Tenemos claro que por la circunstancia que vive el país en este momento y la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para atender los problemas de seguridad y Estado de derecho, es imprescindible contar en el corto plazo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, dijo el senador panista Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia.
En la audiencia pública sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la que convocaron las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y de Gobernación, y en donde participaron, entre otros, Layda Negrete, investigadora asociada de México Evalúa; Lucía Alvarado González, del Grupo Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur; Miguel Sarre, investigador miembro de Reintegra; y Orlando Camacho, integrante de México SOS, el senador de Acción Nacional dijo que esta ley se viene trabajando desde hace más de un año en el seno de los grupos parlamentarios de la Cámara Alta.
La intención, apuntó, es que en este periodo de sesiones podamos avanzar lo más que se pueda en la construcción de esta pieza legislativa, que, insisto, es imprescindible para que el sistema cobre debido cuerpo.
“Tenemos la oportunidad de que en las dos semanas que le restan al periodo de sesiones podamos por lo menos avanzar a un grado de aproximación total que por lo menos la Comisión de Justicia pueda plantearle al Pleno del Senado un producto para efectos de votación y aprobación ”, señaló.
No podemos ocultar el hecho, agregó, de que por lo menos en dos entidades federativas ya entró en vigor el sistema acusatorio en materia federal, y que tenemos que darle al país, a los operadores jurídicos y al propio sistema un instrumento fundamental que, al final de cuentas, es la última de las piezas que tenemos que construir en la implementación del sistema de justicia penal.
Gil Zuarth dijo que el anteproyecto de ley va en la ruta correcta, ya que es una buena base para lograr los consensos políticos y para poder crear un cuerpo normativo coherente.
“Queremos crear un modelo que pueda ser implementado y que en el corto plazo pueda ser correctamente ejecutado, y ello no nos implique ni distorsiones al sistema ni tampoco cancele la posibilidad en unos meses de revisar cómo va evolucionando esta ley.
“No pretendemos crear la única ley o la ley definitiva para el sistema penitenciario mexicano, pero sí pretendemos construir u na buena ley que en el corto plazo pueda ser implementada y le dé contenido, cuerpo, al Sistema Nacional de Justicia Penal y específicamente a esta parte del sistema penitenciario”, enfatizó.
Refirió que este producto no fue una ocurrencia, no se construyó sobre las rodillas, no es el producto de un “maquinazo” de última hora para tener un documento, tiene mucho trabajo por detrás y ya implica la síntesis de muchas posiciones políticas detrás del contenido de esta ley.
“Por eso pido que tratemos de enriquecer esta ley, de mejorarla y no empezar de cero, porque ni le conviene al país empezar de cero ni tampoco estamos en tiempos holgados como para poder empezar de cero”, concluyó Gil Zuarth.
Cabe apuntar que el anteproyecto de Ley Nacional de Ejecución Penal señala que su objeto es establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de la comisión de un delito, ya sea del fuero federal o común, así como establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de su ejecución.
“Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta ley”, se expuso en el documento.
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