Versión estenográfica de la presentación de los votos aprobatorios del proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18; y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional en materia de justicia para adolescentes, en la sesión de hoy de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el Senado de la República.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Informo a la Asamblea que se han recibido diversos votos aprobatorios de los congresos estatales al proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia de justicia para adolescentes.
Solicito a la Secretaría, dé cuenta con la recepción de los votos recibidos.
SECRETARÍA: Se va a realizar el escrutinio de votos recibidos, presidente.
Señor presidente, informo a la Asamblea que se recibieron los votos aprobatorios de los congresos de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas; al proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18; y el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 constitucional en materia de justicia para adolescentes.
En consecuencia, esta Secretaría da fe de la emisión de los 19 votos aprobatorios del proyecto de decreto de referencia.
Es todo, señor presidente.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Les solicito ponerse de pie para la declaratoria de aprobación.
A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y una vez computado el voto aprobatorio de la mayoría de las legislaturas estatales, la Comisión Permanente declara aprobado el decreto por el que se reforman los párrafos IV y VI del artículo 18, inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia para adolescentes.
Se remite al Diario Oficial de la Federación para su aplicación.
La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente.
Favor de tomar asiento.
A ver, aun cuando no está previsto en el Reglamento, esta Mesa Directiva considera que deberá intervenir ante el interés de algunos grupos parlamentarios, hasta un orador u oradora por cada grupo parlamentario, en orden descendente.
¿Les parece?
¿El Grupo Parlamentario del PRI tiene interés en participar?
¿A cargo de quién?
Don Daniel Amador Gaxiola.
Adelante, don Daniel.
Justicia para adolescentes, en orden descendente. ¿No?
El siguiente, ¿el Grupo Parlamentario del PAN tiene interés en participar?
Adelante, senador Juan Carlos Romero Hicks.
¿El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática?
Adelante, senadora Angélica de la Peña.
SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Buenas tardes, señoras y señoras.
Creo que iniciamos esta sesión de manera muy honrosa. Hemos dado un paso importante en el Congreso Permanente, que hoy se constata a partir de la declaratoria en términos del 135 constitucional de una reforma muy importante para la adolescencia de nuestro país.
El lograr que el artículo 73, fracción XXI, sea reformada y adicionado un inciso d) para que el Congreso de la Unión tenga la facultad para legislar en una Ley Nacional para crear el Sistema Nacional de Justicia para Adolescentes Infractores, es realmente trascendental.
Tendremos que trabajar durante estas semanas, meses, para que en el próximo Periodo Ordinario de Sesiones de la próxima Legislatura, garanticemos una ley nacional que unifique en una sola ley, en un solo decreto, un sistema que hoy tenemos disperso, un sistema que tenemos –también hay que decirlo– en muchos estados de la República contradictorio con el artículo 18 constitucional; que regresa en muchos aspectos al sistema tutelarista o al sistema mixto y no va acorde a garantizar el debido proceso legal para adolescentes que se presume han infringido las leyes penales.
México dio un avance muy importante en 2006 al reformar el artículo 18 constitucional, sin embargo, entonces no se pudo lograr unificar en un solo sistema para que derogara de manera estructural, de manera radical el sistema tutelarista que imperaba entonces; y regular violatorio de los derechos humanos, violatorio de la Convención sobre Hechos de la Niñez y me parece que el gran salto que se da en la Constitución en ese entonces, como un primer paso a lograr un sistema garantista en el sistema penal en este caso para adolescentes infractores, un sistema especializado, más benigno, puntualmente mucho más acorde a la edad tomando en consideración de la reinserción social, el que tienen que gozar de todos sus derechos humanos y, sobre todo, la responsabilidad del Estado para que esto se pueda lograr.
Crear un nuevo sistema significa tener autoridades especializadas en cada una de las etapas: desde la procuración de justicia, desde el Ministerio Público o la Fiscalía Especializada; y por supuesto también en los lugares en donde tienen que estar, como dice la Constitución en su artículo 18, solamente como último recurso cuando se ha comprobado que están involucrados, que han cometido una infracción de manera grave a los ordenamientos penales.
Hoy tenemos que lograr con esa ley que hoy se inicia en camino para su discusión y su próxima promulgación con esta declaratoria de esta reforma constitucional, necesariamente también unificar cómo deben ser las sanciones de privación de libertad, cuáles deben ser las medidas alternativas a la privación de libertar y cuál tiene que ser la responsabilidad de la asistencia social en el caso de quienes son personas menores de 12 años y quienes tendrían que recibir un tratamiento distinto en la privación de libertad de adolescentes entre 12 y menos de 14 años de edad.
Nos parece que vamos a poder discutir de manera puntual cómo tiene que trabajar el Estado Mexicano para resarcir los derechos, sobre todo de quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de riesgo, como lo hemos constatado con muchos hechos deleznables en donde se ven involucrados como víctimas pero también como victimarios personas menores de 18 años de edad.
Creo que el paso que estamos hoy determinando en esta sesión de la Comisión Permanente al hacer esta declaratoria –necesariamente y lo tengo que decir de manera puntual– también significa un éxito compartido de todos los grupos parlamentarios.
