Versión estenográfica de la comparecencia de la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, en el pleno del Senado de la República, dentro del análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Maestra Arely Gómez González, sea bienvenida a esta comparecencia a la que se le ha convocado para analizar la política interior del país con motivo el Tercer Informe de Gobierno, presentado el pasado 1 de septiembre por el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 constitucional, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establece la relación corresponsable, republicana entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión.
Maestra Arely Gómez González, como es de su conocimiento, el artículo 69 antes referido, compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a conducirse e informar bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, procederé a tomarle la protesta constitucional correspondiente.
SECRETARÍA: Le solicito a la Asamblea ponerse de pie.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Maestra Arely Gómez González, en los términos de lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le pregunto, ¿protesta usted decir verdad en la información que exponga ante esta Asamblea y ante las preguntas y en su caso, réplicas que le formulen las señoras y los señores senadores?
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Sí, protesto.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: De no cumplir con el compromiso que asume ante esta Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.
SECRETARÍA: Favor de tomar asiento.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Esta comparecencia se rige en un formato que asegura la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea, en el marco del orden republicano que nos hemos dado y que exige nuestra investidura.
La comparecencia inicia con una intervención de la maestra Arely Gómez González, procuradora General de la República, hasta por un tiempo de15 minutos.
Señora Procuradora, tiene usted el uso de la palabra.
PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Coordinadores de los grupos parlamentarios.
Señoras y señores senadores:
En apego al mandato señalado, en el segundo párrafo del artículo 69 constitucional y a la convocatoria de esta Honorable Cámara de Senadores, estoy aquí para informar a ustedes la situación que guarda la procuración de justicia en el país, en el marco del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Es para mí muy grato acudir a este recinto, la casa del Federalismo, en donde me reencuentro con compañeros legisladores, con quienes compartí intensas horas de trabajo.
Hoy, les reitero mi plena convicción de mantener un diálogo constante y franco con el Poder Legislativo, como premisa fundamental de una colaboración estrecha, en una responsabilidad compartida como es la procuración de justicia.
Mi compromiso desde el primer día ha sido entregarles a los ciudadanos, una Procuraduría transformada, con unidades especializadas en las que se privilegien nuevos elementos técnicos y científicos en las cuales la labor profesional de inteligencia y generación de información, den certeza a las investigaciones.
Debemos fortalecer la credibilidad y confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia. Por eso, al asumir esta responsabilidad, tracé un plan de trabajo basado en cuatro ejes:
Procuración de justicia eficaz.
Respeto y protección a los derechos humanos.
Implementación del nuevo sistema de justicia penal,
Y transparencia y rendición de cuentas.
El primer eje: procuración de justicia eficaz. La lucha contra el delito es una labor que nos convoca a todos, diferentes instancias y órdenes de gobierno trabajamos por un mismo fin, el fortalecimiento del sistema de procuración de justicia de nuestro país.
Fortalecer las capacidades de investigación y mejorar la atención a víctimas mediante un renovado esfuerzo para hacer cada vez más profesional y moderno el trabajo de la institución.
Ante quienes actúan al margen de la ley, debemos responder con una estrategia integral con coordinación entre los órdenes de gobierno con competencias y responsabilidades claras, y que trasciendan las visiones locales.
Por ello, en mi gestión se han reforzado los esquemas de colaboración entre las procuradurías de los estados y la general de la República, mediante los trabajos desarrollados en las conferencias nacional y regionales de procuración de justicia.
En los mismos, se han logrado avances sustanciales para hacer frente a la delincuencia mediante métodos de investigación científicos, así como protocolos de actuación homologados para indagar diversos delitos.
En ese sentido, se han hecho numerosos avances en materia de investigación y persecución de delitos federales, conteniendo e incluso reduciendo las acciones de grupos criminales en zonas que están siendo arrebatadas a la delincuencia.
Uno de los delitos que más lastima a la sociedad, como son los delitos cometidos contra la salud, comúnmente conocidos como narcotráfico, y les puedo decir que desde septiembre de 2014 a julio de este año se concretó la detención de 18 mil 647 personas por delitos contra la salud y con nexos. Se aseguraron más de tres mil 742 millones de dosis.
Además, en coordinación con las instancias de procuración de justicia y seguridad pública, han sido destruidas 36 mil 934 plantíos de marihuana y 141 mil 405 de amapola.
Hemos combatido la estructura financiera de estos grupos criminales. En este periodo se consignaron a 189 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente lavado de dinero.
El crimen organizado se ha sofisticado y trasciende fronteras. Eso requiere una permanente colaboración interinstitucional e internacional que permita tener herramientas de combate eficaz.
Convencida de que en el mundo actual la cooperación internacional es de suma relevancia para evitar la impunidad de la delincuencia organizada trasnacional, desde mi llegada a la Procuraduría General de la República instruí reimpulsar los procedimientos de extradición, siempre en estricto apego a derecho, cuidando no vulnerar derechos humanos o afectar el debido proceso.
Es así que en el marco de los acuerdos suscritos con otros países, en materia de extradición y como parte del fortalecimiento de esta herramienta jurídica de cooperación internacional, México ha entregado a 50 personas a diferentes países en el periodo comprendido del 1º de septiembre del 2014 al 31 de agosto del presente año, al ser reclamados por delitos de delincuencia organizada contra la salud, lavado de dinero, homicidio, trata de personas, entre otros.
Quiero hacer un espacio para hablar de un hecho inadmisible que indigna a todos los mexicanos; que ha debilitado la confianza en las instituciones penitenciarias y de seguridad y en el país: la evasión ocurrida en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano.
Tal como lo instruyó el Presidente de la República, porque también así es la obligación de la institución que represento, desde el pasado 11 de julio la Procuraduría General de la República ha colocado como una de sus máximas prioridades integrar una investigación profunda, exhaustiva y eficiente.
La PGR ha trabajado desde el primer momento en dos acciones paralelas: El esclarecimiento de los hechos, a fin de establecer las responsabilidades de quienes al interior y al exterior del penal participaron en la evasión; así como en la recopilación de todos los elementos de información que conduzcan a la recaptura del delincuente.
Hasta el momento se han obtenido órdenes de aprehensión en contra de 23 ex servidores públicos que por acción u omisión favorecieron la evasión del reo. Actualmente el órgano ministerial tiene bajo arraigo a 10 personas civiles que son quienes colaboraron en la fuga desde fuera del penal.
Estamos llevando a cabo una investigación a fondo y a todos los niveles, en coordinación con las distintas instancias de seguridad del gobierno federal y de las entidades federativas, así como de los órganos de inteligencia y análisis de información criminal en el país, para entregar a los jueces a todos aquellos que de alguna u otra manera facilitaron esta evasión.
Los que lo ayudaron a escapar no escaparán de la justicia.
Segundo eje: derechos humanos.
Los cimientos y los ejes prioritarios en cualquier proyecto de Estado son el respeto, defensa y garantía de los derechos humanos. Por ello estamos llamados a desarrollar toda acción que permita dotarnos de efectividad para dar mayor confianza a nuestro trabajo cotidiano.
En los últimos meses hemos enfrentado retos enormes que han puesto a prueba la solidez de la institución que me honro presidir, así como su capacidad de dar respuesta a la sociedad por temas que han generado enojo e indignación.
La apertura y disposición a adoptar aquellas recomendaciones que alinean nuestra actuación con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, así como su implementación con acciones concretas que garanticen efectos duraderos, han adquirido un interés central en nuestra agenda.
Lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala y Cocula son actos de barbarie que indignan a todas y a todos los mexicanos.
