Senado de la República

Versión Estenográfica de la reunión de trabajo de diversos senadores de la república con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Senado de la República.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Buenas tardes a todas y a todos quienes asisten a esta reunión. Tenemos el gusto desde el Senado de la República de dar la bienvenida a quienes integran el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

Estamos conduciendo esta presentación, les damos las gracias por supuesto a cada uno de ustedes que estén aquí en el Senado de la República, y estamos conduciendo esta reunión quien preside la Comisión de Justicia, el senador Fernando Yunes; y quien junto conmigo estamos en la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Diva Hadamira Gastélum, que además de ser secretaria de la Comisión de Derechos Humanos; también preside la Comisión de Igualdad, y su servidora, que presido la Comisión de Derechos Humanos.

Esta reunión para nosotros es muy importante y queremos dar la bienvenida a Alejo Valencia Villa, Ángela Buitrago, a Francisco Cox Vial, a Claudia Paz y Paz, Carlos Martín Beristain; quienes constituyen este grupo de cinco expertos que fueron nombrados desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con base en un convenio celebrado con el Estado Mexicano para coadyuvar en la investigación de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Para nosotros es muy importante, ustedes saben que hay recomendaciones explícitas, concretas y puntuales al Congreso de la Unión para legislar en la materia; hay otras recomendaciones que tienen, involucran también al Congreso de la Unión y particularmente el contexto en el que se da esta reunión; ustedes saben  cómo hemos venido trabajando en los últimos meses para configurar una ley que trate precisamente, uno de los temas de mayor preocupación de este grupo, que es la Ley contra la Desaparición Forzada y la cometida entre particulares.

Para empezar esta reunión, le vamos a dar la voz a Carlos Martín Beristain, que sea tan amable en hacer una introducción, a nombre del grupo, por favor, si es tan amable, Carlos.

CARLOS MARTÍN BERISTAIN: Gracias, senadora de la Peña. Gracias a los senadores y senadoras que están presentes, por acogernos esta tarde para poder compartir con ustedes algunos de los elementos del trabajo que hemos realizado en los últimos meses, en los últimos seis meses y especialmente el informe que publicamos hace unos días.

Y voy a compartirles solamente una visión muy, muy general, puesto que el objetivo del trabajo y del trabajo de ustedes tiene que ver más con aspectos del marco legal y de los nuevos marcos legislativos que se están desarrollando en México para enfrentar toda esta situación; pero sí es bueno dar un marco de qué tipo de trabajo hemos hecho y qué pueden encontrar en el informe.

No tenemos más que un ejemplar para los diferentes grupos políticos que les vamos a dejar después, para la presidencia de la Comisión, de forma que puedan tener material de consulta y obviamente debido a la premura del tiempo, habrá más publicaciones que les podemos enviar, que estén disponibles para la Cámara.

El informe, como ustedes saben, se presentó hace unos días y da cuenta de diferentes elementos, voy a hacer un panorama muy, muy general de lo que incluye ese informe.

Una primera cuestión que tiene que ver con los hechos. Así como en nuestro primer informe investigamos los hechos que habían pasado en Iguala la noche del 26 y 27 de septiembre del año 2014; hemos ido recogiendo más información para ampliar el foco de los hechos, no solamente lo relativo a los jóvenes normalistas desaparecidos o asesinados; sino también otras cosas que pasaron esa noche en el marco de un operativo de grandes dimensiones, que tuvo que ver también con el control carretero hacia Mezcala y cerca de Chilpancingo; y los movimientos y la posible participación en los hechos también de la policía de Hitzuco.

Van a encontrar ahí que además de las cosas que ya se analizaron en el primer informe y que no hemos vuelto sobre ellas, hemos tratado de avanzar en nuevos hechos que sucedieron esa noche, para dar un panorama global de esa noche de terror vivida en Iguala, hace ahora año y medio.

En una segunda parte del informe van a encontrar una evaluación del comportamiento y de las actuaciones de diferentes cuerpos de seguridad. Si bien los autores materiales de los hechos obviamente tienen que ver con un caso de desaparición forzada realizada por las policías municipales de Iguala y Cocula.

También hemos evaluado la participación de otros actores o las actuaciones de otros actores en el marco de esa noche. Y van a encontrar en el libro, en el informe un desarrollo en dos tipos de cuestiones.

Una: Qué fue lo que hicieron esos actores respecto a los hechos. Si estuvieron en algunas escenas o no, y qué tipo de comportamiento tuvieron en esas escenas, y ahí hemos hecho una evaluación, tanto desde la perspectiva de la policía de Huitzuco y de la movilización que tuvo esa policía de Huitzuco acercándose hacia Iguala; de la Policía Federal y la participación de la Policía Federal en un retén que fue señalado por miembros, no de los normalistas sino de los familiares de Los Avispones y de otros testigos de los hechos antes justamente de la salida de Iguala para el desvío de los vehículos para que no pasaran por el escenario del Palacio de Justicia donde se estaba dando el ataque al bus 1531 Estrella de Oro, donde estaban siendo bajados los normalistas y agredidos los normalistas por la policía municipal de Iguala.

En ese escenario también, como ustedes saben, ya publicamos en nuestro primer informe que había testimonios consistentes y esos testimonios han sido también confirmados por el testigo señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la presencia de policías federales en el lugar donde estaba siendo detenido propiamente ya ese bus, y la presencia de Policía Federal en el escenario un poco antes de ese lugar, en lo que hemos llamado “el quinto bus” que no aparecía al principio en la investigación.

Todo eso muestra un panorama de la presencia de Policía Federal en diferentes escenarios.

Nosotros hemos investigado hasta un punto, pero hemos señalado a la PGR la importancia de continuar esa investigación hasta determinar la mayor claridad posible y el esclarecimiento de los hechos.

También de otras policías, como la Policía Federal Ministerial, que estuvo en dos de los escenarios; tuvo presencia, vio lo que estaba pasando.

También de la Policía Estatal, que vio lo que estaba pasando en diferentes momentos, y su actitud fue más una actitud de repliegue, de autoprotección y de, según se señaló, proteger una cárcel, y no tuvo ninguna actuación directa respecto a la protección de los normalistas teniendo conocimiento de lo que estaba pasando.

Consideramos que son actuaciones que deben investigarse a profundidad para determinar mayor claridad sobre los hechos.

Y otro punto sobre esas cuestiones tiene que ver con la necesidad de investigación, porque muchos de estos cuerpos de seguridad tenían la obligación de investigar a partir de una orden de investigación decretada por la PGR a las 10:30 de la noche, y hemos reconstruido parte de los movimientos supuestamente tendentes a investigar qué estaba pasando y la ausencia de una respuesta frente a esa obligación de investigar.

También van a encontrar un capítulo, ustedes saben que nosotros pedimos desde el principio de nuestro mandato poder entrevistar a miembros del Batallón 27 que habían sido testigos de los hechos, porque tienen información relevante sobre lo que pasó, y consideramos que esa información era un elemento clave para esclarecer ciertos puntos clave de esa noche, de lo que sucedió en varios de los escenarios.

Van a ver también cómo después de las reiteradas peticiones que hicimos de esas declaraciones, saben ustedes que no se nos permitió como grupo participar en ninguna declaración.

Y, digamos, uno de los soldados de inteligencia que tomó fotografías del escenario donde se estaba agrediendo a los jóvenes en el bus del Palacio de Justicia, pedimos que todo ese material fotográfico se incorporara al expediente.

Y ahí van a ver cómo lo que se incorporó al expediente es una fotografía sacada, no es el original, es el Power Point, dos fotografías de Power Point, en la que hay una mala calidad de la visualización de la información fotográfica y consideramos que todo ese material debe estar incorporado en el expediente.

Ha pasado más de un año y medio y todavía ese material no está incorporado para hacer una evaluación sistemática de esa información.

No lo quiero hacer exhaustivo. Lo que hemos ido haciendo es tratar de examinar cuál fue la actuación de diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, y cuál es la información con que se cuenta en el expediente.

Y también van a ver en ese informe que hacemos numerosas sugerencias de cuál es la información que hay que buscar, o sea, cuáles son los pasos de investigación a los que nosotros no pudimos llegar por diferentes razones, y que pedimos a la PGR que dé nuevos pasos en la investigación para el esclarecimiento de esos hechos.

