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Legisladores de la Comisión Permanente aprobaron un dictamen para solicitar a la Secretaría de Gobernación que establezca medidas preventivas de protección en beneficio de la comunicadora Sanjuana Martínez y de sus hijos.
Lo anterior, con la finalidad de garantizar su integridad física y psicológica “frente a los actos de abuso de autoridad y de intimidación suscitados el pasado 5 de julio de 2012 en Nuevo León”.
Asimismo, pedirán que se realicen las gestiones necesarias ante las autoridades estatales y la Procuraduría General de la República para investigar los hechos mencionados.
De igual forma, instaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que emprenda una investigación del operativo realizado en contra de la periodista específicamente por el uso de armas largas para un acto administrativo en presencia de menores de edad.
Además, se sumaron a la condena de la Sociedad Interamericana de Prensa frente “al excesivo uso de la fuerza pública contra la comunicadora” y refrendaron su compromiso por garantizar el derecho constitucional de libertad de expresión y la protección de los periodistas en México.
En el dictamen avalado por integrantes de la Primera Comisión, que preside el senador priista Rogelio Rueda Sánchez, se indica que el pasado 5 de julio Sanjuana Martínez fue detenida en su domicilio por tres elementos de la policía municipal de San Pedro Garza, Nuevo León, “quienes con amenazas y amagos de armas largas la subieron a la patrulla 206”.
“Sin decirle el motivo del arresto y sin mostrarle una orden de aprehensión los policías la trasladaron a un lugar de confinamiento”, se agrega en el documento.
Los legisladores señalaron que el motivo del arresto de la reportera es que el juez español Carlos Castresana interpuso una demanda para quitarle a sus hijos; sin embargo “Martínez tiene en curso un proceso de divorcio, por lo que es ilegal, de acuerdo a las leyes de Nuevo León, que se reclame a los hijos hasta que esa situación no esté terminada”.
Aunado a ello, resaltaron, frente a un acto administrativo “policías encapuchados con armas largas entraron con uso de violencia y amenazas a la casa de la periodista con conocimiento de la presencia de menores de edad”.
Por último se subraya en el texto que la jueza María Guerrero Delgado, quien ordenó el arresto de Martínez, es la misma que decretó en septiembre de 2008 el allanamiento del albergue para mujeres víctimas de violencia física denominado Alternativas Pacíficas, para llevarse a dos menores de edad.
En esa intervención --se explica-- las autoridades judiciales incluso llevaron secuestrada a la directora de esa ONG, María del Mar Álvarez Morales.
Piden castigo para asesinos de comuneros en Cherán
En otro tema, los legisladores acordaron conminar al Ejecutivo federal y al gobernador de Michoacán a que se investigue “a fondo, se consigne y castigue a los responsables de los asesinatos de comuneros de Cherán”.
De igual manera, les pidieron intensificar su coordinación y colaboración, a fin de dar seguridad y proteger la vida e integridad de los habitantes de ese municipio purépecha.
En el texto avalado se indica que desde 2008 han sido asesinados quince personas y cinco más están desaparecidos por defender los bosques y enfrentar a los talamontes que están coludidos con los miembros del crimen organizado.
Se destaca que el domingo 8 de julio Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez fueron “levantados” por hombres armados y encontrados sin vida al día siguiente en un camino vecinal de la comunidad Vista Hermosa.
Ante este panorama, senadores y diputados consideraron “alarmante que todo un poblado esté a merced de las bandas de maleantes que se disputan el control del territorio”.
Por ello, se hicieron un llamado a las autoridades a que cumplan con sus obligaciones constitucionales de dar seguridad y proteger las vidas de sus gobernados”.
Demandan plan para evitar robo de combustibles
En la misma reunión se ratificó un exhorto al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Petróleos Mexicanos, se lleve a cabo una reunión de trabajo para aplicar un plan emergente de seguridad en la distribución energética.
Lo anterior, con la finalidad de “prevenir daños irreparables en el sistema de venta de gasolinas, en el patrimonio y en la vida de los propietarios”.
En el documento se informa que el tráfico de hidrocarburos robados por medio de la sustracción de diesel o gasolina de los ductos de Pemex es una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales, quienes venden el producto robado en México, Estados Unidos y Centroamérica.
Asimismo, se destaca que por la comercialización del combustible robado se generan ganancias superiores a los 500 millones de pesos mensuales.
Los legisladores informaron que al mes de noviembre de 2011 el robo de combustible se incrementó en 52 por ciento en comparación con 2010, lo que generó una pérdida económica de aproximadamente 6 mil millones de pesos
Además, expusieron que empresarios miembros de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo son obligados y amenazados por personas “fuertemente armadas” a vender combustible que ha sido robado a Pemex Refinación, por el cual tienen que pagar entre 120 mil y 150 mil pesos en efectivo.
Dicha reunión deberá realizarse dentro de los 14 días contados a partir de la aprobación del exhorto por la Comisión Permanente y remitirse el informe respectivo.
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