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Senadores y diputados ratificaron en comisiones los nombramientos de Ricardo Cámara Sánchez, y Jacob Prado González, como cónsules generales de México en Atlanta, Georgia y El Paso, Texas.
Al comparecer ante legisladores de la Segunda Comisión de la Permanente, que preside el senador perredista Leonel Godoy Rangel, Cámara Sánchez prometió redoblar esfuerzos para proteger los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
Explicó que la jurisdicción consular de Atlanta comprende también los estados de Alabama y Tennessee, donde en conjunto radican casi un millón de migrantes que laboran en la agricultura e industria restaurantera, y se ven afectados por las deportaciones y lineamientos antiinmigrantes locales.
Además, pretende recaudar fondos para fortalecer los programas sociales y culturales que promuevan una mejor calidad de vida y otorguen un beneficio adicional a los migrantes y sus familias, como las IME-BECAS, del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
A pregunta expresa de los legisladores sobre la violación a los derechos humanos de los migrantes, el cónsul reconoció la necesidad de establecer protocolos entre los dos países para enfrentar los abusos de reglamentos como la Ley HB56 y la violencia que ejercen elementos de las policías locales.
Por su parte, el cónsul Jacob Prado González, reconoció que por ser tan delicada la situación de la zona de El Paso, por la influencia del crimen organizado y el flujo constante de indocumentados, es necesario reforzar la colaboración con autoridades locales en materia laboral, salud, sociológica y educativa.
El diplomático se comprometió a promover los derechos laborales y políticos de los migrantes, su organización comunitaria para que participen en proyectos familiares y de defensa de identidad, a suscribir alianzas con sectores empresariales, así como mejorar los servicios consulares y de atención.
Los senadores y diputados propusieron a los cónsules credencializar a los migrantes nacionales en sus respectivas jurisdicciones, establecer convenios de respeto a sus derechos laborales, protegerlos jurídicamente en casos xenofóbicos e impulsar alianzas con sectores productivos para mejorar su calidad de vida.
Solicitan legisladores no cerrar garita San Ysidro-Tijuana
En la misma reunión, los legisladores avalaron un dictamen para que el Ejecutivo federal informe si está programado -por parte de las autoridades mexicanas o estadounidenses- el cierre definitivo de la garita San Ysidro-Tijuana.
De ser el caso, le recomendaron realizar las gestiones para que permanezca abierta y siga operando con normalidad, independientemente de que se abra el punto fronterizo de El Chaparral en Baja California.
Piden reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México – Estados Unidos
Además, llamaron a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación a convocar, a una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo Bilateral México-Estados Unidos sobre Prevención de la Violencia en la Región Fronteriza y evaluar posibles reformas a los Protocolos Vigentes en la materia.
Lo anterior, ante los eventos de brutalidad policiaca contra inmigrantes mexicanos a manos de la Patrulla Fronteriza.
En particular, los legisladores pidieron la creación de un grupo de trabajo intersecretarial que dé seguimiento puntual a los casos de uso excesivo de fuerza y brutalidad policiaca en la frontera con la finalidad de emitir recomendaciones para la prevención y supresión de eventos de esa naturaleza.
A la Cancillería le pidieron realizar una ofensiva jurídica y diplomática en defensa de los mexicanos víctimas de la brutalidad policiaca y el uso excesivo de la fuerza en EU.
Que el INAH subsane deficiencias detectadas por la ASF
En otro dictamen, senadores y diputados solicitaron al Ejecutivo federal instruir al director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se subsanen las deficiencias establecidas en el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, de la Auditoría Superior de la Federación.
En tanto, los legisladores solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública intensificar las acciones de vigilancia en las zonas arqueológicas e históricas del país.
Específicamente exhortaron a la PGR a dar celeridad a las denuncias presentadas por el INAH y a desarrollar mecanismos de investigación que determinen el modus operandi de los delincuentes para combatir los delitos cometidos en contra del patrimonio cultural.
Finalmente se aprobó un reconocimiento al Colegio Nacional, por preservar y acrecentar la cultura nacional, con motivo del 69 aniversario del inicio de sus actividades, que se conmemoró el 15 de mayo de este año.
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