Las crisis sociales que enfrenta nuestro país, como la inseguridad, la violencia, la deserción escolar, el abuso sexual, la delincuencia juvenil, o el consumo de drogas están íntimamente relacionadas con las diferentes situaciones familiares en las que se encuentra una gran parte del país.
Así lo reconoció la presidenta de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, Lisbeth Hernández Lecona quien destacó la necesidad de poder mirar a la familia como un núcleo esencial que debe, no sólo ser reconocido, sino protegido para potencializar una mejora en las condiciones político-sociales de nuestro país.
En este sentido, Hernández Lecona resaltó la necesidad de concientizar a los políticos y a los legisladores de que lo más importante de nuestra sociedad es la familia pues es ahí, dijo, donde nacen los valores éticos, morales y es el primer lazo afectivo y de comunicación del ser humano.
Para ello, la legisladora del PRI inauguró el seminario “Derechos Humanos y Bioética”, donde se escucharán los puntos de vista de los expertos para legislar en torno a los temas de “políticas públicas y familia”, así como “reproducción asistida”.
“Es importante que como legisladores nos encontremos al tanto de las investigaciones académicas que surgen con el dinamismo actual y que nuestra labor de legislar pueda ir caminando a la par de éstas”, mencionó.
Lisbeth Hernández consideró necesario que quienes se encuentran involucrados en temas de familia y desarrollo humano, tanto sociedad civil como académicos y legisladores trabajen de manera conjunta y transversal para impactar en las decisiones no sólo nacionales sino internacionales.
“Si no tomamos en cuenta a este núcleo, el más importante de la sociedad, nuestra nación se está viendo afectada por la desintegración del tejido social, se ve afectada porque estamos abusando del derecho humano pro persona y estamos haciendo una sociedad egoísta y ensimismada”, advirtió.
Por su parte, la senadora Mely Romero Celis coincidió con su compañera de bancada, en que la familia debe ser protegida por las leyes para cumplir con la responsabilidad que, como legisladores tienen, de salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos.
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