Hay todo un gran apartado que habla sobre la investigación. Nosotros entregamos a la PGR, saben ustedes que pasamos dos meses en un periodo intermedio a partir del cual logramos un acuerdo con el Estado, firmado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, a partir de la cual se creaba un nuevo equipo de investigación, el caso era atraído de la SEIDO al nuevo equipo de investigación bajo la tutela directa de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, y cuando empezó ese nuevo periodo de investigación presentamos a la PGR un documento de 20 páginas con las líneas de investigación que habría que seguir desde nuestro punto de vista.

Es decir qué declaraciones había que tomar, cuáles eran los aspectos de la telefonía que había que avanzar, qué había que tomar de investigación sobre la actuación de cuerpos de seguridad, qué había que hacer respecto a las investigaciones de nuevo con entrevistas a los inculpados, qué había que investigar sobre el quinto bus, es decir, una serie de líneas de investigación que no habían  sido tenidas en cuenta en la primera etapa y que consideramos que son muy importantes para el esclarecimiento del caso.

Como ustedes saben, ha habido sus dificultades en el avance de la investigación. Lo que nos interesa ahora señalar son las tareas pendientes, qué cosas quedan pendientes por hacer y pueden encontrar sobre ese conjunto de temas que he planteado, diferentes acciones que consideramos que son claves para que haya una resolución efectiva del caso, que es clave para los familiares y es clave también para México.

Van a encontrar también un análisis del escenario del basurero de Cocula y un nuevo análisis de las revelaciones incluidas en diferentes tipos de informaciones que están en el expediente, incluidas las del peritaje desde el informe provisional, los informes preliminares presentados por el grupo de Expertos, al cual habíamos llegado a un acuerdo éntrela PGR y el GIEI de trabajar conjuntamente para desarrollar esa acción, van a encontrar una evaluación de qué significa ese documento y cómo para nosotros no hay ningún nuevo elemento que de una visión diferente de la que teníamos en el momento de no existen evidencias de que ahí fueron quemados esa noche los 43 normalistas y una evaluación también del equipo realizada en base al peritaje del equipo argentino de antropología forense.

Como habrán visto ustedes también en las imágenes y un elemento central de este proceso de investigación sobre el posible destino de los normalistas, había un elemento central que era el Río San Juan. Nosotros encontramos y hemos documentado cómo a pesar de que toda la documentación existente, pública y la documentación legal que existe en el expediente, la investigación del Río San Juan empezó el día 29 con el encuentro de una bolsa a las 8:50 de la mañana por parte de buzos de la marina, en realidad esa investigación hemos documentado cómo no empezó entonces, sino que empezó antes y cómo no hay ningún registro legal de todas las actividades que se llevaron a cabo en esa escena, como es la llevada de un detenido a la zona, como es la toma de muestras y restos óseos, como es la recolección de evidencia y como es el propio encuentro de las bolsas en el río.

Toda esa documentación, que por otra parte era pública, porque había sido ya publicada por un diario de Guerrero, que daba cuenta ese día, el día 29 de lo que había pasado el día 28, pues encontramos que en el expediente no hay ningún documento que certifique esas cuestiones y hemos considerado que ese es un evento grave del caso que debe ser investigado en profundidad, para determinar realmente qué pasó en eso.

Hay otras dos partes, no quiero cansarles más con una visión general, una que tiene que ver con la atención a las víctimas. La atención a las víctimas nos preocupa mucho, forma parte de nuestro mandato, y tiene que ver con cuáles son las políticas que hay que desarrollar, cuáles son las acciones que hay que desarrollar frente a esto.

Si bien en el primer informe nos centramos mucho en la experiencia propiamente de los familiares de los desaparecidos, porque consideramos que es muy importante entender, dejarse tocar por ese dolor y sufrimiento, si uno quiere desarrollar cualquier tipo de acción, si quiere acompañar, si quiere hacer una ley si quiere hacer un trabajo con las víctimas, sebe ser sensible a eso.

En este segundo informe nos hemos concentrado más en la situación de los heridos y el trabajo que hemos hecho de la mano de la FEAP, en la atención y en la supervisión de la atención a los heridos, en el caso de Julio César Mondragón, como saben se hizo una segunda autopsia y creo que eso es importante en términos de lo legislativo que ustedes hacen, porque muestra como a veces las leyes no están hechas pensando en la gente y a veces las leyes generan marcos en los cuáles se vuelve a revictimizar a la víctima.

En este caso solamente para la muestra de toma de una muestra de ADN de un cuerpo que ya había sido exhumado y que estaba en servicios periciales, para tomar la muestra de ADN se tardaron 3 meses, fueron más de 40 gestiones legales las que hubo que hacer, intervinieron 51 personas y se hicieron gestiones en nueve localidades para poder hacer la toma de un resto óseo, para poder hacer una muestra de ADN de un cuerpo que ya estaba en servicios periciales.

Es un ejemplo de los muchos, pero es un ejemplo creo que desde el punto de vista legal, de las cosas que hay que pensar para cómo todos los procedimientos legales se flexibilizan o se adaptan a la experiencia de las víctimas, para que el marco legal, que debe ser algo que responda al impacto de todas esas violaciones, genere condiciones de restitución o reparación a las víctimas y los problemas de la burocracia o de los aspectos legales estrictamente no se conviertan en un nuevo problema para los familiares, como en este caso se muestra.

Y damos también algunas ideas sobre la política de atención a las víctimas, la reforma de la CEAF, que consideramos que deben ser tenidas en cuenta.

Un último punto, antes de dar la palabra al resto de mis compañeros, tiene que ver con los casos de tortura. Hicimos un estudio específico, si bien en el primer informe señalamos que a partir también de un estudio pericial que pedimos sobre la documentación existente en el expediente, ya en el expediente con los informes médicos hechos por la PGR de que el 80 por ciento de los detenidos tenían lesiones, no decimos de tortura, sino tenían lesiones.

En este caso, para ir un poco más allá, hicimos un estudio sobre 17 casos de detenidos que mostraban numerosas lesiones en el cuerpo y cinco de ellos tienen que ver con la historia del basurero, con las declaraciones del basurero, uno de ellos es “el Gil”, que ha sido considerado como el jefe de Guerreros Unidos y que había dado la orden, según esa versión oficial; y otros son policías de Cocula y otros son policías de Iguala.

En relación con eso, lo que hicimos fue un estudio con base en la documentación existente en el expediente, es decir, a los informes médicos realizados por la propia PGR, no usamos ninguna otra fuente, más que esos informes médicos; hicimos un panel de expertos para poder discutir con expertos internacionales, en este caso del Centro Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura y tener una discusión sobre los hallazgos que el grupo había documentado ahí, determinando que en estos 17 casos hay indicios, serios indicios de que estas personas sufrieron tortura y que de cara a la investigación de los hechos, hay dos elementos clave:

Uno que tiene que ver con la investigación propiamente de más profundidad de los casos y el establecimiento de protocolos de Estambul para la evaluación de estos casos, aunque estamos tarde en el tiempo; y la importancia de que estos procedimientos se hagan con personal independiente y que tenga la suficiente experiencia en utilizar ese tipo de metodologías.

Y una segunda parte que tiene que ver con la necesaria investigación de quién es el responsable de estos hechos para que esas prácticas se puedan extirpar de este caso y de otro tipo de casos que se puedan dar en el país; sé que ustedes están discutiendo también una ley sobre tortura en el país: hay cosas del análisis que nosotros hemos hecho, que les puede servir también para ver por lo menos las garantías médicas de la detención y el uso de los informes médicos en la documentación de los casos, son cosas importantes que pueden ser incluidas también en una ley.

Ese es un panorama muy, muy general del contenido del informe, que espero que ustedes puedan leer y haya elementos que les interesen también para su trabajo legislativo, y le dejo la palabra a mis compañeros para que expongan otros aspectos del trabajo que hemos realizado.

Gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Carlos.

Por favor, si es tan amable, Francisco Cox.

FRANCISCO COX VIAL: Muchas gracias, senadora.

