- Propone adecuar el estatuto de Gobierno de la Ciudad a los mínimos del sistema nacional en la materia
La senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza presentó dos iniciativas que plantean crear el Sistema Anticorrupción del Distrito Federal y adecuar el Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México a los mínimos del sistema nacional en la materia. Expuso que sus propuestas son una alternativa de adecuaciones vinculadas a la reforma política del Distrito Federal y responden a la exigencia de miles de capitalinos que están hartos de la corrupción del gobierno de la Ciudad de México y de los delegacionales.
La legisladora consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción aprobado por el Congreso de la Unión debe aplicarse en todo el país y en todos los niveles de gobierno, por lo que las entidades federativas deben llevar a cabo diversas reformas a su legislación local, a efecto de implementar instancias especializadas de control.
Lo anterior, con la intención de prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, tal como se estableció en la reforma constitucional publicada en mayo pasado en el Diario Oficial de la Federación.
Gómez del Campo Gurza comentó que la reforma solamente facultó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Local de Justicia Administrativa, pero faltó hacer referencia a la materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la Ciudad de México.
Recordó que en la actualidad la legislación aplicable para responsabilidades administrativas es la establecida por el Congreso de la Unión mediante la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y no está expresamente otorgada la facultad a la Asamblea Legislativa para poder legislar en la materia, por lo queda constitucionalmente impedida.
Dijo que lo anterior imposibilita que la Ciudad de México tenga una ley propia, adecuada a las necesidades locales y características específicas, todo esto en perjuicio del ciclo de fiscalización y de la posibilidad de una correcta y auténtica rendición de cuentas.
“No existe una razón jurídica, de estructura o ingeniería gubernamental por la cual al Distrito Federal no le sea conferida desde la propia Constitución, la facultad de legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Por el contrario, la ausencia de la facultad expresa en el artículo 122 de nuestra Constitución, responde a una omisión legislativa que, en aras de una eficiente fiscalización, vigilancia, transparencia, fortalecimiento y una cultura de la rendición de cuentas, debe corregirse”, sostuvo.
En este sentido, su primera iniciativa plantea crear el Sistema Anticorrupción del Distrito Federal mediante la reforma del artículo 122, apartado C, base primera de nuestra Constitución, a efecto de facultar a la Asamblea Legislativa para legislar en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Ciudad.
La segunda, propone adecuar el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a los mínimos del Sistema Nacional Anticorrupción, prevé reformar los artículos 9, 15, 25, 37, 42, 43, 46, 53 y 67, y adicionar los artículos 9 Apartado A, y 9 Apartado B del Estatuto, para crear el Sistema Anticorrupción del DF, que contará con un Comité Coordinador y uno de Participación Ciudadana.
Para dar la autonomía y nuevas facultades de Fiscalización a la Auditoria Superior de la Ciudad de México; crear el Nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Distrito Federal, con la facultad para conocer de los casos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Distrito Federal; y dotar de facultades a la Asamblea Legislativa para que pueda legislar en la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, ratificar el nombramiento del Contralor General de la Ciudad y nombrar a los titulares de los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos Locales.
La propuesta de reformas al artículo 122 constitucional se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, del Distrito Federal y de Estudios Legislativos, Primera; y la que respecta al proyecto de reformas al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se turnó a las comisiones unidas del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Primera.
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