• En comisiones, votan senadores a favor de la protección de los derechos humanos de civiles cuando militares cometan delitos en su contra
Al aprobar en comisiones el dictamen que reforma el Código de Justicia Militar, el Presidente de la Comisión de Defensa, Fernando Yunes Márquez, aseguró que en este dictamen se cuidó y armonizó la redacción para cumplir con el objetivo de protección de los derechos humanos, adecuarlo a las normas internacionales en la materia y para que los integrantes de las Fuerzas Armadas sean juzgados en tribunales civiles cuando cometan delitos en contra de ciudadanos.
En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Justicia, Defensa Nacional, Estudios Legislativos, Estudios Legislativos Primera y Estudios Legislativos Segunda, el legislador de Acción Nacional reconoció el trabajo de las comisiones "porque se escuchó a todos los involucrados, organizaciones de la sociedad civil, Fuerzas Armadas, académicos, unos a favor y otros en contra, pero se escuchó con total apertura a las partes para la redacción del dictamen".
Yunes Márquez resaltó que "no se precipitó nada" y en cambio se cuidó y armonizó la construcción del documento "para cumplir con los objetivos fundamentales del mismo: de protección de los derechos humanos y de adecuarnos a las normas internacionales y al mismo tiempo hacer un balance muy importante para mantener y preservar la justicia militar, pilar fundamental tanto del Ejército y la Marina".
"Se armonizaron muy bien estas dos posiciones que pueden parecer opuestas y lejanas mediante el diálogo, el trabajo que se tuvo de manera unida que logró acercamientos y convergencia total que nos permite sacar adelante este dictamen que será de gran beneficio para el país", expuso el legislador veracruzano.
Por su parte, la senadora panista Pilar Ortega Martínez afirmó que "el elemento esencial del dictamen es que modifica de manera sustancial el artículo 57 del Código de Justicia Militar relativo al fuero militar en donde hay dos temas fundamentales".
Uno, relativo a que la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional; y el otro en el tema de las víctimas civiles que tienen derecho a participar en el proceso penal, no sólo para efectos de reparación del daño, sino para hacer efectivos sus derechos.
"Esta compatibilización del artículo 57 a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y las resoluciones de los organismos internacionales en la materia era muy necesaria", aseguró la legisladora por Guanajuato.
Las modificaciones, señaló, no son un tema agotado, son un primer paso, por lo que debemos seguir en la modernización legislativa en materia militar para construir un país más democrático.
El dictamen que reforma el Código de Justicia Militar busca la armonización con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las recomendaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos en los que se plantean modificaciones a los alcances del fuero militar, al tribunal civil competente cuando se afectan los derechos de un civil; se reconoce el principio de inocencia de todo imputado; y se establece la competencia originaria de las autoridades civiles en aquellos delitos que cometen militares que afectan a civiles.
"El cambio más trascendente es la modificación al artículo 57 que limita la jurisdicción militar, lo que significa que cuando un miembro de las Fuerzas Armadas cometa un delito contra un civil en su persona o contra sus bienes conocerá de esto la jurisdicción civil", se explica en el dictamen.
Además, se insertan a la justicia militar los jueces de ejecución de sentencias; se aclaran las atribuciones de los defensores adscritos a los tribunales militares; se establece la base de derechos humanos del sistema penitenciario militar; y se dispone claramente sobre el lugar en que los militares compurgarán las penas.
Asimismo, se establece la exclusión de los menores de edad que se encuentran en las Fuerzas Armadas de la jurisdicción civil o militar, para que en términos del artículo 18 constitucional conozca de su caso el sistema integral de justicia para adolescentes.
En la reunión de trabajo también votaron a favor los senadores panistas Raúl Gracia Guzmán y Fernando Torres Graciano.
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