La senadora panista Martha Elena García Gómez exhortó a las 32 entidades federativas a revisar sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia en donde las víctimas sean menores de 18 años, a fin de realizar las modificaciones que estimen pertinentes bajo los criterios internacionales que establece la Convención de los Derechos del Niño y su protocolo facultativo para combatir la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de infantes en la pornografía.
A través de un punto de acuerdo, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia pidió al titular del Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Gobernación, emprenda una estrategia integral de prevención, atención y protección del abuso sexual y otras formas de violencia de la que son víctimas niñas, niños y adolescentes.
“La violencia sexual contra las niñas y los niños es una grave violación a sus derechos fundamentales. Una gran proporción de niñas y niños en el mundo sufre violencia significativa. No obstante, el abuso sexual, la agresión física y psicológica y el acoso sexual son formas de violencia que tienen lugar en todos los entornos.
“En la mayor parte de los casos, el abuso sexual de niñas y niños es más común dentro del hogar o es cometido por una persona conocida por la familia. Sin embargo, también tiene lugar en la escuela y en otros entornos educativos, tanto por parte de los padres como de quienes fungen como educadores. Además, es frecuente que se produzca en entornos laborales cerrados, como es el caso de los infantes empleados como trabajadores domésticos en hogares de terceros”, expuso la legisladora por Nayarit.
Precisó que de acuerdo con datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y de UNICEF, más de 20 mil niñas y niños habían sido explotados sexualmente en México en 2007, sobre todo en siete ciudades consideradas altamente pobladas, turísticas y fronterizas, donde operan bandas del crimen organizado dedicadas a esa actividad; 70 por ciento de los casos de violación, abuso y explotación ocurren en: Distrito Federal, Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara, Acapulco Tapachula y Cancún, y en 80 por ciento de los casos se trata de niñas de entre 10 y 14 años.
Indicó que notas periodísticas señalan que sólo 9 de las 32 entidades federativas prevén en sus códigos penales el delito de abuso sexual como grave.
“Yucatán, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Jalisco y el Distrito Federal tipifican este ilícito como grave y sin derecho a fianza, sobre todo cuando las víctimas son menores de edad. Sin embargo, las penalidades no son tan severas, sólo en el estado de Jalisco se dan entre 12 y 20 años de prisión a quien cometa abuso sexual contra un menor de 18 años.
“Asimismo, las entidades que estipulan como grave el ilícito en sus códigos penales estatales tienen como mínimo una penalidad de seis meses y una máxima de 10 años. Las 23 entidades restantes no califican como delito grave al abuso sexual y los abusadores pueden salir bajo fianza, con montos que van desde los tres días de salario mínimo hasta los mil 200 días”, agregó.
García Gómez recordó que el pasado 29 de septiembre fue aprobado en el Senado de la República el decreto que expide la Ley General de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes, y enfatizó que el artículo 47 de esta ley establece:
“Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; la trata de personas menores de 18 años de edad, el abuso sexual infantil, la explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables”.
Dada la problemática descrita, concluyó, es necesario reiterar que los infantes tienen derecho a ser protegidos de toda forma de violencia, de ahí la importancia de que las 32 entidades federativas revisen sus tipos penales de abuso sexual y de otras formas de violencia.
El punto de acuerdo de la senadora de Acción Nacional se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para su análisis y dictaminación.
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