tiene ahora la palabra la Senadora Laura Rojas, para presentar reserva relacionada con el artículo 29, suscrita por Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

 

La Senadora Laura Rojas Hernández: Muchas gracias, Presidente.

 

En enero del 2015, hace ya pues más de un año y medio, Zoé Robledo me invitó a participar de un proyecto nuevo. Era una idea novedosa, pero sobre todo, era una idea retadora,  era una idea desafiante a la forma en la que los políticos nos hemos relacionado con los ciudadanos en este país desde siempre.

 

Zoé, ustedes tal vez lo recordarán, había hecho propia la propuesta de Transparencia Mexicana presentada en diciembre de 2014, de hacer obligatoria la declaración de intereses para todos los servidores públicos y también de hacer público el patrimonio de los servidores públicos de México.

 

Zoé anunció su intención de trabajar por hacer posibles estas ideas en el discurso de la entrega de la Medalla “Belisario Domínguez”, a finales de 2014.

 

Me invitó. Esa idea no era para nada una idea simple, porque implicaba, en primer lugar, convencerse uno mismo y a la familia.

 

Había que resolver decenas de dudas técnicas y había que resolver también temores bien fundados sobre exponerse a la delincuencia organizada.

 

Por modesto razonable, de acuerdo con mi propia trayectoria laboral y pública que fuera mi patrimonio, yo pensaba que seguramente habría críticas.

 

También, por supuesto, los argumentos sobre el derecho a la privacidad rondaban una y otra vez en mi cabeza.

 

Sin embargo decidí explorar la posibilidad, y nos pusimos a trabajar. Un equipo técnico de Zoé, de su oficina, la mía, con un equipo técnico de Transparencia Mexicana y del Instituto Mexicano para la Competitividad.

 

Nos pusimos a trabajar en la definición de un formato que pudiera hacer pública la declaración patrimonial y desarrollar un formato para declarar los intereses.

 

Sobre el tema fiscal, decidimos en ese entonces, que bastaba con la presentación de la presentación de la declaración de impuestos.

 

Acordar cada campo de información pública implicó larguísimas deliberaciones.

 

El proceso de definición de ese formato fue también uno por el que nos fuimos convencidos de que el beneficio público de apostar por esta idea bien valía la pena superar nuestras dudas y temores.

 

Debo decir que nunca imaginé que esos formatos se convertirían en una bandera, una bandera tan grande, que acaparó no sólo la decisión de la ley que lo contiene, la Ley de Responsabilidades, que es la que estamos discutiendo en este momento, sino que acaparó la discusión sobre todo el Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Una bandera que han adoptado ya más de 700 candidatos y servidores públicos; 22 gobernadores y gobernadores electos; seis gabinetes estatales; presidentes municipales; regidores y legisladores locales, y que apoyaron, como se ha dicho repetidamente en esta sesión, los más de 634 mil ciudadanos que firmaron la Iniciativa conocida como 3de3.

 

Los formatos están basados en las prácticas de ocho sistemas de avanzada en el mundo, buscando traer a México las mejores experiencias internacionales.

 

Y si bien estos formatos reflejan los montos expresados en rangos, y esto es muy importante subrayarlo, en rangos, no publican cuentas bancarias, direcciones, nombres de dependientes económicos, por supuesto no es obligatorio que los cónyuges publique su información, si es que no lo desean, y cualquier otro dato personal está debidamente protegido de acuerdo con nuestra Constitución y con la ley de la materia.

 

Son los formatos que miles de ciudadanos, en todo el país, han convertido en una práctica política nueva, que sienta las bases para una nueva relación entre ciudadanos y servidores públicos.

 

De hacer públicas las declaraciones, también se fueron convenciendo muchos compañeros Senadores, varios de mi fracción, Marcela Torres, en fin, varios de mi fracción, de otras fracciones también, y en general, creo que se fueron convenciendo de esta idea todos los grupos parlamentarios.

 

Al final de esta discusión, todos los grupos presentamos alternativas para poder materializar esta idea, de tener una versión pública de las declaraciones patrimoniales de interés y fiscal.

 

Tal es el caso de la propuesta del Partido Verde y del PRI, que está plasmada en el addendum, que propone dejar en manos del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la definición de los formatos.

 

Sin embargo, tanto el grupo parlamentario del PAN, como del PRD y los Senadores independientes que estamos presentado esta reserva, consideramos que es mucho mejor no aplazar la definición de los contenidos de los formatos de las versiones públicas, y establecerlo de una vez en la ley de acuerdo con lo que los ciudadanos nos están pidiendo.

 

La publicidad de las tres declaraciones con estos formatos son el rostro de un movimiento nacional que busca la regeneración de nuestro sistema político. En ellos están depositados amplias expectativas sociales, así hay que entenderlo, pero sobre todo la esperanza de que nuestro país pueda superar los niveles de corrupción e impunidad que hoy padece.

 

Por eso es que estos grupos parlamentarios y los Senadores independientes presentamos una reserva al artículo 29 del dictamen de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos que retoma y describe en sus términos y a cabalidad los formatos a los que he hecho referencia, esto en respuesta a la solicitud hecha por el representante de los ciudadanos impulsores de la Ley 3de3, Eduardo Bohórquez, que nos dijo: “proponemos que el Congreso abrace la iniciativa ciudadana 3de3 con los formatos que han sido utilizados por más de 700 candidatos y servidores públicos en todo el país, y que sea, con base en estos formatos, mismos que la opinión pública conoce y promueve que sea el comité ciudadano del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción el órgano competente para proponer anualmente los formatos a utilizar y las versiones públicas de los mismos”.

 

Reitero que en esta última parte consideramos que es mejor no esperar a que sea el Comité de Participación Ciudadana quien los proponga, sino establecerlos de una vez en la ley.

 

Les pido, entonces, compañeras y compañeros ciudadanos, que abracemos esta iniciativa, los formatos, la bandera de reconstrucción de confianza entre políticos y ciudadanos, les pido que abracemos la esperanza de una mejor clase política votando a favor de esta reserva.

 

Muchas gracias.

