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El Senado de la República pidió a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de la Reforma Agraria, así como a la Procuraduría Agraria, a que instruyan a los directores de Centros SCT, de Expropiaciones y al secretario técnico del Comité Permanente de Control y Seguimiento a participar en una mesa de trabajo en la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Lo anterior, con el propósito de aclarar la presunta afectación de que han sido objeto ejidatarios por irregularidades y omisiones en el proceso de liberación del derecho de vía y en la entrega del título de concesión de las autopistas Tepic-Mazatlán, Durango-Mazatlán y del Libramiento Mazatlán.
Asimismo, para resolver de manera inmediata el problema presentado por los ejidatarios afectados en la construcción de estas obras.
En el dictamen aprobado se menciona que el 6 de abril de 2005 la SCT entregó la concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener durante 30 años, la Autopista Tepic-Villa Unión, ubicada en el norte de Nayarit y sur de Sinaloa, la cual fue concluida en marzo de 2008.
Sin embargo, se señala que “muchos campesinos ejidatarios de Nayarit y Sinaloa, que fueron afectados por la construcción por la expropiación de sus tierras, aun no han sido totalmente indemnizados”.
Por ello, se han manifestado diversas ocasiones por el incumplimiento del gobierno federal, así como por la falta de obras que les fueron prometidas a causa de los daños provocados por la construcción de dicha autopista.
Agrega que el desbordamiento de ríos a causa de la destrucción de sus bordes naturales por las compañías constructoras, inundaciones de los cultivos, casas dañadas, puentes y caminos que no han terminado, accidentes automovilísticos, son sólo algunos de los problemas causados por la construcción de la autopista mencionada, lo que ha afectado económicamente a los campesinos de la zona.
Aprueban reforma a Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
En otro tema, el pleno senatorial avaló un dictamen que reforma la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a efecto de establecer un programa de inclusión al empleo para las personas con discapacidad.
Ello, con el propósito de integrarlos progresivamente a áreas laborales y en proporción real, de forma transversal y equitativa, el cual se iniciará con un mínimo del 2 por ciento de la planta laboral.
El dictamen se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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