Es todo, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, señora Secretaria, está a discusión el dictamen del cual se ha dado cuenta, no habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la Secretaría que consulte en votación económica si es de aprobarse dicho dictamen.

- LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el dictamen, quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA ASIENTE)

- Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(LA ASAMBLEA NO ASIENTE)

- Aprobado, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Gracias, está aprobado el dictamen que establece que los ciudadanos propuestos para ocupar la vacante del Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoita, cumplen con los requisitos de elegibilidad.

En consecuencia, procederemos a realizar las exposiciones de cada uno de los aspirantes a fin de dar cumplimiento al acuerdo aprobado el 11 de octubre pasado.

Nuestro siguiente asunto es la comparecencia ante este pleno, de los magistrados que integran cada una de las ternas en la forma siguiente:

Recibiremos primero las exposiciones de los integrantes de la terna para sustituir al Ministro Aguirre Anguiano e inmediatamente la de los candidatos de la terna para sustituir al Ministro Ortiz Mayagoitia.

Cada uno de los candidatos tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para su exposición, y no habrá lugar a preguntas o interpelaciones por parte de las señoras y señores senadores.

El primero de los comparecientes será el Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, colocado en primer término de la primera terna para cubrir la vacante del Ministro Salvador Aguirre Anguiano.

En consecuencia, solicito a los senadores Miguel Angel Chico Herrera; Mariana Gómez del Campo Gurza; Manuel Camacho Solís; Luis Armando Melgar Bravo; Martha Palafox Gutiérrez; y Angélica de la Peña Gómez, introduzcan a este salón al Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez,  en espera del arribo hacemos un breve receso.

(LA  COMISION  CUMPLE)

(BREVE   RECESO)

(CAMBIO EN LA PRESIDENCIA DE LA SALA)

- EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Magistrado Pablo Vicente Monroy Gómez, a nombre del Senado de la República doy a usted la bienvenida a esta sesión.

Conforme al acuerdo aprobado hará usted uso de la tribuna para su exposición por 20 minutos, en consecuencia, se le concede el uso de la palabra.

- EL C. MAGISTRADO PABLO VICENTE MONROY GOMEZ: Con su venia, señor Presidente.

Ciudadanas senadores y ciudadanos senadores: En primer lugar quisiera tener la capacidad de poder expresarles a ustedes los sentimientos y la emoción que llena mi espíritu al estar en este recinto en donde por lo que he podido ver en otras sesiones palpita nuestra república mexicana.

Cada una de ustedes y cada uno de ustedes representa a una entidad federativa de nuestro querido México, y hoy ante esta soberanía vengo a presentarles lo que son mis convicciones judiciales, lo que son los aprendizajes que he tenido en la vida y a decirles que estoy preparado, si así lo tiene a bien este Senado para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Senador Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Gobierno ya detalló este procedimiento. Un procedimiento inédito que ha volcado una serie de elementos de juicio para que ustedes tomen la decisión que consideren más conveniente.

No voy a agregar nada a lo que él ya dijo, solamente quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles, al señor Presidente de la República, y al señor Presidente Electo el que yo figure en estas ternas, pues tengo entendido que después de consensuar lo propio entre ambos mandatarios se dio a conocer públicamente la integración de las ternas.

Y, el señor Presidente de la República mencionó que había integrado las ternas después de hacer un análisis riguroso, después de hacer un análisis detenido sobre la trayectoria de muchos y muchas magistradas de circuito, y finalmente se llegó a la integración de las ternas que ya conocen.

Extiendo a ambos mandatarios mi reconocimiento por tal circunstancia.

Solamente agregaría a lo dicho por el Senador Gil Zuarth que este procedimiento inédito tiene un elemento que sobresale de los demás, la información recabada se hizo pública mediante la página del Senado en la Red. Ahí se colocaron las sentencias, ahí se colocaron los votos particulares, ahí se colocaron las resoluciones que contendieron en contradicciones de tesis, ahí se colocaron aquellas decisiones relevantes......

(Sigue 4ª. Parte)
....   ahí se colocaron los votos particulares, ahí se colocaron las resoluciones que contendieron en contradicciones de tesis; ahí se colocaron aquellas decisiones relevantes de la Suprema Corte, con las cuales guardamos afinidades; y ahí también se dio el informe cabal y puntual de cómo está nuestra situación respecto a quejas administrativas, con el resultado de que ninguna de las intentadas, durante 27 años de gestión, en mi caso, ha sido procedente, lo cual me llena de orgullo pero  no me hace confiar porque puede uno estar 27 años sin incurrir en responsabilidades, y un malhadado día, un descuido, una circunstancia no previsible, una falta de preparación o una falta de lectura del expediente adecuada, no puede llevar al fracaso. Así de delicada es nuestra labor, se va construyendo día a día, momento a momento.

