Senado de la República

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  • La medida busca resolver las dificultades de los ecosistemas costeros: Sen. Gerardo Flores

Los senadores Jorge Emilio González Martínez, Gerardo Flores Ramírez aseguraron que la iniciativa que expide la Ley de Playas dotará a éstas de un régimen jurídico específico que regule su uso, aprovechamiento, control, administración, inspección y vigilancia, por lo que esperan que el tema sea retomado en el siguiente periodo ordinario.
Al respecto, el senador Gerardo Flores destacó que el objetivo es que las playas sean reguladas bajo un enfoque de sustentabilidad porque México es un país privilegiado al ser uno de los pocos que cuenta con extensos litorales, con dos de los mares más importantes de nuestro planeta, el Pacífico y el Atlántico, así como con un poco más de 11 mil kilómetros de litoral a lo largo de 17 estados de la República.
El legislador destacó que también la medida busca resolver las dificultades que enfrentan los ecosistemas costeros, como la contaminación, degradación y pérdida del hábitat de vida silvestre, derivado de los cambios de uso de suelo y deforestación, construcción desmedida en perjuicio de estos, así como la falta de vigilancia.
Agregó que los problemas de contaminación en estos ecosistemas afectan la calidad del agua, lo que a su vez afecta la salud pública de los habitantes de esas zonas y a los centros turísticos que dependen de las playas nacionales.
Por ello, señaló que es imperativo expedir una ley con un enfoque de sustentabilidad, a través de la que se atienda esta problemática.
La iniciativa promovida por los legisladores del Partido Verde, incluye 49 artículos en seis diferentes títulos que regulan el ámbito de la aplicación de ley; la distribución de competencias; la coordinación entre dependencias; la zonificación y uso de espacios costeros, con disposiciones encaminadas a proteger las especies terrestres, marinas y de vida silvestre; reglas de seguridad, higiene, inspección y vigilancia.
En cuanto a las multas van desde 500 a mil días de salario, hasta la suspensión o revocación de las concesiones, licencias, permisos o autorizaciones. Además propone un sistema de denuncia y sanciones administrativas.