Otra de nuestras recomendaciones, como decía Carlos, hay un capítulo entero de recomendaciones estructurales, que hemos llamado, toda vez que creemos que el caso de Ayotzinapa nos ha dado la oportunidad de revisar el sistema procesal penal en su funcionamiento y creemos que algunos de nuestros hallazgos les pueden servir a la sociedad mexicana para hacer una investigación penal más eficiente y respetuosa al mismo tiempo, de los derechos del imputado.

Una de las cosas que nos llamó la atención y que celebramos, es justamente la existencia o la pronta existencia de un sistema acusatorio en el proceso penal mexicano. Creemos que la existencia del sistema inquisitivo, escriturado, contribuye a la dificultad para poder manejar la información que ahí se va acumulando. Si a eso se suma el excesivo formalismo que hemos observado, que se van duplicando o triplicando documentación que se acumula al expediente y por lo tanto, se tornan expedientes de muchas, muchas fojas, el promedio de un tomo son entre 500 y mil fojas; con lo cual las hace muy poco manejables.

Si a eso sumamos la división interna que a veces se da en la mayoría de los casos, en los cuales el Ministerio Público o la dependencia que investigó el caso, no es la misma que presentará la prueba ante el juez, observamos que esa cantidad de hojas y la duplicidad a veces de información que se da en los tomos, dificulta un manejo eficiente por parte de quien recibe ese caso y que pueda manejarlo de manera adecuada y presentar las pruebas que corresponden y que puedan asegurar una condena desde el punto de vista de la Fiscalía o del Ministerio Público o de la PGR; y por lo tanto creemos que el paso a un sistema acusatorio es una muy buena señal y una muy buena decisión, toda vez que algunas de las deficiencias que observamos por ejemplo en los dictámenes periciales que se emiten por parte de la PGR tienen falencias en cuanto a que el cuerpo de la pericia muchas veces no se condice con las conclusiones a las cuales se arriban en esas propias pericias.

Esto puede dar pie a que, dada la cantidad de hojas y el volumen de los tomos, quien recibe esa información, tanto el fiscal como el juez, no tenga la capacidad para procesar toda esa información y, por lo tanto, se limiten a leer las conclusiones, de manera tal que al no estar expuesto a un contraexamen o a un contrainterrogatorio por parte de un abogado defensor, lo que contribuye a que el juez, por lo tanto, la información con la cual está resolviendo el caso no sea del mejor nivel que se puede dar.

Lo que sí nos ha llamado la atención es que los delitos de delincuencia organizada se mantengan en el sistema antiguo, y lo que se crea básicamente es un Estado de excepción permanente respecto de ese tipo de delincuencia y ese tipo de delito.

Más aún cuando quien tiene las facultades, quien investiga para determinar, si es que algo es de delincuencia organizada o no, crea incentivos para el persecutor someterse a ese régimen en lugar del régimen acusatorio que establece exigencias mayores, tanto para la defensa como para la fiscalía.

Otra cosa que también aconsejamos y recomendamos es que Servicios Periciales no siga dependiendo de la PGR.

Creemos que es importante que exista una unidad o un órgano de servicios periciales autónomo, independiente de cualquiera de las dos partes.

Y la razón de esto es porque si es Servicios Periciales quien debe dar la información y la prueba científica, es parte de una de las partes –valga la redundancia– del proceso penal, como es la Fiscalía, se crean incentivos institucionales para avalar la teoría del caso de la PGR o de la Fiscalía en su oportunidad. De manera tal que lo que se necesita es un órgano autónomo que pueda confirmar o refutar la teoría del caso de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la República.

Creemos que estos cambios estructurales contribuirán a una mayor eficiencia en la investigación penal y en el combate a la delincuencia, y al mismo tiempo aseguran los derechos del imputado.

Otro de los beneficios que nosotros vemos con el sistema acusatorio es justamente evitar que cualquiera de las dos partes filtre aquellas piezas del expediente que le convienen, y por lo tanto cree en una percepción de un determinado caso, de una determinada teoría como más fortalecida, toda vez que no se están mostrando las debilidades o las contradicciones que pueda tener esa evidencia que se exhibe o se filtra frente a otra evidencia.

Por lo tanto, creemos que al ser audiencias orales y públicas se permite un mayor control de la ciudadanía y una mayor fiscalización de cómo se está realizando la investigación y cómo cada uno de los actores del sistema están cumpliendo con su rol.

Estos incentivos, como decimos, creeos que generan círculos virtuosos en los cuales tanto los servicios periciales como los fiscales como los defensores, se ven expuestos a la crítica, tanto de la ciudadanía pero también de los usuarios del sistema, con la cual se puede generar mejor información y mayor eficiencia a la hora del combate a la delincuencia y asegurar los derechos del imputado.

Muchas gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias.

Le doy la palabra ahora a Claudia Paz y Paz. Si eres tan amable.

CLAUDIA PAZ Y PAZ: Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias, senadores y senadoras, por darnos este espacio para compartir algunos de los hallazgos y de las recomendaciones de nuestro Segundo Informe.

Sin duda que algunos de los obstáculos que observamos en el caso pueden traducirse a obstáculos en el sistema de justicia.

Están a las puertas de aprobar nueva legislación tanto en materia de desaparición forzada, como en materia de tortura y por eso es que este espacio para compartir nuestros hallazgos, nuestras recomendaciones, es fundamental, de vital importancia.

Junto con las recomendaciones que ya mencionaba Francisco hay una muy importante y que está estrechamente vinculada a la legislación que ustedes están por aprobar: un sistema de justicia penal que tiene como criterio de imputación para imponer una pena, la verdad, es decir que se muestre un juicio que una persona ha cometido un hecho determinado, no se puede basar casi exclusivamente en la confesión de los imputados.

Y no se pude basar en la confesión de los inculpados, porque es un mecanismo perverso cuando la jurisprudencia en este caso le da un valor tan importante a las declaraciones de los imputados, prácticamente plena prueba, si un imputado confiesa su crimen y un coimputado dice que efectivamente participaron juntos en él tenemos plena prueba, es decir, los ministerios públicos no necesitan presentar ninguna otra evidencia para convencer al juez y si a esto le sumamos el régimen de excepción que mencionaba Francisco, donde el Ministerio Público tiene poder sobre la libertad e integridad de una persona durante casi 80 días, pues la posibilidad de que para obtener esa confesión se realicen apremios o torturas, necesariamente aumenta.

Y si tampoco tenemos que presentar nuestra teoría del caso, y defenderla en una audiencia pública a la vista de todos los ciudadanos y ciudadanas, esa posibilidad aumenta y es de la experiencia del propio caso, como mencionaba Carlos, tanto en el primer informe como en el segundo informe nosotros documentamos primero la existencia de lesiones de 80 detenidos, el 80 por ciento presentaban lesiones, en distintos momentos.

Y en un segundo estudio que se realizó a mayor profundidad, de los 17 casos, 17 tenían fuertes evidencias de haber sufrido tortura. Entonces sí es necesario y ustedes están por aprobar la ley para la prevención de sanción de actos de tortura, sí es necesario cambiar la valoración que se le da en el sistema de justicia penal mexicano a las declaraciones de los imputados.

En otros sistemas, por ejemplo en mi país está prohibido valorarla. Se entiende que la declaración es un mecanismo de defensa, no es un medio de prueba en contra de los procesados.

En otras legislaciones está absolutamente prohibida la declaración extrajudicial, que el único autorizado, el único funcionario autorizado para escuchar la declaración de los imputados son los jueces, porque es un mecanismo de garantía y también se establecen plazos cortos para que los procesados se presenten ante la autoridad judicial.

En este caso nos podríamos preguntar si haber presentado los cinco imputados que declararon y construyeron sobre sus declaraciones la versión del basurero de Cocula, si ellos hubieran sido presentados en las 24 ó 48 horas siguientes ante un juez, que hubiera podido valorar si habían sufrido tortura, si la historia del caso y al versión oficial del caso hubiera llegado hasta donde llegó.

Y junto a esto y con eso término, el sistema acusatorio por supuesto que está basado en el juicio oral. Es en el juicio oral donde se presenta la prueba, se valora la prueba, la defensa esgrime sus argumentos, un tribunal decide, un juez decide y tiene que argumentar los motivos de su defensa, pero para llegar al juicio oral se debe tener un sistema de investigación criminal robusto, eficiente, que se base en pruebas científicas, objetivas, informes bancarios, informes patrimoniales, telefonía, balística, ADN, etcétera.