El elemento al que me refiero, y por lo cual creo que sobresale, es el consistente en que este procedimiento se ha dado de cara a la ciudadanía, y la ciudadanía ha respondido mediante réplicas en los “bloks”, mediante análisis de nuestras decisiones, mediante cuestionamientos a lo que dijimos en las comparecencias, y eso en lo particular a mí me llena de satisfacción porque viene a confirmar que la sociedad civil ocupa un lugar central en un estado que pregona la democracia, y que esa consulta pública nos obliga; nos obliga porque si estamos dando a conocer este procedimiento a la opinión pública, la consecuencia de ello es que debemos tomar en cuenta lo que la sociedad opine, lo que la sociedad exprese, para también construir con ese elemento las decisiones públicas.

Es decir, en este sentido creo que el procedimiento tiene sus consecuencia, pues si se auscultó con tanto detalle el perfil de cada candidato la decisión debe recaer en aquellas o aquellos que resulten más idóneos y capaces, pues ello sería el desenlace congruente. Si se consulta a la sociedad hay que tomar en cuenta lo que la sociedad expresa.

Quiero dejar perfectamente claro, en esta honorable tribuna que no me mueve la ambición de ser Ministro a toda costa, solo quiero hacerlo si este Senado me considera idóneo y capaz para serlo, y para ello quiero poner a su consideración mi concepción sobre los derechos humanos.

La evolución constitucional en nuestro país, el papel que desempeña la Suprema Corte de Justicia y las cualidades que debe tener un Ministro de este alto tribunal. 

Concibo a los derechos humanos como resultado de movimientos sociales que reivindican aspectos específicos de la dignidad humana, que al ser incorporados en normas jurídicas generan las obligaciones a todas las autoridades de promover, respetar, garantizar y reparar, en su caso, las violaciones a los derechos humanos.

Entiendo la evolución constitucional a partir de las relación entre los derechos humanos, el Estado y la democracia, las raíces de la dignidad humana las encontramos, entre otras fuentes, desde el renacimiento, condensadas en aquella famosa oración sobre la dignidad humana, de “Pico de la Mirándola”.

También en revoluciones que se dieron en las postrimerías del siglo XVIII, la  Revolución Francesa y la Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. La Revolución Francesa significó el derrocamiento de un Estado absolutista, a cambio de un Estado de derecho; sin embargo, privilegió solamente a los varones, y dentro de los varones a los propietarios, dejó fuera a las mujeres, y dejó fuera a los obreros y a los campesinos.

La epopeya de “Marigus”, cuyo seudónimo era “Olimbeyug”, es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, ella al ver esa parcialidad hacia los varones, redactó una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanas francesas, ¿y cómo acabo “Marigus”? “Marigus” acabó guillotinada.

“Francois”, Nicolás “Grecos Babeb” organizó la conspiración de los iguales, para poner en el centro de los derechos también a los obreros y a los campesinos, ¿y qué pasó con este luchador social, su cabeza  también rodó por la guillotina. 

Se dice que la democracia no es en Grecia, pero los griegos  excluían de la polis a las mujeres, a los esclavos, y también a los bárbaros, llamando así a los extranjeros. Lo que quiero decir con esto es que estas revoluciones y esta democracia orignaria ha dejado mucho que desear y ha dejado cuentas pendientes para la humanidad, de la ahí la importancia de los movimientos sociales que van reivindicando los derechos humanos, poco a poco.

Gracias a esos movimiento sociales se han ido conquistando parcelas importantes de la dignidad humana, traduciéndolas después en derechos humanos, reconocidos en la constitución. La dignidad humana, por primera vez, se incluyó en un texto constitucional en la Constitucional Alemana de 1949, México lo hizo en el 2001.

Coincido con muchos pensadores en que la modernidad latinoamericana, y en particular la mexicana, está sustentada con bases cualitativamente diferentes a las europeas y norteamericanas, y de ahí, senadoras y senadores, de ahí está nuestra potencialidad.

¿Cuáles son estas bases en mi opinión, coincidiendo con estos pensadores?  Nuestra capacidad  de generar utopías, y también nuestra identidad. Fernando “Biri”, y Eduardo Galeano, ya se encargaron de explicarnos que las utopías nos sirven para guiar nuestros pasos, hacia proyectos que procuran el bienestar de todos los seres humanos, no sólo de unos cuantos.

