SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muy buenos días, señoras y señores.
Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, y sin duda al presidente del Senado, al senador Roberto Gil Zuarth, quien tan amablemente preside esta mesa esta mañana, y nos dará un mensaje de bienvenida.
Y agradecerle mucho a la señora Isabel Miranda de Wallace, su presencia, y a cada una de las organizaciones que están aquí representando a la sociedad en un tema tan importante y tan sensible en lo que hoy en este programa de audiencias públicas; el objetivo es la evaluación y la aplicación de la Ley General de Víctimas.
Un tema sensible, un tema que ha generado vulnerabilidad y que no hemos podido ser asertivos, y que lo tenemos que reconocer. Lo que queremos nosotros, por supuesto, es reflexionar la ley, y esto es a partir de las audiencias públicas que tengamos, es donde nos nutrimos, nos sensibilizamos y nos enriquecemos en base a sus opiniones, observaciones, y expresiones.
Yo le pediría, si me permite la señora Wallace, que el presidente del Senado, el senador Roberto Gil Zuarth, nos dé su mensaje de bienvenida y nos dé un mensaje muy importante sobre la materia de la Ley General de Víctimas.
SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean ustedes, todos bienvenidos al Senado de la República.
Saludo con afecto a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República.
A la señora Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, y una destacada activista en materia de seguridad y sobre todo de la procuración de los derechos de las víctimas.
Doña Patricia Olamendi, bienvenida al Senado de la República.
Y a todas ustedes, todos ustedes, por su participación, por su entusiasta dedicación a la promoción y defensa de los derechos de las víctimas.
Desde mediados de los años 90, nos hemos ocupado como país en fortalecer el sistema de justicia penal. Hemos transitado de distintas reformas que han tenido como centro la capacidad punitiva del Estado, la capacidad coactiva del Estado, la capacidad inhibitoria que tiene el Estado frente a ciertas conductas, especialmente perniciosas en el ámbito de nuestra sociedad.
Advertimos que el sistema de justicia penal era absolutamente injusto, inquisitorio, opaco y que lastimaba y lesionaba los derechos procesales de los acusados; pero también era absolutamente ineficaz para garantizar condiciones de seguridad pública.
Durante estos últimos 25 años hemos hecho importantes reformas, nos dimos a la tarea como país de eliminar, por ejemplo, la tortura como método de investigación o bien las violaciones a los derechos procesales, como una forma de suplir la incapacidad y la corrupción del Estado en la persecución del delito.
Sin lugar a dudas hemos avanzado notablemente. Si bien no hemos erradicado del todo la tortura, tenemos ya mecanismos institucionales para identificarla y sobre todo, para diluir su poder contaminante de los procesos penales.
Transitamos hacia un modelo adversarial y oral del sistema de justicia penal, que echa luz sobre el propio proceso, sobre el debate penal y por tanto, inhibe las violaciones y los abusos. Hicimos una importantísima reforma de derechos humanos, que reconoce el derecho de los acusados y las garantías para hacerlos valer; y también asistimos a la mayor expansión y desarrollo de una doctrina jurisdiccional constitucional con respecto al debido proceso, que sin lugar a dudas son buenas noticias para el sistema jurídico en su conjunto, y para nuestra sociedad.
Pero hasta hace muy pocos años, los derechos de las víctimas prácticamente no eran motivo de debate público. Incluso hoy, todavía, la balanza está inclinada hacia los derechos procesales de los acusados, hay pocas garantías institucionales para defender a las víctimas en el debate penal.
En nuestro modelo, el ministerio público es el encargado de hacer valer los derechos de las víctimas, pero es obvio y es a todas luces claro que la función de representación del ministerio público no ha sido lo suficientemente eficaz para defender los derechos de las víctimas frente a quien ha cometido un delito.
En consecuencia, estamos en un proceso en el cual estamos diseñando instituciones para hacer valer los derechos de las víctimas; la Ley General de Atención a Víctimas es un paso importante, la creación de la Comisión Ejecutiva es un paso importante, pero a la luz de la realidad todavía se torna absolutamente insuficiente.
Buena parte de la doctrina constitucional pone énfasis en los derechos de los procesados en los derechos de los acusados, pero no se ha hecho cargo del derecho de las víctimas.
La disposición de presupuestos y de fondos para atender a las víctimas, en su concurrencia al proceso penal, en su coadyuvancia al proceso penal, en la atención psicológica, física, emocional de las víctimas es a todas luces insuficiente.
La Ley de Víctimas no ha logrado reparar la doble victimización a la que hemos sobre todo generado como país y que hoy está trastornando en buena medida nuestra convivencia.
Tenemos que ajustar la Ley de Víctimas, fortalecer a la Comisión de Víctimas, revisar lo que hemos hecho durante estos últimos meses. Es insuficiente, a todas luces, el avance que hemos tenido en el diseño de estas instituciones; y también tenemos que poner el acento en las responsabilidades de la órbita local.
En la mayoría de los estados no se ha armonizado la legislación, cosa que debió haber sucedido en diciembre del año pasado, ni se han constituido los órganos de atención a víctimas. En marzo de este año, siete entidades contaban con un órgano de atención a víctimas.
Necesitamos, por un lado, fortalecer los mecanismos institucionales, nacionales para la atención a víctimas, pero sobre todo seguir insistiendo en que los poderes locales, las entidades federativas tienen una responsabilidad de desdoblar estos mecanismos institucionales para que ninguna víctima se quede sin atención desde el primer momento.
Es necesario reequilibrar la balanza procesal entre acusados y víctimas.