 

Y Presidente Gil, le pediría que la votación de esta reserva pueda ser nominal con el apoyo de varios Senadores que están respaldando esta propuesta.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Voy a dar el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo, en virtud de que se trata de la misma reserva y viene suscrita por los dos grupos parlamentarios, antes de someterlo a votación, y lo haré a través del tablero electrónico.

 

Tiene el uso de la palabra el Senador Zoé Robledo.

 

El Senador Zoé Robledo Aburto: Muchas gracias, Senador Presidente.

 

Compañeras y compañeros: Bien decimos los mexicanos que “no hay plazo que no se cumpla” llegamos al momento que se evitó durante meses y meses y meses de tomar una definición, la definición de acompañar a 634 mil ciudadanos, muchos de ellos que votaron por nosotros y darles un voto de confianza a ellos, o de decirles gracias, pero no gracias, decirles que vamos a hacer con su iniciativa ciudadana como si Dios nos hablara, y que simplemente no la vamos a incluir en el dictamen.

 

Aquí la cosa es clara, ya no hay grises, ya no hay aproximaciones, es a favor de la Ley 3de3 o a favor de una interpretación de esa Ley 3de3.

 

Antes de empezar quisiera que pudiéramos revisar en la Ley del Congreso cómo se establece la representación de una iniciativa ciudadana.

 

El artículo 133 es muy claro, sobre todo para aquellos que acaban de interpretar que los ciudadanos, los 634 mil, les pidieron un addendum, que les pidieron que aplazaran el tema, que les pidieron que fuera el Comité de Participación Ciudadana quien propusiera y el comité coordinador quien dispusiera, es decir, todo a través entre políticos.

 

El artículo 133 es muy claro, dice que: “en el proceso legislativo de dictamen en cada Cámara el presidente de la comisión deberá convocar al representante designado por los ciudadanos para que asista a una reunión de la comisión que corresponda a efecto de que exponga el contenido de su propuesta”.

 

Y dice un segundo párrafo: “las opiniones vertidas durante la reunión a la que fue convocado no serán vinculantes para la comisión, y únicamente constituirán elementos adicionales para elaborar y emitir su dictamen”, esto de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Cámara respectiva.

 

No hay una vinculación entre una salida, como propuesta, y lo que firmaron los 634 mil, los 634 mil no firmaron porque fuera el Comité de Participación Ciudadana el que determinara los contenidos de las tres declaraciones, entonces, vayamos dejándolo claro, vayamos dejándolo claro porque justamente Transparencia Mexicana, uno de los organismos que ha estado más presente, al cual pertenece el representante de los ciudadanos, dice: “cuidado con citas tendenciosas, porque lo que pidieron fue que los formatos que han sido utilizados por más de 700 candidatos y servidores públicos en todo el país sean los que se incorporen a la ley”.

 

Por eso es que en este momento ya llegamos al punto de quiebre, ¿les damos el voto a los ciudadanos o no?

 

Les decimos que haber formado parte de una iniciativa ciudadana, ¿valió la pena o no?

 

¿Les decimos que jugaron a la democracia como siempre y perdieron, como siempre?

 

O les damos apertura, es un asunto de responsabilidad, qué mexicano, qué mexicana volverá a firmar una iniciativa ciudadana, si la primera que se pone a consideración se rechaza en el corazón de lo que interpretaba debemos de  hacer.

 

Por algo se  llamaba 3de3, por algo se llamaba así, porque ese era el corazón, la publicación de las tres declaraciones.

 

Creo que estamos a punto de tomar una decisión memorable o una decisión de las de siempre. Podemos aprovechar este inmenso potencial que tienen los ciudadanos participando de manera institucional para cambiarle el rostro a la política y a los políticos de este país.

 

Muchos legisladores de manera seria, honesta han dicho que les preocupa su privacidad, que les preocupa que esta sea una iniciativa extrema, una propuesta radical, algo que violenta la esfera individual de libertades y que los ponen en riesgo.

 

Pensar así es pensar de manera equivocada la política; quienes ejercemos un cargo público y contamos con la autoridad para representar los intereses de una soberanía no podemos invocar la defensa de una vida privada de libertades como podría hacerlo cualquier otro ciudadano.

 

Hay que empezar a entender que formar parte de la política debe de ser algo digno, alejado de los privilegios y asumir sacrificios, porque la política nos trae enormes satisfacciones, la satisfacción de servir, de poderle cambiar la vida a la gente. Quedémonos con eso, y atendamos el llamado de los ciudadanos.

 

Y tenemos que 3de3 en declaraciones públicas en la ley, es otra cosa, no sirve, necesitamos las tres declaraciones, no en una lógica de cacería, no en una lógica, como decían ayer, de morbo, no es una violación a la privacidad de los particulares, es hacer política como siempre se debió haber hecho.

 

A partir de ahora, la decisión será muy clara, quien quiera hacer política debe asumir la transparencia como una forma de vida, debe de asumir que es distinto a los demás, que tiene enormes oportunidades, y que no se va a servir de ella, jamás.

 

Tener las tres declaraciones, es lo que están pidiendo los ciudadanos, tenerlas juntas, tenerlas completas, y con la obligación de ser publicadas sin reservas en la ley por las siguientes razones: La patrimonial, para que sepamos que nadie se está enriqueciendo.

 

La de intereses, para que sepamos que nadie está interponiendo un interés particular a la voluntad de la gente, al interés público.

 

Y, finalmente, la fiscal, la fiscal como la comprobación de  nuestra responsabilidad, y  más aún para  los Senadores que somos quienes tenemos la obligación de diseñar la política fiscal de este país, lo primero que tendríamos que decirle a los ciudadanos es que pagamos todos nuestros impuestos; pero además, porque es las que permite empatar todo lo demás, empatar que lo que se declara como patrimonio fue ganado y tuvo un reflejo en la hacienda pública.

 

Por eso, compañeras y compañeros: Cualquier ruptura al equilibrio extraordinario que generaron los ciudadanos va a ser evaluado por ellos mismos, va a ser evaluado y va a dar pie a una futura investigación por parte de ellos si la representación de este país es cien por ciento efectiva.

 

Como representante popular siempre nos encontramos en la disyuntiva de interpretar la voluntad de la gente, aquí el mandato es muy claro: 3de3; tres declaraciones con los datos que conoce la gente, no le busquemos,  ni les demos gato por liebre.

