Ante el aumento de casos de compraventa de recién nacidos en el estado de Sonora bajo el esquema de “adopción”, senadores del GPPRI urgieron a la Procuraduría General de Justicia de esa entidad realizar una amplia investigación sobre la red de trata de infantes, que lleve a la captura de los presuntos responsables de este delito.
Señalaron que hasta el momento se ha logrado identificar a nueve menores, de hasta cuatro años de edad, que fueron inscritos de manera irregular ante el Registro Civil, y cuyos “adoptantes” pagaron montos que van desde los 80 mil hasta los 150 mil pesos, por el aviso de nacimiento.
De acuerdo a informes de las autoridades, este tipo de conductas delictivas se registra desde el 2012 en los municipios de Nogales y Hermosillo, pero fue hasta marzo de este año cuando se logró desarticular esta red de tráfico de infantes, debido a una denuncia por irregularidades en el proceso de adopción.
En su propuesta de punto de acuerdo, los legisladores mencionaron que hasta el momento se han girado 16 órdenes de aprehensión por la probable participación en los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres, así como sustracción y tráfico de menores, de las cuales sólo se han ejecutado ocho.
Del total de estos mandatos judiciales, agregaron, dos son contra los funcionarios estales José Manuel Hernández, abogado de la Unión Ganadera de Sonora, y Vladimir Alfredo Arzate, exsubprocurador de la Defensa del Menor y la Familia de esa entidad, quienes no han sido detenidos.
Indicaron que más allá de los buenos tratos o mejor nivel de vida que pudieran tener los pequeños con los adoptantes, de manera ilícita fueron separados del seno familiar, al ser entregados a cambio de una transacción económica.
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