Versión estenográfica de la entrevista al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y al doctor Manuel Granados Covarrubias, consejero jurídico y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, al término de la inauguración de la Jornada Notarial.
REPORTERO: Consejero, yo tengo dos preguntas muy particulares para usted.
Si hay una fecha precisa de cuándo el gobierno de la Ciudad de México recibirá este borrador de la nueva Constitución de la Ciudad de México y si también ya tiene la fecha tentativa de cuándo la enviaría a la Asamblea Constituyente.
DOCTOR MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS: Bueno, en primer término decir que esta misma semana estaremos entregando al Jefe de Gobierno el proyecto de Constitución de la Ciudad, para que en el ámbito de sus atribuciones haga las observaciones, las adecuaciones correspondientes; igual el grupo redactor y el grupo de asesores que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente.
Estaremos nosotros, insisto, esta semana entregando ese proyecto de Constitución. Una vez que estén realizadas las observaciones, estaremos en posibilidad de tenerlo listo y el Jefe de Gobierno tiene la obligación constitucional de entregarlo a la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre.
Esa es la fecha que obliga a la reforma constitucional al Jefe de Gobierno y la Asamblea Constituyente tiene del 15 de septiembre al 31 de enero del 2017 para su discusión y, en su caso, aprobación.
REPORTERO: (Inaudible)
DOCTOR MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS: Bueno, yo o vengo trabajando desde hace varios meses.
REPORTERO: ¿Ya lo tiene terminado?
DOCTOR MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS: Lo que seguimos es en la construcción del articulado.
Los grandes temas ya fueron discutidos por el grupo redactor. De ello se sacó una síntesis de caga gran tema, que fueron 17 grandes líneas, digamos, y hoy estamos justo en la construcción del articulado.
Por ello hemos comentado que esta misma semana estará listo para entregárselo al jefe de gobierno.
REPORTERO: ¿Y aproximadamente de cuántos artículos va a constar esta Constitución?
DOCTOR MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS: Varía en torno a los últimos temas que han sido también de gran discusión, lo que tiene que ver en temas específicos para la ciudad, como ustedes lo han advertido.
Hemos seguido recibiendo propuestas de grupos sociales que tienen que ver con expresiones amplias, tanto de empresarios como de organizaciones sociales de campesinos, como de organizaciones pues también e comerciantes, en fin, seguimos escuchando todas las voces y eso hace que el articulado vaya modificándose.
REPORTERO Hola, buenos, días, para el presidente de la Cámara.
Ayer la CNTE lanzó un mensaje de que no regresarán a clases algunas escuelas en los que ellos están dando, bueno, forman parte. ¿Cuál sería el llamado a la Coordinadora, al magisterio disidente, en este tema?
Y por otro lado el PRI también desaíra ahora el tema de los matrimonios igualitarios, ¿cuál sería el camino para esta propuesta en la Cámara de Senadores?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Empiezo por lo segundo, hay que recordar que la iniciativa del presidente de la República sobre matrimonios igualitarios no se encuentra en el Senado de la República, se encuentra en la Cámara de Diputados y, en consecuencia, será la pluralidad de la Cámara de Diputados, sus órganos de gobierno, quienes determinen cuál va a ser el proceso legislativo de esa iniciativa, si va a ser dictaminada o no va a ser dictaminada.
Por lo que advierto, la fracción parlamentaria del PRI ha dicho que no tiene interés en impulsarla y, en consecuencia, siendo mayoría en la Cámara de Diputados, es muy probable que esta iniciativa no tenga la atracción necesaria para poder ser discutida primero en comisiones y después en el pleno.
Con respecto a la Coordinadora, ya no podemos estar bajo el amago del chantaje, bajo el amago de boicotear el destino de nuestras generaciones de mexicanos, de los niños y los jóvenes que hoy están recibiendo la educación que la Constitución les tutela.
Un llamado a que la Coordinadora establezca, decida regresar a clases y que mantenga la negociación, las conversaciones con el gobierno de la República, pero que no subordine el futuro de los mexicanos, de los jóvenes mexicanos y los niños mexicanos a sus propios intereses gremiales o laborales.
Que regresen a las clases, que regresen a las aulas, sin perjuicio de que puedan mantener la negociación, la presión sobre lo que ellos consideran sus intereses y, en consecuencia, la revisión de la forma en que esos intereses pueden ser resueltos a través de un diálogo socialmente útil.
No es, bajo ninguna circunstancia, justificable, desde el punto de vista ético y político, que simplemente decidan no regresar a las aulas. Tiene la obligación de estar en las aulas el próximo lunes.
Y si esto no sucede, el gobierno de la República tiene que replantearse su estrategia con respecto a la Coordinadora. Si ya la decisión de la Coordinadora es poner en riesgo un año más escolar, yo creo que el gobierno de la República tiene que pensar en otras opciones para enfrentar este conflicto.
Cada día que pasa sin solución a este conflicto, es un día en el que no solamente se lesionan los derechos de los habitantes de la Ciudad de México o donde se están expresando las protestas, sino también es un día más en el que comprometemos el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes.
Ya debe ponerse fin al chantaje, ya debe ponerse fin a este boicot a la educación de nuestro país, que regresen a las urnas, sin perjuicio de que puedan mantenerse los diálogos, las conversaciones y la revisión de las condiciones en las que esté implementando la reforma educativa.