 

Esta reserva, esta reserva a esta hora es el gran reto de  nuestra generación.

 

Cuando Willy Brandt fue electo en 1969, Canciller Socialdemócrata de la República Federal Alemana, él hizo el mismo reto a los políticos.

 

Miren, no me he tardado más de lo que se tardaron los ciudadanos en firmar, entonces, aguanten tantito.

 

Él les dijo a los de su generación, atrévanse a más democracia; yo les digo lo mismo, atrévanse a más democracia, con esta reserva de incluirse en la ley y de aprobarse en los términos le vamos a dar y regresar la esperanza a una generación de hombres y mujeres que sigue creyendo que  los problemas de la democracia se resuelven no con gritos de tiempo, con chiflidos, se resuelven con más democracia; atendámoslos, ellos votaron por nosotros; votemos con ellos, votemos por ellos, démosles ese beneficio como nos lo han dado tantas veces a nosotros.

 

Ya lo ha mencionado, Senador Presidente, la solicitud de la votación nominal.

 

Es cuanto, buenas noches.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por tres minutos, para recoger la votación  nominal sobre la admisión a discusión de la reserva al artículo 29 que ha sido presentada por los grupos parlamentarios de Acción Nacional y de la  Revolución Democrática.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El  Secretario Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: Señor Presidente, el resultado de la votación es el siguiente, 51 votos a favor; 59 en contra y una abstención. 

 

No se admite a discusión.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: El artículo 29 se reservará para su votación al final del procedimiento.

 

Tiene el uso de la palabra el Senador Armando Ríos Piter, para presentar reservar a los artículos 26, 27, 29 y 61.

 

El Senador Armando Ríos Piter: Con su permiso, señor Presidente.

 

El proyecto de dictamen establece un registro de servidores públicos restringido al escrutinio ciudadano, en el que serán accesibles al público en general versiones censuradas e insustanciales a las que les llaman versión pública de la información patrimonial, fiscal y de intereses de los servidores públicos.

 

Pero el conocimiento detallado de su situación patrimonial y de intereses sólo será posible cuando los servidores expresamente lo  consientan.

Evidentemente esta propuesta no satisface las expectativas ciudadanas que exigen transparencia en sus gobernantes.

El registro debe ser público a efecto de reflejar y hacer visible a la ciudadanía la situación patrimonial, la manifestación de sus intereses, el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y, en su caso, las responsabilidades derivadas de sus actos y omisiones.

Esto debe ser público, pero además es necesario establecer herramientas para el control y análisis de la información reportada, que permitan detectar focos rojos de corrupción, tal como el SAT puede en materia fiscal identificar a los evasores de impuestos.

Al respecto quienes han defendido la opacidad en este tema, han presentado múltiples argumentos para justificar su reticencia. Nos han señalado que existen limitaciones tecnológicas y presupuestarias de los municipios para implementar un Registro Público Nacional; que la legislación en materia de transparencia y datos contiene impedimentos para que el registro sea público; que las sanciones no deben hacerse públicas a efecto de proteger los datos personales del servidor y procurar el respeto al principio de presunción de inocencia.

También nos han dicho que los datos del registro constituyen pruebas en el plano judicial y por lo tanto el servidor público no tiene la obligación de presentar una prueba por alguna falta que no ha cometido, o que no hay justificación para que se publicite la información patrimonial, de intereses y fiscal del servidor público, incontables argumentos para ocultar el real: la falta de voluntad política.

Un registro adecuadamente diseñado, constituye una herramienta invaluable para sancionar faltas administrativas, fiscalizar el ejercicio de recursos públicos y detectar y desarticular redes de corrupción.

En los términos que propone el dictamen, ese registro quedaría corto al perseguir tales objetivos. Cada uno de estos argumentos podemos contrarrestarlos.

En su momento señalamos que las limitaciones presupuestarias son subsanables; que la Ley de Responsabilidades Administrativas, siendo la ley especial en la materia, prevalece sobre la que establece obligaciones en materia general; que una vez impuestas las sanciones, no hay presunción de inocencia que proteger.

También que es mayor el derecho de la sociedad a conocer sobre la integridad de los servidores públicos, que si bien sí constituyen prueba los datos del registro, ello no implica que el servidor presente prueba de una falta que no ha cometido, por el contrario demuestra el cumplimiento de una obligación constitucional.

El carácter probatorio es independiente a que sea o no público; que la propuesta no solicita las declaraciones de las personas relacionadas con el servidor público, salvo cuando existe sociedad, ya sea conyugal o mercantil, en los términos de lo que actualmente existe.

Compañeras y compañeros: Seamos sinceros. No estamos ante una imposibilidad jurídica, técnica o económica.

Lo que desfiguró la iniciativa 3de3 es el temor de que el pueblo, de que los ciudadanos sepan lo mucho que tienen unos cuantos.

El proyecto de dictamen contiene la obligatoriedad de presentar declaración patrimonial de intereses, pero en el caso de la declaración fiscal dispone que sólo deberá registrarse la constancia de su presentación.

Por ello insistimos en la necesidad de establecer la obligación de presentar copia de la declaración fiscal íntegra, a efecto de permitir a las autoridades del sistema dar seguimiento efectivo a la evolución de la situación patrimonial del servidor público y facilitar la investigación de enriquecimientos ilícitos.

Bajo la propuesta que ahora discutimos, las declaraciones fiscales no formarán parte del registro, estableciendo de manera sesgada que los servidores públicos solamente presentarán copia de la constancia de presentación de la declaración fiscal, no de la declaración íntegra.

Esto pone freno a la capacidad del sistema con sus componentes, particularmente a la Auditoría Superior de la Federación, de verificar la evolución patrimonial de los servidores con la actualización de conflictos de intereses, atribución que asume como exclusiva la Secretaría, estableciendo de manera reiterativa que son la Secretaría y los Órganos Internos de Control los facultados para llevar a cabo investigaciones o auditorías en este respecto.

Esto se hace sin establecer mecanismos para implementarla, ni para que se le cuestione sobre su ejercicio.

