- Actualmente, la facultad de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación es exclusiva de la Cámara de Diputados
- El Presupuesto de Egresos pasaría a ser la Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación y deberá ser aprobada, en conjunto, por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
El Senado de la República debe participar en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, facultad que, hasta ahora, es exclusiva de la Cámara de Diputados, propuso en una iniciativa el senador panista Javier Lozano Alarcón.
Al presentar una reforma al artículo 73 constitucional, el legislador por el estado de Puebla afirmó que hay “una clara asimetría” legal, ya que la Ley de Ingresos debe ser aprobada por ambas cámaras, mientras que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación únicamente por la Cámara de Diputados.
Es incoherente, dijo, que en el artículo 73, en su fracción VII, se otorgue la facultad a ambas cámaras de imponer las contribuciones necesarias para construir el Presupuesto de Egresos, pero al Senado se le niegue la posibilidad de contribuir en la decisión de cómo distribuir el gasto aprobado.
En la gran mayoría de las democracias occidentales, señaló, se considera al Presupuesto de Egresos con carácter de ley y, es precisamente por ese hecho, que para ser válido, requiere ser aprobado por ambas cámaras del Congreso.
En ese sentido, la iniciativa propone también que el Presupuesto de Egresos se transforme en Ley del Presupuesto de Egresos de la Federación y deberá ser aprobada, en conjunto, por ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Adicionalmente, en el mismo paquete de 7 iniciativas presentadas por el senador Lozano Alarcón, propuso reformar el Reglamento del Senado de la República, para que las comisiones del Senado estén obligadas a dictaminar cualquier iniciativa, minuta o proyecto en un periodo menor a un año.
“Si algún documento no se dictamina en 365 días, se tiene que tener por desechado; basta de tener en la congeladora cualquier cantidad de iniciativas o proyectos que se archivan y engrosan la tarea legislativa”, explicó.
Este plazo correrá a partir de la fecha en la que le fue turnada la iniciativa, y contarán con 365 días para para aprobar y regresar al pleno los dictámenes de su competencia.
Además, propuso que, en caso de incumplimiento, la iniciativa será desechada, puesto que en la práctica legislativa es muy común que los proyectos que presentados por los legisladores sean dictaminados en un plazo mayor al que dispone el Reglamento.
En este sentido, expuso que, durante la LXII Legislatura, se presentaron 1,913 iniciativas, de las cuales están pendientes 1,148; de las 765 que sí fueron dictaminadas por las comisiones, se aprobaron 298, 143 fueron desechadas, 191 concluidas, 12 retiradas y 121 se turnaron a la Cámara de Diputados.
Además, señaló que hoy en día el Senado tiene pendientes de dictaminar 55 iniciativas presentadas en la la LX Legislatura; 128 de la LXI Legislatura, y 1,148 de la LXII Legislatura, lo que da un total de 1,331 iniciativas pendientes.
Por eso, destacó la necesidad de aprobar la reforma y evitar con ello el rezago legislativo.
Dentro del mencionado paquete de iniciativas presentado por el senador Lozano Alarcón, se encuentra, también, la propuesta de que el Presidente de la República acuda al Congreso a presentar su informe gobierno.
En otra iniciativa, solicita establecer, en Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la prohibición para que los aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, sean al mismo tiempo candidatos por la vía de representación proporcional.
Además, planteó reformar el Código Penal Federal, para considerar como delito grave cualquier atentado a familiares del personal que trabaja en instituciones de seguridad pública, en parentesco hasta segundo grado.
También, propuso reformar el artículo 160 del Código Penal Federal para aumentar la pena, a quien utilice algún instrumento, juguete u objeto que simule o se confunda con cualquier tipo de arma o funcione como tal, para la comisión de un delito.
Por último, propuso facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para iniciativas de reforma a leyes relacionadas con la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, así como a ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional, que contienen temas de su interés.