En este caso, la Procuraduría General de la República ha sometido a escrutinio su trabajo en la mejor voluntad de agotar una investigación rigurosa y dar transparencia a todas sus actuaciones, o cual es un elemento indispensable para dar certidumbre y confianza a las familias.
Hemos atendido e incorporado las observaciones y elementos que constituyen aportaciones a la investigación, algunas de las cuales han sido aportadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de derechos Humanos.
Las hipótesis que hemos construido dependen siempre de indicios o de pruebas confirmadas. Esta Procuraduría está consciente que nuestro trabajo no puede ser realizado adecuadamente basado en posturas inamovibles. Ha de ser la ciencia y los métodos que de ella derivan, los que permitan dilucidar este hecho.
Los esfuerzos de la Procuraduría, lo reitero. Continuarán hasta que el último responsable de estos crímenes sea consignado y rinda cuentas ante la justicia.
Iguala no es caso cerrado, las investigaciones continúan. Hoy les informo que hemos abierto otras líneas de investigación en las cuales tenemos identificados a más autores materiales.
La construcción de un sistema democrático debe pasar por combatir la impunidad y sancionar la comisión de crímenes como lo son los cometidos en Iguala.
Como representante de la sociedad, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de no escatimar recursos ni esfuerzo alguno en la investigación de todas las desapariciones.
Por eso, después de un largo proceso de consultas con otras instituciones, expertos en la materia y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, hemos concretado dos protocolos para la homologación, en todo el país, de las investigaciones en casos de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas, apegados a los más altos estándares internacionales.
Senadora y senadores:
Hoy anuncio que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto, hace unas horas firmé el acuerdo de Creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el cual se publicará mañana en el Diario Oficial.
Esta unidad, será competente para dirigir, coordinar y supervisar, las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
Esto es un esfuerzo que demanda y supone el trabajo de las fiscalías y procuradurías locales, así como una puntual y eficaz participación social.
También les informo que el día de hoy, también por acuerdo de la Procuraduría General de la República, de la Procuradora, se remite el expediente del caso Ayotzinapa, que ha sido la petición de muchas voces, a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, estando bajo la conducción de la oficina del Subprocurador, el doctor Eber Omar Betanzos, que integrará un grupo de trabajo para atender esta averiguación en una segunda fase.
Tercer eje: Implementación del nuevo sistema de justicia penal:
Mejorar la calidad del sistema de justicia penal, es una de las grandes demandas de los mexicanos que en 2008 el Congreso de la Unión atendió al aprobar la Reforma Constitucional.
Su implementación es uno de los compromisos más importantes del Presidente Enrique Peña Nieto.
Esta transformación jurídica ofrecerá a la sociedad la oportunidad de acceder a la justicia de manera mucho más directa, pronta y expedita, por medio de audiencias públicas con garantía de protección a las víctimas y respeto a la dignidad de los procesados.
La implementación del nuevo sistema de justicia, se encuentra en marcha y se han previsto todos los escenarios posibles que pudieran presentarse en su implementación futura, motivo por el cual la Procuraduría General de la República ha emitido acuerdos, protocolos y lineamientos que prevean las diversas instancias que intervienen en el proceso.
En noviembre de 2014 se había implementado el nuevo Sistema de Justicia Penal en Durango y Puebla. A partir de marzo de 2015, se han sumado Yucatán y Zacatecas.
En una tercera etapa que finalizó en agosto pasado, la cifra ya sumaba 8 entidades. Hoy les puedo señalar que en noviembre próximo este nuevo sistema se implementará en 7 estados más.
Esta tendencia nos permite señalar que para junio de 2016, fecha que marca la Reforma Constitucional, la Procuraduría General de la República estará operando, con este sistema de justicia penal en todo el país.
Esto será posible gracias a la colaboración conjunta y esfuerzos decididos del Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Gobernación, a través de su órgano implementador.
Esta transición es histórica. Constituye una alta responsabilidad y un alto compromiso con la sociedad mexicana.
Para finalizar, el cuarto eje: Transparencia y rendición de cuentas que ha regido mi gestión.
Son exigencias ciudadanas que desde mi paso por el Senado y ahora como Procuradora, he abanderado y considero son un sello que debe marcar la gestión y el actuar de todos los servidores públicos de la institución.
La transparencia y la rendición de cuentas, son elementos indispensables que dan legitimidad y confianza al trabajo cotidiano y deben ser el sustento institucional en materia de procuración de justicia.
Es por ello que desde el inicio de mi gestión instruí la creación de la Unidad de Apertura Gubernamental, adscrita a mi oficina. Dar cuenta de las acciones y resultados institucionales es una responsabilidad ante la sociedad, establecer mecanismos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas en nuestra actuación, cerrando el paso a la impunidad, en observancia de nuestra misión como representación social.
Como ustedes saben, durante meses trabajamos en la elaboración de un expediente público de la investigación del caso Iguala, que fue abierto a los solicitantes en días pasados. Cabe resaltar que es la primera ocasión en que una averiguación previa en curso se abre mediante una versión pública.
Hoy les anuncio que vamos a habilitar un apartado en el portal de la Procuraduría General de la República, donde subiremos la versión pública del expediente del caso Iguala; para que de esta manera la ciudadanía, los periodistas y todas las personas interesadas puedan acceder directamente a la información que ahí está disponible.
No basta hablar de transparencia, hay que ser transparentes. También es importante señalar que en seguimiento a la política de apertura a través de la alianza para el gobierno abierto, en el que la Procuraduría General de la República participa como parte del Ejecutivo Federal, se logró cumplir con los tres compromisos institucionales, de los cuales me gustaría destacar el sistema de consulta de detenidos.
A través de este sistema, cualquier ciudadano puede buscar en internet si algún familiar o conocido se encuentra puesto a disposición o responsabilidad del Ministerio Público Federal, conociendo exactamente en qué agencia se encuentra.
Con la implementación de estas políticas y el fortalecimiento de una cultura de rendición de cuentas, estamos acercándonos al ciudadano para atender de mejor manera las válidas exigencias de la sociedad.
Señoras y señores senadores:
La misión de las instituciones públicas es actuar con oportunidad, eficacia y responsabilidad ante las denuncias. La sociedad reclama investigaciones apegadas a derecho; rigurosas en sus alcances y eficaces en sus objetivos, de cerrar el paso a la delincuencia y a la impunidad en el país.
Estar el día de hoy en este recinto ante ustedes, más que un compromiso derivado de una obligación constitucional, es una auténtica oportunidad para generar consenso y trabajo coordinado a través de sus aportaciones y análisis.
En un marco de respeto y ánimo de colaboración, reitero mi compromiso y mi voluntad para que el trabajo que desempeña la Procuraduría General de la República genere resultados en beneficio de quienes nos dan la oportunidad de servirles: la ciudadanía; beneficio que debe traducirse en lo que todos buscamos, construir los cimientos de un México próspero y en paz.
Muchas gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Abrimos la ronda de intervenciones de los grupos parlamentarios, prevista en el número 2 del resolutivo III del acuerdo correspondiente.
Para intervenir a nombre de su grupo parlamentario, tiene el uso de la voz la senadora Layda Sansores San Román, hasta por 10 minutos.
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Presidente; compañeras, compañeros; señora Procuradora General de la República:
A quienes fuimos sus compañeros nos consta que es usted una mujer sensible, preocupada por mejorar nuestro Sistema de Justica.