Resulta incomprensible, compañeras y compañeros, que el dictamen insista en incluir sólo la constancia de presentación y no la declaración íntegra, más aún cuando en los términos en que se ha presentado esta información, no sería pública.

Al no entregarse la información fiscal completa de los servidores públicos, se impide su contraste con la declaración patrimonial, haciendo imposible dar seguimiento efectivo a la evolución de la situación patrimonial del servidor público.

Así, pese al entusiasmo  de todos los ciudadanos que suscribieron una ley principalmente por esta propuesta, de hacer públicas las declaraciones y sanciones de los funcionarios, el registro no será público y sólo será accesible a la ciudadanía el conocimiento de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos que concedan esa gracia.

 

Por eso es indignante que se justifiquen en un supuesto impedimento contenido en la Ley General de Transparencia cuando uno de los acuerdos alcanzados en su aprobación fue precisamente que estableciera la publicidad de las declaraciones era la materia de la reglamentación en materia de combate a la corrupción y particularmente de la Ley de Responsabilidades Administrativas.

 

Por lo anterior, compañeros y compañeras, dado que no existe causa para que no sea una Ley 3de3 y para que haya plena publicidad en declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses proponemos la reserva a los artículos 26, 27 y 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Ríos Piter.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del Senador Armando Ríos Piter.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

No se admite a discusión, señor Presidente.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Los artículos serán votados al final del procedimiento.

 

Tiene el uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para presentar reservas a los artículos 49, 111, 112, 113, 114, 115, fueron presentados por escrito.

 

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas del Senador Robledo.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

No se admiten a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, para presentar reservas sobre el artículo 50 y la eliminación del artículo 101.

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias, presidente. Con su venia.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: El Sistema Nacional de Corrupción sin duda requiere de que la Ley de Responsabilidades Administrativas sea una ley que realmente cumpla con el cometido de poner un freno a la corrupción.

 

Hemos escuchado con mucha atención la participación de los compañeros tanto del PRI, como del PAN, que pasaron a hablar a favor de esta ley. Hablan de que la corrupción con los nuevos ordenamientos establece las bases sólidas contra este flagelo, las mayores prácticas a nivel internacional, se tomar responsabilidades a servidores públicos, crean avance en materia de transparencia, corrupción, un mal del país, lo reconocen.

 

Sin embargo, cuando analizamos el artículo 50 y el artículo 101, pues llegamos a la conclusión de que esta ley es una puerta enorme hacia la impunidad, ya que permite la discrecionalidad de los órganos de control.

 

Establece como impedimento para iniciar investigaciones o para imponer sanciones a quienes incurran en faltas administrativas cuando no se haya cometido un daño o perjuicio a la hacienda pública. El acto sea cometido por primera vez por el servidor público en el plazo de un año y cuando su actuación se refiera a una cuestión de criterio o de arbitrio opinable o debatible.

 

Es decir, cuando discutimos la reforma energética sucede lo mismo que hoy cuando discutimos el tema de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es soporte del Sistema Nacional de Corrupción. Los delincuentes pueden actuar con toda impunidad y el órgano de control tiene impedimento por ese hecho para poder atacar de frente a quienes cometen este tipo de actos.

 

Esto contraviene, por supuesto, el espíritu de la reforma constitucional, que es de presentar un combate frontal contra las actitudes de deshonestidad, corrupción y la impunidad con la que la ciudadanía percibe, existe ante esta problemática.

 

Lo tenemos que decir fuerte, no es mediante el estableciendo de facultades discrecionales, de indulto como se logrará abatir el grave problema de corrupción que nuestro país padece.

 

Proponemos que el artículo 50, atienda los siguientes aspectos, que se consideren faltas administrativas graves; las faltas administrativas no graves que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos, es decir, en el artículo 50, como está todas estas faltas que hemos señalado de ser primo-delincuente, de no afectar la Hacienda Pública, son faltas que son consideradas no graves, pero si la revisamos en el aspecto del trastocamiento que hacen de todo un sistema administrativo, vamos a ver que estas faltas terminan siendo graves y terminan afectando a la Hacienda Pública.

 

Por eso proponemos; entonces, que todas sean graves y las que generen un ente público, un daño patrimonial, igual o superior a 180 unidades de medida y actualización o que impliquen el sujeto activo, la obtención de beneficios económicos por la misma cantidad.

 

Se considera que existe un daño patrimonial, cuando la Hacienda Pública o el patrimonio de un ente público sufran un daño estimable en dinero, así como cuando se genere gasto público o se pierdan ingresos que el Estado tenga derecho a percibir por acciones u omisiones que impliquen dolo o culpa o negligencia.

 

2.- Las cometidas por el titular de un ente público, los servidores públicos de elección popular, los designados mediante un mecanismo de colaboración de poderes y los que de manera previa y general determine el sistema de conformidad con los tabuladores de puestos.

 

3.-  Las cometidas por una persona moral cuando obtenga un beneficio económico y se acredite la participación de un órgano de administración, de vigilancia, de sus socios.

 

Las cometidas por personas físicas que actúen a nombre o representación de las personas moral y en beneficio de ellas, las cometidas de manera sistemática.

 

Se consideran sistemáticas las conductas que por su reiteración, ocasionan un daño continuado o continuo al Estado y aquellas en las que uno o varios sujetos activos concatenan sus conductas para producir un daño al Estado.

 

Y, por último, las que generen daño social; genera daño social la conducta que en razón de las circunstancias en que se actualiza, lesiona o pone en peligro la vida, salud, seguridad o patrimonio de una persona o un grupo social en situación de vulnerabilidad.

 

Eliminar del artículo 101 recorriendo la numeración subsecuente.

 

Compañeros Senadores, compañeras Senadoras: Si realmente queremos atacar la corrupción. Tenemos que atacar la discrecionalidad que se tiene en los órganos de control.

 

Es responsabilidad de este Senado de la República que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, elimine la impunidad, elimine la discrecionalidad y elimine todas las rendijas por donde puedan colarse los actos de corrupción.

 

Espero que se reflexione esto que se está planteando y que se actúe con responsabilidad, si realmente quieren que la corrupción desaparezca de nuestro país, sino el Sistema Nacional no tendrá ningún sentido.

