• Es urgente recuperar el Estado de derecho y la cultura de la legalidad
El PAN actuará con responsabilidad en la discusión de las iniciativas para el combate a la corrupción y la inseguridad que envió el Ejecutivo federal al Senado de la República, porque no nos negamos a cambios legislativos como parte de nuestras obligaciones.
Pero el Poder Ejecutivo debe asumir su responsabilidad, revisar si son necesarios cambios en su gabinete, vigilar si la política pública se está aplicando correctamente y especialmente dejar de repartir culpas, aseguró la senadora Adriana Dávila Fernández.
Asimismo, dijo que Acción Nacional tiene el pleno convencimiento de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho y la cultura de la legalidad, así como de la demanda de la población de seguridad pública para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Es cierto, todos somos responsables en nuestros ámbitos de competencia, y el Grupo Parlamentario del PAN sí asumirá su tarea, pero exigimos también que el Ejecutivo federal cumpla con la suya, reiteró la legisladora por Tlaxcala.
Dávila Fernández criticó que durante dos años el Gobierno federal se haya negado a reconocer la grave situación de seguridad pública por la que atraviesa el país, la cual debe aceptarse, en honor a la verdad, que no es un tema nuevo, sino que comenzó a gestarse desde hace varias décadas.
Al respecto, la senadora panista lamentó que hasta la fecha las y los ciudadanos, así como los órganos parlamentarios, no conozcamos un diagnóstico oficial que defina con claridad la situación nacional en materia de seguridad.
La iniciativa presidencial, que no será preferente, pero sí tiene el sello de urgente, da lineamientos que se prestan a la discrecionalidad para desaparecer a los ayuntamientos y se responsabiliza al municipio de males y perversiones como si no existiera una mínima responsabilidad del trabajo del poder ejecutivo estatal, indicó.
“Es increíble, desaparecer a la autoridad más cercana a los ciudadanos, aquella que, en teoría tiene conocimiento de la situación del municipio; ¿dónde quedaron los fervientes revolucionarios defensores del municipio libre? Sustituir instituciones no es la solución, fortalecerlas si es parte de sus responsabilidades”, señaló.
Desde el inicio de esta administración --subrayó-- Acción Nacional ha demostrado, en los hechos, responsabilidad y compromiso.
Se aprobó una concentración de facultades y atribuciones en la Secretaría de Gobernación, como si el resto de las dependencias no tuvieran que dar respuesta por sus acciones u omisiones, vale la pena revisar si ese modelo funcionó, acusó.
En el concierto internacional, agregó, nos han calificado de “un Estado fallido, con poderes públicos totalmente fuera de control”, y se vinculan los hechos de Guerrero con la crisis de corrupción.
No puede haber un titular del Ejecutivo con fama de un liderazgo reformador que impulsa solo acciones legislativas, como si hoy la Presidencia de la Republica fuera la coordinación del Congreso de la Unión y no la autoridad responsable de ejecutar la política pública y los mandatos legales ya aprobados. Ejecutar como autoridad es lo que necesitamos, sentenció Dávila Fernández.
Las y los mexicanos demandan explicaciones sobre escándalos que involucran a la clase política, es decir, transparencia y rendición de cuentas; requieren garantías de seguridad más que discursos y sólo con sensibilidad política se encontrarán los elementos para entender y atender los justos y legítimos reclamos sociales, dijo.
Consideró que las acciones que se desarrollen darán pauta para disipar las dudas sobre el ejercicio público que, para un funcionario de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, abarca el ámbito privado.
En opinión de la legisladora, al inicio de este segundo tercio del sexenio bien valdría un ejercicio de evaluación crítico para ponderar qué ha funcionado, qué se ha omitido, qué ha tenido un desarrollo deficiente, qué se puede corregir.
Señaló que en el ejercicio público, el gobierno federal no debe caer en la tentación de gobernar a México como si se tratara del partido político del presidente de la República, que manda delegados a los estados en cada proceso electoral para definir candidaturas y trabajar la estructura interna.
El gobierno federal ahora los llama comisionados, al menos en Michoacán, y no puede ser que al paso del tiempo tengamos comisionados en todos los municipios del país porque el punto es coordinarse con los poderes de la unión, no subordinar ni someter, concluyó.
---000--