Lo que nos preocupa es que el gobierno ha querido convertir a la PGR en una estrella más del Canal de las Estrellas, y esto es parte de una operación política y mediática que está encima de usted, y la obliga a veces a seguir un guión, como en el caso de Ayotzinapa, ese de “la verdad histórica” que no fue más que un acto para darle carpetazo a algo que le preocupaba y que estaba levantando tantas olas en el país.
También nos inquietan las contradicciones en su equipo de trabajo.
Usted aceptó de inmediato, después del informe del GIEI, llevar a cabo un tercer peritaje en el basurero de Cocula, como una expresión de apertura; y al día siguiente el subprocurador don Tomás Cerón de Lucio y de todas las villanías, la contradijo. Despídalo, no sé ni para qué viene hoy.
La PGR se ha caracterizado por ser una fábrica de mentiras, de inventos. Es una maquiladora de expedientes mal armados que conllevan a la impunidad; caso Tlatlaya.
Tienen pocos peritos experimentados y muy pocos investigadores. Y ya ni se diga que si son independientes; por eso los testimonios ministeriales sólo se sacan con base en la tortura.
La Procuraduría se ha terminado por convertir en un centro de operaciones para que los poderosos instrumenten sus vendettas.
Y hay reservas en cuanto a si usted podrá sobrevivir las presiones como procuradora que luego le permitan ocupar el cargo de la Primera Fiscal General de la República.
Y yo le digo: Ayotzinapa es su prueba del ácido, a coloca entre los cuernos de un dilema. O encabeza un esfuerzo independiente por llegar a la verdad, rompiendo con la línea que le impuso su antecesor, o se somete a intereses oscuros del poder y termina haciendo el ridículo; entonces, en lugar Fiscalía, pues será la Sedatu.
Y aquí entre nos, tiene ya varios competidores, pero especialmente hay un fantasma que habita no precisamente en un castillejo; no, el fantasma transita en este Senado desde las sombras. No lo ves, pero lo sientes, y por las noches cambia y corrige los dictámenes fiscales; destroza acuerdos. Le dicen “el 129”.
No tiene escaño, no es senador, pero es el dueño del Senado.
No tiene alma, pero le sobran ambiciones y está dispuesto a encarnarse en fiscal general.
Arely: Usted tiene un gran reto, y creo que lo primero que tiene que hacer es salirse de la orquesta. Renuncie. Esa que dirige Peña Nieto y que tiene a todos los funcionarios del gobierno repitiendo, como dice el licenciado Bartlett, la misma tonada.
Es evidente que desprestigiar a los expertos del GIEI y a la Comisión Interamericana es una consigna que siguen al pie de la letra desde el Secretario de la Defensa hasta los más modestos miembros de su gabinete, acompañados por los medios de comunicación mercenarios que han proliferado.
Y para los senadores un aplauso, todas las fracciones parlamentarias, cuando estuvieron aquí presentes, les manifestaron su apoyo y reconocimiento.
Agradecemos a GIEI, a la Comisión Interamericana y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hayan venido a extendernos su mano solidaria en horas tan difíciles.
Y sobre estas acciones que nos vino a anunciar, tengo unas preguntas que le haré en mi próxima intervención.
Quiero mencionar que en la entrevista pactada para el secretario de la Defensa, es un insulto a la inteligencia del pueblo mexicano. Los argumentos que esgrime el señor General Cienfuegos para negar que el GIEI entreviste a militares involucrados son pueriles, denotan una conveniente ignorancia no sólo del derecho internacional, sino también del derecho mexicano.
El señor secretario está, digamos, mal informado. No es ilegal responder a los expertos del GIEI, lo que sí es ilegal es que las fuerzas armadas anden haciendo tarea de policías.
Yo sé, ya lo declaró que no es cómodo, pero recibe órdenes presidenciales y él dice que el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana pues no permite que interrogue a sus soldados.
Ayúdenos a dejarle claro al señor secretario, por ahí si se lo encuentra un día de estos, que en primer lugar no son sus soldados y que no es un convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana, es un acuerdo del Estado, que es otra cosa, del Estado Mexicano del que las fuerzas armadas forman parte.
En pocas palabras, las declaraciones del Secretario de la Defensa hacen suponer que las fuerzas armadas no son parte del Estado, por lo tanto no acatan los compromisos que han suscrito, que ha suscrito el Estado Mexicano a través del Ejecutivo, hacen suponer que el Ejército no se guía por criterios democráticos y que a las fuerzas armadas no las obliga el artículo primero de la Constitución que señala que todas las autoridades tienen que promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos.
Hacen suponer que el poder militar está por encima del poder civil y que el Secretario de la Defensa es el auténtico Jefe de Estado y de Gobierno y el encargado de conducir la política interior y exterior.
Hace suponer que al señor Secretario lo cubre un manto divino, por lo que hay que colocarlo en un nicho y crearle un régimen de excepción.
A ver senadores, compañeros lambiscones, a ver qué día nos atrevemos a que comparezca aquí el Secretario de la Defensa, ya es tiempo.
Es ilegal y es inmoral no contribuir para el esclarecimiento de la verdad, siendo la participación de militares una pieza clave dentro de la investigación, si ellos no dispararon y tampoco hubo omisión, como dice el general Cienfuegos, hubo consentimiento o aquiescencia.
En mi siguiente participación le haré una propuesta al respecto y para todos aquellos que están inquietos, yo quisiera nada más decirles o hacer una pregunta, porque aquí insisten que todo empieza con Abarca, termina con Cocula y el ejército no participó.
Ojala pudiera usted decir a esta Soberanía si se ha indagado lo suficiente acerca del terreno que la Sedena le donó al señor Abarca, para la construcción de un centro comercial, enfrente del Batallón 27. Sería muy interesante, y que nunca tuvo el comandante de la zona, el general Saavedra, noticias de los vínculos entre el presidente municipal de Iguala y el crimen organizado.
No resulta extraño que el encargado del Batallón 27, lo hayan escondido y al general Alejandro Saavedra lo hayan ascendido pero rápido a uno de los 38 exclusivísimos cargos de General de División de manera inmediata.
Desde cuándo cometer, o encubrir violaciones a los derechos humanos, se aprecia con ascensos e insignias, se premia.
Y bueno, para todos los niños verdes; digo, niños héroes; digo, héroes que padecen del síndrome de Juan Escutia: antes de que se avienten de lo más alto de la Torre de Comisiones, para defender el honor del ejército.
Les recuerdo que una cosa es el ejército como institución, el cual conserva aún el más alto índice de credibilidad en la ciudadanía, y otra son sus autoridades de las cuales estoy hablando y que deben entender que estos son otros tiempos, y que deben de rendir cuentas.
Estuve en la PGR el 13 de enero con el senador Alejandro Encinas, y solicitamos a su predecesor se abriera una línea de investigación específica para el caso de Julio César Mondragón, debido a las diferencias y cruentas circunstancias de su muerte.
Me gustaría saber si se atendió el compromiso que Murillo Karam hizo con nosotros.
Aprovecho para protestar enérgicamente contra el señor Marín, que en su programa de ayer se dedicó a criminalizar a Julio César Mondragón, erigiéndose en juez y condenándole. Con qué derecho, señor Marín.
Los 43 –entiéndanlo bien, no es sólo un número- representan historias, vidas, sueños.
Y quiero decirles que Julio César era un joven líder, con la más sólida formación ideológica: bien parecido, introvertido, con sensibilidad artística.
Qué paradoja. Siempre traía consigo una libreta en la que hacía esbozos de rostros, todos con ojos expresivos y con todo aquello que le arrebataron quienes cometieron ese crimen.