 

Por su atención y esperando a que se someta a votación y se aprueben estas reformas.

 

Muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaria a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión las reservas presentadas por el Senador Demédicis.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, si se admite a discusión las propuestas del Senador Demédicis.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admite a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Rabindranath Salazar Solorio, para presentar reservas a los artículos 50, 95, 98 y la eliminación del artículo 101.

 

El Senador Rabindranath Salazar Solorio: Compañeras y compañeros Senadores: Un verdadero enfoque del Sistema Nacional Anticorrupción, eficiente, sólido, capaz de identificar y prevenir sanciones y sancionar todos los actos de corrupción, perdón, mediante la coordinación de instancias y autoridades, transita por una serie de propuestas que la izquierda impulsó y no fueron incluidas en el mismo.

 

Aunque el dictamen recoge una parte importante de nuestras posiciones, carece de muchos de los elementos que harían del Sistema Nacional Anticorrupción un instrumento más sólido del Estado mexicano para hacer frente y con eficiencia a esa crisis institucional que constituye el fenómeno de corrupción generalizada y para muestra hay datos demoledores.

 

Apenas el 3 de febrero de este año, el Índice Global de Impunidad México, reveló que el 99% de los delitos cometidos en México, no son castigados, de los delitos que no se denuncian alcanzan también un porcentaje muy alto del 92.8%, debido a la pérdida de tiempo y a la desconfianza en la autoridad que tienen los ciudadanos de la misma.

 

Con todo y estos datos tan crudos y tan desoladores y tan contradictorios, el proyecto de dictamen que estamos discutiendo concede aún más discrecionalidad a los órganos internos de control para no imponer sanciones a grado tal de que establece como impedimento para iniciar una investigación o para sancionar a quienes incurran en fallas administrativas consideradas como no graves, aunque éstas hubieran sido cometidas de manera culposa o negligente y bajo el supuesto de que sus actos no dañan o perjudican de manera sustancial a la hacienda pública.

 

En estos casos, la autoridad deberá de abstenerse de iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa, de acuerdo en lo establecido en el artículo 101 de la ley en comento.

 

Esta disposición es incongruente, con el objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción, ataja todo el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a los servidores públicos, ya que constituye una verdadera puerta de salida hacia la impunidad.

 

Ello, incluso, consciente de que no toda falta administrativa causa daño o perjuicio a la hacienda pública, y que el error administrativo no hace al delincuente, tampoco debemos dejar espacios normativos vacíos.

 

Por ello es importante establecer en el artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades con claridad los supuestos en los que una falta o error administrativo debería de equipararse a una falta grave. Lo anterior, para que se faculte a la auditoría u órgano de control interno con los mecanismos necesarios para sancionar a los funciones que incurran en ellas y no dejarla en la total impunidad.

 

En otro orden de ideas, el secreto bancario es una valiosa e importante garantía del particular, a fin de que no sea molestado en su persona y bienes, representa la posibilidad de que su información bancaria y bursátil sea utilizada solamente para los fines que él mismo ha autorizado, siempre y cuando su origen y objeto sean lícitos.

 

Este derecho, como todos los que consagra en el orden jurídico nacional no es ilimitado, su defensa y aplicación se basa precisamente en dos derechos previamente salvaguardados, el de la actividad económica y el del derecho a la privacidad.

 

Precisamente es el abuso y la interpretación del derecho al secreto financiero en que diversos países han padecido la actividad de verdaderos expertos delincuentes de cuello blanco, que se aprovechan de lagunas legales e imprecisiones normativas a fin de lograr su objetivo, el de la posesión y uso de recursos de procedencia ilícita o bien, del erario público.

 

Basta señalar, como todos ustedes saben, casos tan lamentables como los papeles de Panamá, donde se involucran 30 personajes de la vida pública del país, entre empresarios, artistas y políticos. 

 

Esta conducta es particularmente grave cuando se trata de funcionarios públicos, que se aprovechan de este derecho para ocultar información que ponga en evidencia un comportamiento financiero e irregular, es decir, un enriquecimiento a costa del erario público como resultado del ejercicio de sus funciones.

 

Por lo anterior, resulta necesario que la Auditoría Superior en el artículo 95 de la ley en comento, tenga la facultad legal para acceder a la información bursátil, fiscal, fiduciaria y financiera de todo aquel servidor público que se encuentre involucrado en un proceso de investigación relacionado con posibles actos de corrupción sin que ésta se encuentre súper vital al consejo coordinador.

 

Además, establece limitante a la capacidad de investigación a la Auditoría Superior, al sujetar su posibilidad de acción a la existencia previa de auditorías, lo que le impediría estudiar hechos de corrupción detectados a partir de las denuncias a que hace referencia el artículo 79 constitucional.

 

Es por ello que el artículo 98 de la Ley General de Responsabilidades, se tiene que eliminar la limitante para que la Auditoría Superior de la Federación pueda iniciar procedimientos administrativos sin que haya de por medio  una Auditoría y sólo sea necesario el conocimiento del acto mediante la denuncia de un acto de corrupción.

 

Lo cierto, es que estas disposiciones dejan entre ver una alarmante intención de opacidad, según la cual sólo el ejecutivo tiene facultades amplias e irrestrictas de investigación y en su caso sanción, disposición que desarticula y desnaturaliza la reforma constitucional y representa un franco retroceso en el esquema de rendición de cuentas y  combate a la corrupción.

 

Es cuanto, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte al Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se admiten a discusión las reservas presentadas por el Senador Salazar Solorio. 

 

El Secretario Senador  César Octavio Pedroza Gaitán: Consulto a la Asamblea, si se admiten las propuestas del Senador Salazar.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo levantando la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

No se admite a discusión, Presidente.

 

El Secretario Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra el Senador Fernando Mayans Canabal, para presentar reserva relacionada con el artículo 61 del proyecto de decreto en la parte de Responsabilidades Administrativas.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Espero que, que no se duerman, si apenas son la 01:34. Los veo así somnolientos, ojerosos, cansados, pero con muchas ilusiones.

 

Ya ven que ya llegó la era Peña Nieto al Senado. Miren, ya tenemos aquí estos aparatos modernos. Ni Obama los tiene.