En este contexto la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, mexicana, es un gran paso que nos acerca a esta utopía, y me entusiasma la posibilidad de contribuir con nuestros criterios desde la Suprema Corte de Justicia a aterrizar día con día en la vida diaria de los ciudadanos y de las ciudadanas esas importantes reformas, porque de qué nos sirve un texto constitucional sino aterriza en la vida cotidiana de los ciudadanos. 

Yo quisiera hacer de los derechos humanos, fundamentales, nuestro estandarte, que sea nuestra divisa, que sea lo que nos guíe en la actuación judicial de todos los días. En cuanto a nuestra identidad, creo que un rasgo esencial es el pluralismo.

Yo inicié mis estudios universitarios en 1968, siguiendo el pensamiento de “Seimor Litert”, que habla de las “coordenadas”  generaciones, yo estoy marcado por esa “coordenada” generación del 68, y de entonces para acá he sido testito de cómo se ha ido construyendo el pluralismo; el pluralismo político, que hoy disfrutamos se debe a un proceso y se debe, entre otras muchas valiosas personas, a ciudadanos mexicanos, como don Jesús Reyes Heroles, como Manuel Clouthier, como Heberto Castillo, que creyeron firmemente .....

(Sigue 5ª. Parte)
...a ciudadanos mexicanos, como Don Jesús Reyes Heroles, como Manuel Clouthier, como Heberto Castillo, que creyeron firmemente en la necesidad y en la operatividad de un pluralismo político.
Mesoamérica, antes de la conquista europea, era pluricultural, como nación independiente intentamos borrar las diferencias y pretendimos una nación homogénea, sin embargo el poder reformador de la Constitución enmendó este error en 1999, y aclaró que nuestra composición como Nación mexicana es pluricultural, sustentada en los pueblos originarios que existían antes de la conquista española.
Entiendo a la democracia constitucional como un sistema normativo que distribuye el poder. Y parafraseando a Luigi Ferrajoli articula distintos modelos de democracia: el liberal, conformado por derechos civiles; el procedimental que nos indica la manera en que se toman las decisiones públicas; el político participativo que nos dice cómo se deben participar para tomar estas decisiones, enriquecido ahora con una reciente reforma en la materia política, y ya prevé la iniciativa popular, entre otras cosas; y sobre todo la democracia sustantiva, la que le da contenido a la democracia expresada en los derechos sociales.
Estos pluralismos, junto con el social, generan conflictos de diversa índole, algunos de los cuales son competencia de la Suprema Corte de Justicia. Ante esos conflictos considero que el papel que debe jugar la Corte en el seno de un Estado de derecho democrático, constitucional, y en particular en este momento histórico, es la de ser un árbitro, un árbitro que también está sujeto a reglas y límites, un árbitro que no debe ceder a la tentación de legislar cuando analice la constitucionalidad que se somete a su potestad, un árbitro cuya finalidad es contribuir con los otros poderes de la Unión a la gobernabilidad democrática que nos permita disfrutar del bienestar que nos merecemos todos los mexicanos.
En este sentido, cobra relevancia que la Corte constitucional fortalezca los vínculos con los organismos internacionales por conducto de un diálogo, derivado de la globalización, sin perder de vista el ámbito de las respectivas competencias y teniendo al principio pro homine como una de las palancas fundamentales de ese nuevo paradigma.
Entre otros académicos distinguidos, Ana Laura Magaloni se ha caracterizado por sus críticas contra los poderes judiciales. Coincido plenamente con ella cuando apunta, abro cita textual: “Nuestro país necesita una Suprema Corte capaz de liderar la transición jurídica mexicana, que con razones y argumentos establezca nuevos referentes colectivos sobre la relación entre la justicia y el derecho, que contribuyan a la renovación de consensos fundamentales y a la pacificación duradera de los conflictos sociales”, fin de la cita.
Concibo a una ministra o a un ministro de la Suprema Corte como un Juez constitucional que legitime sus resoluciones, que se apoye en su carrera judicial, pero con visión de Estado, con la mira y la acción judicial puestas en un diseño de Nación articulado en un diálogo con la sociedad, respetuoso, leal y propositivo, pendiente de las razones que propongan las partes y de las consecuencias de sus decisiones.
Toda sentencia es un acto de poder, y por tanto este poder debe legitimarse, en especial las sentencias dictadas por un Juez constitucional, por el alcance de sus consecuencias. Dicha legitimación se logra partir de su adecuada fundamentación con el marco normativo utilizando a las teorías del razonamiento jurídico.
Por tanto, el Juez constitucional debe cultivar la interpretación, la argumentación y la aplicabilidad de las normas conforme a los cánones de la ciencia jurídica, vinculada a la filosofía, a la economía, a la sociología y a la política, entre otras disciplinas, sabedor de que sus decisiones, las decisiones de un Juez constitucional trascienden las fronteras de un conflicto jurisdiccional común y corriente por las consecuencias que tiene para el país en materia económica, política y social.
También el Juez constitucional creo que debe sujetarse al escrutinio constante de la sociedad y de la Academia mediante observatorios y foros que analicen las resoluciones judiciales y los modelos argumentativos que la sustentan. Y sobre todo, senadoras y senadores, el Juez constitucional debe encontrarse con la ciudadanía mediante una sentencia clara, mediante una sentencia inteligible, que no necesite de rigorismos técnicos; separemos a las sentencias, uno es el documento de trabajo técnico riguroso, científico, pero otro es la expresión de ese documento, la sentencia, de tal manera que la entienda el justiciable, de tal manera que el lenguaje no nos separe de la ciudadanía.
En ocasiones, incluso entre pares, nos sucede que no tenemos claro cómo debemos cumplir con una ejecutoria de amparo, entonces la ciudadanía tiene que tener un vínculo directo con nosotros por la sentencias y por nuestra actitud. Todo juzgador debe apegar su conducta a los principios constitucionales de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia. Estamos juzgando bienes, libertades, estamos decidiendo sobre haciendas de las personas, tenemos que cumplir a cabalidad con estos principios, y, sobre todo, debemos fortalecernos en el cultivo de la ética judicial.
Hoy más que nunca la ética judicial tiene que venir ayudarnos a que la ciudadanía recupere la confianza en sus juzgadores.
Con el cambio de paradigma jurídico, en el que la justicia constitucional adquirió relevancia, las normas jurídicas también se estructuran como principios, por lo que es necesario utilizar un procedimiento de concreción conforme al caso específico a resolver, y de esa manera lograr que la Constitución dé respuesta a las preocupaciones ciudadanas.
Para lograr todo lo anterior se requieren ministros y ministras con una formación interdisciplinaria, con sensibilidad social, honorables, autónomos y firmes en sus convicciones, capaces de escuchar a los demás, reconociendo, como dice González Galván, “que lo contrario a una verdad profunda no es un error, es otra verdad profunda, hay que estar atento, hay que estar atentos a las diversas verdades”, lo que para un ministro o ministra significaría valorar honestamente todas las posiciones.
Necesitamos ministros y ministras que con humildad sepan rectificar sus errores, que estén a ras de la tierra, que no tengamos que jalar su toga para que nos miren a los ojos…

