La senadora Martha Elena García Gómez solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe sobre los resultados del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en específico lo que respecta a las niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con la Presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, actualmente en el país se han incremento los casos en que la niñez y la adolescencia se ven involucrados en situaciones de violencia.
Según un estudio de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre 2000 y 2012 la tasa de mortalidad por homicidio en la población de entre cero y 17 años ha aumentado 135 por ciento, al pasar de 1.7 a cuatro muertes por cada 100 mil habitantes, refirió García Gómez.
Tan sólo en 2012 se cometieron mil 614 homicidios contra niñas, niños o adolescentes, y en estados donde se ha identificado mayor presencia del crimen organizado, estos incrementos en las muertes de infantes por causas violentas superan por mucho lo observado a nivel nacional, dijo.
Por ejemplo, en Chihuahua el aumento de la tasa de mortalidad por homicidio en la población de cero a 17 años fue de 351 por ciento, al pasar de 2.9 muertes por cada 100 mil habitantes a una tasa de 13.2 entre 2000 y 2012.
“Esto demuestra que el cambiante contexto de la violencia y las tensiones entre organizaciones de delincuencia organizada, y de éstas con las fuerzas armadas del Estado, generan efectos negativos sobre la vida y el desarrollo de niñas y niños, los que requiere de una respuesta inmediata”, afirmó.
La senadora recordó el caso del niño Christopher, en el estado de Chihuahua, quien presuntamente fue víctima de homicidio por sus primos y vecinos --todos ellos adolescentes--, confirmándose con ello el aumento de la mortalidad por asesinato en esta población.
Recientemente en ese mismo estado, agregó, dos niñas fueron encontradas sin vida en su hogar, su padrastro declaró que las había matado por oponerse a la relación que éste sostenía con su madre.
Estos casos muestran el aumento de la violencia en la niñez y la adolescencia, y reflejan la necesidad de que existan datos oficiales de manera periódica al respecto, lo cual deberá darse a conocer en el Sistema de Información que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
García Gómez indicó que el Gobierno federal el año pasado presentó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, cuyo objeto es atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y la delincuencia, así como realizar un diagnóstico de estos dos elementos y la percepción de inseguridad que se han experimentado en el país en los últimos años.
Por lo anterior, consideró que es momento de conocer los avances de ese Programa y de las acciones que lleva a cabo el Ejecutivo para prevenir y reducir la violencia contra la niñez y la adolescencia.
“En nuestro país se requiere del respeto, la garantía y la defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia, no podemos permitir que nada prevalezca sobre el bienestar de este sector de la población”, señaló.
El punto de acuerdo de la legisladora por Acción Nacional fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente para su análisis y dictamen correspondiente.
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