Y sólo detuvieron a un policía municipal, aun cuando las evidencias dejan claro que fueron varis delincuentes diestros quienes cometieron ese homicidio.
Ese policía hoy está libre.
Y ya para terminar. Julio César –ya para terminar-…
Qué tanto es tantito. El mismo trato que se les da a los funcionarios nos deben dar a nosotros señor Presidente, que además ay le ando defendiendo, ¿eh?
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Concluya señora senadora.
SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Julio César deja como herencia una niña y un árbol.
Sembró un nogal antes de morir. Y dice su abuelo que en 10 años dará nueces.
Ayotzinapa es semilla. Será árbol que dé renuevos para que florezca una sociedad más igualitaria y justa, que ojala que no tengamos que esperar lo que esperará el abuelo de Julio César, para recoger el fruto.
Gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Tiene ahora el uso de la palabra el senador Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos, para fijar la posición de su bancada
SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS: Muchas gracias.
Con la venia de la Presidencia.
Aquí se viene a hablar de guiones y de consignas, y sí, tiene mucha razón. Aquí el único que escribe guiones es Andrés Manuel López Obrador y la consigna es culpar al Gobierno Federal, al Gobierno de la República de los crímenes de un lópezobradoristas, de Abarca y de su mujer.
Aquí respetamos al Ejército Mexicano, aquí nos sentimos muy orgullosos del General Secretario Cienfuegos. También reconocemos y respetamos a todas y todos los funcionarios de la Procuraduría General de la República. Respetamos y reconocemos el trabajo y el compromiso del licenciado Tomás Zerón.
Las faltas de respeto aquí, por algunos que aspiraron a ser artistas y seguramente fracasaron en su intento, llegaron aquí por ir acompañados en una lista; pero faltarle el respeto a los compañeros es de alguien que no se merece estar aquí ni está a la altura del debate que hoy nuestro país nos demanda.
Con la venia de la Presidencia, muy buenos días, señora Procuradora General de la República, maestra Arely Gómez González.
Compañeras y compañeros senadores:
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde, le doy la más cordial bienvenida a este Senado.
Como usted sabe, señora Procuradora, en el Partido Verde queremos construir, construir un México más seguro, un México más fuerte, un lugar donde el Estado le responda a los ciudadanos y donde éstos encuentren vías para expresar sus desacuerdos y sus necesidades; por eso, en nuestra agenda legislativa hemos propuesto –entre otros temas– facilitar y fomentar la denuncia ciudadana ante actos de corrupción; fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos y mejorar el trato que reciben las personas en el sistema de justicia, ya sea como víctimas y ofendidos o bien como sujetos de una investigación.
Creemos que al mejorar la relación de las instituciones con la ciudadanía, fortalecemos también el futuro de nuestro país.
Hemos sido impulsores de la transparencia y del acceso a la información pública, un tema que aquí la señora Procuradora compartió con nosotros como compañera y colegisladora.
En el Partido Verde consideramos que la opacidad es enemiga del buen gobierno y nos aleja de los ciudadanos. Además, estamos convencidos de que sin las herramientas legislativas correctas, sin normas que respalden el actuar de las instituciones, la procuración de justicia se vuele endeble.
Por eso, desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde hemos impulsado mejoras legislativas importantes para combatir delitos muy graves que lastiman a la sociedad mexicana, como lo es el delito del secuestro.
Estos esfuerzos son el producto de nuestro compromiso con la transformación de México, pero también de nuestra convicción de que la mejor manera de construir el país que queremos, es trabajando juntos logrando esa unidad, de la mano de todos los poderes del Estado.
Esta colaboración es condición indispensable para que los derechos que reconoce nuestra Constitución, se conviertan en una realidad y en una práctica cotidiana. Es el fundamento para lograr los objetivos que ha propuesto el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha trabajando intensamente para lograr un México en paz, un México incluyente y un México equitativo, para que éste dé prosperidad a todas y todos los mexicanos y fortalezca el proyecto de nación que todos queremos.
Usted, señora Procuradora, como una mujer de leyes y una mujer de Estado, entiende la importancia de este proyecto. Desde el día en que tomó protesta como procuradora, se comprometió a brindar una justicia eficaz, a respetar y defender los derechos humanos; a implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal; a rendir cuentas claras y a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
En el Partido Verde celebramos estos compromisos porque reflejan su convicción de construir un gobierno cercano a la gente. Un México en el que todos queremos ver eso reflejado. Un México que así lo vemos desde el Partido Verde.
Reconocemos también el impulso que se le ha dado a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, no sólo a nivel federal sino también en las entidades federativas.
Hoy, como usted ya lo mencionó, este nuevo sistema ya opera en Bala California Sur, Durango, Guanajuato, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán, y también en mi tierra, en Zacatecas.
Pero quedan muchos estados en los que hay que redoblar esfuerzos y celebramos el anuncio que nos hace hoy de los próximos estados que habrán de sumarse.
Con este sistema, el país avanza hacia una justicia mucho más transparente y rápida, que sin duda fortalecerá a los ciudadanos y a las instituciones.
En este último año se ha facilitado la creación de reglas claras, para que tanto estados como federación lleven a cabo investigaciones menos invasivas, más eficaces y enfocadas en la atención a las víctimas.
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia ha aprobado protocolos homologados en materia de atención a periodistas, búsqueda de personas desaparecidas, tortura y desaparición forzada.
Estas herramientas, al igual que nuestras leyes, proporcionan un marco de acción y coordinación mucho más claro y preciso para que las instancias de procuración de justicia sean más eficientes y respetuosas de los derechos humanos.
Esto es un avance para hacer realidad los derechos que consagra nuestra Constitución.
No es novedad para los que conocemos a la señora Procuradora, que siempre ha tenido un enorme interés y compromiso en promover la equidad de género. A fin de cuentas se trata esto de mejorar las condiciones de todas y todos los mexicanos, para que con el crecimiento de cada uno todos crezcamos.
Este compromiso usted lo ha demostrado creando la Unidad de Género al interior de la Procuraduría General de la República.
Con ello, la Procuradora abona y construye un México más equitativo.
Para ello, más importante aún, ha sido la disposición que ha mostrado la Procuraduría para colaborar con otros en la investigación de crímenes que han lastimado profundamente a la sociedad mexicana.
Y sí, compañeras y compañeros, nos referimos al caso Ayotzinapa, en el que lejos de desacreditas las críticas y cuestionamientos, ha mostrado su disposición para escuchar las voces inconformes y tomarlas en cuenta en las diligencias e investigaciones a su cargo.
Este camino, el de la conciliación y la inclusión, sin duda llevará a buen término las investigaciones de este caso.
Sabemos que existen voces que no quieren conciliar; que no saben escuchar. Posturas que critican sin proponer, o que proponen sin saber. Y que en lugar de facilitar la construcción de mejores instituciones, las destruyen para hacer fortunas de sus escombros.
Estas críticas sin diálogo ni propuesta, se niegan a ver la realidad. Voltean la cara, pero se la voltean no al adversario político sino al trabajo de cientos de personas que se comprometen día con día con la procuración de justicia, con las labores de investigación.
Estas posiciones radicales no querrán reconocer los esfuerzos de todos los trabajadores al servicio del Estado, que en el caso de Ayotzinapa se ha traducido en la detención de más de 100 presuntos responsables en cientos de diligencias e innumerables investigaciones y peritajes.
Y quienes se niegan al diálogo no querrán ver este trabajo, no porque no tenga sustento o no lo tengan a su alcance, sino porque reconocerlo implicaría perder lo que ganan políticamente, aunque sea a costa de destruir a las instituciones del Estado Mexicano.