Hay una línea roja que ya lo hemos dicho con toda claridad, la línea roja de cualquier diálogo con respecto a la coordinadora, es la plena vigencia de la reforma educativa, sin perjuicio de que se revisen aspectos de su implementación o detalles específicos a partir del diálogo con la coordinadora.
REPORTERO: ¿Tendría que usarse la fuerza pública?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La decisión de usar la fuerza pública o no usar la fuerza pública es una decisión o una discusión sobre medios para conseguir ciertos fines.
No es una exposición sobre el fin en sí mismo, la fuerza pública no es un fin en sí mismo, su utilización no es un fin en sí mismo, es un instrumento que tiene el Estado Mexicano para restablecer condiciones de orden, cuando esas condiciones de orden están siendo alteradas por conductas específicas de personas o de grupos.
La discusión de fondo es la estrategia de desmovilización de un conflicto político que está afectando la gobernabilidad del país y la prestación regular del servicio de la educación en nuestro país.
De eso se trata la conversación que como sociedad debemos de tener y de esos e trata también la reflexión que deba estar haciendo el gobierno de la República.
La utilización de la fuerza pública o no, con respecto a este conflicto o cualquier otro, es una discusión de medios; lo importante es discutir sobre los fines y el fin fundamental que tiene sobre la mesa el gobierno, es la solución definitiva de este conflicto, bajo, insisto, ciertas líneas rojas, bajo ciertos mínimos no negociables.
¿Cuál es el mínimo no negociable?
Que se mantenga la vigencia del consenso político mayoritario que dio lugar en nuestra Constitución, a la reforma educativa.
REPORTERO: Senador, pero cuando las posiciones son inamovibles de un lado no se abroga, del otro lado quieren que se abrogue y se sigue trastocando la vida política, la vida económica y la vida social de los estados del sureste, de la Ciudad de México; ¿entonces lo que sigue es recurrir a la fuerza pública?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: La política no es de callejones sin salidas. Al contrario, la política es justamente de encontrar salidas a los callejones.
Lo hemos dicho con insistencia, tanto diálogo como sea posible y tanta aplicación de la ley como sea necesaria. Si ya no hay posibilidades de solución política a este conflicto, por supuesto que el Gobierno de la República está legitimado y estará en su derecho de utilizar los instrumentos que las leyes le dan para desactivar ciertos conflictos que afectan la gobernabilidad.
Pero la discusión debe ser mucho más profunda. Si no se resuelven las causas de fondo del conflicto político que estamos viviendo, el día de mañana habrá un nuevo bloqueo; hoy se podrán retirar con la fuerza pública una determinada protesta: mañana volverá a surgir.
Si hoy son detenidos ciertos líderes, mañana surgirán otros. La respuesta del Estado debe ser a las causas que propiciaron justamente este conflicto, hacer política y donde ya la política no encuentre las salidas, hacer valer la ley y garantizar los derechos de terceros.
Creo que esa es la ruta, y no es una ruta nueva en nuestro país; en otros momentos se ha utilizado y se ha aplicado la ley sin perjuicio del diálogo y de la conversación política. El Gobierno debe tener una estrategia integral; ya no solamente atender el problema del conflicto magisterial en términos de la vigencia o no de la reforma educativa; sino ya tener que ocuparse la reactivación económica de aquellas comunidades, de aquellos estados que están siendo afectados, lastimados seriamente por este tipo de acontecimientos y por esta estrategia de protesta.
Ya hay una situación verdaderamente terrible desde el punto de vista económico en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán; y hay una notable afectación a la convivencia, a la movilidad, a la libre circulación, a las libertades deambulatorias en la Ciudad de México.
El Gobierno Federal debe tener una estrategia de desactivación del conflicto, entre las cuales sin lugar a dudas está la palanca y el instrumento de la fuerza pública.
REPORTERO: Finalmente, senador, con respecto a la propuesta del Presidente, nació muerta desde que la presentó.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Yo creo que es una cosa que el Presidente tiene que hablar con su partido, y es justamente en su partido donde están presentándose las mayores resistencias.
Aquí valdría la pena preguntarnos y que nos expliquen desde algún lado, por qué cuando un asunto ya estaba resuelto por la Corte, cuando ya era un derecho vigente, una situación jurídica establecida por resoluciones de la Corte, que no son revisables, por qué se abre un debate legislativo.
¿Qué estaba viendo el Presidente de la República que no estemos viendo los demás, que pone en riesgo la vigencia de esas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Creo que ahí está una reflexión importante, ¿qué podía cambiar de lo que ya había resuelto la Corte, que hacía necesario petrificar a través de una reforma constitucional un derecho que ya fue reconocido por el máximo Tribunal de la nación?
Creo que ahí es donde debemos de tener mayor claridad y sobre todo que el Gobierno argumente por qué la presentó, qué está viendo que no estemos viendo los demás.
Ahora bien, independientemente de que no haya cambio legislativo, como ya lo decía, es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que implica situaciones jurídicas creadas y derechos reconocidos. Con mayores dificultades para ser ejercidos, sí, sin lugar a dudas; pero ya son derechos clarificados por la Corte, son derechos que se van a ejercer, que se pueden ejercer y que a menos que haya una resolución en sentido contrario, que difícilmente puede darse, son derechos exigibles, asumibles por parte de cualquier ciudadano en nuestro país.