Y definitivamente un sistema penal efectivo no rinde con los derechos humanos, o sea, no tenemos que sacrificar la efectividad por proteger los derechos humanos ni tenemos que proteger los derechos humanos sacrificando la efectividad.

Si se dan ciertos requisitos como una policía de investigación criminal profesional, independiente, servicios periciales profesionales, independientes; una Fiscalía también independiente; tenemos todas las condiciones para que la investigación criminal avance basada en pruebas científicas, que esclarezca los hechos delictivos en  general y en particular en graves violaciones a derechos humanos, y que a la postre si esas evidencias son presentadas en un juicio oral y público, lo que facilita es que la ciudadanía de nuevo confíe en el sistema de justicia penal mexicano.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien, muchas gracias Claudia.

Por favor, le doy la palabra a Ángela Buitrago. Si eres tan amable, Ángela.

ÁNGELA BUITRAGO: Gracias, señora senadora. Gracias honorables senadores y congresistas.

En el tema concreto que me corresponde a mí trasladarles, es el tema de la víctima, y quisiera decir tres puntos fundamentales:

La víctima dentro de un sistema internacional tiene un criterio de protección reforzado frente a esta clase de comportamientos y delitos. La víctima tiene derecho al acceso a la justicia efectivo y tiene derecho al restablecimiento y a la reconstrucción de la verdad.

Sobre esos elementos, hemos insistido dentro de nuestro informe y en particular dentro de nuestra presentación que se hizo el día domingo; de la necesidad de reconocer al Estado la obligación de recuperar a esta víctima, restablecer sus derechos, hacerla parte del proceso y en particular, generar una verdad frente a la investigación, absoluta, objetiva e imparcial.

Cuando nosotros observamos este proceso, entendemos que la víctima ha ocupado un lugar olvidado dentro de la investigación, se trató de recuperar a través de las diferentes conversaciones y recordando también que debe acceder efectivamente a la justicia.

La víctima tiene en este momento dos problemas muy graves en esta investigación: es una víctima que padece de un fenómeno de incertidumbre frente a la inexistencia de verdad en la investigación; lo que hace también que tenga un doble sufrimiento además de la pérdida efectiva en la desaparición de sus hijos.

No solamente en el tema de los desaparecidos, sino en el tema de los fallecidos y de las personas que han sido agredidas y lesionadas en el desarrollo de este comportamiento, en particular en la zona de Iguala.

Por esta razón, hemos recomendado en particular que la víctima se le genere esta protección efectiva, se le garantice ese acceso a la justicia, igualmente se le acompañe en el proceso de restablecimiento a través de un adecuado sistema de verificación, de análisis y acompañamiento psicofísico; del cual el mismo equipo que constituye el GIEI, participó en varias mesas con la CEAF para efectos de dejar un protocolo o un sistema de verificación de estos elementos y de acompañamiento.

El grupo en particular está notablemente preocupado por la situación de la víctima en estos casos. Cuando nosotros vemos la realidad de las víctimas, primero tenemos que analizar que han sido objeto de un proceso de desconocimiento en términos generales, pues no se les ha incorporado a la investigación.

Pero además, también se han obviado reglas internacionales que son muy importantes y que se han recuperado a lo largo de la investigación y con la participación del Grupo de Expertos en franca conversación con la Procuraduría General de la República; y es decir, nosotros pedimos que efectivamente cualquier información como medida regular se le informara primero a las víctimas por una razón sencilla:

Todo este procedimiento de información genera en ellos angustia, genera en ellos desazón y sobre esos elementos hay que cuidar esa parte fundamental de la víctima. Por lo tanto, al irnos, como grupo también recomendamos que se tomen las medidas y sean los grupos sociales, inclusive políticos o judiciales, que puedan acompañar a estas víctimas para que se les garanticen sus derechos y efectivamente, se les acompañe en un proceso de restablecimiento y restauración al que tienen derecho.

No es una dádiva del Estado. El Estado se compone como un poseedor de garante frente a esta clase de comportamientos y a nivel internacional y estándares internacionales, la víctima debe estar restablecida por el Estado. Es la obligación del Estado y por lo tanto, solicitamos simplemente en ese informe y en esa entrega o rendición de informe que se tomen en cuenta estas recomendaciones para el acompañamiento de las víctimas y no sólo de las víctimas, en particular del caso denominado “Los 43 desparecidos de la Normal Isidro Burgos”.

Creo que es fundamental entender el proceso que se ha vivido y que se ha edificado a través de esta investigación, y es observar la realidad de esa zona de México en particular, de toda la cantidad de desaparecidos que tiene, y quizás esto es simplemente una recomendación general frente al tema de desaparición forzada, como nos lo implicaba el mandato frente a las políticas que inclusive entramos en una conversación permanente con la senadora de la Peña, a quien agradecemos su interés por esta clase de temas, y en particular su dedicación, así como a todos ustedes que han estado al frente de la propuesta de una humanización y de una política de derechos humanos.

Esa es la conclusión del GIEI y, por lo tanto, aquí termino, señora senadora.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, Ángela.

Le doy la palabra a Alejandro Valencia Villa, si eres tan amable.

ALEJANDRO VALENCIA VILLA: Sí, gracias, señora senadora.

Buenas tardes senadores y senadoras.

El caso de Ayotzinapa no es un caso aislado y esporádico en materia de desaparición forzada. Se habla más o menos de 27 mil desaparecidos en México, y desafortunadamente parece ser una violación de derechos humanos en alza.

Por eso es tan importante contar con políticas públicas que respondan de una manera adecuada y eficaz a esta grave violación de derechos humanos.

Sabemos que ustedes están discutiendo una ley general, y yo creo que tienen una oportunidad única y muy importante de cara al país, de cara a las víctimas, de dar una respuesta adecuada a este fenómeno.

Nosotros tuvimos oportunidad hace aproximadamente unos 20 días, justamente de pasar a esta corporación algunas observaciones en torno al preproyecto que ustedes están a puertas de empezar a discutir.

Esas observaciones están muy fundamentadas en las recomendaciones que nosotros formulamos el año pasado en nuestro Primer Informe, y con base también en el trabajo acumulado durante esta segunda etapa de nuestro mandato.

Para nosotros es fundamental que esa ley dé una respuesta integral y yo creo que hay que aprovechar para no simplemente desarrollar algunos temas que son los que más se discuten, que el tema de búsqueda o que el tema del registro, sino que también se aproveche para regular los temas que tienen que ver con la investigación, con el derecho a la verdad, con las garantías de no repetición.

Y otra característica bien importante que debe tener esta ley es cómo lograr una mayor unidad, una mayor unidad en los procedimientos, en los mecanismos que se diseñen.

Y creo que esto es muy importante en un Estado federal, en un Estado federal donde precisamente hay tantas autonomías, autonomías estatales. Es fundamental que frente a este fenómeno sí haya denominadores comunes.

Tiene que haber un cierto lenguaje, un informe sobre todo, reitero, como en los mecanismos para tener una ley más eficaz.

Se sugiere, y eso ya está plasmado, pero es muy importante contar con un sistema nacional que apunte a estos temas de la búsqueda, al tema del registro, al tema de los protocolos de búsqueda.

Es decir, la búsqueda de los desaparecidos no es fácil, es decir, es una tarea ardua. Nosotros incluso ahora logramos tener un acumulado y darnos cuenta de las dificultades para cumplir con este cometido, y efectivamente por eso debe responder a lógicas mucho más estratégicas que deben estar plasmadas en el informe.

En materia de los tipos penales, yo creo que es importante tener muy en cuenta los estándares internacionales. Y como las mejores prácticas de derecho comparado es fundamental, por una parte, tener un tipo penal que responda al fenómeno clásico de desaparición forzada cuáles sea que haya perpetrada por agentes del Estado o particulares que actúan con su apoyo o aquiescencia.

Pero también es muy importante contar con un tipo penal para las desapariciones perpetrada por particulares. Es decir, aquí todo individuo que ha cometido este delito sin ningún apoyo, sin ninguna aquiescencia de agentes del Estado.

También es relevante en materia de tipos penales, tener en cuenta lo que tiene que ver con responsabilidades de los superiores, responsabilidades de los comandantes, sería fabuloso que se consagrara el principio de la jurisdicción universal, no consagrar penas irredimibles, eso es muy importante.