Esta postura beligerante, esta crítica sin fundamento no sólo afecta la credibilidad de las instituciones, sino que socava los esfuerzos y el trabajo de millones de mexicanos que diariamente trabajan juntos, en unidad, para tener un mejor país.
Por eso, en el Partido Verde los invitamos al diálogo, a unir esfuerzos para construir y fortalecer a nuestras instituciones, a alejarnos de esas posturas radicales que socave la construcción de ese estado que estoy seguro todos lo queremos así.
Por su atención, muchas gracias a la asamblea.
Es cuanto, señor presidente.
Y reiterar nuestro respeto y nuestro respaldo a nuestro presidente de este Senado de la República.
Muchas gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Se concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 10 minutos.
SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Bienvenida Procuradora.
Señora Procuradora General de la República:
Le reitero la bienvenida a este Senado de la República, que efectivamente durante poco menos de tres años también fue su casa.
Su presencia, procuradora, el día de hoy responde sin embargo a la grave situación del país en materia de justicia y de seguridad, diría yo, a la crisis humanitaria.
Desde antes del inicio de esta administración el ahora titular del Ejecutivo Federal se comprometió a reducir la violencia a través del combate a delitos que más lastiman a las y a los ciudadanos: secuestro, extorsión, homicidio, por mencionar algunos.
Pero al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto decidió bajar el perfil público de estos importantes temas. La situación de violencia y criminalidad fue prácticamente excluida del discurso oficial.
Un eje, por ejemplo, del Plan de Desarrollo 2013-1015 fue México en paz. Sin embargo, el Pacto por México fue magro en propuestas para atender este fenómeno, como si no se tratara de una de las principales preocupaciones de las y los mexicanos.
Mientras tanto las ejecuciones crecían a un ritmo vertiginoso y algunos de los delitos más lastimosos para el ciudadano, como el secuestro y la extorsión aumentaban significativamente sin que el gobierno federal les diera la relevancia y la atención que requerían.
Durante la primera mitad de este sexenio, por ejemplo, y hasta el mes de agosto pasado se habían registrado 3 mil 772 secuestros, sin contar la cifra negra, así como 17 mil 175 extorsiones.
La revelación sobre las ejecuciones sumarias en Tlatlaya y la desaparición de estudiantes normalistas en Ayotzinapa en Iguala dieron inicio a una espiral ascendente de descrédito del gobierno federal, destacadamente en Iguala, por su tardía intervención en el caso.
Y ni entonces ni ahora, ha habido una decisión política contundente para atacar la macro criminalidad que se produce por la complicidad de los grupos delincuenciales son los sectores de la clase política.
A pesar de su intento por dejar de lado el tema de la inseguridad, el problema estaba ahí, vivo y vigente, porque ni la corrupción, ni la impunidad, han sido combatidas.
Me vienen al recuerdo las palabras de Jesús Murillo Karam, cuando compareció ante la Comisión de Justicia de este Senado, para su ratificación como Procurador General de la República en 2012.
Él dijo que recibía una Procuraduría desmantelada. Usted, señor Procuradora, recibió una Procuraduría profundamente desprestigiada.
Pero al parecer, por esta y por otras razones, tenía razón quien dijo que el gobierno de Enrique Peña Nieto no entiende que no entiende.
El Informe, por ejemplo, del Grupo de Expertos Independientes, devela las fallas estructurales del sistema de justicia penal y en respuesta el Ejecutivo asume dos caras.
Por un lado, el Presidente instruyó a incorporar las conclusiones de este grupo de Expertos Independientes, a la investigación oficial.
Usted misma aceptó las recomendaciones mientras, por otro lado, como aquí ya se dijo, un subordinado suyo, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, sale a contradecirla y a defender la versión oficial, al mismo tiempo que algunos emisarios del gobierno salen a infamar con inusitada rabia a este grupo de Expertos Independientes, a todos sus integrantes, así como al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
El Gobierno Federal simula aceptar escrutinio internacional, pero rechaza las observaciones que se derivan.
Así ha sucedido con el informe del Relator Especial sobre tortura. Las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, las conclusiones preliminares de la visita, y cito, aquí de esta comisión.
Por ello, el Alto Comisiones de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al Gobierno Federal no atacar al mensajero sino atender su mensaje.
El Relator Especial sobre Tortura informó que ésta ocurre sobre todo durante la detención.
Entonces usted, señor Procuradora, como cabeza del Ministerio Público de la Federación, tiene una gran responsabilidad en la erradicación de esta práctica, que al igual que la desaparición de personas, ha sido calificada como generalizada por organismos internacionales de Derechos Humanos.
Es de reconocerse, sin duda, la prudencia con la que usted se ha conducido en medio de todas estas polémicas y por ello tenemos claro que la Procuraduría General de la República tiene un papel central e ineludible.
Acompañamos la exigencia de que la Procuraduría General de la República asuma a cabalidad las recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos en cuanto a investigación y a reconducción de la investigación, atendiendo todas las nuevas hipótesis planteadas, en especial la del quinto autobús.
Es importante que se realicen los peritajes necesarios para esclarecer lo relativo, también, a la incineración en el basurero de Cocula.
Que se detenga a las personas que un año después de los hechos siguen prófugas y se continúe con la búsqueda para conocer el paradero de los normalistas.
Y también nos interesa saber por qué, a pesar de haberla contradicho, el titular de la Agencia de Investigación Criminal sigue en su cargo.
Esa exigencia, señora Procuradora, que ni las autoridades ministeriales que tuvieron bajo su mando la investigación, ni el titular de esta Agencia, sigan en contacto con el seguimiento de las recomendaciones que usted ha aceptado.
Pero Iguala, Iguala no es el único caso que las y los mexicanos exigen que se esclarezca.
La fuga de “el Chapo” Guzmán, puso en evidencia la debilidad de nuestras estructuras de seguridad e inteligencia y refrendó, evidentemente, a los gigantescos niveles de corrupción en la administración pública.
Ahora, la dependencia a su cargo tiene la encomienda de reaprehender al narcotraficante y de garantizar el castigo a los servidores públicos que tengan responsabilidad por omisión o comisión en la fuga. Ojalá que esta comparecencia sirva qué está haciendo la PGR para detener “al Chapo” y qué papel juega ante la participación de las fuerzas federales en esta tarea.
Le pedimos que nos informe los avances en la investigación del caso Tlatlaya, donde existen elementos para presumir ejecuciones extrajudiciales. Que nos aclara cómo es que el Ministerio Público incurrió en violaciones al debido proceso que hoy tiene libre a cuatro de los militares involucrados en los hechos.
Y queremos saber si en este asunto la PGR se subordinará al Ejército, como ya ha sucedido en otras ocasiones.
Le pedimos que nos aclare la participación de la PGR en los peritajes del caso Tanhuato, el grado de avance en que recibió las investigaciones de la procuraduría de justicia de Michoacán y las líneas que seguirá la PGR en la continuación de un asunto en el que, pésele a quien le pese, también existen abundantes evidencias de ejecuciones extrajudiciales que el Ministerio Público de la Federación no puede ni debe pasar por alto.
Queremos que nos explique las razones por las que los más de cien casos de periodistas asesinados permanecen en la impunidad, lo que coloca a nuestro país en el quinto lugar entre los países con menos libertad de expresión, según el Comité de Protección a Periodistas.
Le pedimos que nos dé a conocer cuántos recursos materiales, humanos y técnicos se destinan al combate al lavado de dinero, que sigue siendo una asignatura pendiente.
