Como integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, la senadora chihuahuense Lilia Merodio Reza formó parte del presídium donde el presidente de México Enrique Peña Nieto promulgó la Reforma por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, “un pilar para la lucha contra este mal y la cual fortalecerá a nuestro país”.
La senadora priista, quien ha estado muy activa y en todo momento ponderado el tema de la rendición de cuentas y transparencia, celebró la promulgación de esta reforma que es “un hecho histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad y será, sin duda, un parteaguas en la vida de México”.
Merodio Reza coincidió en todo lo expuesto por el presidente de la República, y al igual que el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a que los mexicanos tengamos confianza en uno mismo y en la capacidad de ser mejores cada día.
La senadora por Chihuahua reconoció que la corrupción es un flagelo que limita el crecimiento en muchos sectores de la sociedad, y esto pega en la confianza en los servidores públicos y en el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos, por lo que “seguiremos trabajando ahora en las leyes generales y secundarias para fortalecer esta reforma”.
Reiteró la idea expuesta por el presidente de México, en torno a que la lucha contra corrupción nos debe convocar y comprometer a todos los mexicanos para superar un problema estructural con una solución estructural; además destacó que Enrique Peña Nieto está comprometido firmemente con la legalidad y la rendición de cuentas.
La también secretaria de la Mesa Directiva del Senado explicó que la reforma amplia las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos federales que ejerzan los servidores públicos y todas las instituciones que reciben o administran recursos federales.
Enfatizó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Además las entidades federativas crearán sistemas locales de anticorrupción homólogos. También se prevé que los tribunales en la materia podrán determinar la responsabilidad de los particulares por participación en hechos vinculados con faltas administrativas graves y, en su caso, se les determinarán las sanciones correspondientes.
En materia de declaración patrimonial y de conflictos de intereses, los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determinen las leyes aplicables, entre otros puntos.Â
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