La senadora Verónica González Rodríguez propuso reformar el artículo 498 de la Ley Federal del Trabajo a fin de garantizar indemnización a quien haya sido despedido durante el año posterior a haber sido incapacitado a causa de algún accidente o enfermedad que le cause discapacidad.
Al fundamentar en tribuna su propuesta, la legisladora del PRD explicó que este tipo de despidos tendrían causas discriminatorias por lo que el trabajador tendría derecho a percibir una indemnización adicional a las que establece la ley de hasta 60 veces el valor de línea mínima de bienestar mensual.
“La presente iniciativa busca asegurar que todo trabajador no sufra discriminación alguna por motivos de discapacidad o enfermedad adquirida, pues esto contraviene sus derechos fundamentales y lo pone en una situación de indefensión”, mencionó.
Verónica González recordó que desde la década de los 50, la comunidad internacional ha sumado esfuerzos para proteger los derechos de los trabajadores en todo el mundo y conseguir condiciones más justas para realizar sus actividades y evitar abusos por parte de sus empleadores.
“Esto llevó a conseguir importantes avances en materia de reinserción laboral, riesgos de trabajo y condiciones para personas con discapacidad”, indicó.
Sin embargo, dijo, no existen muchas normativas que garanticen que el trabajador no sea vulnerado en sus derechos después de padecer una enfermedad o sufrir alguna incapacidad, pues en la mayoría de leyes sólo se considera el supuesto de reinserción, “que muy pocas veces se da”.
También señaló que la ley establece una indemnización, no obstante, ésta es insuficiente para cubrir las nuevas necesidades que pudieran presentarse a razón de la incapacidad o enfermedad que aqueja a la persona.
Informó que en México, alrededor de 70 por ciento de las personas con discapacidad no puede conseguir un empleo y el resto tienen posibilidades muy limitadas de obtener uno en el sector formal, lo que se traduce en un grupo de personas que son dependientes de alguien más en términos económicos.
En ese sentido, la representante por Tlaxcala enfatizó que el país debe asumir los retos del sector conforme a los compromisos y protocolos internacionales de los cuales forma parte, para garantizar el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad.
“Con este tipo de medidas, el principio de inclusión en el trabajo adopta un enfoque transversal y colabora con medidas de acción específicas para alcanzar el tan anhelado objetivo de trabajo decente y productivo para todas y todos los mexicanos”, expresó.
Finalmente, González Rodríguez aseveró que garantizar la igualdad de oportunidades, requiere un gran proceso de adecuaciones, ajustes, mejoras y acciones afirmativas necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios que permitan la integración de las personas con discapacidad con el resto de la población.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y posterior dictamen.
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