Le pedimos que nos informe sobre los avances en la capacitación de los agentes del Ministerio Público para el sistema de justicia acusatorio y sobre todo, de los agentes policiales que con sus nuevas facultades serán el eslabón más débil del nuevo sistema de justicia y previsiblemente también, la fuente de muchas violaciones al debido proceso.
Que nos informe las acciones urgentes a desplegar para atender las insuficiencias profundas de los servicios forenses y periciales que entrando el nuevo sistema penal, será su labor científica la que valide los medios de prueba.
Queremos, señora Procuradora, que con espíritu autocrítico señale las deficiencias institucionales en materia de atención a víctimas, que nos diga también si tendrá la apertura de revisar objetivamente la compatibilidad del arraigo y la extinción de dominio con el sistema acusatorio; figuras que fueron incorporadas a nuestra legislación como parte –usted lo sabe– de un régimen de excepción originado en una estrategia de seguridad eminentemente punitiva.
Y que nos explique cómo se utiliza la figura de testigos colaboradores y si los millonarios gastos que se destinan al programa de testigos protegidos, se encuentra justificado con relación a su utilidad y resultados.
Señora Procuradora:
Sabemos que los retos que enfrenta la PGR no son minúsculos y menos cuando se encuentra a punto de entrar a un proceso de transición a una Fiscalía autónoma, una transición que tiene su origen en la necesidad de sustituir un diseño institucional superado por nuestra realidad y una institución duramente cuestionada por su falta de autonomía y el uso político que históricamente se le ha dado.
Pero eso no puede ser justificación de una labor deficiente en la investigación del delito.
Es hora, y con eso concluyo, senador presidente, es hora que el Gobierno Federal comprenda que la justicia no es un asunto de imagen y popularidad. Cada descalificación de una recomendación es abono para que un servidor público cometa un nuevo abuso, porque protege su impunidad.
Sabemos muy bien, señora Procuradora, que usted poco tiempo en el cargo, pero también pensamos que debe haber un esfuerzo institucional para enderezar la labor del Ministerio Público Federal.
Estaremos atentos a su labor.
Muchísimas gracias por su atención a todas y a todos.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se concede ahora el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón hasta por 10 minutos.
SENADOR JAVIER LOZANO ALARCÓN: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos ustedes.
Bienvenida, Arely, a la que fuera tu casa, al Senado de la República. Sabes bien que aquí tienes nuestro respeto y también nuestro afecto.
Pero permítanme ahora dirigirme a la Procuradora General de la República.
A usted le concedimos, sus compañeros senadores en febrero pasado, licencia para separarse del cargo y asumir la titularidad de la Procuraduría General de la República.
Junto con esa licencia, más importante aún, le extendimos a usted un voto de confianza; un voto de confianza por su trayectoria, su trabajo, su capacidad y su voluntad para sacar adelante tan alta encomienda.
Pero debe quedar claro que ese voto de confianza está sujeto a un constante refrendo; refrendo que depende única y exclusivamente de los resultados que arroje su labor al frente de esta dependencia. Y precisamente para eso es este ejercicio de rendición de cuentas.
En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos saber cómo encontró usted la PGR; qué cambios ha realizado en su estructura, organización, nombramientos, instrucciones; y, lo más importante, cuáles son los saldos reales de su gestión a esta fecha.
Esta comparecencia se marca en un contexto enrarecido. Estamos inmersos en un clima poco favorable para creer a ciegas en la palabra del funcionario público.
Todos los hechos, datos, información pública, oficial, pasan por un celoso escrutinio social y también mediático.
Hay que decirlo con todas sus letras: sin confianza no hay gobierno.
Lamentablemente es en ese contexto que la opinión y dictamen de diversos representantes de organismos internacionales caen en tierra fértil, cual si fueran sentencia final y cosa juzgada.
Esto es así, porque atravesamos en México por una severa crisis, ya lo dijo usted, de credibilidad en la clase política y en las instituciones gubernamentales, entre ellas señaladamente las encargadas de la procuración e impartición de justicia, tanto a nivel federal como a nivel local.
Basta con revisar el último informe sobe competitividad del Foro Económico Mundial para ver el lugar que México ocupa en esa tabla en cuanto a instituciones, corrupción, confianza y costo para los negocios por crimen y violencia. Estamos en los últimos lugares en estos conceptos.
Sabemos que usted heredó la crisis del caso trágico de Iguala, del de Tlatlaya; y también es evidente que a usted no se le escapó el Chapo Guzmán, pero ciertamente a la Procuraduría a su cargo le corresponde encabezar un gran esfuerzo por esclarecer estos y otros casos emblemáticos.
Ah, y si como resultado de las indagatorias y de los ulteriores procesos judiciales se desprende la responsabilidad de altos funcionarios públicos de la federación, ya sea por acción u omisión, pues que se proceda en su contra sin miramientos.
Profundizar en las indagatorias con todo rigor, objetividad, seriedad, eficacia, eficiencia y transparencia nos permitirá conocer la verdad real, la verdad real, repito, de lo acontecido, porque no basta a estas alturas, Procuradora, conocer o conformarnos con la verdad oficial, la jurídica, ni tampoco con la llamada “verdad histórica”.
De actuar así, correctamente, la Procuraduría General de la República podrá recuperar la credibilidad y confianza hoy perdidas.
Le pedimos –y qué bueno que ya lo señaló usted– que el expediente de Iguala y Cocula no sólo no se cierre ni se archive, sino que se mantenga bien abierto; se enriquezca con opinión y acompañamiento de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos; de la Universidad de Innsbruck y de otras organizaciones y entidades que con toda seriedad y ya lo dijo usted, con seriedad, y con rigor científico y o con meras especulaciones nos ayuden a dar con esa anhelada verdad.
No podemos ignorar que el acceso a la justicia, la defensa y respeto de los derechos humanos fundamentales y el cumplimiento estricto de la ley no se cumplen a cabalidad en todo tiempo y lugar en nuestro país.
Ya lo dijo ayer el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos: el 98 por ciento de los delitos en nuestro país, en el ámbito federal y local, quedan impunes. Eso en sí mismo es una auténtica tragedia.
Tomamos nota, por otro lado, de la reciente extradición de 14 peligrosos narcotraficantes hacia los Estados Unidos. Esperamos que allá purguen sus condenas y que no tengan la tentación aquí ya, en México, de seguir los mismos pasos que el “Chapo” Guzmán.
Por cierto, hablando de este personaje del “Chapo” Guzmán, quisiéramos saber por qué no en tiempo y forma también se le extraditó a los Estados Unidos. Hoy no estaríamos realmente pasando por las que estamos pasando, por estos dolores de cabeza por la fuga de este delincuente.
Algo más llama poderosamente nuestra atención: fíjense, los medios de comunicación dan cuenta constantemente de la actuación, acciones penales, aprehensiones. Aseguramiento, incautación de bienes, en los Estados Unidos contra presuntos delincuentes de la clase política mexicana y otros delincuentes de cuello blanco de nuestro país.
El clan de los Moreira en Coahuila es un caso, el de dos ex gobernadores de Tamaulipas también lo es, por mencionar sólo algunos, y es que lo que allá se ventila y se desvela, aquí se oculta y se ignora.
Por cierto, en ese orden de ideas, de personajes fugados, quisiéramos saber, procuradora, qué ha habido, qué avances tenemos en la indagatoria y eventual castigo de Rafael Antonio Olvera y demás ladrones responsables del frauda en el caso FICREA.
De la mano de lo anterior, y en asunto también ventilados en la opinión pública, como es el caso de los contratos y relaciones turbias de la empresa OHL, lejos de merecer un serio escrutinio por la procuración de justicia, pareciera que lo que se hace es voltear a ver quién la paga, por haber revelado el escándalo.
