Debido a que México es considerado como el segundo proveedor de víctimas de trata, tan sólo, de Estados Unidos y que este problema es cada vez más grave, las senadoras del PRI Yolanda de la Torre y Cristina Díaz presentaron una inciativa que pretende que a las víctimas extranjeras de este ilícito se les otorgue la condición de refugiadas.
“Las víctimas extranjeras de los delitos en materia de trata de persona deben considerarse como refugiados, debido a que en sus lugares de origen han sido enganchadas o secuestradas, por medio del engaño, la extorsión y la violencia; por lo que una repatriación de las mismas por parte del Estado mexicano, las sitúa en una condición inmediata de vulnerabilidad para ser revictimizadas por las conductas previas o poner en riesgo su vida e integridad al ser consideradas testigos potenciales en contra de las mafias internacionales”, explicaron.
Las legisladoras priistas revelaron que de acuerdo con el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, aproximadamente entre 600 mil y 800 mil personas cruzan las fronteras anualmente como víctimas de trata, de las cuales el 80 por ciento son mujeres y el 50 son menores de edad.
Yolanda de la Torre y Cristina Díaz abundaron que se estima que alrededor de 100 mil mujeres provenientes de América Latina son conducidas a Estados Unidos, Europa y Asia con fines de explotación laboral y sexual, matrimonios forzados u otras conductas de índole similar.
Alertaron de la necesidad de legislar para proteger a las víctimas y para erradicarlo, ya que, según el más reciente estudio de la Organización de las Naciones Unidas México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas y cuatro grandes rutas para traficarlas.
“De acuerdo con su diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México, las ciudades con mayor incidencia de ese delito son: Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo. También Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y Los Cabos, Baja California Sur; así como el Distrito Federal, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca”, indicaron.
Recordaron que México ratificó el protocolo de Palermo, en 2003, lo que obliga al Estado mexicano a cumplir el marco jurídico internacional en la materia, así como adoptar las medidas legislativas necesarias para tipificar el delito y eliminarlo.