• Es un gran avance para garantizar a la niñez y a la adolescencia mexicana vivir y desarrollarse para ejercer de manera plena sus derechos, a la luz de los más amplios estándares internacionales: García Gómez
• En la revisión de la iniciativa se consideró que hay que armonizar dos aspectos fundamentales, primero el de la libertad y, segundo, el interés superior de la niñez: Romero Hicks
• Es uno de los trabajos de reconstrucción de una iniciativa del Ejecutivo más importantes que se hayan verificado en los últimos años en la historia del Congreso: Corral Jurado
En reunión de trabajo de comisiones unidas del Senado de la República, legisladores de Acción Nacional respaldaron con diversos cambios, la iniciativa preferente por la que se garantizan los derechos de niños, niñas y adolescentes enviada por el Presidente de la República, y se acordó que las reservas en lo particular se discutirán en el Pleno durante la sesión del próximo lunes.
Las comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género, de Educación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda fueron las encargadas de presentar el dictamen por el que se expide la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, mismo que se aprobó en lo general.
La senadora panista Martha Elena García Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, destacó que el proceso de análisis y discusión del proyecto del Ejecutivo federal fue “un hito en la historia de nuestro país y un gran avance para garantizar a la niñez y a la adolescencia mexicana vivir y desarrollarse para ejercer de manera plena sus derechos, a la luz de los más amplios estándares internacionales”.
Explicó que los cambios más sustanciales a la iniciativa preferente se reflejan en la definición de la naturaleza y alcances de la ley a través de un nuevo paradigma de derechos humanos, que permite transitar de la doctrina tutelar y asistencialista hacia un enfoque garantista y de titularidad de derechos de los infantes y adolescentes.
En este sentido, agregó, las comisiones dictaminadoras presentaron una nueva denominación de la ley: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lugar de Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como lo propuso el Presidente Enrique Peña Nieto.
La senadora por Nayarit indicó que se estableció que la ley tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte.
Esto, continuó, en congruencia con el principio especial de integralidad que concibe a niñas, niños y adolescentes como personas autónomas, titulares de derechos, que deben ser protegidas de manera integral, solidaria y simultanea por la familia, la sociedad y el Estado.
“Otras aportaciones importantes son el mandato para crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;
la obligación de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de la niñez y adolescencia, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
“Además, se establecen las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como para prevenir su vulneración”, detalló.
García Gómez precisó que el tema presupuestal mereció también especial atención, por lo cual se considera en la ley la obligación de las autoridades en los tres niveles de gobierno para que incorporen en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a las acciones establecidas, de modo que la Cámara de Diputados, los Congresos locales y la Asamblea Legislativa del DF establecerán en los respectivos presupuestos los recursos necesarios.
Dijo que este nuevo ordenamiento jurídico permitirá que las políticas públicas contribuyan a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, el senador panista Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, subrayó que en el análisis de la iniciativa también se convino modificar el apartado de sanciones.
“En la iniciativa recibida había infracciones administrativas y la parte de los delitos, y en la revisión se consideró que hay que armonizar dos aspectos fundamentales: primero la libertad, y segundo el interés superior de la niñez.
“Se ha considerado eliminar la parte penal y concentrarnos de manera preponderante en las infracciones de carácter administrativas, que son cinco fundamentalmente, y se aplicarían a servidores y funcionarios del ámbito federal; primero la violación de algún derecho de niñas, niñas y adolescentes; segundo, la omisión culposa frente a la violación de algún derecho por un tercero; tercero, la omisión culposa al impedir un abuso; cuarto, la violación del derecho a la intimidad; y quinto, la intervención en procesos de adopción sin la autorización de la autoridad competente”, expuso.
Explicó que en lo referente a los medios de comunicación, que tienen un papel preponderante en todo esto, las infracciones serían en cuatro aspectos: primero, las que impidan objetivamente el desarrollo de un niño, niña o adolescente por difusión de material audiovisual; segundo, las que pudieran incumplir en la legislación en su conjunto, en la parte de los derechos; tercero, la realización de entrevistas o difusión sin autorización de quien ejerce la patria potestad; y, finalmente, la difusión ilegal de imágenes o voz de niñas, niños y adolescentes.
El legislador por Guanajuato acotó que para la aplicación de la sanción se dan criterios, como son: su gravedad, el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, los daños que se hubieren producido o pudieran producirse, la condición económica del infractor y la reincidencia del infractor.
“Se da una modificación al tema de las sanciones porque se quiere mandar un mensaje muy claro: la libertad termina cuando invado los derechos de otra persona y la libertad no es negociable, esperemos que todas las personas, los medios de comunicación, las telecomunicaciones y, por supuesto, las autoridades y los servidores públicos puedan actuar en consecuencia”, apuntó.
A su vez, el senador panista Javier Corral Jurado expresó su reconocimiento al trabajo de las comisiones unidas que, como antecedente legislativo, será muy importante para la vida del Congreso.
Mencionó que la iniciativa del Ejecutivo fue prácticamente reconstruida, lo cual se hizo para concretar una mejor legislación.
“En la Constitución se integró, dentro de un privilegio para el Presidente de la República, presentar una iniciativa preferente, lo cual obliga a la Cámara de origen a desahogar el trámite en 30 días, y es uno de los trabajos de reconstrucción de una iniciativa más importantes que se haya verificado en los últimos años en la historia del Congreso, de una iniciativa del Ejecutivo, estamos prácticamente ante una reconstrucción integral por múltiples motivos.
“Me llamó la atención el descuido con el que se presentó la iniciativa, incluso el desfasamiento que la iniciativa tenía en relación con la evolución del derecho internacional; se han hecho cambios en la mayoría del articulado, es una iniciativa ahora sí que corregida y aumentada, se le ha hecho una cirugía mayor, eso es bueno, eso hay que celebrarlo, que el Congreso mexicano, que los legisladores tengan esa capacidad no para enmendarle la plana al Presidente, sino para corregirle sus iniciativas, ése es un buen antecedente y es fruto de un trabajo muy comprometido de todos los que estuvieron al frente de este trabajo”, comentó el legislador por Chihuahua.
En la reunión de comisiones unidas también estuvieron las senadoras panistas Rosa Adriana Díaz Lizama, Marcela Torres Peimbert, Mariana Gómez del Campo Gurza, Pilar Ortega Martínez y Adriana Dávila Fernández, así como los senadores panistas Jorge Luis Preciado Rodríguez, Coordinador de la bancada, Víctor Hermosillo y Celada y Luis Fernando Salazar Fernández.
--000--