México necesita blindarse de ocurrencias, de abusos y de corrupción; por eso la reforma política del Distrito Federal, aprobada en el Senado, debe traducirse en la continuidad de los buenos proyectos, los sustentables, los que cuidan y velan por el interés de las mayorías.
Así lo afirmó la senadora priista por el Estado de México, Ana Lilia Herrera Anzaldo, quien destacó que las modificaciones al artículo 122 del precepto constitucional, significan una gran oportunidad para avanzar en la coordinación metropolitana.
Sin embargo, consideró la legisladora, con esta reforma “nos quedamos cortos, porque la circunscribimos únicamente a la zona metropolitana del Valle de México y debiera sentar un precedente importante para las zonas metropolitanas del resto del país”, dijo.
Añadió que se trata de un territorio donde convergen al mismo tiempo 20 millones de personas, en 16 delegaciones, más de 59 municipios en el Estado de México, un municipio en el estado de Hidalgo, y que conforman la zona metropolitana, no sólo más grande, más compleja de todo el país y de América Latina.
Explicó que con esta reforma estamos ante una oportunidad inmejorable de asumir en condiciones más equitativas la proyección conjunta y coordinada del desarrollo y la prestación de servicios públicos, no sólo en ésta, sino en todas las zonas metropolitanas del país.
La senadora mexiquense aseguró que la discusión de la reforma política del Distrito Federal, tiene un carácter nacional.
Por ello, insistió, la reforma al 122 es apenas un primer paso para concretar una eficaz coordinación en el naciente Consejo de Desarrollo Metropolitano, que estará facultado para acordar acciones en materia de asentamientos humanos, de protección al ambiente, de agua y drenaje, de transporte, de tránsito, de preservación y restauración del equilibrio ecológico, y desde luego, en materia de seguridad pública.
Esta reforma al 122 Constitucional –indició- deberá ser referente y parteaguas para que la reforma urbana, que inició el Presidente Enrique Peña, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se concrete con un marco legal que vele porque en el resto de las zonas metropolitanas de este país pongamos fin, a las buenas intenciones, a la corrupción, a las omisiones de las que está plagado el desarrollo de nuestras ciudades.
Si queremos resultados diferentes, no podemos seguir viendo la planeación desde la perspectiva de un coto de poder político, porque el bienestar de todos no puede estar sujeto a vaivenes políticos, concluyó Herrera Anzaldo.
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