La senadora Ana Lilia Herrera presentó una iniciativa de reformas a diversas leyes, para adecuar la legislación secundaria del artículo 18 constitucional a los nuevos principios rectores de la ejecución penal, así como en materia penitenciaria.
Explicó que la modificación de dicho precepto de la Carta Magna, aprobado en el 2008, no se agota en la aprobación de la ley penitenciaria única, trasciende a la del ámbito penal, así como a otros ordenamientos, cuya competencia normativa cae en los congresos locales y en el Congreso de la Unión.
El objetivo de la iniciativa, respaldada por las senadoras Graciela Ortiz, Blanca Alcalá, Marcela Guerra y Arely Gómez, es realizar la armonización del lenguaje, al sustituir el concepto de readaptación social por el de reinserción social y suprimir, además, los término de reo y delincuente.
Se sustituye o elimina en cada caso, las expresiones y porciones normativas constitucionalmente incompatibles, añadió la legisladora por el Estado de México.
Proponen también realizar las modificaciones a la legislación del orden federal, a fin de hacerla compatible con la aplicación de derechos humanos a las personas sujetas a un proceso y que han recibido una sentencia.
La iniciativa incluye reformas al Código Penal Federal, y de Procedimientos Penales; la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
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