• La senadora por Nuevo León señaló que sólo ocho entidades cuentan con una Comisión Ejecutivo Estatal y una Ley de Víctimas acorde con la Ley General
• Se pronunció por continuar con el rescate de una sociedad lastimada por el delito que exige justicia y reparación del daño
• Participa en el Foro Nacional “Equidad para las víctimas en el debido proceso penal”, el cual inauguró el presidente Enrique Peña Nieto
Ante la nueva realidad que tiene el país derivada de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), base para el pleno ejercicio de dichos derechos por parte de las víctimas, es urgente que los estados den cumplimiento a su obligación de armonizar su legislación en materia de víctimas, señaló la presidenta de la comisión de Gobernación del Senado de la República, senadora Cristina Díaz Salazar.
Al participar en el Foro Nacional “Equidad para las víctimas en el debido proceso penal”, que organizó la Asociación Alto al Secuestro, que encabeza Isabel Miranda de Wallace, la senadora por Nuevo León indicó que sólo ocho entidades federativas cuentan con una Comisión Ejecutiva estatal y una ley de víctimas armonizada con la Ley General, mientras que 18 han emitido reformas a su legislación o una nueva para cumplir con dicha obligación.
Asimismo, en el evento que inauguró el presidente Enrique Peña Nieto, la también legisladora priista resaltó que “los derechos de las víctimas son un asunto que requiere no cesar en el esfuerzo colectivo que gobierno, sociedad civil y académicos, hemos realizado hasta hoy. Debemos continuar en el rescate de una sociedad lastimada por el delito y que exige justicia y reparación del daño”, acotó.
Durante el evento, donde también estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el titular del GDF, Miguel Ángel Mancera, y el presidente de México SOS, Alejandro Martí, destacó que el Congreso de la Unión se ha comprometido con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y en este sentido contamos ya con un Código Nacional de Procedimientos Penales y con la Ley General de Víctimas.
Al concluir sus tres intervenciones en el primer panel de reflexión, análisis y propuestas sobre el tema, Díaz Salazar afirmó que a través del CNPP se atendió de manera correcta la exigencia de la sociedad de contar con un código de amplio contenido para hacer efectivo los derechos de las víctimas.
Sin embargo –admitió- “hoy nos encontramos en un proceso de evaluación sobre dicha legislación procesal ya puesta en práctica, y de ser necesario –adelantó-, habremos de realizar las modificaciones prudentes a efecto de garantizar plenamente los derechos de las víctimas y cumplir con los estándares constitucionales e internacionales que nos hemos dado como país”.
Tras puntualizar que es inconcebible que haya un debido proceso sin pleno respeto a los derechos humanos, tanto del imputado como de las víctimas, la senadora nuevoleonesa comentó que en el Congreso hay un análisis respecto de las iniciativas presentadas por el presidente de la República en materia de Seguridad y Justicia para responderle a los mexicanos con un marco legal preciso que atienda los problemas por sus orígenes y no por sus consecuencias.
Luego de reafirmar su compromiso como legisladora para garantizar los derechos de las víctimas de acuerdo con el nuevo sistema procesal penal, tal y como lo hizo al ser partícipe en la elaboración de instrumentos jurídicos, base para el pleno ejercicio de dichos derechos por parte de las víctimas, así como de las obligaciones por parte de los órganos del Estado para su garantía.
Hoy en México con la amplia participación de la sociedad civil, académicos, aplicadores del sistema penal y gobierno, la legislación la víctima puede nombrar a un representante legal para que litigue directamente en el juicio oral; tiene la posibilidad de resguardar su identidad cuando se trate de menores de edad, o en casos de violación, secuestro, delincuencia organizada; siempre que el juzgador estime que es necesario para su protección.
Asimismo se establece la obligación del Ministerio Público para diseñar estrategias para la protección de las víctimas y los ofendidos, testigos y todos los demás intervinientes en el proceso, puntualizó, antes de recibir un reconocimiento por su labor legislativa de manos de Isabel Miranda de Wallace.
En el panel “El debido proceso y la observancia de los derechos humanos de las víctimas”, donde participó la senadora Cristina Díaz también estuvieron Patricia Olamendi, del Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos; el comisionado General de la Policía Federal de México, Enrique Francisco Galindo Ceballos. el Fiscal General de Justicia del estado de Chihuahua, Jorge González Nicolás; el magistrado federal, José Nieves Luna Castro; el ex Consejero de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca y el asesor, investigador y catedrático, Samuel González Ruíz, así como víctimas de secuestro.
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