· Las víctimas quieren tener la certeza de lo que ha pasado en ese lugar y que los cuerpos sean identificados.
· A la fecha las familias denuncian que todavía no tienen ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes.
En la comisión permanente del Congreso de la Unión se inscribió un punto de acuerdo que exhorta a Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos y al fiscal de justicia Javier Pérez Durón a cumplir los acuerdos respecto a la exhumación de los cuerpos depositados en la fosa clandestina ubicada en Tetelcingo, la promovente fue la legisladora independiente Martha Tagle.
En los considerandos señala que el estado de Morelos es el segundo estado menos pacífico de México, mismo que experimentó aumento en la violencia durante los años 2007 y 2009, desde entonces, cuenta con la peor tasa de delitos con violencia en todo el país.
Bajo este contexto de violencia y los altos índices de criminalidad indica que uno de los múltiples casos que ha evidenciado la impunidad existente al interior de la Fiscalía General de Justicia, así como el incumplimiento y las múltiples deficiencias en la instauración de los protocolos de inhumación e identificación de cuerpos, (que no cuentan con carpeta de investigación) es la habilitación de una fosa clandestina utilizada como depósito de más de 100 cuerpos.
Señala que el caso salió a la luz pública posterior a la investigación realizada por la familia de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, quien fue secuestrado y asesinado en 2013, y cuyo cadáver formaba parte del grupo de más de 100 cuerpos depositados en la fosa clandestina.
“Ante ese escenario y a pesar de encontrarlo muerto diez días después del secuestro con una credencial entre sus pertenencias, y después de realizarle una prueba de ADN, donada por su madre, estableciendo “un 99.99%” de probabilidad de identificación. Las autoridades se negaron a entregar el cuerpo”, puntualiza la legisladora.
Tagle indica que las víctimas quieren tener la certeza de lo que ha pasado en ese lugar y quieren que los cuerpos sean identificados por los peritos en los que ellos tienen confianza.
Cabe señalar que el 18 de mayo se vence el plazo otorgado por la Procuraduría General de la República (PGR), para abrir las fosas y comenzar con la identificación de los cadáveres.
A la fecha las familias denuncian que todavía no tienen ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes, es por ello que exhorta al gobernador y al fiscal de justicia a asumir responsabilidad en los hechos y a dar una explicación a las víctimas y a la ciudadanía en general.
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