 

Bueno, ojalá y presten atención, porque esta reserva es muy importante en el artículo 61.

 

Y felicidades, Presidente, por la era Peña Nieto, aquí en el Senado, con los teleprompter.

 

Debería de hacer puro ejercicio mental. Las neuronas, funcionando adecuadamente, pero, bueno.

 

¡Perdón! No escuché.

 

¿Qué dice?

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Ruego a la Asamblea mantener el orden, por favor.

 

Presente su reserva, Senador.

 

El Senador Fernando Enrique Mayans Canabal: Bueno. Es para que se despierten.

 

Miren, para el grupo parlamentario del PRD, la gravedad de las conductas se vinculan con el daño que se genera en la sociedad, al patrimonio nacional o al adecuado ejercicio de las funciones de gobierno.

 

En este sentido, es necesario incorporar como faltas administrativas graves, los actos más perjudiciales y de mayor impacto en un modelo del estado democrático.

 

En consecuencia, proponemos establecer como tráfico de influencias la obtención de bienes inmuebles u otros beneficios patrimoniales por un servidor público ofrecidos o propiciados por quienes sean o pretendan ser titulares de contratos de servicios.

 

¿Dónde se ha escuchado eso?

 

¿Dónde se ha visto eso?

 

Los que sean titulares de contratos de servicios, obras públicas en cuya contratación influyó aun cuando no se haya participado de manera directa o por cualquier persona física o moral; cuando se obtengan inmuebles en condiciones notoriamente favorables o precios notoriamente inferiores a lo que tenga en el mercado ordinario. Fíjense la importancia, Senadores, Senadoras, de esta reserva.

 

Al respecto, para no aceptar estas propuestas, se ha señalado que ampliar el espectro o listado de faltas administrativas, provoca oportunidades de salida y falta de sanción para los infractores.

 

Nada más alejado de la realidad, la posibilidad de identificar y determinar la existencia de faltas administrativas, no radica en tener un catálogo limitado o simple de conductas, menos aún en una realidad en que los actos de corrupción son encubiertos con artificios cada vez más elaborados.

 

Estamos ante un fenómeno, amigas y amigos, complejo que requiere establecer para las autoridades investigadoras y sustanciadoras, mecanismos certeros para la determinación de faltas, pero también la definición de conductas antijurídicas acordes a la realidad, efectivas para limitar las acciones de los servidores públicos.

 

Debemos reconocer que la condición humana es proclive a la recompensa inmediata, y que ello se agrava si una conducta carente de ética y legitimidad no es sancionada.

 

El catálogo ofrecido en el dictamen, con sus lagunas y ambigüedades, incentiva la corrupción, no su erradicación.

 

La determinación de la conducta a que se refiere esta reserva, encuentra un justificado motivo de existencia ante la realidad, al recordar casos y situaciones cuyo cinismo es una afrenta a buena práctica de gobierno y un ataque a la credibilidad de instituciones públicas que tienen, precisamente, en su credibilidad su activo más importante.

 

En ese sentido, determinar la ilegalidad de la obtención de beneficios patrimoniales que no pudieran ser explicados más que como favores o retribuciones por la influencia en los proceso de contratación o asignación en que el servidor público puede influir, tiene por objeto no sólo el de evitar y sancionar el enriquecimiento indebido de los funcionarios que pueden determinar el curso de los procesos de contratación pública, sino además buscar atacar las redes de corrupción que alrededor de estos procesos han llegado a formarse.

 

Los hechos de corrupción, como todo acto ilícito, pueden cometerse por un solo individuo o por varios mediante un acuerdo en el que se prepara y ejecuta la acción ilícita. Así la participación de los servidores públicos en actos de corrupción no sólo se enmarca en el terreno de lo público, sino que pueden trascender al espacio privado.

 

Lamentablemente, ejemplos, en los que los consorcios constructores, empresas financieras, manufactureras y de comercio que se han visto involucradas en este tipo de casos son abundantes en nuestro país.

 

Tenemos, incluso, casos en los que servidores públicos del más alto nivel se benefician de los activos de empresas con las que el estado ha celebrado contrataciones.

 

La presente reserva busca procurar un especial cuidado, lo referente a las interacciones y competencias entre los ámbitos de las cosas públicas, con los intereses privados.

 

Lo anterior es una herramienta básica que permitirá identificar violaciones sistemáticas, estructuras y redes de corrupción.

 

Por lo anterior expuesto se pone a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta de modificación del artículo 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y así el artículo 61 proponemos también incurran en tráfico de influencia:

 

Uno, el servidor público que de manera directa o por medio de su cónyuge, concubina o concubinaria, o cualquier otra figura de naturaleza similar, o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado.

 

a) solicite, acepte o reciba bienes inmuebles o muebles en operaciones al contado o mediante cualquier tipo de crédito en condiciones notoriamente favorables, o precios notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario que procedan de cualquier persona física o moral.  O

 

b) que obtenga un beneficio patrimonial proveniente de personas físico moral que hayan celebrado contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios con cualquier dependencia o entidad de la administración pública federal.

 

Presidente, le pido que si puede hacer la votación nominal, se lo agradezco.

 

Ojalá y todo lo que se ha dicho aquí es lo que estamos viendo cotidianamente en nuestro país, lamentablemente, entonces, ojalá y con su voto poderle dar hasta aquí este tipo de corrupción que no está carcomiendo todos los días al sistema político mexicano.

 

Por su atención, muchas gracias.

 

(Aplausos)

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Acompaña su solicitud de votación nominal.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por dos minutos, para recoger la votación nominal de la adición a discusión de la reserva presentada por el Senador Mayans.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Me permito dar cuenta del resultado de la votación, se emitieron 22 votos a favor,  81 votos en contra y dos abstenciones.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Secretario.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: No se admite a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez para presentar reservas a los artículos 102, 104, 105, 107, 109; y supresión de los artículos 106 y 108.

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

 

La Constitución mandata en su artículo 109, en la fracción III, el párrafo cuarto la existencia de un recurso que permita al particular impugnar la calificación de las faltas administrativas por los órganos internos de control como no graves.

