* Celebra medidas del Ejecutivo para abatir la corrupción.
La senadora priista por Chihuahua, Lilia Merodio Reza destacó la importancia del anuncio del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encaminado a abatir la corrupción, de lo que dijo, “coadyuvará a un México más transparente y en donde los mexicanos confíen más en las instituciones y en sus funcionarios”.
Merodio Reza la semana pasada en la plenaria del PRI y durante una de sus participaciones, pidió a los funcionarios federales que se tomarán decisiones para abonar a la rendición de cuentas, porque, aseveró “los ciudadanos exigen mayor transparencia”.
La legisladora chihuahuense comentó que está segura que México va por el camino correcto y que el Ejecutivo Federal está tomando las medidas necesarias para que el país transite hacia mejores momentos.
Además de las medidas para combatir la corrupción, el presidente de la República nombró al exconsejero electoral Virgilio Andrade Martínez como Secretario de la Función Pública (SFP) a quien como primer encargo instruyó a encabezar una investigación para determinar si hubo conflictos de interés en los contratos asignados por las distintas dependencias y entidades de la administración pública federal a las empresas que celebraron compraventa de inmuebles a su esposa Angélica Rivera de Peña, al secretario de Hacienda, Luis Videgaray y a él, en el caso de su casa en el Fraccionamiento de Ixtapan de la Sal.
“El Presidente tiene total apertura y una convicción leal y transparente hacia los mexicanos”, dijo la Senadora.
El jefe del Ejecutivo dio a conocer un documento con ocho acciones ejecutivas que habrá de implementar la Secretaria de la Función Pública.
Las ocho medidas anunciadas incluyen la firma de un convenio de cooperación técnica con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la creación de una unidad especializada de ética y prevención de conflictos de interés.
Además, a partir del mes de mayo los funcionarios que entregan su declaración patrimonial, obligatoriamente deberán presentar una declaración de posibles conflictos de interés, la cual incluirá las actividades y las causas por las que el servidor considere puede caer en ese supuesto.
Se creará también una unidad de ética y prevención de conflictos de interés, dentro la Secretaría de la Función Pública, misma que velará por la prevención y en su caso sanción a las situaciones de esa índole en cada dependencia o sector federal.
Se establecerán protocolos de contacto entre particulares y los funcionarios encargados de decidir en torno a adjudicaciones de contratos. Todas las dependencias tendrán hasta el mes de abril para identificar a los funcionarios que intervengan en estas decisiones y se deberá integrar un registro con estos servidores, entre los puntos más destacados.
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