(SIGUE 6ª PARTE)
. . .  ras de la tierra, que no tengamos que jalar su toga para que nos miren a los ojos.

Todo lo dicho me inspira profundamente para  constituirme en un factor más de acompañamiento de este proceso, no vengo con actitudes mesiánicas, vengo a sumar mi participación y mi esfuerzo, vengo a sumar mi colaboración para que esto sea una realidad.

Lo que hoy les puedo decir es que estoy preparado para asumir la responsabilidad de ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia, debido más que a mis méritos, a los aprendizajes de  diversa naturaleza obtenidos a lo largo de mi vida como estudiante, como abogado postulante, como docente, como académico, como autoridad universitaria, como Secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Colegiado de la Suprema Corte de Justicia, como juez de distrito  y como Magistrado de circuito.

Cuento con el respaldo de los valores que me inculcaron en mi familia, con el ejemplo que me dieron mis abuelos, mis padres  y que me dan mis hermanos y hermanas, cuento con el respaldo de una riqueza proveniente de una  relación matrimonial con Ana María que dura ya más de 36 felices años, extendida a su entrañable familia y también cuento con el respaldo de tres valiosos hijos: Pablo, Alonso y Santiago.

Quiero hacer un reconocimiento a la sociedad civil,  cuya participación en este proceso ha reivindicado como nunca antes el lugar que debe ocupar en cualquier estado democrático, alzando su voz de manera vigorosa, posicionando el respeto de una cuestión que sin duda es del más alto interés público, como es la designación de ministros y ministras de la Suprema Corte, examinando nuestros perfiles, escudriñando nuestra trayectoria judicial y hasta nuestras raíces intelectuales, cuestionando nuestras respuestas y omisiones, exigiendo de nosotros candidatos y también legisladores los más altos estándares de integridad y de responsabilidad en nuestros respectivos ámbitos.

