*El Congreso podrá emitir leyes para impedir que la Federación, estados o municipios contraigan empréstitos e impongan impuestos arbitrarios y confiscatorios
El grupo parlamentario del PAN en el Senado suscribió una iniciativa de reforma constitucional para prohibir el endeudamiento en la Federación y en todos los estados y municipios, así como en el Distrito Federal y hacer responsables y castigar a los servidores públicos que endeuden a los ciudadanos.
En el proyecto presentado por el senador Francisco Búrquez Valenzuela, se da un período de gracia para que en 2016 las administraciones públicas puedan ejercer la deuda que tengan aprobada, a fin de evitar la práctica de muchos gobiernos de heredarles el problema de deuda a gobiernos futuros.
Con esta iniciativa pretendemos limitar a los gobiernos para empoderar al ciudadano y eliminar de una vez por todas el poder que tienen de endeudarnos e hipotecar nuestro futuro y el de nuestras familias, precisó el legislador.
En su exposición, aseguró que “el gobierno no tiene control de la deuda, ya que al inicio de la actual administración estimó que para 2016 la deuda pública representaría el 36 por ciento del Producto Interno Bruto y hoy reconoce que llegaremos al 48 por ciento”.
Búrquez Valenzuela explicó que el endeudamiento, lejos de corregirse, se sigue agravando y actualmente se ha disparado a más de 8 billones de pesos, esto es el 47 por ciento del PIB, lo que significa que la deuda pública por cada trabajador mexicano es de más de 160 mil pesos y cada niño que nace hoy ya debe más de 70 mil pesos.
Destacó que de aprobarse la reforma, que cuenta con el aval del grupo parlamentario del PAN, toda persona tendrá derecho a contar con finanzas públicas estables y “el Estado no podrá contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos de ningún tipo”.
Tampoco, añadió, podrá imponer impuestos arbitrarios ni de carácter confiscatorio”, en tanto que “la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios se someterán a una política de déficit cero”.
Además, podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, cuyo destino sea la inversión pública, siempre y cuando no rebase el cinco por ciento del gasto neto programable ejercido y registrado en la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal inmediato anterior, expuso.
Las obligaciones a corto plazo --apuntó el legislador-- deberán liquidarse a más tardar doce meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos doce meses.
La propuesta panista también plantea que sea el Congreso de la Unión el que tenga la facultad de establecer en las leyes mecanismos que aseguren que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios “no contraigan directa o indirectamente obligaciones o empréstitos salvo los casos previstos en artículo 25 de la Constitución”.
Asimismo, será el Congreso quien podrá fijar las responsabilidades, los tipos penales y sus sanciones a los servidores públicos que endeuden al Estado.
En tribuna, el senador Francisco Búrquez Valenzuela recordó que la deuda pública ha crecido a tasas en torno al 10 por ciento anual desde que este gobierno inició.
Para el senador, lo peor de todo es que esta administración se empeña en correr riesgos innecesarios que al final de cuentas tiene que pagar la ciudadanía, ya que la deuda externa del gobierno ha ido creciendo de manera significativa y la trayectoria que está siguiendo apuntan a que en 2030 puede llegar a representar el 90 por ciento del PIB.
La iniciativa que reforma los artículos 25, 73 y 117 de la Constitución, se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen correspondiente.
----000---