 

En este sentido la propuesta en estudio, establece un esquema que no favorece la economía procesal, pues determina que dicha impugnación se tramita mediante el recurso de inconformidad ante el mismo órgano interno de control debiendo ser esto el resultado por el superior jerárquico.

 

Este esquema, desde  nuestro punto de vista no garantiza que la acción del promovente sea resuelta de manera imparcial, pues en caso de no obtener una resolución favorable, no procede recurso ordinario alguno.

 

En este sentido es necesario un contrapeso efectivo que permita a  los afectados a accionar un recurso efectivo para impugnar la ineficiencia en la investigación de faltas administrativas o hechos de corrupción, ineficacia tal que tiene como consecuencia la inadecuada calificación de una conducta, hecho que genera, desde nuestro punto de vista impunidad.

 

Atendiendo a las finalidades funcionales de este recurso establecidas en la Constitución, se infiere que el propósito de su establecimiento es precisamente el de acusar un error y establecer el medio de su remediación, impugnar por medio de reclamación ante el superior jerárquico del mismo órgano que emitió el acuerdo en el que se determina la calificación de la falta administrativa como no grave  no otorga garantías de imparcialidad.

 

En contraste permitir que tal determinación sea revisada por un órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa diverso en naturaleza y sin relación jerárquica ni laboral con el órgano interno de control.

 

La impugnación de dicho acuerdo o de tal calificación por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa constituiría un eficaz contrapeso a la posible actuación ilegal u omisa de un órgano interno de control propiciaría, que entendemos que la generación más rápida, constante y unificada de criterios sobre temas relacionados con el combate a la corrupción lo que permitiría establecer una mayor precisión casuística de los criterios para determinar una falta administrativa grave de otra que no lo es, mejores estándares, probatorios para la determinación de responsabilidades, hipótesis de actuación de órganos internos de control o de la Auditoría Superior de la Federación o criterios para vincular a particulares en hechos de corrupción, entre otros temas.

 

Por lo tanto, el recurso que proponemos cumple con los principios de prontitud y eficacia  en la procuración de justicia, pues la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas resolvería el recurso de inconformidad en un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la recepción del informe justificado del órgano interno de control.

 

Por lo tanto, de manera muy general voy a plantear que es lo que estamos señalando tanto para reformar  los siguientes artículos que yo voy a mencionar como, en este caso también, quitar, derogar, eliminar otros artículos en este mismo cometido.

 

El 102 en su párrafo segundo, lo que estamos haciendo es integrar la calificación podrá ser impugnada mediante el recurso de inconformidad conforme el presente capítulo, en su caso:

 

a).- el denunciante.

b).- los testigos sociales.

c).- los miembros del comité de participación ciudadana del sistema.

d).- las organizaciones de la sociedad civil.

 

Terminaríamos con agregar un párrafo que diría: “La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa, hasta en tanto  esté resuelto”.

 

En el caso del artículo 104 estamos integrando un segundo párrafo que diría: “Interpuesto el recurso, la autoridad investigadora deberá correr traslado, adjuntando el expediente integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas que corresponda”.

 

En el caso del artículo 105, señoras y señores, lo que estamos señalando es que sea incorporada la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, lo que requerirá al promovente para que subsane las deficiencias o realice las aclaraciones que corresponda y continuaría tal cual.

 

Estamos siguiendo la dinámica de los artículos, proponiendo que se elimine el artículo 106, recorriéndose en este caso el 107 para ser el 106, agregando también en este artículo, la importancia de que sea integrada la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas y además cambiando el plazo que viene en la propuesta de dictamen a 30 días, nosotros señalando cinco días.

 

En el caso del artículo 108, lo que estamos proponiendo también es su eliminación, de tal manera que seguirían recorriéndose los artículos, y  lo que sería el 107, hoy el 109, lo que estamos planteando es integrar como requisitos solamente el nombre y domicilio del recurrente y la firma autógrafa del recurrente y además señalando que tendría que acompañar, el recurrente, un escrito con las pruebas que estime pertinentes.

 

Y hasta ahí dejaríamos el artículo que estamos planteando recorrer.

 

Es cuánto y gracias por su atención.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admiten a discusión las propuestas de reservas presentadas por la Senadora De la Peña Gómez.

 

Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

 

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) Perdón Presidente, muchas gracias.

 

A ver Presidente, creo que vale la pena ilustrar en esta parte del debate y de las reservas.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Podría acercarse al micrófono, Senador, porque no se escucha.

 

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño)  Me parece que es importante ilustrar a la asamblea en esta parte del debate y las reservas que son  muy importantes.

 

Esas modificaciones las recibimos en las comisiones, efectivamente como han sido planteadas, porque son modificaciones acertadas a las reservas que mejoran los procedimientos sin duda alguna y las integramos en el addendum. Es decir, ya están en el addendum que votamos al iniciar la sesión, estas reservas de estos artículos.

 

Nada más quería dejarlo claro, las impugnaciones y los otros de estos artículos que se han mencionado ya las votamos y están en esos términos.

 

Quería dejarlo asentado.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora De la Peña, ¿la respuesta del Senador Escudero le es satisfactoria, para continuar con la votación?

Sonido en el escaño de la Senadora Angélica de la Peña.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Gracias, Presidente.

Mire, hablando con el Presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, observamos que hay una parte importante de lo que hemos planteado, que sí lo toma en el addendum, pero otra parte no.

Sin embargo nos avenimos con lo que ya planteó en el addendum, de tal manera que damos por satisfecha la presentación de estas reservas.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Entonces retiramos las reservas, Senadora?

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Sí, por favor, si es tan amable.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se retira la reserva.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: (Desde su escaño) Como una actitud de buena voluntad, agradeciéndole al Senador su disposición.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño del Senador Pablo Escudero.

El Senador Pablo Escudero Morales: (Desde su escaño) El agradecido soy yo, Presidente.

Muchas gracias, Senadora.

Muchas gracias por sus atenciones.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias a ambos.

Ha concluido la presentación de las reservas.

Ruego la atención de la Asamblea para explicar la mecánica de la votación.

Sonido en el escaño del Senador Armando Ríos Piter.

