- El gobernador Rubén Moreira Valdez debe separarse de su cargo, remarca
El senador panista Luis Fernando Salazar Fernández exigió al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, separarse del cargo, para que las autoridades investiguen su responsabilidad por probables delitos cometidos en torno a operaciones millonarias entre el gobierno del estado y diversas empresas “fantasma”.
Mediante un punto de acuerdo, el legislador también exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR), al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a las autoridades fiscales competentes promover las denuncias respectivas.
Indicó que el pasado 26 de septiembre, un diario de circulación nacional reveló la existencia de contratos entre el gobierno de Coahuila y diversas empresas “fantasma”, a las que la administración estatal ha pagado cientos de millones de pesos del erario.
El Ejecutivo estatal, agregó, a través de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, tiene a su cargo el Padrón de Contratistas de Obra Pública y el Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Estado.
Expuso que para los procesos de contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que lleven a cabo las dependencias y entidades de la administración pública de Coahuila, se requiere que los proveedores estén debidamente inscritos en el padrón.
“La información publicada por diversos medios de comunicación dio cuenta de trece compañías a las que el gobierno estatal ha facturado cantidades millonarias, sin contar con un registro en el padrón, vigente al 2 de agosto de 2016”, abundó.
Salazar Fernández precisó que el gobierno estatal ha entregado alrededor de 178 millones de pesos de recursos públicos a esas empresas.
“Muchas de ellas, además de no contar con un registro en el padrón, carecen de portales en internet, teléfonos, logotipos de identidad o correos electrónicos que permitan constatar o acreditar las actividades para las cuales fueron creadas”, afirmó.
Consideró que basta acudir a las direcciones registradas como domicilios fiscales para confirmar las irregularidades en torno a esas empresas.
“Han registrado como domicilios fiscales en la Ciudad de México, Saltillo y Monterrey casas abandonadas, bodegas, vecindades, viviendas de fraccionamientos populares o lugares de difícil acceso, que en nada parecen cumplir con lo previsto en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que establece que deberá ser el domicilio fiscal aquel en donde se encuentre la administración principal del negocio”, argumentó.
Reiteró que debe ser Moreira Valdez quien responda y declare por estos hechos.
“Para ello, insisto, es necesario exhortarlo a que solicite licencia y se separe de su cargo”, concluyó Salazar Fernández.