La discusión que dimos en el Senado de la República, particularmente quiero reconocer el trabajo del Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, al senador Burgos, que con toda diligencia garantizó que estos trabajos culminaran en esta reforma constitucional, que después con el aval puntual, pertinente, siempre comprometido de la Cámara de Diputados, y se inició el proceso hacia lograr lo que hoy ya es del conocimiento público.
Diecisiete congresos locales han aprobado esta reforma constitucional y hoy se hace la declaratoria en términos –insisto– del artículo 135 constitucional.
El mejor mensaje que podemos dar para adolescentes que infringen las leyes penales es justamente ahora instalar los trabajos doctos, los trabajos que también permitan que distintas organizaciones especializadas y defensoras de derechos humanos, distintos funcionarios y funcionarias que son especialistas en el Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, jueces, magistrados, defensores, etcétera, puedan ser consultados para que retomemos de ellos también las mejores experiencias y podamos concretar esta ley nacional.
Es cuanto.
Muchas gracias y enhorabuena para el país y para los derechos de las y los adolescentes en México.
SENADOR MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, senadora de la Peña.
¿El Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista tiene interés en participar? No se encuentra.
¿No? Adelante.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Adelante, diputada Lilia Guadalupe Aguilar… Lilia Aguilar Gil, perdón.
DIPUTADA LILIA AGUILAR GIL: Muchas gracias, Presidente, y con la venia de la Asamblea.
Cuando cerca del 2003 se empieza a discutir, o probablemente en 2002 se empieza a discutir las reformas especiales de justicia para niños y adolescentes, había un gran debate entre aquellos sistemas que se centran en la tutela, en el cuidado y la sobreprotección de los niños y que en la vieja escuela de las políticas públicas consideraba que no existía un fenómeno criminal entre los adolescentes.
Para aquellos que nos atrevimos a hablar de un sistema especial de justicia para adolescentes se nos trataba como abusadores de niños, abusadores de adolescentes y, bueno, ya hasta por ser de izquierda hasta de comeniños.
La realidad es que el día de hoy, en esta declaratoria que nos permite expedir la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes, y que tiene como objetivo sí, la creación de autoridades especializadas en materia de niños y adolescentes, para su procesamiento en el tema de la impartición de justicia, la verdad es que tiene como fondo el fortalecimiento de un sistema jurídico que respete los derechos humanos de los adolescentes y los niños menores de edad, conocidos en situaciones de conflicto y que finalmente tiene un reconocimiento que hay un fenómeno criminal entre los adolescentes, pero que es un fenómeno criminal distinto.
Que en efecto, los niños y adolescentes en este país requieren tutela, pero que también requieren un sistema jurídico especializado para ser tratados cuando cometas infracciones o delitos, como muchos de ustedes recuerdan ha sucedido en mi estado, en Chihuahua, donde un grupo de niños y adolescentes jugando al secuestro deciden cegar la vida de uno de estos niños y que finalmente hoy la sociedad no solamente chihuahuense sino en el país sale a clamar para que haya castigo a estos niños que son malos.
El tema es que quién decide quién es malo y quién es bueno; el tema es que quién decide y quién estudia el fenómeno criminal de los adolescentes, que tiene que ver no solamente con problemas socioeconómicos, sino que también tiene que ver con problemas sociales y del desgaste del tejido social de este país.
Quién entonces da respuesta a estos adolescentes pata poderlos llevar por el buen camino, si ustedes quieren ponerlo en esa frase, o para rehabilitarlos en un sistema de justicia que no los lleve a escuelas del crimen.
Yo recuerdo que en los inicios de esta discusión se decía que los tribunales para menores no eran más que eso, escuelas del crimen, donde los jóvenes iban y aprendían todas las mañas para que, dada su situación económica, su situación social, iban a salir inmediatamente a delinquir.
Parecía entonces que todos estos jóvenes y adolescentes que estaban marcados solamente por el nacimiento, solamente por la pobreza y solamente por este círculo vicioso donde parecía que el sistema los expulsaba por falta de educación y por falta de oportunidades, entonces estaban destinados a la delincuencia y al fracaso.
Esta reforma constitucional viene a acabar con esta creencia y acabar con esta creencia, en la idea de que en efecto hay que tratar jurídicamente los asuntos de delitos de adolescentes y jóvenes, pero que también es posible, con el respeto a los derechos humanos y sin tutela, haciendo a los niños y adolescentes responsables por sus actos en un proceso también educativo y de formación, que no tendría que llevar a cabo el Estado, pero que así lo hará, que hay una salida alterna y que este, el fenómeno criminal de los adolescentes puede ser atendido.
Hay una ley que se ha discutido en ambas cámaras. Esta ley tiene todavía deficiencias para tratar el tema criminal de los adolescentes, pero nos congratulamos de esta reforma a los artículos 18 y 73 de la Carta Magna, que nos permitirá finalmente poder abrir a discusión y reconocer que entonces sí en estos pequeños detalles –y debo de coincidir- estamos avanzando a la modernidad.
