Senado de la República

Conforme avanza la conquista de espacios ciudadanos y se legisla para que el gobernado pueda participar de modo más activo y directo en la toma de decisiones de los gobiernos, se presentan obstáculos que inhiben o tratan de limitar las posibilidades de que la voz y voluntad del pueblo pueda ser no sólo escuchada, sino atendida y convertidas sus demandas en realidades, en acciones, en planes de gobierno y leyes con apego al sentir y a las necesidades de la población, aseguró el senador panista Luis Fernando Salazar Fernández.
Por ello, el legislador por Coahuila planteó reformas al artículo 115 de la Constitución, con el propósito de impulsar la participación ciudadana en la toma de decisiones de las autoridades.
“Lo que nos interesa como base de la presente iniciativa es la participación ciudadana real, directa y efectiva en la toma de decisiones de las autoridades, especialmente cuando se trata de planes de desarrollo urbano, uso y destino del suelo, medio ambiente, vías y medios de transporte, zonificación, asentamientos humanos, seguridad pública, protección civil y otros rubros similares de alto impacto en la sociedad.
 
“Existe una postura actual tendiente a una dialéctica que plantea una lucha destructiva entre la participación ciudadana y la política. La realidad es que el hombre como ciudadano tiene derecho de votar y ser votado en la construcción del poder del Estado, pero además tiene derecho de expresarse y asociarse para influir en los asuntos públicos, en tanto que el político es ese mismo ciudadano que ejerce tales derechos a plenitud”, señaló.
La condición de ciudadano y político, agregó, son en esencia lo mismo y el contraponer ambas funciones de manera radical implica una ruptura ontológica y un conflicto irresoluble al interior de la sociedad.
“Para los fines de la presente iniciativa, nos ocupa el tipo de participación ciudadana que se verifica por medio de los organismos conocidos generalmente como Consejos Ciudadanos o Comités Ciudadanos.
 
“Este tipo de organismos de expresión popular existen desde hace lustros, y fueron los municipios quienes primero trataron de darles vida y funcionalidad en los códigos municipales o leyes orgánicas municipales. Hoy día casi todas las constituciones locales imponen a los municipios el deber de privilegiar y reglamentar la participación ciudadana”, consideró.
 
Dijo que en los estados por todos lados pueden verse consejos del transporte, consejos de seguridad pública, consejos de desarrollo urbano, consejos de medio ambiente, consejos de planeación, consejos de procuración de justicia, consejos educativos, consejos de becas estudiantiles, etcétera.
 
Sin embargo, en casi todos los casos, acotó, se crean con el “candado” que consiste en evitar que sus opiniones o decisiones sean vinculantes para la autoridad, con lo que se convierten en figuras de adorno, en simulación y engaño para la sociedad.
 
“Se trata entonces de una participación ciudadana fingida y acotada por las autoridades, por las leyes y reglamentos; esto es una farsa y una burla; son acciones deleznables que no pueden continuar, que no debemos permitir que continúen”, enfatizó.
 
En el artículo 115 constitucional, explicó, se indica que los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
 
“Y ahí nosotros proponemos que también se garantice el carácter vinculante de las opiniones emitidas por las organizaciones de ciudadanos debidamente conformadas”, detalló.
 
También, concluyó Salazar Fernández, proponemos que se adicione un párrafo a ese mismo artículo que señale lo siguiente: Los ayuntamientos deberán garantizar la participación ciudadana mediante reglamentos expedidos conforme a la normatividad aplicable, en los temas referentes a planeación y desarrollo urbano, desarrollo social, transporte público, seguridad pública, protección civil, asentamientos humanos, medio ambiente, uso y destino del suelo, agua potable y drenaje, vialidad y los demás que determinen las legislaturas de los estados.
 
La iniciativa del senador de Acción Nacional se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Municipal y Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación.
 
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