La misma suerte estás siguiendo las denuncias diversas que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado por desvíos de recursos, como es el caso del estado de Veracruz y que al parecer no se le ha dado seguimiento en la PGR.
Nos recuerda entonces, con esta actuación, o más bien con estas omisiones aquella vergonzante máxima juarista: “A los amigos justicia y gracia; a los enemigos justicia a secas”.
Quiero hacer un paréntesis porque sí es debido y es de honor hacer un público reconocimiento a la labor y lealtad del Ejército Mexicano y demás fuerzas armadas de nuestro país.
Ser oposición y hablar con la verdad las cosas no significa ser unos majaderos y menos frente a instituciones de tanto respeto y respaldo de la sociedad mexicana.
Sabemos lo frustrante que resulta para estas fuerzas armadas y demás fuerzas federales del orden, que arriesgan y sacrifican sus vidas incluso, precisamente por salvaguardar las vidas de millones de mexicanos.
Y mientras eso pasa, miles de delincuentes gozan de cabal impunidad.
Muchas veces porque evaden la justicia, como lo hemos visto, pero otras tantas es porque la integración de los expedientes no es del todo adecuada, o porque de plano no se sigue el debido proceso.
Justo hoy nos amanecemos con la noticia, con el bochornoso caso de la liberación de Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano de este angelito de Ángel Aguirre Rivero, ex Gobernador del Estado de Guerrero, que fue acusado por lavado de dinero y que hoy es liberado precisamente porque argumentan falta de pruebas en el expediente.
Y así como no queremos ver que delincuentes descaradamente se salgan con la suya, tampoco queremos ver una persecución política en la procuración de justicia.
En una democracia, amedrentar con el mazo justiciero no es ni un buen consejo ni un buen ejemplo. Es más bien una práctica atroz.
Nos preocupa sobre manera, señora Procuradora, que quienes abierta y flagrantemente delinquen como pandilla, bloqueando vías generales de comunicación, sean autopistas, aeropuertos, frentes, violentando contra edificios e instalaciones públicas, contra la propiedad privada -bueno, hasta al Palacio Nacional avientan bombas molotov-, no paguen por sus vandálicos hechos, que tanto lastiman a la sociedad y que por cierto también están pisoteando otros derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución. Y todo eso so pretexto del llamado la libertad de expresión.
Basta ya de tanta provocación e impunidad. Quienes se cubren el rostro para hacer de las suyas, no defienden una causa justa. Ocultan su identidad pero exhiben su cobardía, sabedores de la pasividad de las mal llamadas autoridades competentes.
No perdamos de vista que la libertad de expresión tiene límites y están consagrados en el mismo Artículo Sexto Constitucional. Cito:
“La libertad de expresión no puede ser objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”.
Todo esto está sucediendo en nuestro país. Todos estos supuestos se están actualizando y sin embargo, aquí, nada de esto se castiga por temor al qué dirán.
El Estado Mexicano, todas nuestras instituciones, ya debemos de dejar atrás este estigma de que actuar con apego a la ley, con firmeza, precisamente para poner orden en el uso responsable y proporcional de la fuerza pública, es un signo de autoritarismo o represión.
La sociedad espera y exige de todos nosotros que defendamos su vida, su libertad, sus familias, su propiedad, su honra y su tranquilidad. Actuemos en consecuencia.
En suma señora Procuradora:
En el PAN creemos en las leyes e instituciones que nos hemos dado. Buscamos constantemente su fortalecimiento y aumentar su confiabilidad.
Que conste, que aquí hemos apoyado todas y cada una de las iniciativas y reformas en materia de procuración e impartición de justicia.
Y señalo dos casos concretos:
El Código Nacional de Procedimientos Penales, y la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Somos conscientes y respaldamos el que a la delincuencia organizada se le enfrenta con toda la fuerza, poder e inteligencia del Estado Mexicano, pero que esto se tiene que hacer, invariablemente, con apego al principio de legalidad.
Por ende, Procuradora, no es mucho pedir.
Con base en dichas leyes e instituciones, esperamos de la PGR a su cargo que haga valer el voto de confianza que en febrero pasado se le concedió.
Sea implacable en el cumplimiento de su labor Procuradora.
Procurar no significa meramente intentar. Es hacerlo posible.
No es con el Presidente Peña Nieto con quien usted debe quedar bien.
Es precisamente usted, usted encarna la representación social del Estado Mexicano en la procuración y acceso a la justicia.
Muchas gracias por su atención.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Tiene a continuación el uso de la voz la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
SENADORA IVONNE LILIANA ÁLVAREZ GARCÍA: Con su permiso señor Presidente.
Antes de mi intervención, no quisiera dejar pasar este momento para poder, hoy, hacer un gran reconocimiento a quien lo merece, que es nuestro Ejército Mexicano.
Y no de oídas, sino porque me consta el trabajo que ellos han realizado por amor, por pasión, por lealtad y por esa institucionalidad que le tienen a nuestro país.
Como presidenta municipal me tocó trabajar con ellos y dar la lucha frontal contra la delincuencia organizada, y contra el crimen organizado. Y ahí estuvo el Ejército Mexicano, como siempre ha estado, en los momentos más duros y más difíciles de nuestro país, ahí siempre está el Ejército Mexicano, con institucionalidad, con lealtad a nuestro país, con compromiso con los mexicanos y sobre todo, con un gran respeto y pasión a nuestra patria.
Por eso hoy lo que debemos de decir es qué vamos a hacer por el Ejército, y ahí es donde hay que ayudarle y ahí es donde hoy los senadores del PRI le decimos al Ejército Mexicano: cuente con nosotros, haremos las leyes y las reformas que necesita el Ejército para tener certeza, para facilitar su trabajo y para que podamos nosotros facilitarle lo que hoy han hecho, que no está establecido en la ley pero que lo hacen por pasión, por amor, por la paz y por todos los mexicanos.
El Ejército Mexicano es y seguirá siendo orgullo de México.
Compañeras y compañeros senadores:
Hoy le damos la mejor de las bienvenidas a la maestra Arely Gómez González, una mujer que conocemos nosotros aquí en el Senado de la República por su trabajo; una mujer respetuosa, pero también respetable; una mujer comprometida, trabajadora; pero sobre todo sensible y con mucha ética y eso, Procuradora, no lo digo nada más yo, lo dicen la mayoría de nuestros compañeros senadores de las diferentes fuerzas políticas.
Con esta ética, con ese compromiso y con esa manera que usted tiene de ser, estamos seguros que así ha conducido los trabajos de la Procuraduría. Por eso le damos la mejor de las bienvenidas.
El día de hoy escuchamos con atención la intervención con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, refrendamos nuestro compromiso para consolidar la transformación del país, como lo ha hecho iniciada por el presidente Enrique Peña Nieto.
Y asimismo, nos comprometemos a seguir uniendo esfuerzos para que los derechos que consagra nuestra Constitución, se conviertan en una realidad tangible y cotidiana.
¿Qué queremos los mexicanos?
Queremos un México en paz, queremos un México incluyente, queremos un México educado, queremos un México próspero; pero también un México comprometido con el papel que tiene en el mundo.
Y para ello necesitamos instituciones sólidas, confiables y sobre todo cercanas a nuestra gente. Por eso requerimos ese compromiso permanente para trabajar por una procuración de justicia eficaz, transparente y respetuosa de los derechos humanos; una justicia cercana a las y los mexicanos.