No cabe duda que les asiste toda la razón, pues a ellos nos debemos los representantes y servidores públicos.

En unos momentos más honorables senadoras, honorables senadores, emitirán su voto mediante planilla secreta, en una carta que tuve el honor de escribir para un libro, cuyo propósito era darles consejos a jueces recién nombrados, les sugerí a esos jueces noveles, juezas noveles que encontraran en la soledad del juzgador, mediante la reflexión íntima y libre la convicción necesaria para dictar las sentencias.

Creo, siento, percibo que en este punto nos hermanamos ustedes legisladores y los juzgadores, porque  finalmente decidimos de acuerdo con nuestra conciencia de acuerdo con nuestra  reflexión personal.

Deseo ser evaluado por ustedes conforme a mis  convicciones judiciales, mis criterios jurídicos, mis anhelos como juzgados y mi compromiso como ciudadano.

Sigamos honrando este procedimiento democrático  de cara a la ciudadanía siendo leales a sus consecuencias, de hacerlo así, podremos tener la seguridad de cerrar con satisfacción este capítulo y tener las fuerzas suficientes para enfrentar el siguiente.

Muchísimas gracias por su atención, ha sido para mí un honor estar ante esta tribuna, estar ante la República Mexicana y que ustedes me hayan escuchado.

Muchísimas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchísimas gracias, señor Magistrado Monroy Gómez,  le solicito a la Comisión acompañe al Magistrado  Monroy  al salón contiguo. (Aplausos)

-Le solicito a la misma Comisión acompañe al Magistrado Monroy Gómez al salón contiguo y la misma Comisión de Senadores invitará a pasar al magistrado Alberto Gelacio Pérez Dayán, quién ocupa el segundo lugar en la primera terna.

-Bienvenido Magistrado Pérez Dayán, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos para su exposición.

-EL C. MAGISTRADO ALBERTO GELACIO PEREZ DAYAN: Con su venia, señor Presidente.

Señoras y señores senadores, dirigirme a ustedes  desde la tribuna más alta de la República en la sede representativa del Pacto Federal y con ello al pueblo de México, constituye un altísimo honor en la vida de un juzgador de carrera, aprecio su cortesía, agradezco también  al Ejecutivo Federal la distinción que me ha conferido para  formar parte de una de las ternas con base en las cuales esta soberanía analiza la designación de dos nuevos integrantes de nuestro tribunal constitucional.

La Tribuna del Senado de la República impone reflexión, responsabilidad y conciencia histórica, esta misma tribuna que desde el recinto de Donceles ha sido testigo de los grandes debates constitucionales de nuestra patria.

Precisamente desde ella hoy me dirijo a ustedes en este relevante ejercicio de colaboración  entre los poderes de la Unión.

Quiero comenzar por externar mi genuino reconocimiento a la  Comisión de Justicia de esta Cámara de Senadores, a su Junta Directiva y a cada uno de sus integrantes  por haber sentado nuevos referentes en el proceso  de  selección y calificación  de los integrantes de las ternas que previene el artículo 96 constitucional.

Ha sido un proceso ejemplar que otorga certeza y contenido al ejercicio de la  atribución constitucional de esta soberanía, a la vez que contribuye a reforzar un mensaje de eficiencia, honradez e imparcialidad con el que debe de ejercerse la función jurisdiccional en todos sus órdenes.

Los lineamientos establecidos han sido públicos y transparentes y han privilegiado a una ciudadanía vigilante de un proceso que hoy se reconoce profundamente democrático.

También agradezco a los grupos parlamentarios del Senado la apertura, el respeto y el profundo interés con el que nos recibieron a quienes hoy  aspiramos a un cargo en la Suprema Corte, a ustedes ofrezco, ante todo congruencia entre lo dicho y lo que está por hacerse.

Finalmente hago patente el gran honor que ha sido compartir este proceso con jueces constitucionales  de la calidad moral y profesional, como lo son mis compañeros Andrea Zambrana Castañeda, Emma Mesa Fonseca, Rosa María Temblador Vidrio, Manuel Baraibar Constantino Y  Pablo Monroy Gómez, en cada uno de ellos el ejercicio de carrera de la profesión judicial encuentra un  ejemplo a seguir y un motivo de profundo orgullo personal.

De resultar favorecedlo en este proceso  como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,  ofrezco ser un juez con visión de estado. . .

