• La declaración de improcedencia hace inoperante este derecho como mecanismo de participación directa de los ciudadanos, afirma Gil Zuarth.
• Ministros niegan un instrumento de democracia a millones de mexicanos, destaca el senador Corral.
A nombre de su Grupo Parlamentario, el senador Roberto Gil Zuarth aseguró que el PAN no comparte la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con las consultas populares porque la hace prácticamente inoperante como mecanismo de participación directa de los ciudadanos.
“Es muy lamentable” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con las consultas populares porque “en nuestro diseño constitucional no son el mecanismo para medir la opinión coyuntural, no es una encuesta, es un mecanismo de decisión que genera un mandato vinculante para los poderes públicos”, agregó Gil Zuarth.
“Esta es la razón por la cual el poder revisor de la Constitución estableció que bajo ciertos umbrales de participación el resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes públicos, no se les pide opinión a los ciudadanos, sino se les pide que tomen una decisión de manera directa, ese es el sentido, el principio, el fin de este mecanismo”, señaló.
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no habrá jamás una consulta popular en nuestro país, dijo el legislador.
Agregó que desde la óptica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “jamás podría plantearse la discusión de la legalización de la marihuana, un ejemplo de participación ciudadana, porque legalizar la marihuana implica ingresos para el Estado y no legalizarla implica egresos en policías, ministerios públicos, jueces y centros de adicciones”.
No habría posibilidad de consulta popular para determinar si la ciudadanía acepta o no una obra pública porque las obras públicas son egresos del Estado, por ejemplo, añadió.
Si utilizamos el criterio de los derechos humanos que aplicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda prácticamente imposible encontrar un solo tema en el que podamos convocar un mecanismo de esta naturaleza, por ejemplo la solicitud de ciudadanos en Estados Unidos para abolir la pena de muerte, como están involucrados derechos humanos, no pudiese solicitar a los ciudadanos que se pronuncien sobre la pena de muerte en la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó
Al finalizar su intervención en tribuna, Gil Zuarth dijo que la consulta popular es “un derecho que no le corresponde a la Corte, no le corresponde a los partidos políticos, un derecho que es única y exclusivamente de los ciudadanos”.
A su vez, el senador panista Javier Corral Jurado criticó la declaración de improcedencia a las consultas impulsadas por los partidos políticos, ya que, sostuvo, afecta la democracia participativa.
Consideró que el máximo tribunal del país se apartó, con esa determinación, de una visión más garantista de la Constitución y menos formalista.
“Es lamentable la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero si esa decisión es lamentable, nosotros tenemos la oportunidad de reivindicar esta figura de la democracia participativa que son las consultas populares.
“La Corte ha negado a los ciudadanos, no a los partidos, a los millones de ciudadanos que se adhirieron a las solicitudes de consulta popular, un derecho fundamental inscrito en el artículo 35 de la Constitución, no es cierto que se trate de un revés para el sistema de partidos, se trata de un enorme revés a los ciudadanos mexicanos que concurrieron con su firma para apoyar diversas solicitudes de temas de trascendencia nacional indiscutible”, expuso.
Se trata, remarcó el legislador por Chihuahua, de una pésima señal en un momento tan complicado en la vida del país, en un momento de enorme tensión social, estar desdeñando acudir a los ciudadanos para hacerlos partícipes de decisiones fundamentales.
“Las figuras de la democracia participativa son una búsqueda de legitimidad, pero no sólo eso, están planteadas y pensadas para fortalecer al régimen representativo de una manera complementaria con estas formas de participación”, señaló.
Corral Jurado estimó que el Senado, que emitió la legislación secundaria en materia de consulta popular, tiene el deber moral de ser congruente y facilitar que se produzcan estas expresiones de democracia directa.
“Cuando en las calles de México se escuchan gritos de inconformidad y de impugnación a la política, a la clase política, e incluso exigencias de renuncia, que la clase política desperdicie la oportunidad de abrir un cauce a la participación ciudadana en consultas directas es un contrasentido, es una falta de sensibilidad social”, dijo.
No debemos, acotó, poner aldabas a las puertas que nos articulan con la sociedad en asuntos de interés de ella, por eso es fundamental dar cauce a este ejercicio por la vía directa que tenemos los legisladores.
En su oportunidad, el senador Héctor Larios destacó que con el criterio de la SCJN hay un enorme riego de que México no cuente con un instrumento de democracia directa como es la consulta ciudadana, toda vez que con su decisión lo hace nugatorio en la práctica.
Sin embargo, planteó que existe una posibilidad de rescatar ese derecho, pues el artículo 35 de la Constitución establece una excepción para que las consultas que inicie el Congreso no pasen por la revisión de la Corte, por lo que instó a los legisladores de ambas cámaras a insistir en llevar al proceso electoral federal de 2015 la consulta sobre salarios máximos.
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