Senado de la República

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

 

  • La presidenta de la Comisión de Gobernación adelanta que la LXIII Legislatura tendrá un año de trabajo intenso y complejo
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En el primer año de la LXIII Legislatura senadores y diputados de diversas comisiones unidas tendrán que elaborar, discutir y aprobar por lo menos siete leyes secundarias que serán el andamiaje jurídico y la base de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, señaló la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar.
Entrevistada sobre la agenda legislativa prevista para el próximo periodo ordinario sesiones con que se inicia la LXIII Legislatura el 1 de septiembre próximo, la senadora por Nuevo León adelantó que será un año de trabajo muy intenso y complejo para el Congreso de la Unión, con la responsabilidad de alcanzar los acuerdos necesarios en la nueva conformación de la Cámara de Diputados.
Indicó que en el centro del trabajo parlamentario estará asegurar la eficiencia y eficacia de la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, para el combate de este grave problema, cuya erradicación es una de las principales exigencias de la sociedad, por los daños directos y colaterales que implica para el desarrollo del país.
Cristina Díaz apuntó que aún cuando el titular del Ejecutivo federal y en el Congreso hemos trabajado con una gran voluntad para hacer cambios importantes en la legislación en materia de transparencia y establecer un sistema anticorrupción, todavía hay pendientes importantes en los que se tiene que trabajar, para la construcción del andamiaje jurídico que será el soporte de este sistema.
La legisladora priista reveló que ya se reunieron senadores para integrar un grupo plural de trabajo, con el propósito de ver los pendientes legislativos en la materia.
En el caso de la Comisión de Gobernación se estableció la tarea inmediata de iniciar el proceso de dictaminación de las leyes que ya le han sido turnadas. Estamos considerando que pudiéramos trabajar durante todo julio y agosto, y esperar que pudieran estar listos a finales de septiembre, acotó.
Señaló que los temas de la transparencia y protección de datos personales, son dos iniciativas muy importantes, que se podrían tener listas en el corto plazo. Además se tienen también que elaborar cuatro o siete ordenamientos jurídicos, para establecer el Sistema Anticorrupción.
Indicó que el grupo de senadores se ha dado a la tarea de platicar con cada uno de sus coordinadores parlamentarios, para ver quienes integrarían el grupo de trabajo, e iniciar el proceso de redacción de estas iniciativas, con la finalidad de poder cumplir con el Transitorio que está en el decreto constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y, desde luego, agregó, elaborar un cronograma, además de consultar a los organismos especializados, académicos, investigadores, antes de llegar a un dictamen final, así como intercambiar y revisar puntos de vista con la contraparte, que es Ejecutivo, porque es un carril de dos vías de ida y vuelta.
La presidenta de la Comisión de Gobernación recordó que de acuerdo al Transitorio de la reforma constitucional, los legisladores cuentan con un periodo de un año para abordar por lo menos siete instrumentos legales que serian la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Y que de ahí se desprenden reformas a otros, como enmiendas a la Ley de Rendición de Cuentas, la Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, la Orgánica de la Administración Pública Federal, la Responsabilidades Administrativas ante faltas graves de servidores públicos, sin dejar de lado la incorporación de particulares involucrados en faltas graves que tienen que ver con actos de corrupción.
Además, de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Congreso General, y los reglamentos de las cámaras, detalló la senadora.
Entonces, sí nos espera un trabajo muy intenso y nos estamos preparando ya para iniciarlo, tomando en consideración que es una exigencia de la sociedad, tenerlo lo más antes posible, pero que además estamos obligados por el decreto constitucional a cumplir en el transitorio a un año.

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