El día de hoy tenemos la oportunidad de conocer al detalle el trabajo que ha realizado la Procuraduría General de la República, para construir un país de justicia y de leyes, donde se fortalezca el Estado de Derecho y el desarrollo de todas y todos los mexicanos.
Pero más aún, el día de hoy podemos sentar las bases de la colaboración más sólida, del Senado de la República con la Procuraduría General de la República; y así alcanzar nuestros objetivos en común, que es poder lograr la implementación de todas las reformas constitucionales y legales que harán de México un país mejor.
Hoy enfrentamos un gran reto que requiere y exige la participación de todos los poderes. Este reto es la adecuada implementación del nuevo sistema penal acusatorio.
Como miembros del Estado mexicano, estamos obligados a que los mexicanos y las mexicanas tengamos un sistema de justicia penal que funcione y que no deje espacio para la impunidad, ni para la corrupción, que tanto daño le ha hecho a México.
El Presidente Enrique Peña Nieto se ha hecho cargo de este tema y siempre ha manifestado que no hay marcha atrás; que la lucha frontal se hará contra la corrupción y contra la impunidad.
Por ello, aprovechamos para pedirle a la Procuraduría General que no deje de trabajar para que, a más tardar el 18 de junio del próximo 2016, tengamos el Sistema Penal Acusatorio, sea toda una realidad en el país.
Hoy, podemos decir que hay avances muy cuantificables, pero además no podemos bajar el paso en este tema.
Desde el Senado también debemos trabajar para que las leyes pendientes en esta materia se cristalicen y hagan posible una justicia más eficaz.
Hoy, resulta innegable que al igual que México la Procuraduría General de la República vive tiempos de cambio.
Primero, la ciudadanía exige una institución abierta, transparente y además preocupada por la protección y por el respeto a los derechos humanos.
En este sentido, debemos reconocer el trabajo que ha realizado y le exhortamos a que no baje la guardia en este tema. Y sabemos porque la conocemos que no lo hará.
Hay temas como el caso Iguala que conlleva a una de las investigaciones más complejas de nuestra historia. Los mexicanos y mexicanas deben saber qué fue lo que sucedió, para que esta tragedia no se vuelva a repetir.
Confiamos en que usted, tal y como lo ha señalado, no descansará hasta poder tener al último responsable y que se haga justicia.
Esta investigación ha constituido un enorme reto para el Estado mexicano y para la capacidad institucional de la Procuraduría General de la República.
El caso es tan relevante que incluso el Presidente de la República presentó una iniciativa de reforma constitucional y manifestó su compromiso inquebrantable porque se conozca la verdad sobre los lamentables hechos sucedidos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.
Que nadie quiera confundir lo que ya ha manifestado el Presidente de la República.
Claramente la investigación del caso Iguala no está cerrada la investigación sigue en pie hasta dar con cada uno de los responsables.
La Procuraduría ha demostrado voluntad, ha demostrado compromiso y disposición absoluta para colaborar cercana y permanentemente con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y para llegar a la verdad de estos hechos que tanto lastiman a nuestra sociedad.
Prueba de ello son los cientos de diligencias que ha llevado a cabo y que han desembocado en la detención de más de un centenar de personas, así como la transparencia en la investigación cuya versión pública está a disposición de quien quiera consultarlo, y esto es un caso inédito en nuestro país.
Esto habla de que la Procuraduría, su titular y el presidente Enrique Peña Nieto no tienen nada que esconder.
Hay una Procuraduría más abierta, más transparente y con un absoluto apego estricto a la ley.
A mis compañeras y compañeros senadores, sobre todo a quienes señalan responsabilidades sin proponer soluciones, recordamos que también es tarea del Poder Legislativo trabajar conjuntamente para poder dotarle de los instrumentos legales a la autoridad y darle las herramientas que necesita para combatir los delitos que aquejan a la sociedad.
Resulta poco creíble y mezquino que se exijan resultados y a la vez se utilicen las leyes como un instrumento de negociación política en vez de afrontar su responsabilidad en la construcción del país que hoy tenemos y el país que todos queremos.
En otro tema, y como parte de las importantes tareas que el Presidente de la República encomendó en materia de procuración de justicia, la Procuraduría General de la República ha elaborado protocolos en materia de desaparición forzada y de tortura. Para la elaboración de estos instrumentos se consultó la opinión de diversos actores de la sociedad incluyendo organizaciones de derechos humanos y expertos en la materia.
Estos protocolos ya fueron aprobados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y por el Consejo Nacional de Seguridad. Esto es, señoras y señores senadores, hacer instituciones cercanas a la ciudadanía y trabajar con visión de Estado.
Además de esto, la Procuraduría ha impulsado fuertemente la construcción e implementación de la base de datos antes y después de la muerte, no sólo a nivel federal sino también en las entidades federativas a través de la Conferencia Nacional de la Procuración de Justicia.
Esta herramienta permitirá a las fiscalías y a las procuradurías del país poder atender todos los frentes contra la erradicación y prevención del delito de desaparición forzada.
Este grupo parlamentario reconoce el compromiso durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto y de la señora procuradora, Arely Gómez, que han realizado a favor de la procuración de justicia eficiente y el respeto por los derechos humanos.
Además, la procuradora ha dejado muy claro que la actuación de las y los servidores públicos de la institución siempre debe apegarse a fuertes principios peticos, tan es así que expidió para todos los colaboradores de esta institución un código de ética también.
Señores y señoras senadoras:
Los avances señalados apuntan a que se va por el camino correcto. Aún hay mucho que hacer, pero no queda duda que este gobierno está comprometido con la procuración de justicia y el fortalecimiento de los derechos humanos.
La glosa del Tercer Informe de Gobierno es una oportunidad para poder identificar los avances, los desafíos, pero sobre todo las áreas de oportunidad que tenemos para poder marcar el presente y el porvenir de nuestra nación.
Identifiquemos y dignifiquemos este ejercicio con seriedad y responsabilidad, con argumentación e integración propias de una democracia madura.
Evitemos hacer señalamientos sin un sustento técnico o legal y además hagamos la colaboración para poder tener las herramientas y la solución a los problemas que hoy le aquejan a nuestra sociedad.
Estamos claros que hay investigaciones muy relevantes que siguen su curso y hoy los invito a que nos basemos en todas las conclusiones y no en premisas, en lo que los juzgadores van a revaluar.
Hoy, desde esta tribuna les queremos decir a nuestra ciudadanía: que quede claro, el gobierno de la República no dará marcha atrás contra la corrupción y contra la impunidad.
Que hoy los delincuentes se enfrentan a una Procuraduría de la República que abate la impunidad, con investigaciones eficaces y sobre que cada delincuente dará cuenta de sus actos.
Que nuestra sociedad cuenta con una Procuraduría General de la República –concluyo, presidente, en un minuto—que nuestra sociedad cuenta con la Procuraduría General de la República, que es garante de sus derechos humanos, transparente en su actuar y con resultados evidentes.
Señora Procuradora:
Estamos seguros que el presidente Enrique Peña Nieto tiene un gran compromiso con la procuración de justicia y con el respeto a los derechos humanos.
Hoy queremos decirle a usted, Procuradora, que se lleva el respaldo, el reconocimiento y el apoyo de todos los senadores del Grupo Parlamentario del PRI.
Vamos juntos con usted y el presidente por ese México justo que todos queremos.
Muchas gracias.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Iniciamos ahora la ronda de preguntas prevista en el numeral cuatro, del resolutivo tercero del acuerdo aprobado.
****** (SIGUE SEGUNDA PARTE) ******