(Sigue 7ª parte)
De resultar favorecido en este proceso como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofrezco ser un juez con visión de estado, que entienda la realidad de nuestro México, sin activismo arrebatador, que busque la justicia por sobre todas las circunstancias; que genere equilibrio y aporte criterios que fortalezcan las políticas públicas.

Estoy entendido de la encomienda que la Constitución Federal confiere al Poder Judicial de la Federación; Poder de la Unión que debe coadyuvar para el fortalecimiento y evolución del Estado mexicano; poder que debe entender la responsabilidad que conlleva ser el supremo intérprete de su carga máxima y árbitro del poder público. Velaré siempre por estos principios y objetivos, es un será mi convicción y tarea; es mi compromiso con México.

Durante el proceso instaurado por esta Honorable Cámara de Senadores, hemos tenido la oportunidad de presentar a su consideración nuestros perfiles y carreras judiciales.

Hemos compartido nuestras aportaciones académicas y nuestros votos particulares.

Hemos dado evidencia de nuestra contribución a la fijación de jurisprudencia obligatoria, y en general, todos hemos dado cuenta del fruto de las décadas de trabajo consagrado a la labor jurisdiccional.

Estoy convencido de que es justamente en esa noble asignatura donde se conoce al juez y se le somete verdaderamente al escrutinio de su responsabilidad, ustedes lo hicieron.

En consideración a este proceso, y saber de que están a la vista y a disposición de todas y todos ustedes, los estándares de mi carrera como juzgador, dedicaré los siguientes minutos a presentar la visión que sustenta a mi aspiración para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Soy y he sido juez por vocación, por convicción y por voluntad de servicio.
Deseo seguir sirviendo a mi país con la misma responsabilidad con la que asumí mi encargo como Juez de Distrito y como Magistrado de Circuito. Ahora desde el altísimo honor que conlleva a ocupar una silla en el máximo tribunal.

Servir a México desde la Corte, es sobre todo, servir a la justicia y a la constitución.

Como ustedes saben, desde las reformas que el Constituyente Permanente realizó en 1994, hemos vivido un profundo proceso de cambio institucional y transición jurídica, perfilando cada vez con mayor nitidez a la Suprema Corte como un tribunal constitucional para la democracia.

Estoy convencido de que México y sus instituciones demandan una Corte fuerte, una Corte íntegra, una Corte responsable.

A nadie sorprende ya que en el Pleno y en las salas del alto tribunal se discutan y resuelvan, con mayor frecuencia, los asuntos de más interés para la nación.
Pero tampoco debe sorprender a nadie que a la par de ello reflexionemos, entonces, qué perfil y qué atributo se deben aportar a la Corte a fin de que esta cumpla a cabalidad su mandato de servir a la justicia, a la constitucionalidad, y principalmente a la democracia de nuestro país.

La Suprema Corte tiene hoy, además, un mandato irrenunciable frente a las reformas constitucionales en materia de justicia penal, en materia de juicio de amparo y en materia de derechos humanos.

Al máximo tribunal corresponde armonizar los principios y valores que sustentan nuestra democracia constitucional, así como transformar los derechos escritos en realidades fácticas, es decir, hacer posible la transición del reconocimiento de los derechos fundamentales al entorno de la vida de las personas.

Es, entonces, la Corte, quien en su carácter de órgano terminal de revisión judicial de las decisiones normativas en el orden jurídico nacional, materializa la razón pública y ello le demanda de manera especial la carga de justificar sus decisiones con base en el conocimiento y comprensión profunda de la Constitución, siempre bajo una lectura integral de su texto en concordancia con los ideales de un estado democrático de derecho.

Toca, entonces, a la Corte establecer esa voz serena, esa que articule los nuevos derroteros jurisprudenciales que le imponen las recientes reformas constitucionales que dan paso a la pluralidad y atención a las minorías, y que abone a la seguridad jurídica que demandan los gobernados.

Desde luego, esto no es una tarea sencilla. Los cambios constitucionales deberán traducirse, justamente, en cambios jurisprudenciales. Sin embargo, sé perfectamente bien que esto sí es posible.

El derecho es  --tal vez hoy más que nunca--  una materia en constante cambio que se adapta al devenir social a partir del acto legislativo, de la actuación reglamentaria, de la contienda litigiosa y, por supuesto, de la práctica jurisdiccional, materializada en fallos que sienten precedentes y aporten seguridad jurídica.
De tal manera  --señoras y señores legisladores--, a la Corte corresponde el mandato de dar cohesión, unidad y visión sistemática al orden jurídico nacional, con un enfoque particular de promoción y defensa del desarrollo social, flanqueado siempre por los derechos humanos, consagrados y reconocidos por nuestra carta magna y en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, lo que necesariamente se traducirá en una contribución sustancial a la consolidación de nuestra democracia constitucional.

