Senadores del PRI se pronunciaron por diseñar medidas jurídicas eficaces, para impedir la violación reiterada de los derechos humanos de quienes ya han sido desplazados o están en riesgo de serlo.
En este sentido, los legisladores Gerardo Sánchez, Manuel Cota Jiménez, Claudia Pavlovich, Ivonne Liliana Álvarez, Mely Romero e Hilda Esthela Flores Escalera, presentaron una iniciativa para establecer por mandato constitucional la obligación para todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, respetar las garantías y derechos de estos grupos altamente vulnerables.
Para ello, indicó el senador por el estado de Guanajuato, Sánchez García, quien habló en nombre de sus compañeros de bancada, se plantea reformar el artículo 11 constitucional, toda vez que dicho precepto alude a la libertad de tránsito, dentro del territorio nacional y la libertad de establecer la residencia en cualquier lugar de la Republica.
De esta forma, no sólo se garantizarán dichas libertades, sino también se obligaría a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a hacer valer los derechos humanos de las personas o grupos de personas, desplazados en el territorio nacional, destacó.
En la exposición de motivos, dijo que en México más de 160 mil personas han sido desplazadas de sus lugares de origen a otras regiones del país, principalmente por la violencia asociada con el narcotráfico y la delincuencia organizada, cifras que se han ido incrementando a partir del 2007, de acuerdo a datos del Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno.
Las entidades que presentan mayor desplazamiento, comentó el senador priista, son Chiapas y Chihuahua, aunque el incremento de las actividades de narcotráfico y del crimen organizado en los últimos años, ha provocado que pobladores de Baja California, Coahuila, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, también se han visto en la necesidad de huir de sus estados.
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