- "Es hora de que demuestre en los hechos su compromiso con los derechos humanos", afirmó.
- Presentará punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas.
“Luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la incapacidad mostrada por el Estado mexicano para dar respuesta a familiares y la sociedad en su conjunto, el gobierno mexicano no puede seguir presentándose a sí mismo ante la comunidad internacional como el gran defensor de los derechos humanos”, aseguró la senadora Gabriela Cuevas.
La Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores consideró que los hechos ocurridos a finales de septiembre en Guerrero “develaron las consecuencias de un sistema impregnado de corrupción, impunidad e inmerso en un ambiente de violación constante a los derechos humanos, donde las víctimas del delito han sido revictimizadas una y otra vez ante la falta de justicia”.
Por ello, Cuevas Barron anunció que esta semana presentará un punto de acuerdo para que la Cámara de Senadores haga un exhorto al Ejecutivo Federal para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, conforme a lo previsto en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Y es que además de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son miles las personas que continúan desaparecidas en todo el territorio nacional. Prácticamente en los últimos 8 años se ha registrado la desaparición de más de 22 mil personas en México, según ha reconocido la Secretaría de Gobernación recientemente. Esto significa que, en promedio, han desaparecido 240 personas al mes en estos años.
Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), actualizados al mes de agosto, indican que cinco entidades concentran aproximadamente el 50% de los desaparecidos en México: Tamaulipas, con 4,875 casos; Jalisco, con 2,113; Estado de México, con 1,554; Distrito Federal, con 1,450, y Coahuila, con 1,332.
“Ante esta realidad, resulta fundamental que el gobierno mexicano reconozca la competencia de un Comité cuya finalidad principal es la de recibir denuncias de desapariciones forzadas; realizar visitas oficiales a los Estados Parte para esclarecer los casos y asistir a las víctimas; y proponer medidas cautelares para evitar posibles daños irreparables a las mismas”.
Recordó que la desaparición forzada de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos por las consecuencias que tiene, no solamente para las víctimas sino para sus familiares y la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se trata de una práctica sistemática.
En este sentido, explicó que los dos principales tratados que abordan exclusivamente las obligaciones jurídicas de los Estados con relación a las desapariciones forzadas son la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mismas que entraron en vigor en 1996 y 2010, respectivamente.
La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas reconoce la extrema gravedad de la desaparición forzada y la decisión de los Estados Partes de prevenir este delito y de luchar contra la impunidad. Además, reafirma el derecho de las personas a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada, la suerte de la persona desaparecida y el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir información con dicho fin.
De acuerdo con la senadora panista, especial atención merece lo señalado en el artículo 3º de esta Convención respecto a aquellas desapariciones forzadas que sean "obra de personas o grupos que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado", ya que "en estos supuestos pueden caer figuras como el secuestro o el ‘levantamiento´ de personas cometidos por el crimen organizado".
La citada Convención cuenta con el Comité contra las Desapariciones Forzadas, órgano que tiene el objeto de vigilar la incidencia de las desapariciones forzadas en los Estados partes y de ayudar a las víctimas. Se integra por diez expertos "de gran integridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, independientes, que ejercen sus funciones a título personal y actúan con total imparcialidad".
Sin embargo, apuntó Cuevas Barron, la competencia del Comité debe ser reconocida por cada Estado parte, de lo contrario el Comité no puede admitir ninguna comunicación relativa a un Estado Parte.
En virtud de lo anterior, y "como muestra de su compromiso con las víctimas de este delito y con la comunidad internacional", el Estado mexicano debe reconocer la competencia tanto del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU como del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
"Si bien es cierto que México ha suscrito diversos instrumentos jurídicos a favor de reconocer los derechos humanos, no debemos permitir que se desatienda a las víctimas del delito y sus familiares; no podemos dejar de exigir que el Ejecutivo Federal y las autoridades locales informen a la sociedad y a esta Soberanía lo ocurrido respecto a las lamentables desapariciones forzadas ocurridas en Iguala y en cualquier otra parte del país", concluyó.
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