La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos genera certidumbre jurídica, incentivará la inversión en el sector y está encaminada a castigar de manera severa a quienes cometan este tipo de delitos, afirmó el senador panista Jorge Luis Lavalle Maury.
Lo que queremos con esta minuta de la colegisladora “es que se meta a los criminales a la cárcel” y que se deje de lucrar con un servicio tan básico, como es el acceso que a los hidrocarburos deben de tener todos los mexicanos, precisó.
Además, dijo, se está penalizando la alteración o la adulteración de productos, y recordó que no solamente los litros de menos es una manera en la cual los malos gasolineros comenten este tipo de faltas contra la sociedad, sino que a veces adulteran estos productos a través de otros mucho más económicos, como el etanol.
Lavalle Maury hizo notar la urgencia de avalar la minuta, toda vez que existen cerca de 5 mil tomas clandestinas, que no sólo están costando a los mexicanos poco más de 40 mil millones de pesos al año, sino que además significan igual número de puntos de riesgo y problemas de inseguridad para la población.
Comentó que la tasa de crecimiento de las tomas clandestinas tan sólo en los últimos tres años ha llegado a cantidades exorbitantes, por lo que esta herramienta jurídica es indispensable, ya que le permitirá al Estado combatir este tipo de actos.
El senador por Campeche mencionó que a partir de enero próximo entrará en operación lo que se conoce como el servicio diferenciado, es decir las gasolineras ya no necesariamente se van a llamar Pemex.
Agregó que como consumidores “vamos a tener la opción de escoger entre diferentes marcas de gasolinas y entre diferentes proveedores. Eso nos va a permitir diferenciar a los que no nos den litros de a litro y poder castigarlos simple y sencillamente no comprando en esas gasolineras”.
Otro cambio sustancial incorporado por los diputados, añadió, fue otorgar mayor protección a todos los tenedores de la tierra, al fijar condiciones cuando exista complicidad o algún mecanismo de comprobación de que esté involucrado el dueño de la tierra.
Finalmente, estimó necesario aprobar la ley en sus términos, ya que de no hacerlo seguirán los criminales cometiendo ese tipo de actos, realizando tomas clandestinas y poniendo en riesgo la seguridad de miles o posiblemente millones de mexicanos y, sobre todo, la economía del país.
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