Muchas gracias.
DIPUTADO MANUEL AÑORVE BAÑOS: Se concede el uso de la palabra al senador Arturo Zamora, del Grupo Parlamentario del PRI.
SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ: Distinguidas y distinguidos legisladores:
Este tema que hoy se ha compartido de acuerdo a los comentarios de la senadora Angélica de la Peña y de la diputada Lilia Aguilar, son temas muy sensibles porque precisamente se refieren a una de las partes fundamentales de nuestra sociedad, que son la niñez y la juventud de los mexicanos.
Es una parte muy importante el hecho de que se haya construido en las comisiones de ambas cámaras, donde participaron las comisiones correspondientes, para elaborar un proyecto que pudiese armonizar, un tema que venía postergándose desde hace muchos años.
Seguramente que muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes y adolescentes y cuando incluso tuvimos la oportunidad de acceder a las aulas, estábamos en ese tiempo en el debate de la llamada imputabilidad o inimputabilidad en razón de la edad de las personas que entraban en conflicto con la norma.
Recordamos nosotros aquellos principios de Cesare Bonesana, el Marqués de Beccaria, que establecía la proporcionalidad de las penas y así una evolución muy importante en el ámbito de la criminología que aportó siempre una serie de disposiciones legales que fueron aplicadas muchas de estas veces, transgrediendo de manera irremediable los derechos elementales, los derechos fundamentales, los derechos esenciales y por tanto los derechos humanos de muchos niños y de muchos jóvenes, de acuerdo a la perspectiva de esas legislaciones que apenas estabas construyendo un modelo que pudiera tener una respuesta ante la ofensa social de comportamientos que muchos de ellos se podían dar de manera directa u otros que también en los que desafortunadamente participaban de manera indirecta los menores de edad.
La dinámica de la sociedad que hoy nos lleva y nos ha llevado al análisis permanente del andamiaje jurídico penal, en las reformas que se han hecho dotando al Poder Ejecutivo de mejores y mayores instrumentos tenía un pendiente, y el pendiente era precisamente lo que hoy constituye esta Declaratoria de Constitucionalidad de lo que el Constituyente Permanente ha venido avalando por mayoría de 19 legislaturas, dando carta de naturaleza a lo que disponen los artículos 18 y 73 de la Constitución General de la República, lo cual dará paso precisamente para que todas las entidades de la República, en su oportunidad, lleven a cabo el proceso de armonización de normas que tienen precisamente los límites que se han venido construyendo debido a los esfuerzos que se han realizado en el ámbito convencional y en el ámbito constitucional de nuestro país.
Por esa razón, es muy afortunado el hecho de que se lleve a cabo ese proceso de abrogación a una Ley Federal de Justicia que sancionaba de manera intensa a los jóvenes que estaban en conflicto con la norma, para entrar en una etapa completamente diferente que permita, precisamente, que haya tratamientos de prevención, que haya tratamientos que, bajo la óptica del trabajo social, bajo la óptica sociológica, bajo la óptica de la familia de lo que la sociedad requiere en sus futuras generaciones, se tenga un planteamiento jurídico donde tanto las entidades federativas y el Distrito Federal, y la propia Federación, del tratamiento más adecuado a todas y cada una de las personas que entren precisamente en conflicto con la sociedad.
Nosotros consideramos que es muy importante, ahora la parte complementaria. Viene un trabajo secundario, hay 180 días a partir de lo que se establece en la propia ley, en los artículos transitorios, para construir precisamente bajo una óptica con los límites de los parámetros que nos ofrece el respeto a los derechos humanos; pero también bajo la óptica de qué tipo de justicia queremos tener hacia el futuro para que se garanticen los derechos de todos los mexicanos, que son los valores que están también tutelados en la propia norma penal.
Estos valores que son, entre otros, la vida, la libertad y el patrimonio; no son otra cosa que bienes jurídicos que tenemos que proteger como Estado mexicano, pero que también cuando estos derechos han sido transgredidos a través de conductas, de acciones o de omisiones imprudentes o intencionales de jóvenes que entran en conflicto con la ley, tenemos que estar conscientes que la prioridad es el tratamiento jurídico y el tratamiento psicológico, sociológico y de otra naturaleza que se incorporan en esta reforma, sean los adecuados para que se evite la reincidencia o la reiteración, dicho de una manera más técnica, y el respeto a los derechos de los menores en conflicto con la ley.
En suma, de lo que se trata es que tengamos leyes meramente preventivas que eviten, por un lado, el daño a la sociedad por la comisión de delitos; y que garanticen por otro lado, la incorporación de los jóvenes en conflicto con la ley a todo lo que le ofrece nuestra sociedad.
Muchas gracias.
DIPUTADO MANUEL AÑORVE BAÑOS: Antes de pasar al siguiente tema, informo a la Asamblea que se recibió el voto aprobatorio del congreso del estado de Puebla, al decreto que reforma diversas disposiciones del artículo 73 constitucional en materia de justicia para adolescentes, cuya declaratoria de aprobación acabamos de concluir.
Con ese voto se reúnen 20 aprobaciones.
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