Soy partidario de la concepción que rechaza el estándar democrático sin el necesario complemento que reafirma la vigencia absoluta de los derechos fundamentales, los de las mayorías y los de las minorías, los del más fuerte y los del más débil.

Así, el juez constitucional debe dimensionar su labor dentro de un terreno más amplio, que no se agote al impartir justicia al caso concreto y muere con el expediente, sino en la contribución que ello mismo entraña para la plena vigencia y práctica de la democracia en nuestro país.
Todas estas circunstancias configuran un ámbito profundamente diverso y prometedor para impartir justicia.

Al lado de los retos y del necesario diseño institucional, están también las promesas de un país más justo, de una impartición de justicia más pronta, objetiva y accesible.

Al lado de la gran responsabilidad de formar parte del Tribunal Constitucional, figura también el altísimo honor de contribuir al cambio y a la transición jurídica de nuestro país y de aportar mi experiencia, dedicación y esfuerzo a la construcción de una nueva época en la jurisprudencia nacional.

Este país que cambia y se transforma, precisa de una Corte dinámica que contribuya a la institucionalidad, a la justicia y a la certeza.

Entre muchos retos y asignaturas de enorme relevancia, pongo a su elevada consideración 5 grandes ejes de acción:

1.- El nuevo marco constitucional en materia de derechos humanos y la nueva Ley de Amparo representan, sin lugar a dudas, la asignatura prioritaria del tribunal constitucional.

Temas tan relevantes, como el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo; los efectos generales de las sentencias, y más recientemente, el interés legítimo, son todas figuras que se moldearon y maduraron a través de la jurisprudencia, así frente a una segunda generación de reformas y ante un nuevo contexto constitucional y legal, tocará a los Tribunales Colegiados de Circuito, y destacadamente a las salas y al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definir nuevos criterios, perfilar institucionalmente en juicio de amparo y garantizar su cohesión con el sistema jurídico.

El Supremo Tribunal debe emprender esta tarea creativa y jurisprudencial con gran responsabilidad, con apego y lealtad al espíritu que animó al poder revisor de la Constitución y con la mira alzada en una impartición de justicia siempre equilibrada con el orden público, el interés de la sociedad y el progreso de los asuntos públicos.

2.- La instrumentación de un modelo de control de convencionalidad y su traducción en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes por parte de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país…

(Sigue 8ª. Parte)
… instrumentación de un modelo de control de convencionalidad y su traducción en el ejercicio del control difuso de constitucionalidad de las leyes, por parte de todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país, bajo la lectura que establecen los artículos 1 y 133 de la Constitución, y los relevantes precedentes, sustentados por el alto tribunal, a partir del cumplimiento de fallos dictados por Cortes Internacionales.

Debemos garantizar que la voluntad del Constituyente sea una realidad, donde el respeto irrestricto a los derechos se implemente con eficiencia; pero también articular una interpretación constitucional del orden jurídico nacional, que aporte estabilidad y certeza sobre las normas que serán aplicadas por los juzgadores en todo el país.

Se trata, sin duda, de un asunto de capital importancia para la justicia mexicana y para la vida del país en su conjunto.

Tres. La tarea jurisdiccional del Tribunal Constitucional de México, no puede pensarse al margen de las graves condiciones a la que se enfrenta nuestro sistema de justicia y de la amenaza constante que el fenómeno de la ilegalidad representa para el desarrollo y la prosperidad de nuestro país.

Apunto: el balance entre la fuerza legítima  y el orden jurídico en esta prioridad, es irrenunciable.

Cuatro. Una Corte debe también ser una Corte prudente, una Corte responsable. Nuestro tiempo exige, sin duda, un Tribunal Constitucional garantista y progresista en la defensa de los derechos humanos; pero siempre atento a su misión de asegurar el equilibrio entre los Poderes de la Unión.

Guardando esa deferencia a la acción política, cuando esté sustentada en razones constitucionales y siendo ejemplar en la protección de los derechos fundamentales.

Gradualista y consistente en sus metas; y siempre vigilante de las consecuencias que generen sus fallos; madura para identificar caminos cerrados y sincera para reconsiderarlos.