Es decir, os estándares de derechos humanos no son acordes con señalar penas de esta naturaleza, también en materia de exhumaciones, lo que tiene que ver con inhumaciones, conservación y entrega de restos óseos, eso es bien importante y yo creo que es un tema que hay que aprovechar para regular en esta ley.

Hay algunos países que les ha tocado incluso posteriormente sacar paquetes legislativos para asumir estas medidas y bueno que desde ya se planteen respuestas en estas problemáticas, también aprovechar para fortalecer el tema de la atención a víctimas.

Sabemos que aquí en México existe una Ley General de Víctimas, sabemos que existe también una CEAF, pero valdría la pena aprovechar para hacer algunos ajustes y ofrecer como una política mucho más acorde y digna con las víctimas en temas que tengan que ver con la atención social, la atención legal, atención médica, atención psicológica, medidas de protección para las víctimas, que eso es fundamental.

La declaración de ausencia también es una figura muy importante que se debe reglamentar, un desaparecido es una persona que no está, pero es decir, un desaparecido no es ni un vivo ni un muerto y de alguna u otra forma hay que resolver ciertas situaciones legales y esta figura de la declaración de ausencia es la respuesta que se ha dado en muchos países precisamente para dar cabida a soluciones de esta índole.

También es fundamental aprovechar para hacer ajustes en lo que tiene que ver con los temas de reparación, en particular algunas medidas que tienen que ver como con las garantías de satisfacción, lo que tiene que ver con las garantías que van dirigidas más a dignificar a las víctimas, a recordar a las víctimas, a ejercitar derechos de memoria, y también a las garantías de no repetición.

El nunca más frente a la desaparición forzada pues es como uno de los grandes desafíos, pero pues hay que aprovechar, reitero, esta oportunidad de la Ley General para Regular, entre otras, estos aspectos.

Todos esperamos que de verdad ustedes, en primer lugar como Senado, luego la Cámara de Diputados, pues puedan ofrecer una herramienta acorde a esta problemática. Sabemos que una ley no va a solucionar definitivamente toda esta grave violación de derechos humanos, pero sí es un paso y qué bueno contar con políticas públicas y herramientas legales en esta materia.

Gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, hay varias tareas que nos dejan, ciertamente estamos viendo algunos temas ya en asuntos concretos de tipo legislativo y lo que ustedes nos acaban de referir, más las observaciones particulares que nos hicieron llegar respecto a la Ley de Desaparición Forzada y cometidos entre particulares, son ya temas inscritos en el marco del dictamen de esta ley.

Tengo que informarles que en el caso de atención a víctimas hemos decidido reformar la Constitución, hay un proceso que ya está como cámara de origen, el Senado de la República va con el resto del Congreso Permanente, porque es una reforma que tiene que tener dos tercios del Congreso de la Unión, más la mitad más uno de los congresos locales y en el ínter hemos acordado todos los grupos parlamentarios ponernos a trabajar en una Ley General de Atención a Víctimas.

De tal manera que ciertamente, junto con otros procesos que tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo el que tiene que ver con la decisión de constituir un órgano o como le tengamos que llamar, pericial, que tenga bajo su jurisdicción un ámbito nacional y por supuesto, como ustedes nos lo han planteado ahora que debe ser autónomo, hoy estamos impedidos por la Constitución para que así sea.

Lo que estamos resolviendo es que tenga independencia, de tal manera que podamos lograr darle mayor certidumbre a este importante mecanismo, esta instancia, este órgano que tenemos que constituir; en lo que podemos lograr los consensos para reformar la Constitución.

No es fácil, sin embargo es algo que tenemos que llevar a los grupos parlamentarios; es algo que tenemos que discutir de manera mucho más amplia, no corresponde ni siquiera a un solo grupo parlamentario; mucho menos a un senador o a una senadora de quienes estamos hoy aquí. Sin embargo, la disposición que hemos mostrado en el Parlamento mexicano es tomar en cuenta las observaciones que ustedes nos han hecho para lograr cumplir también con nuestra responsabilidad en este tipo de encargos.

Le voy a pedir a la senadora Diva Hadamira Gastélum, que cierre este encuentro con su intervención.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Muchas gracias, presidenta. Muy agradecida con las intervenciones que se han tenido en esta reunión.

Quiero puntualizar algunas cosas muy rápidas. El Estado Mexicano, a partir del 2011, a partir de la gran reforma en materia de derechos humanos ha ido perfeccionando, ha habido una mejora real en un tema tan importante como es el tema de los derechos humanos.

El tema que hoy nos ocupa, ustedes nos entregaron en una primera ocasión, un informe que nos ha servido para iniciar una gran discusión y en este momento nosotros estamos exactamente el día de hoy, a partir de las 8 de la noche estamos discutiendo el tema de desaparición forzada; ya tenemos un buen tiempo, el tema de la tortura, ejecución penal, una serie de reformas muy interesantes que han desdoblado y han ido mejorando el sistema –como lo han dicho aquí– de inquisitivo acusatorio.

Sí, sí, faltan cosas por hacer, las recomendaciones que ustedes han hecho son muy importantes, esto que ustedes han presentado está en nuestra cancha, en este Poder Legislativo, en el Congreso de la Unión. Hemos tomado puntual nota, el documento que ustedes han hecho entrega seguramente nos va a dar luz en muchos de los temas que están en discusión.

Por lo que respecta y no es tema de esta Congreso, PGR ha dicho y ha repetido una y otra vez que el caso está abierto y que además el informe que ustedes presentan, este informe final a este trabajo; agradecemos enormemente el profesionalismo, la apertura, la manera como se ha entregado y seguramente nos servirá también como ruta de navegación en las discusiones que estamos teniendo en este momento en esta Cámara, que son fuertes en temas muy, muy importantes de lo que ustedes han tocado.

Yo agradezco enormemente su presencia, felicito a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia, por esta oportunidad que nos dan y agradecida de todas las recomendaciones. Seguramente aquí está más explícito, más amplio y lo tomamos como una recomendación profesional, de expertos como son este grupo.

Muchísimas gracias por esta oportunidad y agradezco a la presidenta que me dé la oportunidad de declarar formalmente cerrado este encuentro con este Grupo Interdisciplinario de Expertos…

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Sí, senador Bartlett, por favor.

SENADOR MANUEL BARTLETT DÍAZ: Muchas gracias a las comisiones que han tenido la capacidad para movilizarnos y tener esta espléndida reunión y poder haberlos escuchado de manera directa el día de hoy, muchas gracias a las dos comisiones que participan en este evento.

Quisiera, en primer lugar, felicitarlos a los que han participado en esta investigación, porque han sido valientes, han cumplido su misión y han soportado sin duda alguna, sin ninguna ocultación ha soportado una campaña de denuestos, y han soportado además una serie de bloqueos para su trabajo.

Es importante que sepan que aquí en el Senado de la República tienen una buena cantidad de senadores que estamos conscientes de esto que les estoy diciendo.

Si bien ha habido una campaña y si bien los han tratado de lastimar, ustedes siguieron adelante. Nosotros lo sabemos y estamos muy orgullosos de que ustedes hayan participado en este importantísimo análisis de un crimen que ha lastimado profundamente a México.

De manera que sepan que, si bien han soportado esa campaña, aquí tienen en este Congreso gentes que les respetan, reconocen su enorme esfuerzo y su valentía además de enfrentar toda una serie de obstáculos del propio Estado mexicano, que es una vergüenza para nosotros.

En segundo lugar, yo quisiera hacerles una pregunta que considero muy importante.

En todas estas campañas de dimes y diretes después de que participan ustedes, hay otra participación en donde se dicen cosas del lado de la Procuraduría, etcétera, un poco para tratar de neutralizar lo que se dice o lo que dicen ustedes. Eso lo vamos a ver en los próximos días, está ahí flotando en el aire la preparación de una descalificación general pero, les repito, aquí tienen gentes que reconocen su valentía y el valor de haber analizado esta situación que nos llevó a una verdad histórica falsa.

Eso es una enorme aportación a nuestro país que ha sufrido este tema profundamente. Muchas gracias por eso.

