* Versión de la intervención de la senadora Pilar Ortega Martínez, durante la inauguración del Foro Nacional sobre Justicia para Adolescentes
Hola. Muy buenos días a todos ustedes.
Senadora Martha Elena García Gómez, compañera y amiga, gracias por invitarnos a este foro tan importante en un tema trascendental para el andamiaje jurídico, institucional de nuestro país para el mejoramiento del sistema de justicia, para el mejoramiento de nuestro sistema de seguridad; es un tema elemental que agradezco mucho que hayas convocado al mismo a partir de este evento.
También saludo a la doctora María de los Ángeles Fromow, titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Gusto en verte de nuevo, doctora.
Al diputado Javier Bolaños Aguilar, vicepresidente de la Cámara de Diputados, gracias; a la diputada Mariana Benítez Tiburcio; al licenciado Martín Carlos Sánchez Bocanegra, de Renace; a la señora Isabel Crowley, de Unicef México; a Benjamín Gareth, Enlace institucional Usaid; al licenciado Francisco Balderas, de Vinculación Internacional de la Secretaría de Gobernación y a mi compañero senador José Rosas Aispuro.
Agradezco la oportunidad, como dije en un principio, de estar aquí para hablar de un tema trascendente como es la justicia penal para adolescentes.
México hoy está obligado a consolidar un sistema de justicia para menores fundado en el reconocimiento de los derechos de niños y adolescentes. Es urgente pasar de un sistema de justicia para adolescentes que contempla solamente sanciones punitivas a un sistema pleno de rehabilitación y reinserción de menores infractores a la sociedad.
Veíamos un estudio de la Cámara de Diputados publicado en marzo de este año, justamente a propósito del tema, y señalaba que cerca de cinco mil jóvenes en México están recluidos en centros penales del país y 80 por ciento de ellos, internados por el delito de robo.
En ese sentido es relevante la pasada reforma constitucional al artículo 73 que establece el derecho inviolable del desarrollo integral de los jóvenes, además de que faculta al Congreso de la Unión para aprobar una legislación única para adolescentes y la obligación de entidades federativas para acatar la misma. Creo que va a ser muy importante hoy tener una ley nacional para adolescentes.
En ese sentido, yo quisiera destacar la importancia de contar con los mecanismos legales para darles a los menores infractores una segunda oportunidad, un marco legal que los ayude en donde haya también una participación ciudadana comprometida en esta tarea, en donde haya un gobierno que esté dispuesto a trabajar para este fin, para generar esa reinserción. Establecer un sistema de medios alternativos a la pena carcelaria.
Debe buscarse, también, que el Estado cuente con personal especializado, que se cuente con infraestructura de calidad para cubrir estas necesidades. Debemos transitar a un régimen legal en que esta pena privativa de libertad sea lo último que debe contemplar el Estado. Debemos tener presente en todo momento que no es suficiente disminuir los índices de criminalidad, debe haber medidas preventivas y restaurativas. Deben privilegiarse los procedimientos de justicia para adolescentes en esta parte de las salidas alternas a las penas corporales.
Se debe evitar que los jóvenes recluidos en centros de readaptación sigan abandonados por el Estado. Se debe trabajar en evitar que aquellos casos de adolescentes que vienen de familias desvinculadas o abandonadas por sus padres, tener una política pública directa para su atención.
Es evidente que situaciones de exclusión, de pobreza y desigualdad debilitan los mecanismos de protección familiares, comunitarios e institucionales y facilitan que los adolescentes carezcan de oportunidades de desarrollo y que se genere un abandono temprano de la escuela, que se involucren en conductas delictivas, que sea fácil el camino a las drogas o que sea fácil también el camino hacia las conductas violentas.
Para entender el fenómeno de los adolescentes en conflicto con la ley es preciso tener en cuenta el problema social, el contexto social al que se enfrentan estos adolescentes.
De acuerdo con datos de la Unicef, la mayoría de los adolescentes mexicanos que entran con conflicto con la ley son de sexo masculino, tienen de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales que no exigen certificación laboral.