La Corte debe, en todo momento, distinguir con nitidez los espacios en que la volunta del Constituyente, quiso favorecer al legislador o al ejecutivo, y no al juez. Debe tener la fortaleza para ejercer su función de control, siempre que la Constitución así lo exija o los derechos fundamentales de las personas lo demanden.

Cinco. Finalmente, estoy convencido de que, junto con la prudencia, uno de los valores torales de la función jurisdiccional es la congruencia. Congruencia que se transforma en consistencia argumentativa y que así produce a todos, estabilidad y certeza.

Si a la Corte toca hoy desempeñar un papel preponderante en la vida pública, le corresponde, también, la alta responsabilidad de darle a México, criterios consistentes de interpretación constitucional y una filosofía  de su juzgamiento.

Son muchas las voces en el foro, en la Academia y en la legislatura, que esperan de la Corte la madurez de su actividad jurisprudencial.

Ante todo, debemos tener claro que no puede haber justicia, desarrollo social o crecimiento económico, en un país sin certeza jurídica.

Por tanto, la suma de prudencia y congruencia en la actividad jurisdiccional, conducen siempre al fallo justo, y ello se refleja en la entereza y honorabilidad de quien toma la investidura de la toga, para dar a cada quien lo que le corresponde, honrando la insuperable máxima que supedita la paz, al respecto del derecho ajeno.

Señores legisladores: He juzgado asuntos en los que la norma es clara y la realidad contundente; pero también he participado en casos complejos, donde la nitidez que se supone acompaña siempre a la labor del juez, no existe. 

Casos en los que se demanda una apreciación integral de los hechos que obran en autos, y una interpretación integral de los hechos, a través de una visión sistemática, no sólo de reglas, sino también de principios constitucionales.

En la Corte, tal vez como en ningún otro tribunal del país, la mayoría de las resoluciones forman parte de esta última categoría; son casos profundos, delicados para la vida de la República y trascendentes en las pretensiones de la partes.

Son casos que exigen del juez, un compromiso extraordinario que debe ejercerse con estudio, dedicación, profesionalismo y gran responsabilidad.

Con el compromiso indeclinable de hacerlo así, y de ser desde la Suprema Corte un juez del que puedan sentirse satisfechos todos ustedes, reitero mi convicción republicana, federalista y mi absoluta e incondicionalidad entrega a México.

Senadoras y senadores, representantes de todas las entidades federativas que dan fuerza a la Unión.
Reafirmo mi convicción como servidor público ante ustedes, y sobrepongo mi compromiso de que siempre privilegiaré el bien común en la función que se me encomiende.

Serán precisamente mi vocación de juzgador constitucional, y mi formación humanista, las que refrenden y den sustancias a mis valores éticos y profesionales.

Por su atención, señores senadores, muchas gracias. (Aplausos)

-EL C. PRESIDENTE  BURGOS GARCÍA: Muchas gracias.

Muchas gracias al señor Magistrado Pérez Dayán.

Y solicito a la comisión, acompañe al Magistrado Pérez Dayán, al salón contiguo e invite a pasar a la Magistrada Andrea Zambrana Castañeda, quien es la tercera candidata, en la primera terna.
(La comisión cumple)
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Bienvenida Magistrada Andrea Zambrana Castañeda, dispone usted de 20 minutos para su exposición.

Se le concede el uso de la palabra.

-LA C. MAGISTRADA ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA: Con su venia, señor.

Honorable Senado de la República; presidente de la Mesa Directiva; señoras senadoras, señores senadores:

Comparecer ante esta honorable Cámara de Senadores, constituye, a la vez, un honor y una responsabilidad, pues entiendo que no sólo basta dar un exacto y formal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 96 de la Constitución Federal, sino en lo posible darle un contenido material.

Hoy está en juego la integración de la Suprema Corte de Justicia que necesita el México del Siglo XXI.

El sistema de justicia, no parece satisfacer las demandas sociales y todos los actores involucrados, cada uno en el ámbito de sus competencias, tenemos la misma responsabilidad: acabar con la impunidad y aplicar el derecho a todos los ciudadanos por igual.

México es un país complejo y diverso. Hoy en día vivimos internamente un ambiente de marcada inseguridad y hacia el exterior somos parte de un mundo cada vez más interconectado en el que debemos adaptarnos a los criterios e intereses del orden internacional, que en buena manera determinan con independencia de nuestras preferencias, el ritmo…

(SIGUE 9ª. PARTE)
… de un mundo cada vez más interconectado en el que debemos adaptarnos a los criterios e intereses del orden internacional que en buena manera determinan, con independencia de nuestras preferencias, el ritmo de vida de las sociedades contemporáneas.