La pregunta, no sé quién la vaya a responder. Dentro de esta interpretación sobre la presencia de ustedes aquí en nuestro país con esta función investigadora, se dice una y otra vez que han sido invitados; que son invitados, y por tanto, los invitados deben ser muy atentos con los invitadores.

Pero yo quiero que nos expliquen aquí en el Congreso, en el Senado de la República que nos expliquen que no es así.

¿Cuál es la responsabilidad de un Estado que firma los instrumentos internacionales que están en el artículo 1º constitucional nuestro y la relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de ustedes?

¿Cuál es el alcance de las medidas cautelares?

Porque pareciera que aparecieron ustedes porque fueron invitados a una fiesta o a una participación, y se olvida que fue motivo de medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analizó y tomó la decisión de intervenir en este país conforme a la Constitución nuestra. Ese es el derecho que han tenido ustedes, no de una invitación social.

Ahora bien, sabemos que no se retiran, ¿verdad? Que las medidas cautelares están en vigor y que esas medidas cautelares tienen que establecer un mecanismo, que ya se ha hablado de él, un mecanismo de participación en esta investigación. Que no se van, que eso es lo importante, que van a estar aquí y que va a haber un mecanismo que ojalá nos pudieran describir también.

Como siguen en pie las medidas cautelares, como sigue su responsabilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la nuestra en ese mecanismo que tiene que seguir funcionando.

Esto es importante para que se establezca nuestra responsabilidad en este asunto y nuestra responsabilidad con ustedes, y con los tratados que hemos firmado y los instrumentos internacionales, que no quede en el aire.

También nosotros sufrimos bloqueos, ¿eh? No son ustedes muy originales en este sufrimiento. Aquí hay bloqueos también, ¿eh?

Y esperemos que esta decisión que han tomado las comisiones de la presidenta con su energía ha logrado esta reunión, nos permita seguir abriendo el tema y no que vuelvan otra vez los bloqueos que impidan analizar lo que tenemos que analizar juntos.

Yo preguntaría entonces, repito, cuáles son las medidas estas cautelares, por qué seguimos obligados nosotros con esta investigación y por qué no se van a ir si no van a estar aquí presentes.

Muchas gracias por su respuesta.

CARLOS MARTÍN BERISTAIN: Una contestación rápida porque creo que ustedes no tienen…

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Sí, tenemos una agenda muy complicada.

Carlos, por favor.

CARLOS MARTÍN BERISTAIN: Una respuesta rápida.

Lo que van a encontrar en el informe, para no entrar en casos muy concretos, porque no tenemos el tiempo ni creo que sea el espacio, lo que van a encontrar en el informe y lo que nosotros recomendamos siempre es leer el informe en términos de las dificultades de la investigación, hay todo un capítulo que habla sobre las dificultades de la investigación, leer el informe en lo concreto y poder analizar en lo concreto.

Para no convertir, digamos, lo que el trabajo que nosotros hemos hecho en una discusión de decir si uno está a favor o en contra, qué ha pasado en este tiempo.

No estamos a favor ni en contra de nadie, vayamos al contenido y vayamos a la discusión de las cosas y ahí uno puede tener discrepancias sobre si esto ha pasado o no ha pasado.

Lo que nosotros hemos tratado de mostrar en el informe son los datos que tenemos, de los avances que se han podido dar, donde no se ha podido avanzar y algunas de las cosas que no se han podido hacer.

Y creemos que es lo más importante que eso se puede hacer, se pueden superar esas dificultades desde una perspectiva constructiva para que haya cambios.

Hay una cosa que es importante tener en cuenta: la desaparición forzada es un dolor permanente ye s un delito permanente y eso hace que los casos a veces no se puedan cerrar si no tiene una resolución efectiva y eso es muy importante que ustedes lo consideren, a diferencia de otro tipo de delitos.

Y eso hace que durante la experiencia en América Latina, durante muchos años, muchos casos han permanecido abiertos durante años y años y años, porque no ha sido posible cerrarlos porque no ha habido una investigación efectiva o no ha habido una resolución del caso.

Esto es muy importante, que haya una resolución del caso. En el caso Ayotzinapa es muy importante que haya una resolución del caso, así como en los otros casos de personas desaparecidas es muy importante tener en cuenta esta situación.

No pensar que este es un problema de un sexenio o de un gobierno, sino que estos son elementos que van a tener un impacto a medio plazo y después en unos 15 ó 20 años en México; no se van a acabar desgraciadamente por el impacto que estamos viviendo, que sigue teniendo ese fenómeno y no hay que perder esa perspectiva.

Y una segunda cosa que quería plantear, tomando un poco la pregunta del señor senador, tiene que ver como él señala, las medidas cautelares no se cancelan o no terminan cuando termina nuestro mandato.

Si termina nuestro mandato, nuestro mandato termina el día 30 ya, y las medidas cautelares siguen vigentes.

¿Cuál sería el mecanismo de seguimiento?

Nosotros hemos dicho que es muy importante que haya un mecanismo de seguimiento. ¿Por qué? Porque se han conseguido muchas cosas y es importante que esas cosas nos e pierdan.

Se han conseguido también cosas invisibles y si uno mira comparativamente México con otros países y eso tiene que ver con las víctimas de violaciones de los derechos humanos en general y también con el caso de México en particular, uno de los impactos más duros, a menos en la experiencia que nosotros hemos tenido en el trabajo, en el caso y con las víctimas, es la pérdida de la confianza.

La pérdida de la confianza en la institucionalidad, y una de las cosas que pasó cuando llegaos al país es que los puentes de las relaciones de las víctimas y el Estado estaban rotos y nos tocó hacer muchas cosas para que hubiera puentes de diálogo en una situación de incomunicación y de conflicto permanente y eso es un trabajo si quieren más invisible, eso no estaba en nuestro mandato, pero ese es un elemento central del trabajo que hemos tratado de hacer y es un elemento que nos preocupa en términos del seguimiento del trabajo.

Cuando nosotros no estemos, qué pasa, bueno, cuáles van a ser los mecanismos que se van a articular y cómo se va a mantener una relación de confianza con las víctimas, que permita avanzar en algo que es muy delicado en términos generales y que en el caso particular de México, hemos visto que ha estado mucho más lesionado y mucho más golpeado.

¿Cuál va a ser ese mecanismo?

No sabemos. Consideramos que tiene que ser un mecanismo que tenga en cuenta el trabajo que se ha hecho, nosotros dejamos numerosas recomendaciones en este trabajo, que deberían ser parte del seguimiento del caso; consideramos que ese mecanismo debería tener la posibilidad de que haya visitas al país por parte del mecanismo que se articule para poder hacer ese seguimiento del caso, porque es la única manera de tener un conocimiento más directo; que ese mecanismo pueda tener acceso a la información, como hemos tenido nosotros, para saber realmente qué es lo que se ha hecho, qué es lo que no se ha hecho donde están los problemas y hacer una evaluación efectiva y que pueda tener un mecanismo también de reunirse y relacionarse con las víctimas, porque ellas tienen una visión que debe ser integrada en el seguimiento del caso.

Desconocemos cuál va a ser la decisión de la Comisión Interamericana, en acuerdo entre las partes de cuál será ese mecanismo, que esa es una cuestión que no tiene nada que ver con nosotros como grupo de expertos; nosotros hemos terminado ese trabajo aquí. Hemos dicho que podemos colaborar si las partes, si la Interamericana quiere alguna información, algún seguimiento de nuestra parte en términos de ese mecanismo que se construya, estamos dispuestos a colaborar en eso; pero no es una decisión nuestra ni tenemos un diseño nosotros de cómo debe ser ese mecanismo.

Sí me parece importante que los diferentes poderes del Estado sean conscientes de la importancia de articular ese mecanismo y que contribuya al seguimiento de las recomendaciones y que contribuya a mantener esos espacios de confianza que se han logrado, y ojalá una resolución efectiva del caso, superando las dificultades que ha habido porque, como les digo, no hay una resolución del caso, el caso va a seguir abierto durante mucho tiempo y va a perseguir a México durante mucho tiempo, y eso es muy importante también que los familiares puedan tener una respuesta.