Éste es el panorama que tenemos ante un problema que tenemos que atender de manera urgente en el Congreso. Es por ello que nos congratulamos de esta reforma constitucional que viene pues a refrescar lo que se hizo en el año 2006, que se dio un paso importante en la reforma al artículo 18 constitucional, cuyo objetivo en ese momento fue la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes y esto fue un paso muy importante en la adecuación de la legislación en esa materia.
La pasada Legislatura aprobó una nueva reforma a la Constitución a fin de que la Federación, los estados, establezcan el reforzamiento del sistema integral de justicia para adolescentes. Por medio de ésta se establecieron modificaciones legislativas a los artículos 18 y 73, fracción 21, cuyo propósito es establecer las bases para la expedición de la ley nacional de justicia para adolescentes que regule el sistema integral en la materia y que brinde oportunidades de reinserción a los jóvenes.
Es importante destacar que de acuerdo con el Inegi en el año 2013 los centros de tratamiento para menores infractores reportaron contar con cuatro mil 691 menores internados y 6 mil 358 estaban recibiendo tratamiento externo.
Durante este año, los 59 centros de tratamiento existentes en México recibieron 10 mil 936 adolescentes, de los cuales mil 983 habían infringido bajo el delito de robo a transeúnte.
Es importante revisar todo esto porque sin duda si no atendemos de manera integral este fenómeno, pero además si no realmente avanzamos hacia la estabilización de nuestro sistema penal acusatorio de manera plena, en donde busquemos que realmente el sistema de medidas alternas se dé en nuestro país, estaríamos todavía ante un panorama más complejo en los próximos años.
Yo creo que entre los principales cambios que esta reforma constitucional que he mencionado más relevantes es el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que se aplicará y que se emprenderá a adolescentes entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
Otro aspecto fundamental es el relativo a las personas menores de 12 años a quienes se atribuye que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito y que ellos podrán ser sujetos solamente de asistencia social.
Otro aspecto importante es el internamiento en los centros de tratamiento que se utilizarán sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a las o los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito.
Otro aspecto es que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Estas medidas proporcionales al hecho realizado, tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y sus capacidades.
En lo que se refiere al artículo 73, pues otorga la facultad al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes. Y en este tema, creo que es fundamental el paso que estamos dando en construir todas estas legislaciones como una sola legislación que abarca tanto la materia federal como la local.
Eso va a ser muy importante porque si bien es cierto la reforma constitucional de 2006 fue muy importante para crear un nuevo sistema de justicia para adolescentes, lo que hoy tenemos es que aunque la mayoría de las legislaturas locales se orientaron por esta nueva reforma constitucional, hay diferencias importantes que hacen complejo la aplicación de este sistema y creo que el tener una sola legislación ayudará en gran medida a ir perfeccionando nuestro sistema de justicia penal en materia de adolescentes.
Creo que va a ser muy importante el debate que a partir de este momento se construya. Creo que van a ser muy importantes las conclusiones que se deriven de este foro para ir avanzando en la construcción de esta reforma secundaria en materia de justicia penal para adolescentes.
Aquí ya se mencionaron aspectos importantes que deberá tener esta ley secundaria, yo solamente me referiré a tres que son fundamentales y que creo que tenemos que seguir avanzando en las mismas en esta legislación secundaria.
La primera es el establecimiento de procedimientos de justicia para adolescentes apegados a las bases y principios del sistema acusatorio. Esto es fundamental, es decir, cómo estas bases y principios del sistema acusatorio estarán presentes las reglas del debido proceso dentro de este nuevo procedimiento de justicia.
El segundo, establecer de manera razonable y proporcional mecanismos de tratamientos para adolescentes.
El tercero, es establecer instancias de procuración e impartición de justicia especializadas para el tratamiento de adolescentes.
Seguramente son muchos otros los aspectos que tendremos que revisar. Yo me quedo con estos tres retos, junto con las conclusiones que se deriven de este foro, que van a ser muy importantes.
Felicito de nueva cuenta a los organizadores de este evento y pues que sea de provecho. Muchísimas gracias.
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