También plantea que dentro del capítulo de violencia familiar, señalar que en esta conducta incurren quienes la cometen o permiten actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con algún vínculo afectivo.
Asimismo, propuso reformar el artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de que este sector de la población cuente con un representante legal y asesoría jurídica, en los casos que lo requiera.
Dijo que lo que se busca es ampliar los alcances de la norma, ya que actualmente el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tiene, entre otras atribuciones, proteger y asesorar en la presentación de denuncias ante la autoridad competente.
En el caso de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, explicó que, en este caso se contempla la figura de acción por omisión, en el delito de violencia familiar equiparada y se adiciona un artículo 343 quintus, en donde se agravan las penas contempladas en el capítulo, hasta una mitad, cuando el delito se cometa contra un menor de edad.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y senadora por el estado de Coahuila, destacó que la violencia contra niñas, niños y adolescentes responde a situaciones multifactoriales, como la cultura, costumbres e ignorancia.
Dijo que es común conocer de diversas acciones que violentan los derechos de este sector de la población, y puso como ejemplo los usos y costumbres de ciertas regiones, en donde aplican actividades en contra de su integridad y salud.
“A través de los medios de comunicación nos enteramos de las diversas formas de violencia o maltrato, inclusive en su seno familiar, donde son golpeados, lacerados y, en ocasiones, hasta víctimas de homicidio”, subrayó.
Estas acciones, expuso, deben ser sancionadas con severidad y constituirse como conductas típicas del derecho penal graves, que aumenten las penas en diversos delitos.
Por otra parte, en la propuesta para modificar la fracción II del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se plantea que la representación legar se hará a petición de parte para dar inicio y seguimiento a cualquier procedimiento administrativo y jurisdiccional, en donde estén involucrados beneficiarios de esta ley.
En la exposición de motivos, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y senadora por el estado de Coahuila, puntualizó que en México, al igual que en otros países, se observa día a día como los adultos mayores son discriminados por la sociedad y hasta por sus propios familiares.
Señaló que incluso pueden enfrentar situaciones de despojo de sus bienes, de los recursos económicos que reciben, ya sea de una pensión o de un programa de gobierno, en virtud de que por su condición en muchas ocasiones no son capaces de ejercer sus derechos.
Organizaciones de la sociedad civil señalan que 1.7 millones de personas de este segmento poblacional son víctimas de algún tipo de maltrato o violencia, por lo que consideró que el Estado debe reforzar sus estrategias y promover la defensa del cumplimiento íntegro de sus derechos, agregó.
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