El Senador Armando Ríos Piter: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiéramos solicitar, acompañado de cinco votos de mis compañeros, que la votación de los artículos reservados, y me refiero a los artículos 27, 29, 30 y 31, se puedan separar para ser votados de manera individual, en bloque pues, pero separados. Son los artículos 27, 29, 30 y 31.

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: 27, 29, 30 y 31.

Es importante hacer una precisión sobre estos artículos. Fueron impactados por la reserva que fue admitida a discusión y aprobada, presentada por el Senador Cárdenas Fonseca.

Estaríamos votando en los términos no del dictamen original, sino en los términos de la reserva aprobada por el Senador Cárdenas Fonseca.

Es importante para claridad de la Asamblea. Vamos a escindir estos cuatro artículos para una votación nominal específica, pero es importante que la Asamblea recuerde que se van a votar en el sentido de la reserva presentada por el Senador Cárdenas Fonseca.

Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por dos minutos, para tomar la votación nominal de los artículos 27, 29, 30 y 31 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con las modificaciones aprobadas por la Asamblea a partir de la reserva presentada por el Senador Cárdenas Fonseca.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Sonido en el escaño de la Senadora Torres Peimbert.

La Senadora Marcela Torres Peimbert: (Desde su escaño) Leernos qué es lo que estamos votando. ¿Qué vamos a votar?

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Estamos votando los artículos 27, 29, 30 y 31 en los términos en que fueron aprobados por la Asamblea a partir de la reserva presentada por el Senador Cárdenas Fonseca. Eso es lo que estamos votando.

Las reservas fueron presentadas en la Asamblea, fueron admitidas a discusión, se votaron en el fondo.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está solicitando una votación individual de estos cuatro artículos, en el entendido de que ya fueron impactados por una reserva.

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, doy cuenta de la votación, se emitieron 84 votos a favor, 22 en contra, 1 abstención.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 27, 29, 30 y 31 con las modificaciones que fueron aceptadas por la Asamblea.

 

Vamos ahora a tomar la votación nominal de los artículos 3, 4, 9, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81 con las propuestas que fueron aceptadas por la Asamblea; asimismo, de los artículos 5, 26, 49, 50, 61, 77, 95, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, en los términos del dictamen.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por dos minutos, para recoger la votación nominal de los artículos que han sido referidos.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

Sonido en el escaño del Senador Miguel Barbosa.

 

El Senador Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: (Desde su escaño) Presidente, para claridad de nosotros, los del grupo parlamentario del PRD, que pudiéramos votar por separado en un bloque los demás artículos reservados por el Senador Cárdenas.

 

O sea, ya se separó un primer bloque, votamos en contra y la demás Asamblea votó a favor de manera mayoritaria.

 

Ahora necesitamos nosotros votar a favor solo el resto de artículos que reservó el Senador Cárdenas porque en la votación que está usted proponiendo están esos artículos y otros más, no sé si sea posible.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto, Senador Barbosa.

 

Vamos a dividir la votación para tomar la votación nominal en un primer momento de los artículos que fueron reservados por el Senador Cárdenas Fonseca.

 

Ciérrese el sistema electrónico de votación, por favor.

 

Voy a someter a votación el resto de los artículos reservados por el Senador Cárdenas Fonseca en el entendido de que ya quedaron aprobados cuatro de ellos.

 

La votación que seguirá a continuación será sobre los artículos 3, 4, 9, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81 con las propuestas aceptadas por esta Asamblea.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por dos minutos, para recoger la votación nominal de dichos artículos.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

Se está reiniciando el sistema de votación a petición de la Asamblea.

 

¿Hay alguna duda sobre los artículos que vamos a votar?

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Se emitieron 95 votos a favor, siete en contra y dos abstenciones.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 4, 9, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81 con las modificaciones aceptadas por la Asamblea.

 

Todos del proyecto de decreto que contienen proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

La tercera votación versa sobre los artículos que fueron reservados, pero cuyas reservas no se admitieron a discusión.

 

En consecuencia, se votarán en los términos del dictamen.

 

Los artículos son: 5, 26, 49, 50, 61, 77, 95, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, en los términos del dictamen.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por dos minutos, para recoger la votación nominal de dichos artículos.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de esta votación, se emitieron 82 votos a favor, 22 votos en contra y cero abstenciones.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 3, 4, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 73 y 81, con las propuestas aceptadas y  los artículos 5, 26, 49, 50, 61, 77, 95, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, en los términos del dictamen.

 

Todos del proyecto de decreto que contiene el proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas.

 

Queda aprobado el artículo 2º, correspondiente al proyecto de Ley General de Responsabilidades Administrativas, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

Ruego a la Asamblea, unos minutos de su atención.

 

Se recibió una Fe de erratas de las Comisiones Dictaminadoras, en relación con una concordancia a partir de la reserva presentada por la Senadora Iris Vianey Mendoza.

 

Ruego a la Secretaría dé lectura a la Fe de erratas para poder resolver en estos momentos la corrección respectiva.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, me permito dar lectura.

 

Dice: artículo 26. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

 

Fracción XXV. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.

 

Debe decir: artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

 

Fracción XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social  existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.

 

Es todo señor, Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Como pueden apreciarse, trata únicamente la precisión numérica de dos artículos.

 

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la fe de erratas presentada.

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea si se admite a discusión la fe de erratas.

 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea asiente)

 

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

 

(La Asamblea no asiente)

 

Sí se admite a discusión, señor Presidente.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: Se trata de contenido normativo, en consecuencia la votación debe ser nominal.

 

Ábrase el sistema electrónico de votación, hasta por dos minutos, para recoger la votación nominal del contenido de la fe de erratas.

 

(Se abre el sistema electrónico de votación)

 

(Se recoge la votación)

 

El Secretario Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Señor Presidente, me permito dar cuenta del resultado de esta votación.

 

Se emitieron 88 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

 

El Presidente Senador Roberto Gil Zuarth: En consecuencia, se aprueba la fe de erratas a la modificación al proyecto de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, correspondiente al artículo 1º del Proyecto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

 

Incorpórese al texto del proyecto aprobado.

 

Esta Presidencia declara un receso para reanudar nuestra sesión el día de hoy 15 de junio, a las 13:00 horas.

 

(Receso)