A veces uno piensa en la reparación a las víctimas: lo que es más reparador para las víctimas de desaparición forzada es saber la verdad, saber qué pasó y saber dónde están sus seres queridos. Eso es lo más importante. Después uno puede hablar de otro tipo de reparaciones, pero eso es lo más importante en esos casos y no hay que perder la perspectiva cuando uno analiza las leyes que tienen que ver con desaparición, reparaciones, etcétera, y lo que va a venir en este caso en el futuro.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien. Muchas gracias, entonces les agradecemos a todos ustedes su participación y levantamos la sesión, si son tan amables.

SENADORA DIVA HADAMIRA GASTÉLUM: Muchas gracias.

SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Gracias. Puede ahondar un poco más en el tema de que no se les ha incorporado a las víctimas.

Creo que sí es un dato importante en términos de cuál es la revisión de ustedes, y sobre todo qué se tendría que hacer, porque este sexenio seguramente terminará con alguna versión de este tema, pero este asunto va a seguir durante mucho tiempo.

Creo que sí es muy importante saber qué se tiene que hacer en especial con las víctimas para darle seguimiento al tema.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, Dolores.

SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: Bueno, pues, como lo calificara Amnistía Internacional, este informe es demoledor y plantea varias interrogantes, aunque también da luz sobre las omisiones, sobre la negligencia que empaña toda la investigación.

Es lamentable, es hasta condenable, aunque previsible que el gobierno mexicano no se haya presentado en la presentación de este Segundo Informe.

Me parece que el tamaño de la tragedia es para sumar esfuerzos, para llegar todos a la búsqueda de la verdad, encontrar la verdad, pero lo que encontramos, al menos en lo que se ha leído, es un encubrimiento histórico.

Yo quisiera preguntar qué tan firme es la hipótesis del quinto camión, porque es algo como inacabado, me parece.

Y solicitar también que independientemente del contrato, qué otras formas de colaboración podría haber hacia adelante, que se pudiera mantener la investigación hasta llegar a la verdad, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos puede continuar interviniendo dado que se trata presuntamente de un crimen de Estado.

Me parece que pudiéramos continuar trabajando hasta encontrar la verdad.

Gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Por favor, senadora Silvia Garza.

SENADORA SILVIA GARZA GALVÁN: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero felicitar al Grupo de Expertos sobre el trabajo que han realizado. Un trabajo sensible, delicado y de suma importancia.

Y que el informe y recomendaciones realizadas estarán plasmadas en el próximo dictamen que va a aprobarse sobre tortura y desaparición forzada.

Sin lugar a dudas, hay que revisar la conveniencia para darle autonomía a los servicios periciales, ya que hay un video que angustia y pone las alertas, y que aparece personal de la PGR haciendo un manejo de evidencias que no consta en el expediente, y que dos días después no hay una respuesta de la autoridad para este video.

Y, ya lo comentaron aquí, a mí lo que me preocupa muchísimo y quisiera preguntarles es sobre el acceso de los familiares de las víctimas al proceso de reparación de daño.

Gracias.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muchas gracias, senadora.

Por favor, Ángela, si eres tan amable en contestar las interrogantes de los y las senadoras.

ÁNGELA BUITRAGO: Bueno, buenas tardes.

Primero, yo quisiera decir dos cosas importantísimas en el tema del quinto bus.

El tema del quinto bus es una hipótesis que nosotros construimos a través de las diferencias ostensibles que hay en el tratamiento de los otros buses y este bus; de la existencia de los videos de la camioneta que muestran la salida de este bus, y la inexistencia de este bus en la investigación.

Y quiero ser categórica en esto, porque el tema en particular del descubrimiento de este quinto bus, está verificado en que nunca se mencionó en las consignaciones de la PGR. Que este quinto bus solamente se evidencia cuando llegamos nosotros al pedir los videos de la camionera central de Iguala, pero sobre todo por la importancia de que los demás buses fueron agredidos de manera violenta.

Los demás buses, como pueden ustedes percibir en las primeras fotografías, quedaron con las llantas ponchadas, con varios impactos, diría múltiples impactos en la carrocería; rompieron los vidrios. El único bus que sale intacto, a pesar de haber llegado a la zona que se denomina Palacio de Justicia con 14 muchachos en su interior, es el famoso quinto bus.

Este quinto bus, de este quinto bus sacan a los 14 muchachos. Según las declaraciones de los muchachos, lo hacen miembros de la Policía Federal, quienes apuntan las armas y los bajan del bus.

Es bueno advertir que estos muchachos, todos sobrevivieron. Pero el bus es escoltado hacia las afueras de Iguala.

Estos elementos permiten decir que efectivamente hay algo que investigar de este quinto bus.

Pero además encontramos que hay diferencias ostensibles en las partes frontales del bus con respecto al video que aparece en la camionera central de Iguala.

Esto no lo dictamina una perito que nosotros contratamos de Canadá, y sobre estos elementos iniciales, las diferencias ostensibles frente a la parte frontal del bus, es que empezamos a ver que hay diferencias entre el bus que aparece solo después de estas identificaciones en la investigación, y nos lo ponen de presente al grupo en junio del 2015.

Igualmente aparecen documentos que se entregan por parte del representante legal frente al punto en concreto de un manuscrito que hace el conductor de este bus, en donde cuenta lo que les he contado al principio de lo que sucedió con este bus.

Y después aparece un conductor que también, si ustedes se toman la molestia de revisar el video y de revisar la credencial que presenta para la declaración, no hay coincidencia morfológica por lo menos a primera vista entre el conductor que declara y el conductor del bus.

Estos elementos nos permiten solicitar una serie de pruebas a la PGR, como una ayuda internacional, una asistencia internacional para que se realice un cotejo a través del FBI y nos pueda decir si hay discrepancias o conformidades en el tema del bus.

Igualmente, solicitamos que no se realicen verificaciones hasta tanto el bus no sea plenamente identificado. Sin embargo, se hacen dos procedimientos en particular, uno con utilización de caninos en octubre del 2015, en donde se hace un rastreo de narcóticos, obviamente negativo, obviamente a octubre del 2015 ya había pasado un año desde los hechos.

Y posteriormente, en marzo del 2016, se realiza un escáner a través de un equipo que tiene la Policía Federal para determinar si el bus porta o no estos elementos. Pues obviamente sale negativo también.

Y además hay que considerar que después de un año tres meses o un año siete meses pues obviamente no queda rastro con la utilización de un bus que circuló después del 26 de septiembre del 2014.

Estos elementos que están dentro de la investigación nos permiten decir que la línea del bus no se ha agotado. Es una hipótesis no solamente viable, sino necesaria dentro de un contexto de disimilitudes como las estamos planteando, de un trato diferencial ostensible en una actuación de esta magnitud, y obviamente de un conocimiento previo del contexto, frente a los elementos de tráfico de estupefacientes en esa zona.

Por lo tanto consideramos que esa hipótesis podría ser una explicación a un ataque masivo, controlado, frente a tres anillos o círculos de control claramente especificados en un territorio de 80 kilómetros y con la intervención de tantas policías municipales, como hemos visto, y estaremos trabajando en el expediente.

Por lo tanto el tema del quinto bus es un tema que no se ha acabado. Sin embargo es importante insistir en que todo esto lo dijimos desde el primer informe y estos elementos fueron desarrollándose a través del segundo periodo, no se han concluido, creemos que es necesario agotar todas las líneas y sobre todo un punto fundamental: a raíz de todas estas averiguaciones, resultó que la firma del documento que aparece en el expediente del bus y del conductor del bus, es del conductor del bus que se presenta. Pero el contenido del documento, según un peritaje, no es del conductor del bus.

Hay cinco declaraciones en el expediente que afirman los empleados de esta bus o de esta empresa de buses, que el conductor el 26 de septiembre, cuando suceden los hechos, a las 10:15 de la noche, efectivamente le llaman al celular a una de las supervisoras y le informa lo que ha sucedido, la toma del bus, la llevada de los muchachos hasta Palacio de Justicia, la bajada de los muchachos y la escolta que se le sugiere y posteriormente se le indica que llame a la empresa para esos efectos.

Todo esto está narrado. Esa declaración de esa testigo es plenamente válida y por lo tanto ya hay una confrontación más probatoria.

Igualmente, tres personas más afirman haber visto cuando el señor realizó la carta. Creo que es una línea no sólo no acabada, sino que tiene que profundizarse de una manera muy especial, porque no hay una explicación hasta ahora sobre el tema de este quinto bus, que puede ser una hipótesis válida frente a este ataque en particular.

