La aprobación de la Ley General de Víctimas permitirá que las personas sean atendidas y reciban ayuda inmediata, destacó el senador panista Héctor Flores Avalos.
Al participar en el Pleno del Senado en la discusión del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, el legislador por Durango afirmó que se lograron avances significativos.
Hay en principio, explicó, el reconocimiento de que una ley de estas características debe significar que el Estado, en cualquiera de sus frentes, debe no sólo permitir, sino también asegurar la atención y el resarcimiento de las víctimas, con independencia de si se trata de una del ámbito federal o local.
“Hoy se propone que el Fondo de Atención a Víctimas, previsto en esta Ley General a través de un esquema de compensación con las autoridades federativas, le haga frente a ese compromiso, independientemente de que la víctima haya resultado afectada por un hecho ilícito de competencia estrictamente local; en eso me parece que hay un avance fundamental”, agregó.
En segundo lugar, continuó Flores Ávalos, en el dictamen existe claridad acerca de la necesidad de incluir la participación de la sociedad en el proceso de conformación tanto del órgano de gobierno como del comisionado ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas.
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4 de noviembre de 2016
Versión de la intervención del senador Héctor Flores Ávalos, al participar en la discusión de un dictamen de las comisiones unidas de Gobernación, de Derechos Humanos, de Justicia y de Estudios Legislativos, que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas
Gracias, Presidente.
Compañeras y compañeros senadores.
El presente dictamen es producto de un trabajo que integra múltiples iniciativas, si no mal recuerdo deben ser 12 las que se presentaron por senadoras y senadores de diversos grupos parlamentarios.
Yo lo primero que celebro es este interés multipartidista por revisar a fondo la eficacia y eficiencia de la actual Ley General de Víctimas, y lo celebro porque en el trabajo legislativo, y más cuando se trata de una ley general, que en mi opinión trasciende los límites ordinarios del federalismo, por cuanto a que invade la esfera de competencia de los estados y de los municipios, es fundamental encontrar el acuerdo político.
Y el acuerdo político, en mi opinión, no necesariamente significa tener un punto de vista uniforme o idéntico sobre el contenido de la ley, pero sí indispensablemente revela una unidad de propósito; esa unidad de propósito en mi opinión es la que hoy debe destacarse.
Todo progreso, en mi opinión, es iniciado por confrontar los conceptos actuales, la realidad prevaleciente y es ejecutado el suplantar las instituciones existentes; esa ejecución, la de suplantar las instituciones existentes, debe realizarse no solamente con sumo cuidado, sino también, y sobre todo con claridad extraordinaria sobre lo que se pretende lograr.
Es indispensable saber lo que se quiere para saber qué es lo que no funciona y qué es lo que se propone para remediarlo, por eso destaco la unidad de propósito detrás de este dictamen.
Voy a mencionar tres aspectos no porque sean los únicos, sino porque realmente me parecen de una gran relevancia. Hay en principio el reconocimiento de que una ley de estas características debe significar que el Estado en cualquiera de sus frentes debe no sólo permitir, sino también asegurar la atención y el resarcimiento de las víctimas, con independencia de si se trata de una víctima del ámbito federal o local.
Hoy se propone que el Fondo de Atención a Víctimas, previsto en esta ley general a través de un esquema de compensación con las autoridades federativas, le haga frente a ese compromiso, independientemente de que la víctima haya resultado afectada por un hecho ilícito de competencia estrictamente local, en eso me parece que hay un avance fundamental.
En segundo lugar, y toda vez que una vertiente importante más no exclusiva de las víctimas proviene de la actividad del Estado, existe también claridad acerca de la necesidad de incluir la participación de la sociedad en el proceso de conformación, tanto del órgano de gobierno como del comisionado ejecutivo en esta Comisión de Atención a Víctimas.
Es evidente, por los resultados que ha tenido hasta hoy la Comisión, que el texto de la norma vigente no lo permite; la participación de la sociedad en el órgano de gobierno es un elemento de control extraordinario, que permite hacer transparente el escrutinio público, las decisiones que ahí se adopten, sin perder de vista que es el Estado el responsable primordial de garantizar la conducción de la Comisión y de lograr los objetivos de política pública detrás de esa institución.
Lo mismo ocurre con la consulta pública que debe hacerse para escoger a la persona que será propuesta al Senado como comisionado ejecutivo, y este tema no es menor, déjenme decirlo con claridad: en lo personal, me hubiera gustado que, por ejemplo, en lugar de consulta se hubiera planteado una convocatoria; una convocatoria que sujetara al Ejecutivo a cumplir él mismo con los condicionamientos previamente establecidos en un documento que fuera, a la vista de la sociedad, calificable.
Sin embargo, tampoco puede obviarse la bondad de transitar a favor del acuerdo político, y un acuerdo político que entiende que garantizar el escrutinio social te abona a la verticalidad y el equilibrio de las decisiones de la Comisión, está previsto en este dictamen.
Esto es, en mi opinión, lo fundamental, además reconocer que la solución no necesariamente es ciudadanizar todas las instituciones en el sentido de que, reitero, es el Estado y debe ser el Estado el principal responsable de garantizar la eficacia de sus instituciones.
Presidente, por razón de tiempo, simple y sencillamente me gustaría decir que mi voto es a favor de este dictamen, en razón de que, en mi opinión, recoge avances significativos en relación con el texto vigente y que, si bien es cierto que pudiera encontrarse quizás una redacción mucho más acabada en ciertos temas que han generado controversia, la realidad es que permitirle a las víctimas que comiencen a ser atendidas, a ver satisfechas sus necesidades de ayuda inmediata, es comenzar a hacer justicia.
Por eso, mi voto es a favor, Presidente, y dejo constancia de mi participación para que sea incluida en el Diario de los Debates.
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