Es necesario reconocer y garantizar los derechos de las víctimas en el proceso, y sobre todo aumentar su protagonismo en el debate penal, en la reparación del daño y en la búsqueda de la verdad.
Es la única manera de hacer verdaderamente justa nuestra convivencia, y sobre todo hacer que nuestras dinámicas, nuestras interacciones, a propósito de la convivencia, sean verdaderamente equilibradas entre quienes padecen un delito y sobre quienes tienen que asumir su responsabilidad frente al Estado.
Esa es la razón por la cual celebramos la celebración de estas audiencias públicas.
Tenemos que poner el énfasis sobre todo en las necesidades de las víctimas.
Esta ley debe estar inspirada y orientada a la atención eficaz de las víctimas, y como tal tenemos que quitar cualquier tipo de distorsión en la aproximación a esas realidades.
Esta ley debe hacerse, debe conjugarse en el verbo de las víctimas desde el sustantivo de las víctimas, en el tiempo de las víctimas, precisamente porque esta ley es el mecanismo que va a permitir que estén en igualdad de armas frente al debate penal, frente a los acusados, frente al juez y frente al Estado.
Ojalá que de estas audiencias públicas salgan ideas, pero sobre todo propuestas específicas para mejorar, evaluar, y sobre todo para fortalecer estos instrumentos institucionales que hoy en día son necesarios para restablecer el tejido social, y sobre todo para restablecer la convivencia en un país que aspira a ser justo.
Bienvenidos a todas y todos, y que sean estas jornadas muy exitosas para el Senado de la República, pero sobre todo para nuestro país.
Muchísimas gracias.
SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, senador presidente.
Haré un breve resumen de lo que ha sucedido a lo largo de estos meses, que estamos ya por concluir el año.
Primero, también reconocer la presencia de alguien que nos ha dado mucha luz a la Comisión y que se ha convertido en una asesora permanente en mi persona, a la doctora Patricia Olamendi. Muchísimas gracias, Pati, por tu presencia.
Y bueno, en enero de este año la señora Wallace nos convocó a diversos senadores al Foro Nacional para las Víctimas en el Debido Proceso Penal, con el propósito de analizar el rol que deben tener las víctimas de este nuevo sistema.
El objetivo central que tuvo el evento fue recoger experiencias en esta materia, de académicos, dirigentes sociales, comunicadores y operadores de sistema para evidenciar cómo, a pesar de la nueva normatividad existente, permea una gran desigualdad en la protección de los derechos humanos de la víctima.
Y lo más importante, la convocatoria fue no solamente para sensibilizarnos sino crear conciencia sobre la necesidad de que sean aplicados realmente los nuevos estándares legales en esta materia.
Las conclusiones de ese foro resultaban alarmantes para todos: los especialistas, las autoridades federales y locales que participaron en las cinco mesas de trabajo coincidieron en que es urgente establecer y hacer adecuaciones de fondo a la Ley General de Víctimas. Ahí fue el primer resultado de este foro tan importante.
En materia de acceso a la justicia, los dirigentes de las organizaciones sociales criticaron a las autoridades ministeriales porque no sólo niegan la igualdad de los derechos de las víctimas, sino que por el contrario frecuentemente realizan una revictimización a quienes han sufrido un delito, negándole un efectivo y pronto acceso a la justicia.
Los reclamos, segundos más recurrentes durante el encuentro, fueron la insipiente capacitación a policías y ministerios públicos en temas tan delicados como la debida atención que merecen las víctimas.
Un tema muy recurrente, que por ahí empieza el respeto a los derechos humanos, así como el abuso de falta de entendimiento del tema de derechos humanos para los imputados o delincuentes, quienes, por errores judiciales, obtienen su libertad, algo que duele y lastima a muchos y especialmente a las víctimas y a sus familias.
Fue el pasado 24 de noviembre cuando los miembros de la Junta Directiva de esta comisión nos reunimos con algunas de estas organizaciones, quienes solicitaron se reviera en este Senado a Víctimas y la finalidad es que puedan compartir sus experiencias para obtener el acceso a los apoyos que ofrece la actual Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y exponer la necesidad de contar con una legislación efectiva, para resarcir a quienes ya han padecido un daño.
Hoy estamos aquí para escuchar reclamos de las y los ciudadanos que han sufrido un delito o violaciones a sus derechos humanos. Este es el primero de varios ejercicios que vamos a realizar con la finalidad de escuchar a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y por supuesto a autoridades que forman parte del sistema.
Nos encontramos a casi 3 años desde la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas y considero que estamos en un buen momento para revisar lo que ha logrado esta ley, los obstáculos que persisten y cómo los podemos mejorar.
Creo que estamos a tiempo de que podamos tener una legislación efectiva para resarcir a quien ha padecido el daño y las víctimas del delito yo creo que ya sufrieron bastante y no es posible negarles su derecho a recibir las compensaciones y ayudas por parte de la Comisión Ejecutiva y por ello la importancia de que nuestro trabajo como legisladores vaya más allá de crear leyes y necesitamos la continua revisión y adecuación de las mismas a la realidad.
Una vez más agradecemos que el presidente del Senado, el senador Roberto Gil Zuarth haya estado en la inauguración de este foro, apreciamos mucho porque cual es su agenda.
El viene ahorita desde las ocho de la mañana una reunión que tuvo, previo a otra que él tuvo, antes de las ocho, con el propósito de poder ser muy efectivos en nuestro trabajo legislativo.
Como ustedes saben estamos a punto de que concluya el periodo y siempre el tema que causa presión y bueno, el presidente del senado, además de que es un legislador excelente, ha hecho su trabajo muy bien como presidente.
Muchas gracias y le apreciamos su presencia.
Gracias.
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