En materia de criminalística y en materia de investigación, es necesario confrontar todas las hipótesis que surgen para poder descartar o encantar frente al tema de investigación, alguna u otra de ellas.

Nosotros no podemos simplemente dejar una sola línea de investigación, cuando la misma, el mismo expediente nos está mostrando múltiples líneas de investigación. La obligación de un investigador es: confirmar o infirmar las hipótesis que se han referido como posibles o probables, dependiendo del grado de posibilidad que tenga de haber acontecido.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien, muchas gracias.

Por favor, Carlos.

CARLOS MARTÍN BERISTAIN: Solamente unas últimas palabras, para dar una respuesta a lo que se ha planteado sobre las víctimas.

Hay cosas que hay pensarlas desde una manera más integral. Si uno mira por ejemplo, sobre el acceso a la justicia, para no hablar solamente de la atención a las víctimas; por ejemplo, si uno habla del acceso a la justicia, hay condiciones estructurales que facilitan o limitan u obstaculizan el acceso a la justicia.

El hecho por ejemplo, de que el caso Ayotzinapa se juzgue en Tamaulipas, limita totalmente la posibilidad de acceso a la justicia de los familiares cuando haya una audiencia, cuando haya el acceso a la información; eso va a ser mucho más limitado. Hay que pensar en las víctimas no solamente como la gente que tiene un sufrimiento y cómo se calma o cómo se atiende ese sufrimiento; sino cuáles son los derechos de las víctimas, entre ellos en este caso el acceso a la justicia y cuáles son los factores que facilitan o limitan ese acceso, para no perder la perspectiva e irnos solamente a la atención.

Hay otras cosas que tienen que ver con el trato en general de las autoridades. En un contexto en el que hay poca confianza o a veces nula confianza, en la manera en cómo se relaciona uno con las víctimas, puede ser una manera que genere confianza o que perpetúe la distancia; y eso es muy importante, abrir espacios de escucha y diálogo con las víctimas, no tanto para decirles lo que uno va a hacer, a veces es para escuchar lo que las víctimas quieren plantear.

Ser consistente en el comportamiento, porque si uno dice cosas que no va a hacer o que no dependen de uno y no terminan haciéndose, eso termina generando más frustración para las víctimas y más distancia respecto a las instituciones.

Hay que cuidar con no estigmatizar a las víctimas, este es un caso en el que se ha estigmatizado a las víctimas, se han hecho declaraciones públicas desde el principio, a partir de declaraciones de inculpados, que son incriminatorias y estigmatizantes contra normalistas o contra familiares. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, si uno no tiene el contraste de los elementos antes de hacer una transmisión pública a esas informaciones; porque eso genera un impacto en los padres, en las madres, en los familiares: estigmatiza a la propia víctima y a veces el estigma no solamente justifica a la agresión, sino tiene también un impacto añadido.

Y hay que prevenir, a veces uno no puede prevenir el ataque directo a las víctimas en términos de la muerte o la desaparición, pero sí puede prevenir lo que llamamos las formas de victimización secundaria, es decir, las formas en cómo a la víctima se le vuelve a victimizar en el camino, y hay que tener elementos que prevengan ese proceso de victimización.

Hay que tener cuidado con cómo se hace la comunicación pública. Nosotros hemos insistido, también los familiares han insistido en la importancia de que esa comunicación se dé previamente sobre aspectos relevantes de las víctimas, a los familiares, antes de transmitirlo.

Eso es parte de lo que nosotros hemos hecho en todo nuestro trabajo. También lo hemos hecho con el Estado, antes de salir públicamente con un comunicado, con una rueda de prensa, hemos informado al Estado, le hemos enseñado el comunicado, le hemos dicho: “esto es lo que vamos a decir mañana en la rueda de prensa”.

Lo mismo hemos hecho con las víctimas, les hemos convocado y les hemos dicho: “miren, esto es lo que vamos a decir mañana en la rueda de prensa, para que ustedes sepan”, para quela gente sienta que ellos que son los directamente implicados tienen un acceso a la información y su dignidad como persona es tenida en cuenta.

Cuando te hablan de tu vida, del caso sin que te hayan siquiera consultado, sin que te hayan siquiera escuchado, eso transmite una falta de respeto por el derecho y por la dignidad de la persona.

Y creo que son cosas que pueden parecer que son muy pequeñas, pero pueden generar factores de dignificación del proceso.

Hay dos elementos solamente claves para terminar sobre previamente el caso:

Uno es que, como parte de este trabajo, llegamos al acuerdo con la SEGOB, con las autoridades de la CEAF, de que se hiciera un estudio psicosocial obviamente con los familiares, que se hiciera un estudio psicosocial más en profundidad de cuáles son los impactos, las consecuencias que ha tenido el caso en la salud, en la situación de las familias, en los niños y niñas, por ejemplo, para visibilizar esos impactos.

Si no se visibilizan esos impactos, es muy probable que no se van a desarrollar medidas de atención.

Es una propuesta muy concreta. Es un estudio que está en proceso de realización, no sé cuándo se va a terminar, pero que se terminará en las próximas semanas, y será importante que las recomendaciones que salgan de ese estudio sean incorporadas al marco de atención de las víctimas en el caso Ayotzinapa, que ya se está discutiendo y que nosotros mismos hemos discutido con la CEAF y con la SEGOB. Eso es una cosa.

Otra cosa que consideramos que es importante, es la narrativa sobre los hechos.

Digamos, permanece oficialmente todavía una narrativa de los hechos a pesar de que hay elementos que han puesto en cuestión muchas de esas cuestiones desde hace mucho tiempo, y nosotros hemos aconsejado a la PGR que tiene que revisar la narrativa sobre los hechos, porque esa narrativa también debe incluir los nuevos elementos investigados en el caso para que eso no permanezca como una versión fosilizada que hay resistencia a cambiar, sino que se incluyan los nuevos elementos.

Y eso también va a ser favorecedor para las víctimas, porque eso va a ser un elemento en el que la experiencia y la verdad de muchas de las cosas sucedidas se incorporan aparte de la versión oficial, a pesar de que no haya una versión oficial acabada en la actualidad, pero tiene que mostrarse una apertura al cambio de forma que esa narrativa vaya evolucionando en el tiempo y muestre cómo el sistema puede cambiar cuando hay nuevos elementos que ayudan a verificar las informaciones.

Eso es muy importante para las víctimas porque la verdad es el elemento central para las víctimas de desaparición forzada.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Muy bien.

Bueno, ya hemos terminado las preguntas, porque tenemos que irnos. Quienes estamos aquí al frente, tenemos que ir a presentar dos dictámenes: la de Ejecución Penal y la de Justicia para Adolescentes; y tenemos más al rato reuniones de trabajo para ver desaparición forzada y tortura.

Tú acabas de llegar, Layda, entonces te pido que ya nos permitas, no estaban contempladas preguntas.

Layda, vamos a darte la palabra a ti y ya vamos a terminar, porque tenemos que irnos al Pleno, si no, no vamos a tener condiciones de que terminemos el proceso legislativo de las dos leyes que ya pasaron en primera lectura.

Nos están esperando para ir y continuar con el proceso.

Por favor, senadora Sansores.

SENADORA LAYDA SANSORES SAN ROMÁN: Estuve el domingo en la presentación, no me perdí una sola de las palabras que ustedes dijeron, y si llegué en este momento es porque quería pasar a la tribuna para que quedara un registro histórico de la gratitud que muchos senadores sentimos por ustedes, y sobre todo la gratitud del pueblo mexicano.

Ese aplauso dado de pie en ese evento, me sacó un nudo en la garganta.

“No se vayan, no se vayan”, es el grito de desesperación. Sabemos que ustedes tienen que partir, pero no nos dejan solos, que su huella es imborrable y que si por los obstáculos de un gobierno hipócrita y farsante no se pudo llegar a la verdad, ustedes dejaron muy clara la mentira y fue un gran avance.

Toda nuestra gratitud por su profesionalismo, por su entrega, por su amor a México.

Muchas gracias. No hay con qué pagarles.

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias, Layda.

Levantamos la sesión. Les damos a ustedes las gracias por su atención.