El manejo basado en derechos es un sistema de manejo pesquero que permite administrar de una forma más eficiente los recursos, misma que opera mediante la determinación, con base en la mejor información científica disponible, de una Captura Total Permisible (CTP), esto es, la cantidad de recursos que pueden extraerse sin comprometer la viabilidad de la población ni la rentabilidad de la pesquería, garantizando así una producción de largo plazo, expresó el Senador Francisco Salvador López Brito.
Este sistema facilita el incremento en el valor de los productos al evitar la sobresaturación de los mercados, fomenta la colaboración de las comunidades, organizaciones y autoridades para una toma de decisiones conjunta, además de contribuir a reducir la pesca ilegal, a través de medidas de monitoreo de las capturas.
Por ello, presentó iniciativa por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de manejo pesquero basado en derechos, con el fin de garantizar la sustentabilidad de los productos pesqueros, así como la distribución equitativa de los mismos, todo ello en beneficio de miles de pescadores y productores del país.
“En México tenemos la posibilidad de que la actividad pesquera sea un motor de desarrollo económico para más de 272 mil familias que viven directamente de la pesca, y más de 2 millones de hogares que se benefician de forma indirecta”, mencionó el presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República.
Hoy México tiene la gran oportunidad de modernizar y actualizar su marco normativo que permita una mejor administración de los recursos pesqueros, es necesario generar los instrumentos de política pública que favorezcan y promuevan las mejores prácticas internacionales. “Los esquemas de Manejo Basado en Derechos tienen la capacidad de llevar a las pesquerías nacionales al mismo nivel de los estándares internacionales, que nos permitan competir con los altos niveles de producción de países como Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Estados Unidos y Perú”, resaltó López Brito.
Con la implementación de este tipo de sistemas de manejo se pueden obtener tres grandes beneficios: un mayor rendimiento económico, y el mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros en el largo plazo, asegurando dejar la cantidad suficiente de biomasa en el mar, para que no se ponga en riesgo la viabilidad de la especie.
Una mayor co-responsabilidad entre los pescadores y las autoridades correspondientes, con la intención de recuperar los stocks cuando sea preciso, manteniendo precios estables.
Por último, la implementación de mecanismos de redistribución equitativa de los apoyos pesqueros mediante la puesta en práctica de esquemas de participación comunitaria y deliberación pública ordenada que facilite la toma de decisiones entre pescadores, autoridades, comercializadores, organizaciones de la sociedad civil y otros actores involucrados en el proceso, asegurando derechos y rentabilidad de las pesquerías.
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